Por Patricia GroggLas cooperativas han sido menos exitosas que los campesinos individuales que contratan fuerza de trabajo debido a la falta de autonomía en su gestión.
La existencia de una figura legal en el sector cooperativo representaría ventajas adicionales para la economía cubana, afirman especialistas.
La creación de cooperativas figura en el programa de actualización de la economía de Cuba, pero aún no hay novedades oficiales sobre la extensión de esa forma de gestión empresarial que ya probó sus bondades y desaciertos en el sector agropecuario.
En medios académicos, el tema no es nuevo. "Hace años hice un trabajo de investigación en el cual, como apreciación personal, proponía crear cooperativas para que se encargaran de acopio, transporte y comercialización de los productos del campo", comentó la economista Blanca Rosa Pampín, en una reciente entrevista con IPS.
En su opinión, ese tipo de autogestión podría solucionar el problema de la compraventa y distribución de alimentos agrícolas, basado hasta ahora en un sistema estatal de acopio que resta agilidad a todo el proceso, desestimula a los productores, causa pérdidas por demoras en la transportación y encarece la oferta, entre otras dificultades.
"En los lineamientos no se habla de esto", añadió la experta en temas agropecuarios, en referencia al documento que, aprobado en abril durante el sexto congreso del gobernante Partido Comunista, pauta la agenda para la modernización del modelo económico y social que lanzó el gobierno de Raúl Castro.
Pero el texto sí anuncia que se crearán las cooperativas de primer grado (las que sus integrantes son personas físicas o jurídicas) como una forma socialista de propiedad colectiva, en diferentes sectores, con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad y en la que sus asociados asumen, con sus ingresos, todos los gastos.
También prevé cooperativas de segundo grado, integradas por las de primer grado, con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o realizar compras y ventas conjuntas con vistas a lograr mayor eficiencia.
Una norma jurídica, que se supone en preparación, deberá garantizar que las cooperativas, como propiedad social, no sean vendidas ni transmitida su posesión a otras cooperativas, a formas de gestión no estatal o a personas naturales. A la vez, servirá de base para determinar los ingresos "de los trabajadores y la distribución de las utilidades".
Para algunos analistas, la demora para que estas iniciativas se concreten podría obedecer a que se trata de cambios que el gobierno no desea apresurar para evitar errores o posteriores retrocesos.
"No por cumplir un cronograma vamos a precipitarnos", dijo Castro al defender el ritmo de las reformas en una reunión gubernamental de septiembre.
Hasta ahora, las autoridades parecen concentradas en afianzar el trabajo por cuenta propia como alternativa de empleo para quienes pierdan sus plazas en el Estado y a los nuevos aparceros surgidos con la entrega en usufructo de tierras ociosas según un decreto de 2008. Pero especialistas alertan que para hacer crecer la economía hacen falta más medidas.
En un artículo publicado por la revista católica Palabra Nueva, la investigadora Camila Piñeiro, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, defendió las ventajas adicionales que representaría para el país la existencia de una figura legal para las cooperativas, no limitadas al sector agropecuario.
"Ello permitiría que personas afines se juntaran para realizar actividades como las que hoy realizan los cuentapropistas (autónomos), pero con niveles de productividad más altos y sin tener que recurrir a la concentración de la riqueza ni a relaciones de explotación", dijo la experta.
Piñeiro opinó que en este país se avanzará en la construcción de un nuevo orden económico y social en la medida en que "aumente el número de cooperativas genuinas y las empresas estatales y privadas democraticen su gestión", entre otras condiciones.
"La forma en que internamente están organizadas las cooperativas las hace no solo compatibles con un socialismo democrático, sino que imprescindibles, aunque por supuesto no son suficientes ni la mejor manera de organizar todas las actividades económicas", consideró.
En Cuba existen las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas voluntariamente en los años 60 por campesinos dueños de sus predios para recibir crédito, tecnología y favorecer gestiones de mercadeo, entre otros beneficios.
Una década después surgieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que de propietarios individuales se convirtieron en dueños colectivos, al vender sus tierras y medios de producción a la nueva entidad empresarial.
Según el economista Armando Nova, experto en asuntos agropecuarios, la trayectoria positiva de las CPA en más de dos décadas sirvió de modelo para la proyección y constitución, en 1993, de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Sin embargo, en el transcurso del tiempo las UBPC derivaron "en una forma transfigurada de la empresa estatal, con resultados no satisfactorios", comentó Nova en un artículo sobre el tema. De todos modos, el área agrícola cultivada por formas cooperativas pasó de 15 por ciento del total en 1989 a 70 por ciento en 1999.
Según los datos aportados por este investigador, las CCS y los campesinos privados presentan como promedio mejores resultados que las CPA y hacia 2009 acumulaban 57 por ciento de la producción total de alimentos, pese a contar solo con 24,4 por ciento de las tierras cultivables.
A juicio de Piñeiro, si las cooperativas han sido menos exitosas que los campesinos individuales que contratan fuerza de trabajo, se debe en gran medida a que no han contado con la autonomía elemental para ejecutar compras, decidir producciones y ventas, entre otras dificultades.
Estas entidades se "desvirtuaron debido a la visión estatista de socialismo que ha predominado" y a que muchos no ven cómo los intereses grupales de las cooperativas se pueden articular con los intereses sociales más amplios sin la intervención directa del Estado, aseveró.
En su opinión, ese tipo de autogestión podría solucionar el problema de la compraventa y distribución de alimentos agrícolas, basado hasta ahora en un sistema estatal de acopio que resta agilidad a todo el proceso, desestimula a los productores, causa pérdidas por demoras en la transportación y encarece la oferta, entre otras dificultades.
"En los lineamientos no se habla de esto", añadió la experta en temas agropecuarios, en referencia al documento que, aprobado en abril durante el sexto congreso del gobernante Partido Comunista, pauta la agenda para la modernización del modelo económico y social que lanzó el gobierno de Raúl Castro.
Pero el texto sí anuncia que se crearán las cooperativas de primer grado (las que sus integrantes son personas físicas o jurídicas) como una forma socialista de propiedad colectiva, en diferentes sectores, con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad y en la que sus asociados asumen, con sus ingresos, todos los gastos.
También prevé cooperativas de segundo grado, integradas por las de primer grado, con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o realizar compras y ventas conjuntas con vistas a lograr mayor eficiencia.
Una norma jurídica, que se supone en preparación, deberá garantizar que las cooperativas, como propiedad social, no sean vendidas ni transmitida su posesión a otras cooperativas, a formas de gestión no estatal o a personas naturales. A la vez, servirá de base para determinar los ingresos "de los trabajadores y la distribución de las utilidades".
Para algunos analistas, la demora para que estas iniciativas se concreten podría obedecer a que se trata de cambios que el gobierno no desea apresurar para evitar errores o posteriores retrocesos.
"No por cumplir un cronograma vamos a precipitarnos", dijo Castro al defender el ritmo de las reformas en una reunión gubernamental de septiembre.
Hasta ahora, las autoridades parecen concentradas en afianzar el trabajo por cuenta propia como alternativa de empleo para quienes pierdan sus plazas en el Estado y a los nuevos aparceros surgidos con la entrega en usufructo de tierras ociosas según un decreto de 2008. Pero especialistas alertan que para hacer crecer la economía hacen falta más medidas.
En un artículo publicado por la revista católica Palabra Nueva, la investigadora Camila Piñeiro, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, defendió las ventajas adicionales que representaría para el país la existencia de una figura legal para las cooperativas, no limitadas al sector agropecuario.
"Ello permitiría que personas afines se juntaran para realizar actividades como las que hoy realizan los cuentapropistas (autónomos), pero con niveles de productividad más altos y sin tener que recurrir a la concentración de la riqueza ni a relaciones de explotación", dijo la experta.
Piñeiro opinó que en este país se avanzará en la construcción de un nuevo orden económico y social en la medida en que "aumente el número de cooperativas genuinas y las empresas estatales y privadas democraticen su gestión", entre otras condiciones.
"La forma en que internamente están organizadas las cooperativas las hace no solo compatibles con un socialismo democrático, sino que imprescindibles, aunque por supuesto no son suficientes ni la mejor manera de organizar todas las actividades económicas", consideró.
En Cuba existen las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas voluntariamente en los años 60 por campesinos dueños de sus predios para recibir crédito, tecnología y favorecer gestiones de mercadeo, entre otros beneficios.
Una década después surgieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que de propietarios individuales se convirtieron en dueños colectivos, al vender sus tierras y medios de producción a la nueva entidad empresarial.
Según el economista Armando Nova, experto en asuntos agropecuarios, la trayectoria positiva de las CPA en más de dos décadas sirvió de modelo para la proyección y constitución, en 1993, de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Sin embargo, en el transcurso del tiempo las UBPC derivaron "en una forma transfigurada de la empresa estatal, con resultados no satisfactorios", comentó Nova en un artículo sobre el tema. De todos modos, el área agrícola cultivada por formas cooperativas pasó de 15 por ciento del total en 1989 a 70 por ciento en 1999.
Según los datos aportados por este investigador, las CCS y los campesinos privados presentan como promedio mejores resultados que las CPA y hacia 2009 acumulaban 57 por ciento de la producción total de alimentos, pese a contar solo con 24,4 por ciento de las tierras cultivables.
A juicio de Piñeiro, si las cooperativas han sido menos exitosas que los campesinos individuales que contratan fuerza de trabajo, se debe en gran medida a que no han contado con la autonomía elemental para ejecutar compras, decidir producciones y ventas, entre otras dificultades.
Estas entidades se "desvirtuaron debido a la visión estatista de socialismo que ha predominado" y a que muchos no ven cómo los intereses grupales de las cooperativas se pueden articular con los intereses sociales más amplios sin la intervención directa del Estado, aseveró.