Por Camila Piñeiro Harnecker
Profesora, investigadora y consultora de empresas. Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
Uno de los cambios más significativos que se están dando en la sociedad cubana como parte del proceso de «actualización» del modelo económico, es la expansión del sector empresarial no estatal. Este término se refiere no solo a formas de propiedad privada,1 sino también a aquellas en las que interviene la propiedad colectiva como las cooperativas.2 Con este también se sugiere que una empresa administrada por personas que no sean representantes de instituciones estatales no tiene que ser, necesariamente, «privada», es decir, responder solo a intereses individuales estrechos o contradictorios con necesidades y expectativas de la sociedad en general. El asunto clave para una sociedad comprometida con la construcción socialista, donde el crecimiento económico no es un fin sino un medio al servicio de la sociedad, es precisamente cómo hacer que el sector no estatal responda a intereses sociales.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el empleo no estatal en Cuba en las tres últimas décadas ha representado como promedio 15,7% del total. Este se ha concentrado en las actividades agropecuarias, sobre todo privadas (alrededor de 7,3% del empleo lo componen campesinos independientes, la mayoría asociados a las Cooperativas de Crédito y Servicios o CCS), cooperativizadas (cerca de 5,7% en Cooperativas de Producción Agropecuaria o CPA y en Unidades Básicas de Producción Cooperativa o UBPC; aunque en decrecimiento); y, en menor medida (alrededor de 2,8%), en el autoempleo en actividades no agrícolas o «cuentapropismo».3
Al cierre de 2010, se registraban 442 000 privados no cuentapropistas (8,7% del empleo total), 217 000 cooperativistas (4,2%) y 147 400 cuentapropistas (2,9%). Según la ONE, estos datos no reflejan del todo los más de cien mil nuevos campesinos privados que habían surgido desde que comenzara el proceso de entrega de tierras en usufructo (Ley 259 de julio de 2008), ni los casi ochenta mil nuevos cuentapropistas registrados en los últimos meses de 2010. Según Idalmys Álvarez, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al concluir enero de 2011, se habían otorgado 113 618 nuevas licencias.4
Dada la generalizada aceptación de la necesidad de optimizar el uso de los recursos en las instituciones estatales y de que el Estado se libere de la administración —no de la propiedad legal— de ciertas actividades económicas no estratégicas, se espera que el empleo no estatal aumente considerablemente en los próximos años.
De hecho, se prevé aumentar el número de licencias de trabajo por cuenta propia (incluyendo a empleadores y empleados) en más de doscientos cincuenta mil antes de 2012, y otros doscientos mil puestos de trabajo serían creados, sobre todo por nuevas cooperativas de producción de bienes y servicios.5 La titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Lina Pedraza estima que el número de personas empleadas en el sector no estatal aumentará a 1,8 millones en 2015;6 lo que —teniendo en cuenta un incremento de 5% en la fuerza laboral como resultado de la Ley de Seguridad Social no. 105 de 2008— resultaría en más de 35 % del empleo total.
Previendo la importancia que el sector empresarial no estatal tendrá en la economía cubana, el objetivo de este trabajo es analizar su posible desarrollo. Dado que se ha reiterado el compromiso de no renunciar al socialismo, se comienza examinando los distintos criterios existentes sobre la pertinencia de formas empresariales no estatales en la construcción socialista. Se argumenta la necesidad de combinar empresas con formas de gestión democrática —autoempleo, cooperativas, cogestión y otras variantes autogestionarias— y no democrática —las tradicionales privadas basadas en el trabajo asalariado— priorizando las primeras porque son más socializadas al estar controladas por grupos no excluyentes de personas en igualdad de derechos y deberes. Se defiende, además, la necesidad de que las empresas no estatales respondan a intereses sociales más amplios y contribuyan así a una mayor socialización de esas actividades económicas. A lo largo del trabajo se sugieren algunas medidas generales imprescindibles para que la expansión del sector empresarial no estatal sea compatible con las necesidades y expectativas de los cubanos.7
Distintas posiciones sobre la pertinencia de empresas no estatales en el socialismo cubano
Aunque existen diversas posiciones entre los miembros del gobierno cubano respecto a la pertinencia de empresas no estatales dentro del proyecto de construcción socialista cubano, parece haber consenso en que son una alternativa que deberá ser experimentada. El contenido del Proyecto de lineamientos8 y las declaraciones de funcionarios públicos sugieren que la visión compartida por los hacedores de política es que la empresa administrada por el Estado no es la forma organizativa más adecuada para actividades no estratégicas o de tamaño pequeño —quizás también mediano, dependiendo del criterio de clasificación— en cuanto al número de trabajadores y su intensidad de capital, como los servicios gastronómicos, de transporte público, de reparación de equipos electrodomésticos, e incluso de manufactura e industria ligera. Se está considerando que estas unidades productivas, sus locales y quizás también sus equipos y marcas sean arrendados por cuentapropistas o cooperativas, transformándose en formas no estatales.
Sin abordar la pertinencia o no de las formas empresariales no estatales en el socialismo, el Proyecto de lineamientos propone a las empresas de capital mixto, el trabajo por cuenta propia, las cooperativas, usufructuarios, arrendatarios, etc., como componentes de un sistema económico múltiple o mixto que tiene a la «empresa estatal socialista» como «la forma principal en la economía nacional» (lineamiento 2). Sin definir exactamente en qué consisten, se sugiere que cualesquiera de las formas no estatales que permitan «contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social» no son contradictorias con el proyecto socialista cubano.
A diferencia de la apertura a tales empresas en los años 90, la actual las promueve como modos de organización del trabajo que, lejos de ir en contra, contribuyen a «perfeccionar» el socialismo cubano, y deben ser aceptadas como permanentes.9 En las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de julio y diciembre de 2010, los diputados debatieron sobre las experiencias de arrendamiento y sobre los cuentapropistas, pero no aparecieron opiniones al respecto en los reportes y trasmisiones realizadas por los medios de difusión. No queda claro en qué medida las empresas no estatales son vistas como un mal necesario, ante las deficiencias de la empresa estatal, o como necesarios complementos de ella, que pueden permitir una socialización más efectiva de algunas actividades económicas.
La forma que han tomado las nuevas empresas no estatales (el arrendamiento de locales a individuos, y la contratación de fuerza de trabajo permanente por cuentapropistas), junto con las declaraciones de algunos funcionarios públicos y un balance de los artículos y cartas publicadas en el periódico Granma demuestran, en mi opinión, confusión entre hacedores de políticas públicas, académicos y población cubana en general sobre la organización del trabajo en una sociedad comprometida con un proyecto socialista. La contradicción entre los conceptos derivados de los manuales de Economía política soviéticos y la influencia de las teorías económicas liberales dificulta la definición de, por lo menos, algunos de los principios rectores que deberían guiar el actual rediseño del sistema económico cubano.
Mientras no se supere la idea de que la estatal es la forma de empresa más avanzada en el socialismo,10 aquellas que no lo son serán consideradas solo como necesarias, pero indeseables, que deben ser mantenidas en los márgenes del sistema económico y eliminadas cuando se logre fórmulas que hagan efectiva la gestión estatal de pequeñas y medianas empresas. Según esta posición, lo que hace a una empresa más o menos socialista es la medida en que es administrada y controlada directamente por el Estado, a través de sus funcionarios. Cualquier cambio que lleve a una menor intervención de este significa, por tanto, un retroceso en el camino al socialismo.
En el otro extremo de la discusión están los que defienden que las empresas privadas no simples, administradas por individuos que contratan trabajo asalariado de forma permanente —y que la teoría marxista llamaría «capitalistas»—, deben predominar, porque pueden alcanzar los mayores grados de eficiencia económica. Se desdeñan los modelos de gestión democrática que caracterizan a empresas autogestionadas, como las cooperativas, tildándolos de utópicos. Como los defensores del liberalismo económico, se considera imprescindible que no se pongan trabas a que los administradores maximicen sus beneficios materiales personales, puesto se asume que los intereses individuales son irreconciliables con los colectivos de los trabajadores y aún más con los de carácter social que podrían exigir funcionarios estatales u otros representantes de la sociedad. Según esta posición, las empresas no estatales, sobre todo las privadas que contraten trabajo asalariado, son indispensables para el funcionamiento de toda la economía. Lo importante, sugieren, es que «el gato cace ratones, no cómo los cace», o sea, «hay que dejar que algunos se hagan ricos porque así hay más para repartir».
Otra posición considera que las empresas no estatales no son necesariamente capitalistas pues existen otras alternativas entre las privadas capitalistas y las estatales. De hecho, se plantea que hoy en día, en Cuba, el modelo de gestión en estas últimas y el sistema de dirección de la economía no cumplen, en general, con los postulados marxistas en los que se define la sociedad socialista como el conjunto de trabajadores libremente asociados, unidos por un plan,11 es decir, donde la relación social predominante sea la de trabajo asociado. Para esta posición, cualquier forma empresarial,12 puede contribuir a la construcción socialista, en la medida en que su gestión sea democrática y responda a intereses sociales expresados en planes de desarrollo local y/o nacional. En algunos casos, es más efectivo socializar la actividad económica a través de formas no estatales gestionadas democráticamente y guiadas por intereses sociales.
En el Proyecto de lineamientos no queda claro si se piensa dar prioridad a que los trabajadores se organicen en cooperativas. Las medidas adoptadas y las preocupaciones resultantes de los debates parecen indicar que ha sido menos complicado aceptar la creación de pequeñas empresas privadas no simples que la creación de cooperativas. Por otro lado, es comprensible que promover y apoyar el surgimiento de cooperativas no agropecuarias es una tarea más compleja que expandir y flexibilizar el ya existente trabajo por cuenta propia.
No obstante, el titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Marino Murillo, y la del MFP, Lina Pedraza, han planteado que las cooperativas tendrán un trato preferencial porque son formas «más socializadas», y se quiere evitar la concentración de la riqueza; con lo que se reconoce que esta se obtiene fundamentalmente a través de la contratación de fuerza de trabajo. Pero el énfasis no ha estado en las diferentes relaciones de producción en una u otra forma —trabajo asalariado vs. trabajo asociado—, sino en sus capacidades de acumular riqueza. Esto refleja la preocupación redistributiva y la despreocupación por la naturaleza de las relaciones sociales de los sujetos que construyen, o no, la sociedad poscapitalista; enfoque este que ha marcado las experiencias socialistas.
Pareciera, además, que se supone que mantener la empresa estatal como la predominante evita el riesgo de que las no administradas por el Estado obstruyan la planificación o concertación de los intereses individuales con los sociales; aspecto esencial del socialismo. Aunque parece reconocerse que es necesario adoptar un sistema económico con múltiples formas empresariales, aún no se define —tarea en la que se está trabajando, según declaraciones de funcionarios del MEP— cómo las no estatales se relacionarían o en qué medidas estarían insertadas en el «sistema de planificación socialista [que] continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional» (lineamiento 1).
Lo que sí está claro en el discurso oficial es que se busca separar la administración empresarial de las funciones de control y dirección que deberá mantener el Estado; y que estas últimas —afortunadamente— no les son cedidas a las leyes del mercado. Resulta significativo que se proponga dotar a los gobiernos provinciales y municipales del control de las empresas en sus territorios. Ello permitiría avanzar en procesos de socialización sustantiva de los ciclos de producción, distribución y consumo que ocurren a nivel local, mediante la coordinación horizontal entre los actores económicos (productores, consumidores, financistas, etc.) locales.
Pero así como una mayor autonomía empresarial no es equivalente a una gestión más democrática que responda a los intereses de los trabajadores, un mayor control de los gobiernos locales tampoco garantiza una mayor socialización o control democrático de la economía por las personas que residen en esos territorios. Esto depende, en primer lugar, de la medida en que esos órganos de representación social respondan realmente a las necesidades y expectativas de sus electores, para lo que es imprescindible que los gobiernos locales puedan establecer espacios de concertación y articulación de intereses comunes, y marcos institucionales y regulatorios que orienten las actividades económicas hacia la satisfacción de esos intereses
Necesidad de dar preferencia a las empresas de gestión democrática
En el primer Seminario Nacional del PCC sobre el Proyecto de lineamientos, a mediados de noviembre de 2010, Marino Murillo expresó:
Las cooperativas tienen cabida en la pequeña industria, en el sector de los servicios [...] pues hay cosas que bajo fórmulas estatales no funcionan. Pero esto debe hacerse con orden.13
Además, manifestó que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en una propuesta de Ley y en otros cambios legislativos que permitirían la creación de cooperativas no agropecuarias. Pero no se tiene mayor información al respecto, y hasta el momento solo es posible crear cooperativas agropecuarias, cuyas normativas, por otra parte, presentan significativas limitaciones.
Aunque después del triunfo revolucionario de 1959 se ha reconocido públicamente que las cooperativas son una forma de producción más socializada y por tanto más avanzada que las empresas privadas, no se han implementado políticas para fomentarlas después de algunos intentos en los inicios de la Revolución y con posterioridad al Primer Congreso del PCC de 1975 y al de 1992. Según datos de la ONE, el número de CPA y UBPC ha venido reduciéndose paulatinamente, después de que se incrementara durante los primeros años de la creación de esas figuras —1976 y 1993, respectivamente. Se han desintegrado cooperativas,sin haberse creado nuevas.14
No es posible analizar en este trabajo los factores que han motivado la reducción del número de cooperativas cubanas de producción agropecuaria y de sus membresías, pero es importante señalar que las facultades y obligaciones otorgadas a ellas no les han permitido diferenciarse lo suficiente de las empresas estatales.15 Además, los campesinos privados, en relación con las cooperativas, han disfrutado de mayores niveles de autonomía y menos responsabilidades sociales (compromisos de ventas al Estado, servicios y obras sociales en las comunidades), lo que les permite vender a precios más altos y reducir costos.
En Cuba, la actual ausencia de políticas que favorezcan a las cooperativas sobre las formas empresariales privadas puede ser resultado, en alguna medida, de que no se tenga en cuenta uno de los legados más importantes del marxismo: que las relaciones entre las personas durante el proceso productivo («relaciones sociales de producción») son las que —en última instancia, sin restarle a los seres humanos la capacidad de autodeterminarse y sobreponerse a sus circunstancias— generan los comportamientos y valores que nos caracterizan. De hecho, no se reconoce que la contratación de trabajadores de forma permanente —ya sea por cuentapropistas, campesinos privados e incluso por cooperativas—, establece relaciones de trabajo asalariado, y que, por tanto, es una forma de subordinación y, en general, de explotación aun cuando el empleador trabaje junto al asalariado.16 Mientras no se comprenda la diferencia substantiva entre la relación de trabajo asalariado y la de trabajo asociado, no se podrá valorar la importancia de los modelos de gestión democráticos o autogestionarios como vías institucionales para superar las barreras que el trabajo asalariado establece para el pleno desarrollo humano de los trabajadores.
Una de las razones utilizadas para desestimar la significación de cooperativas y otras formas autogestionarias, como dije antes, es la creencia de que son demasiado utópicas y por tanto ineficientes. Sin embargo, cualquier duda sobre la factibilidad de su gestión empresarial queda deshecha cuando se estudian las experiencias de las cooperativas que componen el grupo Mondragón,17 y otras más o menos grandes que existen en el mundo; así como la de la autogestión yugoslava18 y la España republicana.19 Las ventajas de los modelos de gestión democrática, como el cooperativo, han sido reconocidas no solo por teóricos socialistas20 sino también por gerentes de empresas capitalistas interesados en poner en práctica métodos efectivos para motivar a sus trabajadores a aumentar la productividad, calidad e innovación.21 Aunque hay que señalar que los capitalistas limitan la participación de los trabajadores para que no controlen realmente la toma de decisiones; y, por lo general el derecho a participar está asociado a la propiedad de acciones de la empresa (stock ownership) y no a su condición de seres humanos.
Aquellos comprometidos con la construcción socialista no ven en la gestión democrática solo una herramienta para motivar a los trabajadores a contribuir con sus capacidades, esfuerzo y conocimiento. La participación es entendida como un medio fundamental para que se desarrollen como los hombres y mujeres nuevos que necesita una sociedad de justicia plena: con competencias técnicas, gerenciales y democráticas, sentido de pertenencia y compromiso con todo el proceso de producción, confianza en sí mismos, creatividad y solidaridad. Una gestión empresarial democrática posibilita también un mayor control de los trabajadores sobre las decisiones que tienen un gran impacto sobre sus vidas, y por ello —aunque no es suficiente— contar con condiciones objetivas y subjetivas más propicias para ser solidarios.
En la medida en que el pensamiento socioeconómico cubano —como viene ocurriendo en otros países latinoamericanos— se libere de los dogmas, tanto del «socialismo estatista» como del liberalismo económico, y retome la esencia humanista del socialismo, su objetivo no será reducido a la satisfacción de necesidades materiales, sino que incluirá las de desarrollo individual y social que tiene todo ser humano. Solo entonces se pondrá atención a la naturaleza de las relaciones entre las personas que determinan sus experiencias prácticas cotidianas. Este entendimiento tendrá como corolario la preferencia por formas de gestión democráticas en las empresas; formas de organización del trabajo que permiten, como Marx y Engels previeron, establecer relaciones de trabajo libre asociado que superen la injusticia inherente a las del trabajo asalariado, sobre las que se basan las sociedades capitalistas.22
Para identificar si una forma empresarial es pertinente o compatible con una sociedad socialista, hay que tener en cuenta la medida en que las decisiones importantes de su administración son tomadas de manera democrática por los propios trabajadores, directamente en asambleas generales, o mediante representantes elegidos por ellos. La propiedad legal es separable de la gestión empresarial, y el reparto de utilidades es solo una de las tantas decisiones gerenciales que toman los que controlan la gestión. Es decir, para que una empresa sea realmente útil para la construcción socialista —en cuanto a su organización interna— lo importante es que la autoridad suprema radique en el colectivo de trabajadores: son ellos quienes participan directamente en la toma de decisiones más importantes, establecen las reglas de funcionamiento de la organización, eligen a sus representantes y controlan su desempeño.
Para promover la relación de producción socialista —aquella que Marx definió como la asociación de trabajadores libres unidos por un plan— no es necesario ni aconsejable prohibir la contratación de trabajo asalariado. Pero sí es imprescindible establecer políticas que busquen democratizar la gestión de las empresas estatales, y que promuevan de forma prioritaria, en el sector no estatal, a las autogestionarias, mediante su acceso preferencial a financiamiento, insumos, asistencia técnica y contratos gubernamentales, entre otras medidas.
El propósito debe ser crear condiciones para que las personas que tienen la ventaja de contar con recursos financieros e iniciativas emprendedoras consideren más atractivo conformar cooperativas u otras formas autogestionarias; y que las menos afortunadas prefieran incorporarse a ellas en lugar de convertirse en trabajadores asalariados. Se trata de instaurar un sistema empresarial con múltiples formas de gestión, más y menos democráticas, sin perder de vista que el objetivo es generalizar lo más posible la adopción de prácticas democráticas de administración. La idea no es por supuesto imponer o forzar su expansión, sino crear las condiciones para que ellas puedan demostrar que son vías más efectivas de organizar el trabajo, de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas.
Necesidad de que las empresas respondan a intereses sociales
Las empresas no estatales —tanto como las estatales— son útiles o pertinentes para un proyecto de construcción socialista que busque satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas, en la medida en que contribuyan a ello. No basta que sean rentables y cumplan con sus obligaciones tributarias. Además de contribuir con recursos financieros mediante el pago de impuestos, sus propias actividades deben estar orientadas a satisfacer demandas reales de consumo, no fabricadas solo para vender. No menos importante es que las «externalidades», o consecuencias de su funcionamiento sobre terceras partes, deben contribuir a la satisfacción de otras necesidades o intereses sociales. Para lograr esto es necesario que las actividades económicas estén bajo «control social» o «propiedad social»; lo que, como veremos, no significa ignorar sus imprescindibles niveles de autonomía y otras exigencias de toda gestión empresarial.
Lógicamente, no es preciso que la sociedad se preocupe por asegurar la provisión eficaz de aquellas actividades relacionadas con requerimientos de consumo de bienes y servicios no básicos23 ni estratégicos, pues la demanda de un mercado competitivo para esta clase de productos lo logra en gran medida. No obstante, para todo tipo de actividad económica, sea o no básica o estratégica, siempre es recomendable promover su eficiencia social, es decir, el equilibrio entre costos y beneficios sociales que se considere más adecuado: que sus externalidades repercutan de la manera más positiva posible —o al menos, no negativamente— sobre los intereses de las comunidades en las que impacta. No solo se trata de establecer un marco regulatorio que prohíba o penalice comportamientos no deseados, sino que es necesario además motivar conductas positivas, responsables y sensibles a las necesidades de otros; y, en primer lugar, definir esas necesidades e intereses que se pretenden satisfacer.
La insistencia en lo anterior, en no confiar en la «mano invisible» del mercado para que la economía responda a nuestras necesidades, no es un empecinamiento ideológico, sino un pragmatismo basado en evidencias irrefutables sobre lo inadecuado de las relaciones de mercado o mercantiles24 para lograr esos propósitos. La experiencia en Cuba con los cuentapropistas y campesinos e intermediarios privados en espacios de «mercado libre», o de «oferta y demanda», ha confirmado el aserto de economistas marxistas de que las reglas de funcionamiento de las relaciones mercantiles promueven comportamientos cuando menos ajenos a intereses sociales.
Así, para algunos cubanos ya es evidente que un sistema de mercado no solo es inadecuado para lograr que las empresas no estatales satisfagan necesidades básicas de consumo,25 sino que atenta contra otros intereses sociales como el logro de ciertos niveles de igualdad, justicia y solidaridad. Tampoco permite que las empresas internalicen costos sociales como la contaminación medioambiental y el desempleo, y externalicen beneficios sociales como sería compartir conocimientos, tecnologías u otros recursos. En los espacios de mercado que actualmente existen en Cuba se observa que los vendedores no están interesados en satisfacer las necesidades de las personas: priorizan las producciones que más ganancias generan a costa de otras de alta necesidad; concentran la oferta en los sectores poblacionales de mayor capacidad de compra aunque no de mayores urgencias; prefieren vender pocos volúmenes a precios elevados que más a unos más bajos; se aprovechan de situaciones, como eventos meteorológicos, para subirlos, aunque los costos de producción no hayan aumentando en la misma proporción; evaden impuestos; utilizan materias primas y tecnologías más baratas que dañan la salud y el medio ambiente, etcétera. Estos comportamientos «antisociales» no son generados —aunque sí acentuados— por las imperfecciones de esos espacios de mercado (resultado de las limitaciones a la entrada de nuevos vendedores y de su segmentación por la dualidad monetaria y disparidades en la capacidad de compra), sino por la propia competencia de mercado y el escaso control social sobre ellos.
Falta reconocer que las relaciones mercantiles resultan inadecuadas para guiar a las empresas hacia los intereses sociales no porque los vendedores y compradores sean malas personas que necesiten lecciones de humanismo o inspectores más exigentes, sino que es el propio funcionamiento de las relaciones mercantiles lo que les fuerza a priorizar sus intereses estrechos sobre los de otros, y hace que parezcan «naturales» esos comportamientos. No obstante, acostumbrados a niveles de justicia y racionalidad no comunes en otras sociedades, los cubanos no nos resignamos a que los que comercialicen ganen más dinero que los que producen, que los precios de los mismos productos varíen abruptamente, que determinados productos se vendan solo en algunos barrios y a precios muy por encima de los costos de producción. La idea de que siempre habrá perdedores y ganadores no es aceptada de manera pasiva, porque se hace evidente que mediante el funcionamiento del mercado siempre pierden los desafortunados por causas ajenas a su voluntad (mujeres, ancianos, negros y grupos históricamente marginalizados). No parece justo que generalmente triunfen los insensibles y pierdan los que asumen los intereses de otros como propios.
No debemos ignorar que, bajo la competencia de mercado, cualquier intento genuino de una empresa por actuar de forma socialmente responsable por lo general implica un costo de oportunidad que afecta su posición en el mercado, pues solo se premian con seguridad los comportamientos antisociales.26 Además, los que administran las empresas no cuentan con un marco institucional que les permita construir sus intereses individuales de manera menos estrecha. El carácter bilateral y atomista de las relaciones mercantiles les impide a los actores económicos no solo tener en cuenta, sino también identificar los intereses de otros.27
Ni siquiera las empresas gestionadas democráticamente pueden escapar de los efectos corruptivos de operar a través de relaciones mercantiles; terminarán comportándose como empresas capitalistas, guiadas por la maximización de la ganancia, ignorando o quebrantando intereses sociales.28 Algunos han planteado que estas tienden a internalizar intereses sociales aun cuando operan mediante relaciones mercantiles, porque la lógica u objetivo principal de su funcionamiento es la satisfacción de las necesidades de sus trabajadores; a diferencia de las empresas capitalistas donde lo que se busca es maximizar la ganancia y los beneficios de los dueños.29 Sin embargo, aunque las empresas autogestionarias podrían estar más inclinadas a aceptar su responsabilidad social porque ello constituiría pasar de una lógica de intereses colectivos (del grupo de trabajadores) a otra de intereses sociales más amplios, estos por lo general solo pueden ser articulados mediante espacios de coordinación o «planificación democrática» donde se construyan, y además se concierten acciones para satisfacerlos.
Sin dudas, el sistema de «planificación» que ha marcado la economía cubana, aunque se ha preocupado porque todos los cubanos tengan acceso a bienes y servicios básicos, no ha sido efectivo en la satisfacción de ciertos intereses sociales, sobre todo los relacionados con el consumo individual y su hetereogenidad. El sistema de dirección en que han operado las empresas estatales cubanas, y en el cual se encuentran integradas las cooperativas agropecuarias, ha sido ineficiente en la utilización de recursos y, por tanto, no ha creado las condiciones para la sostenibilidad de las conquistas sociales alcanzadas.
En un sistema de planificación verticalista —solo formalmente democrático como el nuestro—, el control social depende de que los administradores estatales respondan de manera efectiva a las directivas que reciben de los organismos superiores, y, primero que todo, que esas orientaciones reflejen los intereses sociales. Numerosos economistas han identificado las limitaciones de un sistema de planificación autoritaria (no democrática y excesivamente centralizada) tanto para distinguir los intereses sociales, como para motivar a los administradores estatales a que ofrezcan la información necesaria para una efectiva planificación, y que después cumplan con las directivas asignadas.30
Pero esto no nos debe llevar a ver en las relaciones mercantiles la única alternativa a un sistema de planificación autoritario, verticalista, ni esperar que un mercado competitivo y bien regulado resuelva todos los problemas económicos, y, menos aún, el abastecimiento de bienes básicos. Es posible hallar síntesis superiores diversas—adaptadas a las distintas realidades—que combinen las ventajas de las actividades descentralizadas con las guiadas por intereses sociales definidos en los territorios y grupos sociales donde ellas impactan.
Así, puesto que la mayoría de las empresas no estatales, dado su tamaño y carácter no estratégico, repercutirán fundamentalmente sobre las comunidades más inmediatas, es posible ejercer el control social —necesario para garantizar que satisfagan las necesidades de estas— a través de instituciones y políticas de alcance local, dirigidas por gobiernos municipales o, en municipios muy poblados, por consejos populares. Los gobiernos locales deben asumir la responsabilidad de orientar y apoyar a las empresas en su territorio en correspondencia con los intereses sociales y las actividades que dichas empresas realicen.
Para ello sería conveniente la creación de espacios de coordinación o planificación democrática, que incluyan representantes de las empresas no estatales —organizadas en asociaciones o consejos— y de los residentes —delegados del Poder Popular, asociaciones de consumidores y otras organizaciones sociales— en esos territorios, para que, de forma consensuada, se diseñen estrategias y planes de desarrollo, se decidan presupuestos, y algo muy importante: se supervise su cumplimiento. Como lo demuestran las experiencias de algunos gobiernos locales en Cuba y otros países, los métodos de «diagnóstico participativo» y «presupuesto participativo» permitirían identificar y aprovechar de forma más efectiva las potencialidades de las empresas en el territorio, y las motivaría a contribuir en mayor medida al desarrollo local.
Una vez identificados los intereses sociales, es necesario que el marco regulatorio de la actividad empresarial en el área establezca una lógica de compromiso con la satisfacción de dichos intereses: que se premien de forma coherente los comportamientos socialmente responsables y se penalicen los que atenten contra ellos. Así, las autoridades locales deberían establecer políticas de fomento de empresas que cumplimenten necesidades insatisfechas; expresar, en las licencias de operación y en cláusulas condicionantes de los contratos (de arrendamiento, financiamiento, compraventa) aquellos comportamientos que se espera de ellas; premiar con contratos de financiamiento, compraventa o niveles de impuesto más favorables a las que satisfagan de forma más efectiva los intereses de sus comunidades. Y a aquellas empresas cuyas actividades están relacionadas con necesidades básicas, les podrían exigir criterios para definir precios a partir de costos y beneficios sociales, niveles de producción y de calidad requeridos, así como compromisos de ventas a instituciones públicas, entre otras obligaciones.
Para ejercer el control social también sobre la comercialización y consumo, los espacios de intercambio actualmente de mercado (agromercados de libre oferta y demanda e incluso mercados estatales tanto en divisa como en pesos cubanos) podrían ser socializados de modo que los que en ellos comercializan tomen en cuenta los intereses de los consumidores y las comunidades en general. Como ocurre en las cooperativas de consumo, esas tiendas podrían ser administradas por personas que respondan y rindan cuenta a los gobiernos locales—como representante de los intereses de los consumidores en sus territorios—de manera que ellos cuenten con información transparente y vías concretas para mejorar la relación precio-calidad, el surtido, etc. Sería recomendable también que los gobiernos fueran los responsables de velar por la efectiva administración de las tiendas minoristas y mayoristas donde se aprovisionarían y venderían las nuevas formas no estatales, la disponibilidad de financiamiento y de asesorías y servicios para la administración empresarial, entre otras acciones vitales para su éxito.
Es importante aclarar que el establecimiento de espacios de planificación o coordinación democráticos, y otros mecanismos de control social, no implica prohibir que las empresas no estatales establezcan relaciones horizontales de intercambio. La descentralización es clave para que ellas puedan actuar con flexibilidad y celeridad y tener una gestión que satisfaga de modo efectivo necesidades sociales. No se trata de prohibirles que intenten aumentar sus utilidades, pues evidentemente no es posible ni conveniente si se quiere que sean autofinanciadas y que sus trabajadores reciban una remuneración adecuada. El asunto es lograr, mediante la planificación democrática y un marco regulatorio, que establezcan un sistema de incentivos coherente, que la lógica de las relaciones de intercambio horizontales que guíe el funcionamiento de las empresas no sea meramente la maximización de los beneficios estrechos de sus colectivos o administradores, sino que ellos interioricen el interés social, que tengan en cuenta las necesidades materiales y espirituales de los grupos sociales sobre los que repercuten.
En la medida en que los gobiernos locales logren una genuina articulación de los intereses sociales en sus territorios, los representen fidedignamente en estrategias, planes y presupuestos, y los implementen a través de políticas e instituciones, su control sobre las empresas será más legítimo. Así, si estas saben que sus aportes serán utilizados para la satisfacción de demandas sociales o, mejor aún, si sus representantes pueden participar en las decisiones de cómo utilizarlos y controlar su uso mediante una rendición de cuentas realmente transparente, entenderán mejor las repercusiones de sus acciones y les será más engorroso evadir impuestos y otras responsabilidades sociales.
Consideraciones finales
Al centro de la dificultad para evaluar la pertinencia de empresas no estatales en la economía cubana y el papel que ellas pueden desempeñar en su relación con el Estado está la necesidad de definir los principios esenciales que deberán caracterizar al socialismo cubano. Deben responderse preguntas como las siguientes: ¿comprende la mayor justicia social inherente a todo proyecto socialista que los trabajadores tengan iguales oportunidades de desarrollarse como seres humanos plenos y no sean reducidos a insumos del proceso productivo?, ¿se requiere o no que la actividad empresarial sea guiada por intereses sociales? En otras palabras, ¿lo que le preocupa a la sociedad cubana no es solo que aumente la oferta de bienes y servicios para satisfacer demandas de consumo, sino que esa oferta sea accesible a la mayoría de las personas, que priorice las necesidades más importantes, y que sea el resultado de puestos de trabajo dignos que les permitan a los trabajadores desarrollarse a plenitud y satisfacer sus necesidades materiales y espirituales?
Si se responden afirmativamente las preguntas anteriores, la empresa no estatal es útil y conveniente para la construcción socialista sobre todo en la medida que su gestión sea controlada no solo por el colectivo de trabajadores sino también —de manera más directa o indirecta, según resulte más efectivo— por aquellos grupos sociales que reciben la influencia de sus actividades. Solo así, bajo «control social», «unidas y guiadas por un plan», por una estrategia de desarrollo local, se garantiza y se les facilita que satisfagan intereses sociales. Esto implica, básicamente, una gestión democrática de la economía local por las comunidades, mediante las instituciones y procedimientos que ellas diseñen.
Aun a nivel local, alcanzar este control social sin dudas no será sencillo, ni se podrá avanzar de forma lineal: habrá logros y errores, avances y retrocesos. Se requerirá de una fuerte voluntad política y de tiempo para que los funcionarios de los gobiernos locales, los trabajadores y los ciudadanos desarrollen las habilidades y actitudes de autogestión democrática: de toma de decisiones en consenso, de sistemicidad para implementar las acciones acordadas, de responsabilidad por las decisiones y acciones realizadas. Será preciso evitar que los funcionarios de los gobiernos locales abusen de su poder mediante un sistema de fiscalización efectivo, y sobre todo, mediante su control por los propios ciudadanos y los medios de comunicación. Pero estos hábitos y competencias no pueden ser desarrollados sino a través de la práctica. Será, sin dudas, un proceso de aprendizaje de nuevos métodos y de cambio cultural considerable.
Lo más fácil —desde la perspectiva de los que se saben entre los ganadores— sería «liberalizar» o dar rienda suelta al interés individual, en la forma de contratación de trabajo asalariado permanente y de relaciones mercantiles. Pero una parte no desestimable de los cubanos, educados en valores éticos de justicia y solidaridad, y concientes de nuestro derecho de vivir dignamente —que implica la responsabilidad de contribuir con lo mejor de nosotros a la sociedad—, estamos dispuestos a intentar hacerlo mejor: a socializar o democratizar en lugar de solo liberalizar. Defendemos la oportunidad de autogestionar nuestras empresas y gobiernos locales para que la actividad económica, y toda actividad social en general, contribuya a satisfacer nuestras necesidades de desarrollarnos plenamente como seres humanos. De lo contrario, pasaremos a ser solo instrumentos para la maximización de la ganancia de unos pocos.
El actual proceso de reducción de las plantillas estatales y de expansión de empresas no estatales representa grandes riesgos. Pero es también una oportunidad para promover la creación de nuevas formas de organización del trabajo que no solo creen empleos más productivos que satisfagan necesidades de consumo y generen ingresos tributarios para el desarrollo local. Es también, si así nos lo proponemos, una coyuntura propicia para crear espacios donde se promuevan las habilidades y actitudes democráticas, la creatividad y los valores solidarios, indispensables para la construcción de un orden social que gire alrededor de las personas y no de la abundancia material, que las nuevas generaciones sientan como suyo.
Solo democratizando o socializando la economía, materializando la propiedad social sobre ella, podremos avanzar hacia una sociedad que tenga como horizonte el desarrollo humano y no solo la redistribución de la riqueza. Si no, corremos el riesgo de que —con el pretexto de crear beneficios materiales— la lógica de la ganancia se convierta en lo natural e inevitablemente choque con el intento redistributivo, y que así, un día, lo más «racional» parezca abandonar el horizonte socialista.
Notas
1. Existen formas de propiedad privada simple (autoempleo o empleo familiar, sin contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente) y no simple (empresas con contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente).
2. La cooperativa es una forma de la propiedad colectiva: ni privada ni estatal. Véase Jesús Cruz Reyes y Camila Piñeiro Harnecker, «Una introducción a las cooperativas», en Camila Piñeiro Harnecker, ed., Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba, Editorial Caminos, La Habana, 2011, p. 34.
3. Cuando surge la posibilidad del trabajo por cuenta propia en 1993, no se permitía la contratación de trabajadores que no fueran familiares de quien poseía la licencia. Por tanto, era —al menos formalmente— un tipo de autoempleo, de empleo individual o familiar: una forma privada simple de organización de trabajo. Con las regulaciones de octubre de 2010 (Gaceta Oficial, n. 11 y 12, La Habana, 2010), al permitirse e incluso exigirse la contratación de trabajadores de forma permanente para varias actividades, el cuentapropismo deja de representar un modo de autoempleo pues en algunos casos se convierte en formas privadas no simples.
4. José Alejandro Rodríguez, «Casi se duplican los trabajadores por cuenta propia», Juventud Rebelde, La Habana, 4 de marzo de 2011.
5. «Información sobre el reordenamiento de la fuerza de trabajo», La Habana, 2010 citado por Carmelo Mesa-Lago, «El desempleo en Cuba: de oculto a visible», Espacio Laical, a. 6, n. 4, La Habana, octubre de 2010, pp. 59-66.
6. Lina Pedraza, «Intervención en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea del Poder Popular», 15 de diciembre de 2010.
7. Véase Camila Piñeiro Harnecker, ed., ob. cit., pp. 26-30; «Riesgos de la expansión de empresas no estatales en la economía cubana y recomendaciones para evitarlos», disponible en Rebelión, www.rebelion.org, 11 de octubre de 2010.
8. El Proyecto de lineamientos de la política económica y social, del Partido Comunista de Cuba (PCC), aparecido en noviembre de 2010, sirvió de base para los debates en preparación para el VI Congreso del PCC que tuvo lugar en abril de 2011.
9. Leticia Martínez Hernández, «Trabajo por cuenta propia: mucho más que una alternativa», Granma, La Habana, 24 de septiembre de 2010.
10. Planteamiento expuesto en manuales de economía política soviéticos, donde se redujo la propiedad social —identificada por los clásicos del marxismo como característica esencial de la sociedad poscapitalista— a la propiedad estatal.
11. Carlos Marx, «La nacionalización de la tierra» [1872], disponible en Marxists Internet Archive, www.marxists.org, p. 308.
12. Aunque no es imposible que propietarios individuales cedan el control de su gestión mediante arrendamiento, esto dependerá de las decisiones que tomen esas personas. Por ello, resulta recomendable que sean instituciones que representen intereses sociales (ministerios o gobiernos locales, regionales) los que tengan la propiedad legal al menos de esos medios de producción estratégicos.
13. Leticia Martínez Hernández y Yaima Puig Meneses, «Sesionó reunión ampliada del Consejo de Ministros», Granma, La Habana, 1 de marzo de 2011.
14. Según Alcides López, mientras han desaparecido solo 136 CPA desde su creación (un promedio de tres anuales), se han disuelto 474 UBPC, para un promedio de veinticuatro anuales. Véase su tesis doctoral «Propuesta de un Sistema Integrado de Gestión para las UBPC», Universidad de La Habana, enero de 2011.
15. Avelino Fernández Peiso, «Notas características del marco legal del ambiente cooperativo cubano», en Camila Piñeiro Harnecker, ed., ob. cit., p. 366.
16. Esto se manifiesta en el hecho de que se proponga incluir en un mismo sindicato a trabajadores contratados y a los cuentapropistas y cooperativas que los contratan, y en planteamientos como el de Idalmys Álvarez, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: «[En] la contratación de trabajadores, autorizada para 83 de las opciones laborales no estatales [...] no se genera una tradicional relación de subordinación entre empleador y empleado, pues al ser ambos trabajadores por cuenta propia convenian los términos de la contratación» (Véase José Alejandro Rodríguez, ob. cit.). Sin embargo, se han publicado cartas en Granma que demuestran que incluso algunas UBPC han dejado de pagar salarios a trabajadores contratados. La Central de Trabajadores de Cuba ha planteado estar velando por el respeto de los intereses de los trabajadores contratados.
17. Mondragón es una cooperativa de tercer grado, de más de cien cooperativas, cuya actividad la convierte en el séptimo grupo empresarial más importante de España. Véase www.mcc.es.
18. Jaroslav Vanek, The Labor-managed Economy: Essays by Jaroslav Vanek, Cornell University Press, Ithaca, 1977, p. 208; Pat Devine, Democracy and Economic Planning, Polity Press, Cambridge, 1988, pp. 95-6.
19. Sam Dolgoff, ed., The Anarchists Collectives: Workers’ Self-management in the Spanish Revolution 1936-1939, Free Life Editions, Nueva York, 1974.
20. Véase Camila Piñeiro Harnecker, ed., ob. cit., pp. 71-190.
21. Juan Guillermo Espinosa y Andrew Zimbalist, Economic Democracy: Workers’ Participation in Chilean Industry 1970-1973, Academic Press, Nueva York, 1978, p. 171; John Bonin y Louis Putterman, Economics of Cooperation and Labor-Managed Economy, Harwood Academic Publishers, Nueva York, 1987, p. 6; Jaroslav Vanek, ob. cit., p. 167 y Gregory Dow, Governing the Firm, Cambridge University Press, Nueva York, 2003, pp. 8-15, 95-101, 176-8, apuntan a las principales ineficiencias de la empresa capitalista, y explican cómo ellas se derivan fundamentalmente de su gestión no democrática resultado del control privado. David I. Levine y Laura D. Tyson («Participation, Productivity, and the Firm’s Environment», en Alan S. Blinder, ed., Paying for Productivity: A Look at the Evidence, The Brookings Institution, Washington, DC, 1990, pp. 183-244) demuestran empíricamente que la participación de los trabajadores en la gestión de sus empresas puede dar lugar a aumentos de productividad.
22. La injusticia de la relación de trabajo asalariado no reside realmente en la cuantía del salario, sino en el carácter no democrático de la gestión que ella establece en la que el trabajador cede su capacidad de participación substantiva. Véase Camila Piñeiro Harnecker, «Riesgos de la expansión...», ed. cit.
23. Como necesidad «básica» generalmente se incluye a la alimentación, educación, salud, higiene, transporte, vestimenta, entre otros. Sin embargo, la definición de un bien o servicio como «básico» dependerá de las aspiraciones y hábitos culturales de las personas, así como de las condiciones de acceso a ellos que se tenga.
24. Por «relaciones mercantiles» no se entiende cualquier forma de intercambio horizontal, sino aquellas donde los precios y otras decisiones del intercambio son tomadas —al menos en teoría— de forma bilateral entre el vendedor y el comprador y cada parte busca maximizar su interés individual, sin tener en cuenta el social. Es posible, mediante instituciones de coordinación o planificación democrática, lograr relaciones de intercambio horizontales que no sean mercantiles sino «socializadas».
25. Incluso la teoría económica neoclásica reconoce que las leyes de oferta y demanda no se cumplen cuando los productos son difícilmente sustituibles como los de consumo básico.
26. Camila Piñeiro Harnecker, «Principales desafíos de las cooperativas en Venezuela», Cayapa: Revista de Economía Social Venezolana, a. 8, n. 15, Caracas, enero-junio de 2008, pp. 54-5.
27. Camila Piñeiro Harnecker, «Conciencia social y planificación democrática en las cooperativas venezolanas», Temas, n. 54, La Habana, abril-junio de 2009, p. 22.
28. Véase Robin Hahnel, Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation, Routledge, Nueva York, 2005, p. 355; Pat Devine, ob. cit., p. 13; Ellen T. Comisso, Workers’ Control under Plan and Market, Yale University Press, New Haven, 1979, p. 110.
29. Para comprender esta diferencia es necesario percibir que no todas las necesidades humanas pueden ser satisfechas de manera individual mediante ingresos monetarios. Existen otras, tanto materiales, de carácter colectivo o social, como espirituales, relacionadas con la realización personal y con las relaciones que se establecen con otros seres humanos.
30. Véase Pat Devine, ob. cit., pp. 73-4, 88-91, 220-1, y Robin Hahnel, ob cit., pp. 94, 97-8.
