El socialismo, el Estado, el chofer de guagua, el bedel y el ministro

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Catalejo  junio, 2013 

Por: Jorge Luis Acanda

Profesor. Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de La Habana.

Pretendo en estas páginas explicar mis desacuerdos con algunas ideas expresadas por el compañero Gerardo Ortega en su artículo “Participación social sobre lo estatal”. Las características de este espacio me obligan a ser breve, lo cual es todo un desafío, pues muchas de las tesis expresadas por Ortega abren a un campo muy amplio de reflexiones teóricas.

Para decirlo rápido y brevemente, diferimos en la concepción sobre el socialismo y sobre el Estado. Lo cual no es poco. No voy a reproducir sus ideas, que están en su artículo. En aras de la brevedad, expresaré las mías en forma de tesis.

1. Existen dos formas de entender al socialismo. Una la entiende sólo en términos de distribución. La otra lo entiende en términos de producción. Para la primera interpretación, en el socialismo se mantiene la base productiva heredada del capitalismo (por cuanto ella sería expresión de la racionalidad de la economía) y lo que se destruyen son los injustos mecanismos de distribución. Por eso se le atribuye una gran importancia al Estado, que sería el único agente capaz de jugar ese papel. Desde esta interpretación no hay ninguna diferencia esencial entre el modelo social-demócrata y el modelo estadocéntrico que existió en la URSS y otros países del socialismo histórico.

2. Pero la esencia del capitalismo no se expresa en el concepto de propiedad privada. De ser así, el capitalismo tendría más de diez mil años de existencia. Marx definió al capital como una relación social, caracterizada por rasgos tales como la universalización de la forma mercancía, el carácter fetichizado y fetichizante de la producción mercantil dirigida a la obtención de plusvalía, la expropiación creciente de los trabajadores y el carácter enajenado y enajenante del predominio del trabajo asalariado. El capitalismo no surgió como resultado necesario, natural, del desarrollo social. Para que apareciera, y además para que siga funcionando, necesita una constante intervención de instancias de poder en todas las esferas de la vida social. Para ello transformó al antiguo Estado pre-moderno, que era esencialmente sólo una maquinaria de ejercicio de violencia física y de exacción de impuestos, en un complicado aparato para la regulación de todas las esferas de la vida social. La expansión del Estado fue iniciada por la burguesía, porque el capitalismo no puede existir sin eso. Basta con tomar un libro de historia para entenderlo. ¡Ah! Y, por supuesto, estudiar a Marx. No a Nikitin.

3. La comprensión del capitalismo señalada en el punto anterior condiciona, necesariamente, lo que se ha de entender por socialismo. Para Marx, Engels y Lenin, el objetivo no era simplemente eliminar las desigualdades en la riqueza, sino lograr una sociedad liberada de los procesos de fetichización y enajenación que marcaban al capitalismo. Para ellos el socialismo no era el objetivo, sino el comunismo, en tanto sería en esa sociedad comunista donde aquello se lograría. El socialismo lo comprendieron como la transición. Jamás Marx habría utilizado el concepto de “modo de producción socialista”. Si el capitalismo no se entiende como un orden ya dado (injusticia, desigualdad) sino como un movimiento (universalización de la forma mercancía), entonces ese modelo de una sociedad no sólo “no-capitalista” (esa lo fue también el feudalismo, como lo entendieron muy bien Alejandro Dumas, Osama bin Laden y Juan Pablo II) sino esencialmente “anti-capitalista”, tiene que caracterizarse por un movimiento contrario, un movimiento que nunca anteriormente ha existido en la historia: la tendencia hacia la socialización del poder y de la propiedad.

4. Para Ortega, salvar al socialismo cubano exige “el rescate del Estado como única organización social abarcadora del total de poblaciones y territorios, con capacidad para brindar recursos y servicios materiales y culturales, con trabajo productivo incluido”. No estoy de acuerdo con la idea de que sólo el Estado puede cumplir esas funciones. De hecho eso es precisamente lo que hace el mercado capitalista. La lógica de funcionamiento del capitalismo (“universalización de la forma mercancía” – ¿recuerdan?) consiste precisamente en que sea el mercado capitalista (no “el mercado”, a secas, porque eso no existe, sino el mercado capitalista) quien se convierta en ese intermediario universal.

5. La contradicción entre el capitalismo y una sociedad anti-capitalista (en el sentido de desenajenante y desfetichizadora) no encuentra su esencia en la alternativa de asignarle ese papel centralizador al “mercado” (metáfora engañosa) o al “Estado”. Eso de “El Estado” es también una metáfora engañosa. Lo que existe es el Estado feudal o el Estado capitalista. El Estado capitalista es un instrumento construido y perfeccionado para cumplir ciertas funciones, que son estructuralmente indispensables para la existencia del capital. Por su esencia es burocrático. Aquí también existe un problema de interpretación. La comprensión más superficial sobre la burocracia la identifica con papeleo, pérdida de tiempo e ineficiencia. La teoría social nos explica que, por la significación esencial que adquiere el trabajo abstracto en el capitalismo, los procesos de formalización son imprescindibles para el funcionamiento del mismo, y el Estado existe justamente para hacerse cargo de esas funciones de formalización y control que en las sociedades pre-capitalistas eran impensables por ser innecesarias, pero que en el capitalismo son imprescindibles. Allí donde predomina el trabajo asalariado y la producción mercantil, predomina la dimensión abstracta del trabajo y por lo tanto las funciones de formalización son también imprescindibles. Así entendida, la existencia de la burocracia no es el resultado de un mal funcionamiento, sino todo lo contrario.

6. Con ello quiero decir que la eliminación de la burocracia sólo será posible si se elimina el predominio de la producción mercantil y del trabajo asalariado. Y que el Estado moderno, surgido entre otros factores como expresión del predominio de esos elementos, siempre tendrá un carácter burocrático. Y justamente ahí reside uno de los grandes problemas en esa sociedad de transición a la que Marx (no Groucho, sino Karl) y Lenin (el de verdad, no la momia embalsamada por el stalinismo) llamaron socialismo. Todos los textos escritos por Lenin en sus últimos años de vida expresan la conciencia de esa contradicción: el Estado, por un lado, es necesario, pero por el otro es una rémora y un peligro. Esa es la tragedia y el drama del Estado en el socialismo, en el que todavía el trabajo existe como mercancía (con todos los efectos que eso tiene).

7. No es lo mismo abogar por la desestatización de la sociedad cubana que predicar la privatización. No considero justo denominar a aquellos que “reclaman” esa desestatización simplemente como “reconocidos comunicadores sociales cubanos”. Admito que algunas personas, que si pueden ser calificados como “reconocidos comunicadores sociales cubanos”, escriben y publican en nuestro país a favor de la privatización. Los que se han pronunciado aquí en Cuba no por la privatización sino por la desestatización, son personas que han actuado y pensado y que actúan y piensan desde la defensa de los principios humanistas de nuestra Revolución. Son precisamente eso: revolucionarios.

8. El neoliberalismo no pretende la eliminación del Estado, ni predica ninguna desestatización. Si comprendemos que el capitalismo no puede existir sin una constante intervención desde una instancia de poder en todas las esferas de la vida social, comprenderemos que todo ese discurso sobre “el libre juego de las fuerzas del mercado” y sobre el desmantelamiento del Estado es parte de la propaganda de ese neoliberalismo, que lo que quiere es destruir las funciones distributivas que el Estado capitalista ha tenido que asumir como resultado de la lucha de clases, pero reforzar otras funciones del Estado capitalista.

10. En el punto anterior utilicé la expresión “lucha de clases”. Volvamos a la interpretación sobre el socialismo. ¿Existen clases sociales en el socialismo? ¿Existe lucha de clases en el socialismo? Stalin resolvió ese problema – en el papel. Declaró que en el socialismo sólo existe dos clases (obreros y campesinos) y un sector social que no llegaba a ser clase: los intelectuales. Y que entre ellos existía total coincidencia de intereses. Marx hubiera opinado de otra forma. Precisamente por ser un pensador dialéctico, comprendía que las clases no son esencias fijas, que existen primero y que después entran en lucha o no entran en lucha, sino que las clases existen porque existen en lucha. Para decirlo más claramente: no puede haber clases sin lucha de clases. Por lo menos desde el punto de vista de Marx (de Karl, no de Groucho). No puedo estar de acuerdo cuando se coloca en un primer plano la división entre “propietarios activos” y “propietarios pasivos” como la principal contradicción en el socialismo (al menos eso fue lo que entendí del texto de Ramos, porque no señala ninguna otra división), para poco después afirmar que “la existencia de propietarios activos y pasivos de lo estatal no determina el surgimiento de clases diferenciadas”. Si en Cuba hay clases sociales, entonces hay lucha de clases. Así de simple. Y de complicado.

11. Si no he entendido mal a Lenin, la clave de una reflexión sobre la sociedad que quiera ser marxista (repito, referida no a Groucho Marx sino a Karl Marx), reside en la comprensión de la centralidad de la lucha de clases. Por lo tanto, lo primero sería caracterizar las relaciones sociales objetivas (recalco, “objetivas”) existentes en Cuba, explicar cómo esas relaciones sociales condicionan la existencia de distintos grupos sociales, entre ellos algunos que tendríamos que denominar “clases sociales” y estudiar sus contradicciones. Ortega hace una alerta sobre “el peligro que para una sociedad tendiente al socialismo representa la división de sus habitantes en dos grandes grupos: los que se sienten y actúan como propietarios activos de lo estatal y los que se consideran pasivos dependientes de la acción de los primeros”. Al situar el problema en que unos ciudadanos “se sientan” de una forma y otros de otra, el conflicto se coloca en un plano de total subjetividad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué los ciudadanos en el socialismo se sientan o no se sientan, o que objetivamente sean, que objetivamente puedan ejercer esas funciones de propiedad, control y decisión? Muchas veces se ha dicho que, en el socialismo, los obreros no “se sienten” dueños de las empresas en las que trabajan. No conozco ningún país capitalista – son casi todos, a estas alturas – en el que los capitalistas no “se sientan” dueños de sus propiedades. ¿Cuáles son las razones objetivas de que existan semejantes sentimientos en el socialismo? ¿Cuáles son las características objetivas de las relaciones sociales de producción y, específicamente, de las relaciones de propiedad en el socialismo que hacen que existan esos sentimientos? Plantearse el problema así sería situarse en las posiciones de la concepción materialista y dialéctica sobre la sociedad, que – según tengo entendido – fue una de los principales aportes de Marx (aquí no hace falta repetir que me refiero a Karl, ¿no?).

12. Tampoco puedo estar de acuerdo con la afirmación de que los propietarios reales de la propiedad estatal “son sus gobernantes…, sin importar si se llaman presidentes, alcaldes, diputados, reyes o patriarcas”. Es una afirmación que me deja perplejo. En los Estados pre-modernos, los propietarios de la propiedad estatal si son los reyes, o los patriarcas. Pero en el Estado moderno (por ende, burgués) los gobernantes no son los propietarios. De hecho tampoco son los propietarios del Estado. El Estado y sus propiedades están bajo el control de la burguesía. No sé qué otra cosa puede querer decir, si no, que el Estado tiene carácter de clase, y que el Estado en los países capitalistas es un Estado burgués.

13 y final. Lo apuntado más arriba me parece pertinente para mi último comentario, que está dirigido a una idea que Ramos coloca en el punto 7 de su artículo. Allí afirma que “cualquier empleado estatal debe actuar como propietario activo, desde el conductor del autobús público que detiene y abre o cierra la puerta oportunamente, o quien autoriza el ingreso de un niño a una escuela, hasta quien aprueba inversiones y financiamientos multimillonarios, cada uno bajo reglas de comportamiento establecidas”. Considerar que tienen la misma condición de propietario un chofer de ómnibus o un bedel de escuela y un funcionario que aprueba inversiones y financiamientos multimillonarios es olvidar que el chofer y el bedel tienen una cuota de poder mínima, mientras que ese funcionario goza de una cuota de poder mucho mayor. No creo que sea un detalle superficial. Si una idea esencial que he querido presentar en este comentario es que el socialismo no puede ser otra cosa que la socialización del poder y la propiedad, aprovecho entonces este ejemplo sobre los choferes, los bedeles y los ministros para terminar afirmando esta otra idea: a mayores cuotas de poder, mayores cuotas de responsabilidad.

Participación social sobre lo estatal

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Catalejo  junio, 2013

Por: Gerardo Ortega Mendiburu
Ingeniero. Consultor de procesos inversionistas y constructivos

1. En un trabajo anterior,[1] se alertaba sobre el peligro que para una sociedad tendiente al socialismo representa la división de sus habitantes en dos grandes grupos: los que se sienten y actúan como propietarios activos de lo estatal y los que se consideran pasivos dependientes de la acción de los primeros. Consecuencias directas de esa división pueden considerarse los posibles burocratismo, impunidad y corrupción de los primeros, y la pedigüeña e impotente actitud de los segundos, conducente a su desatención a reclamos de participación en actividades sociales vinculadas a su organización estatal, la que consideran no propia, sino “de otros”, o “de nadie”.
2. El efecto social de tal peligro demanda objetivas investigaciones sociológicas que midan la existencia de tales síntomas y sus causas, pero tal acción investigativa deberá basarse en la simple existencia, por una sola vez, de lo que la sociedad propicia, y que los investigadores luego podrán valorar el grado de extensión e influencia que alcanza lo que posibilitado esa vez, deberá eliminarse por la colaboración de todos, o desatenderse por considerarse de menor efecto sobre el conjunto social.
3. A continuación se valorarán situaciones que pudiendo repetirse miles de veces en la vida cotidiana de quien tropiece con ellas considerándolas habituales, inevitables o sin importancia, pueden llegar a conformar personalidades nuevas, con las consecuencias sociales que luego puedan resultar.
4. Este análisis se fundamenta en el rescate del Estado como única organización social abarcadora del total de poblaciones y territorios, con capacidad para brindar recursos y servicios materiales y culturales, con trabajo productivo incluido. También se rechaza una reclamada “desestatización”[2] de la sociedad, que sin opciones elementalmente probadas, hoy no invita más que a su desmantelamiento neoliberal.
5. No hay otras reglas conocidas por cualquier persona para el uso de la propiedad estatal que las de la propiedad privada aplicadas a lo ajeno, con supervisión de sus propietarios reales, que en el Estado son sus gobernantes según legalidades y reglas de comportamiento establecidas para cada entidad estatal, sin importar si se llaman presidentes, alcaldes, diputados, reyes o patriarcas. Ellos establecen las cadenas de controladores-decisores que se les subordinan, y todo individuo que actúe sobre cualquier obligación o facultad estatal se les somete, ya sea para el uso de recursos naturales o artificiales, financieros o culturales, o para la prestación de servicios estatales como de ordenamiento urbano, habitacional o legal, de atención sanitaria o educacional, del entorno natural, de orden público, o de gestión empresarial estatal, productiva o comercial.
6. La relación entre los decisores y actuantes sobre los recursos y obligaciones estatales, sus “propietarios activos”, y el resto de la población de ellos dependiente, sus “propietarios pasivos”, de hecho establece en cada encuentro una subordinación de los segundos ante los primeros que repetida por decenios, puede consolidar irreversiblemente una división social requerida de rechazo consciente y colectivo.
7. Cualquier empleado estatal debe actuar como propietario activo, desde el conductor del autobús público que detiene y abre o cierra la puerta oportunamente, o quien autoriza el ingreso de un niño a una escuela, hasta quien aprueba inversiones y financiamientos multimillonarios, cada uno bajo reglas de comportamiento establecidas. Fuera del alcance de su marco laboral actuarán todos como propietarios pasivos, según lo acostumbrado, aunque excepcionalmente hayan podido descubrir su capacidad de influir sobre otros, asumiendo los papeles activos que de orientarse al bien público, será la deseable en toda la población.
8. Cualquier sistema social sólo podrá defenderse de la burocracia, y derivadas arbitrariedades, corrupciones e impunidades de sus gobernantes y funcionariado estatal, si desarrolla la formación de una gran mayoría de sus ciudadanos como defensores activos de sus recursos y poderes estatales, los compartidos, pero también propios. Sólo es concebible el socialismo sostenible si su organización social establece formas de comportamiento generalizadas y habituales que desarrollen a toda su población como propietaria activa de lo estatal, y obstaculicen por todos los medios su conversión en la abúlica, conforme o indiferente masa de pasivos sostenes de los activos decisores sobre lo de todos, y potenciales beneficiarios de sus privatizaciones sucesivas.
9. Es inevitable la formación de individualidades influidas por las miles de confrontaciones personales que se producen entre quien demanda una prestación cualquiera dependiente de la voluntad de su prestatario estatal, y este mismo. Ambos resultan influidos por diversas condicionantes e intereses, y se les puede reconocer dos escenarios básicos, el de ambos actuando bajo los principios éticos validados por la conciencia social y legislación vigente, y el de que uno, o ambos, consideren tomar provecho personal adicional al reconocido públicamente como fundamento del encuentro considerado.
10. Dentro del primer escenario de comportamientos públicos y éticos, puede considerarse que en cualquier encuentro con pedido de atención y decisión de cualquier alcance, el propietario activo tiene funciones dominantes sobre el pasivo, por principio subordinado a las decisiones del primero.
11. Ese nivel de subordinación puede variar, resultando mínimo cuando el peticionario puede acudir de inmediato a un superior del decisor actuante, y reclamar en base a derechos y deberes conocidos, y condicionantes también conocidas para el caso considerado.
12. Como matices que debilitan la mínima subordinación deseable en la confrontación considerada, el encuentro con el jefe inmediato puede ser diferido; a su vez él puede estar subordinado a otro, y puede existir toda una cadena de subordinaciones administrativas, estatales y políticas que podrá transitarse o no en toda su extensión. El reclamante también podrá o no, según lo establecido por leyes y prácticas sociales no necesariamente coincidentes, llegar a los representantes que, como elector, haya elegido para los órganos de gobierno de diferente alcance territorial o funcional. Esta cadena, caso de existir, podrá romperse por la no comunicación de un nivel a otro, o por silencio de cualquier nivel que así obstaculice el seguimiento del reclamo planteado.
13. Un motivo de debilidad del pasivo frente al activo es el desconocimiento del primero de los deberes y derechos vigentes sobre cada uno, y aplicables al caso. A ello puede contribuir su dependencia de leyes, regulaciones institucionales o simples instrucciones a las que responda el decisor sin la correspondiente información comprobable por parte del peticionario, tanto en la confirmación de su existencia, como en su aplicabilidad al caso. Ello puede también resultar complejizado por su reconocida aplicación discrecional, según interpretaciones siempre personales de quien decide cada caso, y también por el rechazo oficial a la reclamación ante un nivel superior.
14. Un obstáculo a la subordinación del pasivo frente al activo es la existencia de organismos independientes de las entidades involucradas, y facultados para demandar, o para arbitrar, sobre el caso de inconformidad planteado. Esta potencial fortaleza del pasivo desaparece si solamente se le reconocen demandas individuales – sin respaldo institucional- en el esclarecimiento de situaciones de inconformidad siempre inicialmente singulares.
15. Otros matices en la subordinación del reclamante los establecen el serle solamente aceptada su demanda por una entidad que se autodefina como veladora de los intereses ciudadanos para que imparcialmente los defienda, pero pertenezca a la misma organización estatal a que pertenezca el reclamado, y consecuentemente le sea aplicable la valoración pública de ser juez y parte… También puede regir la inexistencia de vías legales para denuncias de incumplimientos de funciones administrativas legisladas, o el establecimiento de vínculos verticales de relación entre entidades, donde un nivel superior territorial o funcional de una sólo pueda tener comunicación con el nivel equivalente de otra, y el reclamante quede subordinado a la cadena de aprobaciones “superiores” que asuman su distanciada representación con criterio propio.
16.  Para mejor equilibrar la posición relativa entre propietarios activos decisores, y pasivos reclamantes de lo estatal, deberá valorarse, como la forma más efectiva a largo plazo, la consciente transformación y desaparición de los pasivos, educándolos como propietarios activos, sin ser por ello empleados estatales. Ellos han sido y son resultado de la larga y utilitaria educación social promovida por las élites gobernantes inconscientes cultoras de la incuestionada y omnipotente propiedad privada, especialmente la ajena, siempre individualizada en lo gubernamental, mientras que la estatal, la responsable de recursos y de servicios “de nadie”, o “de todos”, o “de otro”, siempre distante y sin algo propio, no ha requerido defensa, ni propietario activo, espontáneo y permanente.
17. Es determinante para cualquier país que los gobernantes y funcionarios encuentren en cada interlocutor la persona capaz de contraponer conocimientos y pasiones sólo alcanzables a través de prácticas sociales que fuerzas solidarias conscientemente desarrollen mediante la participación popular sobre la gestión estatal, no sólo genéricamente política. Participación que demanda ejercitación y dominio concreto sobre componentes económicos y legales vigentes, que las vanguardias la promuevan tanto desde el ejercicio de cualquier nivel de gobierno que alcancen, como desde mucho antes. Independientemente del logro de su poder político sobre lo estatal, en todo momento podrán irse formando los propietarios activos con cuestionamientos y denuncias concretas, y exigencias, que por múltiples formas y enfoques puedan encontrarse para ejercitar la propiedad estatal por cada uno, y junto con otros.
18. Una opción de profundo efecto político y social tendrán los partidos políticos orientados al socialismo que asuman la promoción y defensa de la propiedad compartida, la estatal, entre todos sus miembros, de modo que ellos conduzcan al resto de la población en ese aprendizaje práctico de reclamo de actuación eficiente y justa sobre lo estatal. Pudiéndose identificar como “protectores y formadores de la ciudadanía”, y atentos a lo estatal con su muy amplia gama de potencialidades y servicios, de su acción se derivarán correctivos de groserías graves, y detección de violaciones y comportamientos corruptos, incluidos los derivados de la actuación de entidades de propiedad mixta -estatal y privada- y que por ser también estatales, deberán estar también sujetas a la supervisión popular.
19. Lo así validado para cualquiera que sea la ubicación de esos partidos políticos respecto al poder estatal, demandará adecuaciones ante el logro de tal poder, con la transparencia requerida por ese proceso de concientización popular. La confrontación con los funcionarios podrá facilitarse, con mejores opciones de comunicación y de cambios éticos para ellos mismos, y los militantes podrán enriquecer su comprensión de la actuación estatal con informaciones que incluso conviniendo que no sean de abierta divulgación pública, según la agresividad con que los oponentes actúen, les posibilitará ampliar la comprensión popular de actuaciones estatales históricamente inexplicadas[3].
20. Se deberá transitar por la solución práctica de la delegación de funciones sin pérdida de vínculos entre elegidos y electores según la organización estatal que exista, o forzarlos si la existente es inoperante[4]. Otra práctica reconocida de aprendizaje tangible a decidir sobre lo compartido es la de los procesos definitorios de inversión a nivel local e inmediato, como los trabajos comunitarios y los presupuestos participativos históricamente compensatorios de la desatención estatal, y requeridos de un efectivo diálogo equilibrado con las estructuras territoriales y funcionales de gobierno, cada una con alcances, obligaciones y facultades propias, y requeridas de instrumentos de planificación adecuados, continuos y participativos para todos, y por ello, también novedosos en la práctica social.[5]
21. 21.  Buena parte de los mencionados factores actuantes en la relación personal entre el propietario activo y el pasivo están condicionados por su existencia social, establecida o en proceso de maduración, y dependiente en alto grado de su reconocimiento público. Entre los propietarios activos en funciones estatales podrán encontrarse aquellos cuyos objetivos sociales sean estimular la participación popular formadora del máximo de propietarios activos, o quienes se interesen en inhibirla, incluso con el utilitario propósito de facilitar así su propia gestión de gobierno sin la multiplicidad de posibles interferencias que pudieran derivarse por el aprendizaje social del gobierno de la propiedad compartida, la estatal.[6]
22. La promoción pública de comportamientos disciplinados y con orden –en implícita subordinación al orden establecido por los propietarios activos de lo estatal- de hecho refuerza la diferencia en el desarrollo de ambos tipos de personalidad[7]. Igual efecto tiene la exhortación a que los planteamientos, reclamos y propuestas, se hagan en el momento oportuno, y en el lugar y del modo adecuados. Lo subjetivo de estas valoraciones introducen dudas en los ponentes, que esperando, y de hecho callando, pueden evitarse así señalamientos ingratos, entre los que el simple y siempre agresivo silencio puede así suponerse por muchos como respuesta aceptable, y también justificar la no actuación –que también es una actuación- de los destinatarios así activamente desactivados.
23. La práctica social resultante de los condicionamientos anteriores, diferenciadora entre los propietarios activos y pasivos de lo estatal bajo condiciones de actuación ética y socialmente reconocidas como públicamente válidas, puede resultar gravemente alterada, y las diferencias agudizadas, por la incorporación de espurios intereses individuales en uno o ambos participantes. Desde los sutiles compromisos bien promovidos por las escuelas gerenciales capitalistas, con regalos o convites de difícil diferenciación con gestos de cortesía habituales entre amigos y conocidos, hasta el intercambio explícito de servicios o recursos, los financieros incluidos, para beneficio personal directo, o para hijos u otros parientes, amigos o elegidos. También podrán pactarse concesiones a largo plazo, como posiciones laborales privilegiadas, basadas en probadas confianzas en valores éticos mafiosos que corruptos propietarios activos de lo estatal reconocerán en sus corruptores.
24. Entre los imprescindibles promotores políticos de la participación popular sobre la propiedad compartida podrán aparecer también militantes del gobiernismo, históricamente provechoso, que sus propias organizaciones deberán detectar y depurar según procedimientos que la experiencia, y su vinculación con las masas ya activadas respecto a la propiedad de cada uno y de todos, podrán perfeccionar paulatinamente.
25. La existencia de propietarios activos y pasivos de lo estatal no determina el surgimiento de clases diferenciadas donde los primeros tomen en su provecho las potencialidades de los recursos estatales que por sus responsabilidades de gobierno y servicio puedan captar. De hecho, todos podrán identificarse como propietarios pasivos de lo que no esté subordinado a sus funciones, y el que algunos se categoricen como clase privilegiada sólo podrá validarse cuando además de los propios funcionarios y gobernantes en funciones, sus familiares, colaboradores, protegidos y protectores, se nutran y organicen para desvíos y privilegios ajenos a los valores éticos promovidos socialmente.
26. Los resultados sociales de las prácticas corruptas que pueden aparecer aisladamente en cualquier entidad, y su posible consolidación generalizada en términos clasistas, requerirá de investigaciones objetivas, y comprometidas ideológicamente, que convendría fueran promovidas por los mismos que responsabilizados con el gobierno de cualquier entidad estatal, serían los sujetos que junto a sus familiares y afines se sometieran a tan sensible investigación sobre ellos mismos, con trascendentes efectos para la sociedad toda, y para ellos en lo individual. Lo que por confianza en los cuadros revolucionarios cabe concientizarles en primer lugar[8], convendrá también ubicar en estructuras de gobierno donde la temporalidad y la transparencia demanden el aprendizaje social que se propicie por el tratamiento público del tema, no dependiente solamente de entidades estatales como las existentes en muchos países, como los latinoamericanos, que también muestran su ineficacia en ausencia de movilizaciones políticas adecuadas.
27. No hay una frontera clara entre la formación o no de una nueva clase. Cuadros de dirección de larga trayectoria común será natural que mantengan relaciones personales y familiares regulares, que conozcan la trayectoria vital de sus hijos, que entre éstos surjan amistades, matrimonios o descendientes comunes, que sus resultados estudiantiles se conozcan, que sigan los intereses laborales de los padres, y ellos mismos sean reconocidos como personas dignas de considerarse para cargos de confianza.
28. Lo así posibilitado para cualquier individuo o colectividad familiar, puede resultar matizado por la aplicación de poderes derivados de las ubicaciones laborales y sociales de nivel superior que como propietarios activos de lo estatal, puedan los mayores aplicar para beneficio propio, o de sus parientes y afines más cercanos. Además de los bienes materiales a que puedan acceder, y que podrán tener alcances diversos para ellos o sus beneficiarios, podrán aparecer diversas prestaciones u opciones desconocidas o invisibilizadas para muchos. Desde accesos privilegiados a servicios culturales, médicos o educacionales, incluso internacionales, hasta desatención o perdones por fallos trascendentes o culposos, ocasionalmente transformados en traslados laborales gananciosos, podrán ser prácticas aceptadas para una primera generación como retribución social a quienes puedan reconocerse como pasados creadores del presente, ya sin otros aportes futuros que los de sus consejos y apoyos.
29. Tal interpretación no es admisible para sus descendientes y afines, formados en las escuelas familiares propias y las de sus amigos desde la niñez, ni el tejido social así propiciado, con sus múltiples matices y discreciones acompañantes, con acceso a estructuras de poder estatal donde esté consolidada la división entre propietarios activos y pasivos, con mayoría inconsciente o conforme de estos últimos. Ello puede conducir a la formación consciente de una nueva clase social que asegure su permanencia en el poder estatal al amparo de los ropajes ideológicos hasta el momento efectivos, con ayuda del desconocimiento o desatención del tema por los órganos rectores de la sociedad, su falta del escrutamiento científico de sus vulnerabilidades, así como por la falta de promoción social a la formación de toda la ciudadanía como propietaria activa de lo estatal,
30. Resulta estimulante reconocer que las fuerzas progresistas que tras decenios de represiones brutales han alcanzado la responsabilidad de dirigir naciones enteras según trayectorias propias, donde la cubana ha tenido mayor maduración práctica, disponen de núcleos de cuadros revolucionarios solidarios con sus pueblos, cohesionados por sus ideales y cuadros dirigentes, y consecuentemente los peligros antes señalados, de microsurgimiento aparentemente intrascendente, resultan previsiblemente abortados desde su primer esbozo.
31. Sin embargo, la necesidad de crecimientos derivados de la escala social en que deban comportarse, la inevitable incorporación de gobiernistas interesados en prácticas rechazadas y antes irrelevantes, las necesarias urgencias frente a hostilidades internas y externas, y fundamentalmente la confianza en las propias virtudes, e inconsciencia de los peligros de tal confianza derivados, obligan a reconocer la necesidad de promover a toda la población como propietaria activa de lo estatal a través de actividades integradas a la gestión regular de los gobernantes. Los aprendizajes sociales que se alcancen de tales objetivos políticos serán determinantes.
32. Está por empezar el complejo y consciente aprendizaje de los pueblos modernos para el logro efectivo de una propiedad compartida de lo estatal, que sin sonrojo pueda llamarse socialista, y sea percibida por cada persona con la viveza con que siente su propiedad privada. Las condiciones están creadas por las múltiples crisis descarnadamente destapadas por el capitalismo sustentado en la omnipresente propiedad privada, y sólo su reconocimiento, y comienzo de actuación social consecuente, podrán conducirnos al futuro de sostenible buena vida para todos, y que también pudiéramos perder, irremediablemente.

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[1] Gerardo Ortega Mendiburu, “Dos responsabilidades trascendentes enfrentamos los cubanos” en http://www.temas.cult.cu/catalejo/economia/Gerardo_Ortega.pdf

[2] Así reclamada por reconocidos comunicadores sociales cubanos (ver Alfredo Guevara, Fundar es nuestra tarea, en http://www.rebelion.org/noticias.pht?id= 115284) y muy diferente de la plausible “desfinancierización” propuesta por Emir Sader (ver “Es el Estado”, en http://www.rebelion.org/noticias.pht?id= 95723).

[3] Múltiples vías de comunicación con el pueblo, no necesariamente públicas, pueden encontrarse en las experiencias alcanzadas por Cuba en su resistencia ante la hostilidad externa.

[4] Con necesaria revaloración de los parlamentos como factores movilizativos de las fuerzas revolucionarias, tomando experiencias como la checa presentada por Jan Kozak (en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=53245) y promovida por Malime (en: Estado y poder, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57049)

[5] Ortega Mendiburu, Gerardo, “Frente a la crisis de la propiedad privada, crear la propiedad compartida”, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85262

[6] Ejemplos evidentes de interferencias aparecen en Bolivia, donde poblaciones aborígenes, obnubiladas por su tangible participación en las decisiones estatales, siguen bajo los principios del propietario privado desvinculado y hasta violentamente contrario a los intereses menos evidentes de todo el resto de la sociedad, con escenarios y escalas de actuación mayores a las de sus referencias vitales previas.

[7] También reflejado en el rechazable centralismo democrático entendido como “principio organizativo en una sociedad de orientación socialista” (ver Darío Machado, “Algunas notas sobre la experiencia del centralismo democrático”, en http://www.rebelion.org/noticias.pht?id= 104698).

[8] Confianza que en etapas de consolidación revolucionaria explican las valoraciones de Martí sobre la gallarda disposición de Bolívar a redimir a Don Miguel Peña, que “sacó provecho desusado de las arcas públicas”, pero toda su trayectoria vital, antes y después, lo distinguía por sus méritos revolucionarios. Ver José Martí, Obras Completas, Edic. Crítica, No. 8, p. 59 y 71.

Sacar del limbo regulaciones y potencialidades

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Por TANIA CHAPPI DOCURRO

Me pregunto si, de interpretarse en el centro cinematográfico Fresa y Chocolate  el pasado 27 de junio, la popular canción Timbirichi, del trovador Tony Ávila, dedicada a esos pequeños establecimientos instalados de cualquier manera y que actualmente venden “de todo” en cualquier parte, hubiera sintetizado los criterios esgrimidos allí y evitado reiteraciones o si, por el contrario, hubiera dado pie a un mayor número de críticas a la vertiente más desafortunada de los negocios privados en Cuba.

No obstante, especificó al inicio del debate el moderador, Rafael Betancourt, economista urbano y profesor del Colegio Universitario San Gerónimo, el objetivo de este Último Jueves de Temas –bajo el título de Paisajes urbanos: utilidad, necesidad y estética del sector privado-  era sopesar tanto los impactos negativos como los positivos.

Para aquellos lectores con poco tiempo o paciencia, adelanto aquí algunas ideas esenciales esgrimidas durante la jornada: si bien se culpó a los cuentapropistas de afear el entorno, primó el criterio de que al improvisar ventas y servicios en áreas no adecuadas están siguiendo una práctica habitual en el sector estatal.  El gobierno también es responsable de la situación por no hacer cumplir, a instituciones y a trabajadores privados, las más que suficientes regulaciones urbanísticas. Las fuerzas del orden público deben velar por ello. Mientras unos piensan que es demasiado tarde para revertir la situación, otros proponen educación ciudadana, inversiones económicas, una severa labor de aplicación y vigilancia de lo regulado, así como sancionar a los infractores y premiar a los defensores del urbanismo responsable, como medidas que, de manera conjunta, podrían revertir el actual panorama de las ciudades cubanas.

Primer round: herencia en declive, vicisitudes, desconciertos 

Los panelistas comenzaron definiendo qué es el ambiente urbano construido y en  qué medida la actividad económica incide sobre él. Martha Oneida Pérez, Jefa del Grupo de Investigaciones Aplicadas, del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, planteó que se trata de espacios donde el ser humano desarrolla su vida y busca satisfacer sus necesidades, a lo cual contribuye la actividad económica.  Componen esos lugares las edificaciones, los sitios públicos donde compartir, recrearse; así como mobiliario y múltiples objetos esenciales para las diversas acciones que se efectúan en tales áreas. “Algunos traen ruido, contaminación, afectaciones a la accesibilidad”, comentó.

Según Yociel Marrero Báez, coordinador del Programa de medio ambiente, ciudad y consumo, de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre,  el entorno urbano construido “puede formar comportamientos sociales, al mismo tiempo propicia el armónico bienestar, la interrelación de las personas. Los elementos que lo conforman aportarían trabajo y valor en la medida en que la cadena socioeconómica funcione”.

Es lo mismo que ciudades, afirmó Nelson Herrera Isla, curador y crítico de arte, del Centro Wifredo Lam. Y ellas “están hechas para ubicar al individuo dentro de una estructura social”. A través de miles de años las urbes crecieron y se perfeccionaron gracias a reglamentos. Sin embargo, el orden “a veces se ha adulterado, violentado, y se ha creado un caos urbano, aunque los sujetos no estén conscientes de él. Las ciudades son reflejos fieles de la estructura social y económica; cuando no funcionan es porque hay graves problemas en la  economía, la política, la sociedad.  No importa si se trata de una capital o de un lugar periférico, alejado de los centros  de poder”.

A partir del siglo XX surgen los planes de ordenamiento territorial y urbano que buscan organizar el uso del terreno de forma más racional, muchas veces con un carácter clasista, puntualizó Rafael Betancourt. Las actuales ciudades cubanas son “en parte la herencia de las erigidas antes de 1959” y durante cinco décadas han sufrido fuertes impactos. Los últimos veinte han sido muy agresivos, en especial con La Habana. ¿Qué complicaciones urbanas acompañan el crecimiento del sector privado?, preguntó el moderador. ¿Son adecuadas las regulaciones que tratan de ordenar ese uso del espacio?

Mientras él hablaba, en la pantalla frente al auditorio se mostraban fotografías (cortesía del arquitecto y urbanista Miguel Coyula) tomadas en plazas, bares, restaurantes, tiendas, calles, de distintas metrópolis del mundo, y de la capital de la Isla. Algunas imágenes calzaron a la perfección la siguiente respuesta de Martha Oneida Pérez: “Entre los inconvenientes está el fenómeno del comercio informal, cuando este ocupa los lugares públicos y no permite observar los elementos que componen el espacio urbano construido”. Además, dicho comercio conlleva ilegalidades, problemas de higiene, de insalubridad. Pero hay que reconocer que el sector privado contribuye a la diversificación de las ofertas y a acortar distancias entre los individuos y los productos y servicios que necesitan”, señaló la especialista.

La representante del Plan Maestro detalló  las acciones de ordenamiento aplicadas por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana: “Existen regulaciones que autorizan la ubicación de ciertas actividades económicas en determinados áreas. Tenemos que evitar las aglomeraciones; por eso hay labores que se realizan  en el entorno de ciertas calles y otras no. Los carretilleros tienen zonas asignadas. Otros reglamentos son válidos para toda la ciudad, no solo para el Centro Histórico; ellos indican, por ejemplo, cómo deben mantenerse las fachadas”.  Si bien hay vecinos que solicitan el correspondiente permiso y orientaciones sobre las medidas que deben cumplir, muchos actúan de manera arbitraria. “Es un conflicto que todavía tenemos”, reconoció.

No hay que culpar de la “deformidad anatómica que está padeciendo La Habana” al sector privado, manifestó Yociel Marrero. Durante más de veinte años el arquitecto Mario Coyula y otros expertos han alertado sobre múltiples dificultades. El desarrollo urbano que se previó en los primeros años de la Revolución “fue un poco desplanificado; aunque siempre hubo un plan director de la ciudad, no se cumplió en su momento de manera estricta”. Por si no bastara, la ocupación de las áreas comunes ha sido una práctica desafortunada del sector estatal, sobre todo en la capital del país. A ella se sumó el privado, amparado en “la inoperancia de las regulaciones”. No por falta de leyes, sino por deficiente educación en ese sentido, insuficientes mecanismos de información, puesta en práctica y control.

El empleo incorrecto de portales, pasillos, parterres, garajes, paseos comunales, impide el llamado descanso  apreciativo, o sea, poder contemplar las líneas urbanas, y provoca abigarramientos visuales. A la par,  se produce “la timbirichización de la sociedad”, expresó Marrero. “Lo que más me preocupa, y ya se está sintiendo, es que se atimbiriche el comportamiento de los  ciudadanos; cada vez es más difícil mantener una relación, una comunicación adecuada entre los individuos”.

De igual modo, le inquieta el impacto ambiental. Desde que se autorizaron los establecimientos privados se ha multiplicado el consumo de agua y electricidad. “Hay que educar para reorganizar el uso de los recursos naturales. Eso forma parte del comportamiento ciudadano y de no atimbiricharse”, reflexionó .

Ejemplos concretos de afectaciones a la visualidad en el ámbito urbano mencionó Nelson Herrera Isla: “Cualquier ciudad del país ha sufrido cambios, pero la capital es la más afectada. Incluso en La Habana Vieja hay una red de sombrillitas, arecas, árboles artificiales, mesas, sillas, que imposibilitan ver la arquitectura. Las del restaurante El Patio impiden hacer una buena foto de la Catedral. Cada vez es más difícil fotografiar la Plaza de Armas, debido a la venta de libros en caóticas estructuras de madera. Hay como una competencia entre el sector estatal y el privado para ver quién gana mayor cantidad de dinero y deforma más los lugares”.

Recalcó el panelista que “al abrirse las compuertas al sector privado salió un torrente que ha sobrepasado las expectativas” y actúa con extraordinaria violencia sobre la buena imagen de la urbe. Asimismo, cuestionó cómo el Estado cubano, que aparentemente controla todas las actividades de la nación, resulta incapaz de poner freno a ese desborde.

A continuación, desde el auditorio llovieron enjuiciamientos a procederes negativos y a la manera en que los organismos implicados en el tema lo han manejado. Las autoridades admiten la presencia de vendedores con ropas impropias, o casi sin ellas. Quien llenó las calles de timbiriches fue en primera instancia el sector estatal, al colocar contenedores habilitados como puntos de venta; y también que los mecanismos económicos conspiran contra la posibilidad de que los cuentapropistas intervengan en el entorno de modo más conveniente, se escuchó.

Lo que estamos viendo es la imagen de la pobreza –opinó un reconocido arquitecto-, las actividades por cuenta propia aprobadas no generan verdadera riqueza, sino la circulación del dinero existente. Tampoco las instituciones, salvo excepciones como  la Oficina del Historiador, poseen  recursos y personal competente.  De esa manera resulta muy difícil hacer frente a carencias acumuladas durante veinticinco años, en los cuales se dejó de velar por los dilemas de las ciudades. Un conocedor de la actividad minera previno sobre la existencia en el reparto California, Lawton, Luyanó y otras barriadas habaneras, de un centenar de canteras –la mayoría abandonadas tras años de uso oficial- que son explotadas ilegalmente, por particulares vinculados de una u otra manera a la construcción; esto se ha incrementado en los últimos tiempos y entraña, amén de los daños al medioambiente y a la estética citadina, un serio peligro: el derrumbe de las viviendas erigidas en los bordes de las excavaciones.

Segundo round: mirando hacia adelante

Retomando ideas formuladas por el público, Nelson Herrera Isla comparó la Cuba de hoy con la de la colonia: “Hace 200 años se leían las ordenanzas enviadas por España y se decía: ‘se acatan pero no se cumplen’.  Ahora está ocurriendo lo mismo”. El sector privado es como los niños, que presionan para ver hasta qué punto pueden hacer lo que desean. Enfrentar las problemáticas planteadas requiere aplicar las leyes, así como modelos urbanísticos de probada eficiencia en grandes capitales del orbe y que, empleados en la primera mitad del siglo pasado, hicieron progresar a La Habana, aconsejó.

Tras la solicitud de Rafael Betancourt: ¿cómo para maximizar los efectos positivos y disminuir los negativos del impacto del sector privado sobre el ámbito urbano?,  Yociel Marrero propuso algunas vías. En primer lugar, los cubanos “tenemos que solidificar nuestra participación en los espacios formales como las rendiciones de cuenta de los delegados del Poder Popular. Crear y promover  gremios profesionales, con éticas de trabajo y estatutos establecidos y respaldados. Ir a las pocas escuelas de oficios existentes y empezar a introducir esas éticas”. El propósito consiste en instruir a los albañiles y cultivadores de otros oficios que laboran dentro del sector privado.

“No es tarde para cambiar. En los años 20 del siglo pasado Nueva York dio un salto a partir del desarrollo socioeconómico, aunque era un gran desastre sanitario y urbano. Bogotá y otras muchas capitales igualmente lo hicieron, gracias a la combinación de fuertes inversiones financieras y la aplicación de buenas prácticas.”

En educar a la ciudadanía insistió Martha Oneida Pérez. “Las personas no dominan las reglamentaciones. Es un conocimiento que en cincuenta años no hemos tenido”. Además, apoyó a Marrero en lo relativo a la responsabilidad individual: “Cada vez que escucho debatir sobre este tema me pregunto qué ha hecho cada uno de nosotros –comienzo por incluirme-, cómo ha tratado de mover el estado de las cosas. Está bien utilizar los espacios oficiales de participación, pero también hay que actuar de manera personal. No podemos esperar a que nos llamen”.

Por su parte, Rafael Betancourt argumentó a favor de otras estrategias. Según él, disposiciones de carácter económico pueden ayudar al gobierno a incentivar el buen uso del ambiente urbano construido.  Por ejemplo, reducir los impuestos a quienes contribuyan a su mejoramiento. Ya la Oficina del Historiador pensó en tal modalidad; al planificar la restauración de la Plaza del Cristo, ha previsto alquilar los espacios circundantes y que sean los empresarios los encargados de invertir en la rehabilitación de esos locales.

Ni el presente ni el futuro conocerán la prosperidad si la educación no va acompañada por el control y el castigo a los infractores de la ley, reiteraron varias personas cuando el micrófono retornó a la concurrencia. Bien lo sabe una arquitecta que lleva “treinta años haciendo regulaciones”. La prensa tiene que ser más activa y dar a conocer las dificultades. La sociedad civil puede ejercer un papel fiscalizador, pero eso implica recuperar la confianza en el poder del individuo para incidir en dificultades a las que en estos momentos no ve solución, se dijo.

Una investigadora que trabaja en la Universidad de La Habana expuso: “Puede dinamizarse la participación social si se actúa a nivel de barrios. ¿Por qué no hacer que en ellos el sector privado, además de satisfacer sus necesidades, sienta la responsabilidad social?”

Hoy existen buenos ejemplos de dueños de  negocios privados interesados en vincularse a la comunidad, apoyar la gestión del Estado. Sin embargo, por lo general no saben cómo invertir en ella; de igual modo, los mecanismos existentes no lo propician, intervino Martha Oneida Pérez.

“Nada de lo que podemos discutir aquí se definirá si no se define el modelo económico de nuestro país –apuntó Nelson Herrera Isla-. No se puede avanzar con un modelo indeciso, caótico. Por otro lado, todas las propuestas hechas esta tarde  me parecerían maravillosas si nuestras opiniones pudieran llegar a donde tienen que hacerlo. Ojalá reuniones como esta haya miles en el país, pero los criterios tienen que ser tomados en cuenta, porque de lo contrario los ciudadanos caen en el desestímulo  y la falta de iniciativas”.

Pocas incertidumbres parece abrigar Rafael Betancourt acerca de las potencialidades de los cubanos, a juzgar por la anécdota con la que finalizó el encuentro: mientras ofrecía una conferencia a estudiantes norteamericanos, en el Colegio Universitario San Gerónimo, se fue la electricidad y a los pocos minutos tuvieron que abandonar el edificio por alarma de incendio. En ambos casos él buscó opciones que permitieran continuar impartiendo  la materia. Terminaron recorriendo el centro histórico y dando la clase ante unas mesas ubicadas en la calle Aguiar, delante de una pizzería privada. Esa cuadra es hermosa, muy agradable, gracias a que vecinos y trabajadores por cuenta propia se han puesto de acuerdo para embellecerla e incorporarla a un proyecto social comunitario, denominado Santo Ángel por dentro. “Lo que no podemos es pararnos, hay que hallar alternativas. Los cubanos poseemos muchas reservas y de ellas podemos auxiliarnos”, concluyó.

Los juegos del hambre, EE UU

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Por Paul Krugman

Algo terrible le ha pasado al alma del Partido Republicano. Hemos ido más allá de una mala doctrina económica. Hemos ido incluso más allá del egoísmo y los intereses creados. A estas alturas, hablamos de una mentalidad que se regodea infligiendo más sufrimiento a los que ya están destrozados.

La causa de estos comentarios es, como tal vez habrán imaginado, el monstruoso proyecto de ley agraria que la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada.

Durante décadas, los proyectos de ley agraria han tenido dos componentes principales. Uno de ellos ofrece subvenciones a los agricultores; el otro ofrece ayuda alimentaria a los estadounidenses con problemas económicos, principalmente en forma de cupones para alimentos (ahora conocidos oficialmente como Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria, o SNAP, por sus siglas en inglés).

Hace mucho tiempo, cuando las subvenciones ayudaban a muchos agricultores pobres, se podía defender todo el paquete como una forma de apoyar a los necesitados. Con el paso de los años, sin embargo, los dos componentes corrieron diferente suerte. Los subsidios agrarios se convirtieron en un programa lleno de fraudes que beneficia principalmente a las corporaciones y a los individuos con dinero. Mientras que los cupones para comida se convirtieron en una parte esencial de la red de seguridad social.

Así que los republicanos de la Cámara han votado a favor de mantener los subsidios agrarios —en una escala más alta que la propuesta tanto por el Senado como por la Casa Blanca—, mientras que los cupones para alimentos se suprimen del proyecto de ley.

Para apreciar plenamente lo que acaba de aprobarse presten atención a la retórica que los conservadores suelen usar para justificar la eliminación de los programas de Seguridad Social. Dice algo así: “Ustedes son libres de ayudar a los pobres a título personal. Pero el Gobierno no tiene derecho a robar el dinero a los ciudadanos” —frecuentemente, en este punto añaden las palabras “a punta de pistola”— “y obligarlos a dárselo a los pobres”.

Sin embargo, por lo visto, es perfectamente correcto robar el dinero a los ciudadanos a punta de pistola y obligarles a dárselo a las empresas agrícolas y a los ricos.

Ahora bien, algunos enemigos de los cupones para alimentos no citan la filosofía libertaria; en vez de eso, citan la Biblia. El representante por Tennessee Stephen Fincher, por ejemplo, citaba el Nuevo Testamento: “Aquel que no esté dispuesto a trabajar no comerá”. Y cómo no, resulta que Fincher ha recibido personalmente millones de dólares en subvenciones agrarias.

Si uno es estadounidense y pasa por una mala racha, estas personas no quieren ayudarle; quieren darle otra patada más

Dado este impresionante doble rasero —no creo que la palabra “hipocresía” le haga justicia—, parece casi delusorio hablar de hechos y cifras. Pero supongo que debemos hacerlo. De modo que aquí están: el uso de cupones para alimentos ha aumentado, en efecto, durante los últimos años, y el porcentaje de la población que los recibe ha pasado del 8,7% en 2007 al 15,2%, según los datos más recientes. Sin embargo, no hay ningún misterio en esto. El SNAP se supone que ayuda a las familias con problemas económicos, y últimamente muchas familias los han padecido.

De hecho, el uso del SNAP tiende a seguir la trayectoria de las medidas generales contra el desempleo, como el U6, que tienen en cuenta a los subempleados y a los trabajadores que temporalmente han dejado de buscar trabajo activamente. Y el U6 se ha multiplicado por más de dos durante la crisis, desde, aproximadamente, el 8% antes de la Gran Recesión hasta el 17% a principios de 2010. Es cierto que el paro, en general, ha bajado ligeramente desde entonces, mientras que las cifras de los cupones para comida han seguido aumentando; pero suele pasar algún tiempo antes de que se sienta el efecto, y probablemente también sea cierto que algunas familias se hayan visto obligadas a usar los cupones para alimentos por los drásticos recortes en los subsidios por desempleo.

¿Y qué hay de la teoría, habitual en los círculos de derechas, de que es justo al contrario; que si tenemos tanto paro es por unos programas gubernamentales que, a efectos prácticos, pagan a la gente por no trabajar? (¡los comedores de beneficencia causaron la Gran Depresión!). La primera respuesta que a uno se le ocurre es que tienen que estar de broma. ¿De verdad creen que los estadounidenses llevan una vida de ocio con 134 dólares al mes, el subsidio medio del SNAP?

Aun así, finjamos que nos lo tomamos en serio. Si hay poco trabajo porque las ayudas gubernamentales inducen a la gente a quedarse en casa, si reducimos la mano de obra, debería funcionar la ley de la oferta y la demanda: al retirar a todos esos trabajadores, escasearía la mano de obra y subirían los salarios, especialmente los de los trabajadores peor pagados, que tienen más probabilidades de recibir ayuda. En realidad, claro está, los sueldos están estancados o bajando; y esto se cumple especialmente en los grupos que más se benefician de los cupones para alimentos.

Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es solo racismo? No cabe duda de que a los antiguos bulos racistas —como la imagen de Ronald Reagan del “muchachote fornido” usando los cupones de comida para comprar una chuleta— todavía se les da cierto pábulo—. Pero hoy en día, casi la mitad de los receptores de cupones para alimentos son blancos no hispanos; en Tennessee, la tierra de Fincher, el que citaba a la Biblia, la cifra es del 63%. Así que no tiene nada que ver con la raza.

¿De qué se trata, entonces? Por alguna razón, uno de los dos grandes partidos de nuestro país se ha infectado de una mezquindad casi patológica, de desprecio por los que el presentador de la CNBC Rick Santelli, en la famosa perorata que señaló el nacimiento del Tea Party, llamaba “perdedores”. Si uno es estadounidense y pasa por una mala racha, estas personas no quieren ayudarle; quieren darle otra patada más. No acabo de entenderlo del todo, pero es terrible contemplarlo.

Paul Krugman, premio Nobel de 2008, es profesor de Economía de Princeton.

© 2013 New York Times Service.

Traducción de News Clips