Publicado en abril 6, 2017 LA LUCHA SIGUE
El Gobierno de Venezuela desconoce la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del pasado lunes en la que se aprobó una resolución para advertir sobre la ruptura del orden constitucional en su país, afirmó este miércoles la canciller, Delcy Rodríguez.
“Venezuela desconoce esa sesión de facto; es inadmisible, inválida, y además carece de objeto y legitimación; sus fallas de origen, ilícitas la impregnan de nulidad absoluta”, expresó Rodríguez su intervención en la Sesión Ordinaria de la OEA.
La ministra para Relaciones Exteriores del país suramericano alega que esta resolución se aprobó sin consenso, sin consulta y desconociendo a la Presidente del Consejo Permanente que ejerce Bolivia y la vicepresidencia, a cargo de Haití.
“Se violentó la institucionalidad de la OEA; dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosas, racistas, clasistas y vulgares expresiones a ambos representantes para que se llevase a cabo un Consejo Permanente violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, de igualdad soberana”, acotó.
Además, reiteró que existe un plan contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, impulsado desde Estados Unidos, con el objetivo de intervenir Venezuela.
Rodríguez pidió a los países que aprobaron esta resolución que desistan de acciones que, sostuvo, promueven la confrontación entre venezolanos y recordó que la OEA debe ser un foro para el diálogo.
El Consejo Permanente de la OEA sesionó el lunes contra la voluntad de la presidencia y vicepresidencias del cuerpo, ejercidas por Bolivia y Haití respectivamente, algo que fue calificado por Maduro como un golpe de Estado a la institucionalidad de la organización hemisférica.
La sesión adoptó una resolución en la que considera los últimos acontecimientos en Venezuela como una ruptura del orden constitucional y en la que insta al Gobierno a asegurar la plena restauración del orden democrático, la separación de poderes y el Estado de derecho.
La resolución fue adoptada por consenso de los presentes, 21 países, con cuatro abstenciones.
Sputnik Novosti
