Gar Alperovitz · Thomas M. Hanna · · · ·
26/07/15
El gran economista conservador del siglo XX Joseph Schumpeter pensaba que la izquierda había subestimado la capacidad de persuasión de una de las mejores razones que pueden aducirse en favor del control público del capital productivo. “Uno de los argumentos más poderosos y difíciles de rebatir”, sugirió, es el de que la propiedad pública produce beneficios, lo que significa que la captación de ingresos públicos no tiene que depender sólo de los impuestos.
El grueso de la izquierda de Estados Unidos nunca tomó como propio el argumento de Schumpeter. De un modo extraño y oportuno, en la actualidad hay un sector relevante de la política estadounidense que ha hecho suyo y repite el mantra en favor del control público de capital productivo a cambio de una rebaja de impuestos: los conservadores.
El de Alaska es el caso más conocido. El Alaska Permanent Fund, instituido por un gobernador republicano en 1976, combina no uno, sino dos principios socialistas: propiedad pública y provisión de una renta básica para todos los residentes. La recaudación y las inversiones del fondo proceden de la extracción de petróleo y minerales del Estado. Los dividendos se abonan anualmente a todos los residentes.
Texas constituye otro ejemplo práctico de socialismo conservador. Hace casi 150 años, el Texas Permanent School Fund pasó a controlar aproximadamente la mitad de los derechos sobre las tierras y los minerales asociados del dominio público. Tras su cesión por parte del gobierno federal, en 1953 se añadieron los “suelos sumergidos” costeros. Cada año, los réditos del fondo se destinan a la educación; sólo en 2014 éste aportó 838’7 millones de dólares a las escuelas del Estado. Otro fondo, el Permanent University Fund, valorado en 17.500 millones de dólares, posee más de dos millones de acres de tierras y sus ganancias se destinan a apoyar la financiación del sistema universitario estatal.
En otros estados conservadores es frecuente la existencia de fondos socializados parecidos –a veces bajo el nombre de fondos patrimoniales soberanos. El Permanent Wyoming Mineral Trust Fund, con un valor de mercado acumulado que supera los 7.000 millones de dólares en mineral de extracción, constituye una expresión directa de la doctrina de Schumpeter: la propiedad socializada ha permitido eliminar los impuestos sobre la renta en el Estado.
Este “socialismo al estilo estadounidense” puede producir extrañas inversiones en las tomas de posición políticas de conservadores y liberales. La Tennessee Valley Authority (T.V.A.) es una de las mayores empresas “socialistas” del país, pues se trata de una compañía de propiedad pública con ventas valoradas en 11.000 millones de dólares anuales, 9 millones de clientes y 11.260 empleados, que suministra electricidad y participa en la gestión de la cuenca del río Tennessee. En 2013, el Presidente Obama propuso privatizar la T.V.A., pero los políticos republicanos locales, preocupados por las perspectivas de una subida de los precios para los consumidores y de una disminución de ingresos para sus estados, se opusieron con éxito a esa idea.
Aunque los modelos estatales de propiedad privada no han sido un objetivo prioritario por parte de la izquierda moderna, lo cierto es que algunos activistas políticos y sociales han empezado a hacer suya la idea de que puede ser deseable tomarse en serio la propiedad pública de activos y riquezas cuando ésta beneficia a las comunidades locales. En Boulder, Colorado, activistas que luchan contra el cambio climático han contribuido a dos victorias electorales importantes en la lucha por municipalizar los servicios de electricidad propiedad de Xcel Energy. Al estilo socialista, es habitual que las empresas de servicios de propiedad pública también reviertan una parte de sus beneficios a la ciudad o al condado, contribuyendo así a complementar los presupuestos locales y a aliviar la presión sobre los contribuyentes.
De hecho, hoy en Estados Unidos operan ya más de 2.000 empresas de servicios de electricidad de propiedad pública que, junto con otras cooperativas, suministran más del 25% de la electricidad del país.
En Nebraska, uno de los estados más conservadores, cada residente y negocio reciben electricidad suministrada por empresas de propiedad pública o por cooperativas. En parte por eso, los ciudadanos de Nebraska pagan una de las facturas más baratas de electricidad de todo el país.
La lista de ejemplos es mucho más extensa. Más de 450 comunidades han construido sistemas de Internet parcial o completamente públicos, algunos tras librar importantes batallas políticas. Aproximadamente una quinta parte de los hospitales son actualmente de propiedad pública. Muchas ciudades son propietarias de hoteles, incluida la de Dallas (que tuvo como adalid de este proyecto al anterior alcalde republicano Tom Leppert). Unos 30 estados invierten fondos públicos de forma directa en empresas incipientes que tienen visos de ser viables.
Además, en contra de la opinión comúnmente extendida, los estudios comparativos acerca de la eficiencia de la empresa pública moderna muestran que en la mayor parte de los casos es prácticamente equivalente a la de las empresas privadas. (No son perfectas, claro: muchas de las agencias, corporaciones y consejos públicos que controlan esas empresas no rinden cuentas de forma exhaustiva ni son suficientemente transparentes en sus operaciones).
Viendo cómo crece el escepticismo sobre el capitalismo entre los votantes jóvenes y las minorías, ¿veremos más iniciativas de este tipo en el futuro? Los péndulos oscilan, a veces de forma brusca, cuando los grandes tsunamis económicos golpean con fuerza. Puede que en la próxima gran crisis ambos bandos sean capaces de ponderar la sensatez de la idea de la propiedad pública y los beneficios prácticos que ésta conlleva, y que acaben sacando provecho de la reflexión de Joseph Schumpeter de un modo más audaz si cabe que en la actualidad.
Gal Alperovitz es economista político e historiador. Ha sido profesor en las universidades de Maryland, Cambridge y Harvard. Recientemente ha publicado What Then Must We Do? Straight Talk about the Next American Revolution (2013), America Beyond Capitalism: Reclaiming Our Wealth, Our Liberty, and Our Democracy (2011, segunda edición) y Unjust Deserts: How The Rich Are Taking Our Common Inheritance and Why We Should Take It Back (2008). Es el creador de Democracy Collaborative, una fundación de desarrollo comunitario en la que Thomas M. Hanna ejerce de director de investigación.
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The New York Times, 23 de julio de 2015
28 julio 2015 | Categorías: Internacional, Justicia Fiscal y Financiera Global, Opinión, Unión Europea| |
