“Esto no hay quien lo pare”, me espetó el muchacho. A su lado, una tarima vertical, forrada de vistosos discos de películas y música, transformaba la sala de la casa —¿su casa?— en kiosco provisional. La ventana oficiaba como eje de comunicación con quienes recorríamos los portales de la concurrida calle Monte, en La Habana, un manjar para el comercio.
“La concentración de la propiedad es imparable”, explicó. Y fundamentó su tesis: “Tengo siete puntos de venta como este y siete gentes trabajando para mí, pero solo uno aparece como mío, para no pagar impuesto por contratación de mano de obra”. El alarde lo respalda la explosión habanera de vendedores de CD, DVD y otras tantas siglas sonoras y fílmicas, desde que el Estado apostó a la expansión del trabajo por cuenta propia. Monte compite entre las avenidas más cuajadas de disqueros.
¿Cómo nombrará este aprendiz de mercader a la cadena de tiendas con que quizás sueña? ¿El Diablo? ¿El Diablo Canoro? Yo le propondría: El Pobre Diablo. Para probar fortuna, ha escogido una opción con muchos lados flacos.
La piratería de discos es una violación de la ley que genera hoy auténticos conflictos a escala mundial; y ya se oyen voces incómodas en el mundo artístico cubano, cuando las “quemadas” son piezas de cantantes o cineastas del patio.
Convertido en transgresor, el vendedor de la calle Monte no se oculta mucho para evadir impuestos. Arremete con beligerancia contra recursos a los que ha acudido el Gobierno para reordenar la economía. Vulnera la ley. A sabiendas, esquiva un impuesto y traiciona las nuevas reglas del juego de una opción de empleo, aún en proceso de expansión. Cuando en octubre del año pasado el Ministerio de Finanzas y Precios extendió a los cuentapropistas el impuesto por contratar a otros trabajadores, abrió la puerta a alternativas de asociación laboral no estatal como la pequeña empresa.
Hasta fecha reciente, tropelías fiscales como las del hombre de los discos eran poco alarmantes; el daño era ínfimo, por más que resultara estridente a veces. En 2010, los impuestos a los trabajadores por cuenta propia representaron apenas el uno por ciento de los ingresos del presupuesto. Pero el aporte promete multiplicarse decenas de veces.
El autoempleo crea condiciones para que las empresas reduzcan plantillas y el Estado se descargue de actividades y compromisos poco redituables, a fin de avanzar de conjunto hacia una planificación y eficiencia realistas. Las previsiones elevan a más de un millón la cantidad de cubanos que podrían quedar sujetos a formas no estatales de empleo, en un corto plazo. En un escenario con esas características, al que se suma el propósito de descentralizar funciones y responsabilidades empresariales, sería un desastre descuidar el orden y el control fiscales, como ocurrió ya a finales de los años 90.
Los impuestos serán parte del entramado estatal para recaudar, redistribuir e invertir los beneficios que genera la sociedad. De esta manera, el Gobierno podría reorientar recursos hacia actividades vitales para la nación, garantizaría los necesarios equilibrios financieros internos y podría continuar costeando servicios gratuitos de los que nos servimos todos; la educación y la salud son los ejemplos más notorios.
En un escenario de creciente descentralización, el sistema tributario sirve, además, como una herramienta más de conducción económica. Casi un timón. Mediante una bonificación o exención de impuestos, o por el contrario, mediante un gravamen mayor, el Estado puede estimular, acelerar o frenar indistintamente sectores económicos, actividades o territorios, a veces con mayor efectividad que acudiendo a decretos u orientaciones gubernamentales que terminan, en muchas ocasiones, en la gaveta de otro funcionario.
El sistema tributario tiene ante sí una misión de mayor alcance que las pendencias —que tampoco pueden descuidarse— de algún vendedor de discos con ínfulas de capital monopolista.
Herramienta eficaz y reconocida de la política económica, veo a los impuestos entre los recursos para alcanzar paradigmas de equilibrio y prosperidad económica; camino obligado, creo, para hacer perdurable la justicia que persigue el socialismo cubano.