Por Jorge Gómez Barata
El debate del texto de Reforma Constitucional realizado el pasado fin de semana por el parlamento cubano que, en vivo, sin cortes ni edición, en tiempo real, fue trasmitido por la televisión nacional, es un hecho político sin precedentes, indicador del inicio de una auténtica apertura informativa y botón de muestra del alcance de las reformas impulsadas por el ex presidente Raúl Castro, incluidos los cambios de mentalidad.
Aunque el texto adoptado y que será sometido a consulta popular mantiene el carácter socialista del sistema, conserva las esencias del modelo político y económico basado en el predomino de la propiedad estatal y de la ideología marxista-leninista, contiene importantes innovaciones.
Para sorpresa de algunos, en el proyecto aprobado se suprimió la alusión a la “construcción de la sociedad comunista” como objetivo del pueblo cubano, cosa que, al mantener el socialismo como meta, no significa un cambio ideológico o político de significación inmediata, aunque incorpora realismo al desempeño de las instituciones y del liderazgo. En el contexto quedó explícito que, por ahora, Cuba no irá a la sociedad comunista, aunque tampoco permanecerá inmóvil.
Consecuente con las reformas en curso, el texto sostiene el predominio de la propiedad social, reconociendo la existencia y la pertinencia de la propiedad privada del sector no estatal, se admiten las prácticas de mercado y, aunque se alude a la necesidad de establecer regulaciones que eviten la “concentración de la propiedad”, no hubo consenso para incluir la “concentración de la riqueza”. Expresamente se admitió lo obvio: existen personas que acumulan riquezas de modo lícito, legitimándose el derecho de los cubanos a lucrar con sus habilidades y profesiones en consonancia con las leyes.
Esta vez, la diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro para la Educación Sexual, pidió la palabra no para, como había hecho durante años, reclamar el fin de la discriminación de las personas con una orientación sexual y de género no convencional, sino para saludar el cambio según la cual el matrimonio deja de ser: “… La unión consensuada de un hombre y una mujer” para asumir que se trata de: “…La unión entre dos personas”, abriendo el camino al matrimonio entre individuos del mismo sexo.
La combativa diputada saludó la propuesta que, a su juicio: “…Es resultado de la madurez alcanzada por el proceso revolucionario y la sociedad, capaz de reconocer la existencia de varios tipos de familia de lo cual se desprende el deber del Estado de protegerlas y no discriminarlas en ningún aspecto, incluido optar por ser madres y padres…”. Con estos cambios, desde la perspectiva de protección integral de las personas por su orientación sexual e identidad de género, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.
Como parte del debate, varias personalidades tomaron la palabra, entre ellas Miguel Barnet, presidente de la Unión Escritores y Artistas que, entre otras cosas manifestó: “Estamos inaugurando una nueva era…Si hay que romper la tradición se rompe, porque romper la tradición también es un acto revolucionario…El amor no tiene sexo”.
Por su parte, Teresa Amarelle, miembro del Buró Político y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, apuntó que: “El hecho de que se haya modificado el precepto de que el matrimonio es la unión consensuada entre un hombre y una mujer, es ya un paso de avance. “El tema de los hijos y la adopción, debe dejarse para el Código de Familia…”
Breves palabras para grandes conquistas
Respecto al artículo relacionado con la institución del habeas corpus, y la necesidad de los ciudadanos de recibir asistencia jurídica cuando son detenidos o privados de libertad, la diputada Julia Cabrera propuso que esta protección ocurriera “desde el momento de la detención…”. Aunque, aludiendo tecnicismos, la propuesta no prosperó, dejó sembrada una semilla.
Una diputada por la provincia de Camagüey propuso modificar el artículo 60 para separar el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la libertad de palabra y la de prensa, añadiendo además la idea de cambiar el concepto “libertad de palabra” por el de “libertad de expresión”, más amplio y moderno, lo cual fue aplaudido.
Durante las sesiones en las comisiones de trabajo del Parlamento y en el plenario, se realizaron cientos de intervenciones sobre decenas de artículos, incluidos los de mayor trascendencia como fueron la igualdad y los derechos de los ciudadanos, el Partido y sus relaciones con el Estado, la administración de justicia, la propiedad y la riqueza, la necesidad de evitar todas las formas de discriminación, la libertad de creación de artistas e intelectuales y otros asuntos de mayor importancia.
Llamó la atención la moderación y corrección de las personas que tuvieron a su cargo la conducción de los debates, de los miembros de la Comisión Redactora y de la dirección del Parlamento, que en ningún caso limitaron la discusión, mostrándose abiertos a acoger las sugerencias de los diputados. Al concluir el evento el presidente Miguel Díaz-Canel se declaró satisfecho con la forma, el contenido y los resultados del evento.
Raúl Castro, primer secretario del Partido y su segundo, José Ramón Machado Ventura, el presidente Miguel Díaz-Canel, Ramiro Valdés, miembro del Buró Político y otros altos funcionarios, estuvieron presentes, sin pronunciar una palabra y sin usar su influencia y su liderazgo a favor o en contra de alguna propuesta. El respeto a la independencia de juicio de los diputados fue absoluto.
Lo más significativo es que no se alzó una sola voz para contradecir ninguna de las propuestas, ni siquiera las más innovadoras. No hubo acaloramiento ni decepciones. El interés de los diputados y de los líderes parlamentarios fue que lo legislado fuera avanzado y comprensible. Nadie se atrincheró, no se invocaron dogmas, no hubo posiciones doctrinarias y la transparencia fue total. Los tiempos han cambiado, Cuba también. El paso está dado. El precedente perdurá.
