Por Amy Goodman y Denis Moynihan
El 8 de noviembre de 2016, Crystal Mason, una mujer afroestadounidense madre de tres hijos, fue a votar. Sin embargo, tuvo que emitir un voto provisional, ya que no se había presentado a votar en su centro electoral de los alrededores de Fort Worth, Texas durante algunos años. Mason venía de cumplir 5 años de prisión por fraude fiscal y se encontraba en libertad bajo supervisión federal. Crystal relató los hechos en una entrevista para Democracy Now!: “Fui a votar a la iglesia local, adonde iba antes de ir a la cárcel. Cuando me buscaron en el padrón se dieron cuenta de que mi nombre no figuraba. Yo les comenté que había estado viviendo en el mismo lugar por más de 10 años. Cuando me estaba yendo, me llamaron y me dijeron: ‘Bueno, puedes emitir un voto provisional’. Pregunté qué era eso y me respondieron: ‘Si estás en el lugar de votación correcto, el voto se contará. De lo contrario, no se contará’. No vi ningún problema en eso, así que la mujer se sentó conmigo y me ayudó a votar”.
Lo que Crystal Mason no sabía era que, en Texas, las personas que están en libertad bajo supervisión o condicional no pueden votar. Lo que sucedió después es difícil de creer. Fue acusada de fraude electoral, hallada culpable y sentenciada a cinco años de prisión. Como si eso fuera poco, un juez federal dictaminó que había violado los términos de su libertad bajo supervisión por haber votado en Texas y le sumó 10 meses de prisión en la cárcel federal, además de la sentencia estatal de cinco años, que está en instancia de apelación.
La abogada de Mason, Kim Cole, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: “No hay absolutamente ninguna razón que justifique que Crystal haya sido enjuiciada. Ella no sabía que no estaba habilitada para votar”. La votación provisional existe precisamente para las personas que no están seguras de estar en condiciones de votar. Permite que una persona vote, con carácter provisional, hasta que los funcionarios electorales puedan verificar, al día siguiente de las elecciones, si el votante estaba habilitado para votar o no. Si no lo estaba, el voto no se cuenta. Es así de simple.
La ley del estado de Texas es clara: una persona solo puede ser considerada culpable de fraude electoral si tuviera la intención de cometer el delito. Claramente, este no era el caso de Crystal Mason. Kim Cole hizo énfasis en ese punto: “El supervisor de libertad testificó en el juicio que no le había dicho a Crystal que no estaba habilitada para votar. El condado de Tarrant se enorgullece de ser el mayor condado urbano republicano del país. Y [el Partido Republicano local] quiere mantenerlo así”.
Según la organización The Sentencing Project, la privación del derecho al voto por la comisión de delitos impide que más de seis millones de personas voten en Estados Unidos. Estas leyes varían en cada estado. En Vermont y Maine, por ejemplo, las personas que están cumpliendo una condena pueden votar desde la cárcel. Maryland, Connecticut y Rhode Island ahora permiten que las personas en libertad condicional o bajo palabra puedan votar.
Comparemos el caso de Crystal Mason con el de Terri Lynn Rote, una mujer blanca de Iowa que fue condenada por fraude electoral por intentar votar por el presidente Donald Trump dos veces. Rote fue sentenciada a dos años de libertad condicional y a pagar una multa de 750 dólares. En Estados Unidos, la privación del derecho al voto por haber cometido un delito afecta de forma desproporcionada a las comunidades de color, lo que impide votar a 1 de cada 13 afroestadounidenses, en comparación con 1 de cada 56 personas no afroestadounidenses. Los latinos también se ven afectados de manera desproporcionada, aunque no hay tantas estadísticas disponibles.
Marc Mauer, director ejecutivo de la organización The Sentencing Project, expresó en una entrevista para Democracy Now!: “Hay un movimiento en aumento para reconsiderar estas políticas”. En Florida, por ejemplo, más de 1,4 millones de personas condenadas por todo tipo de delitos han sido privadas permanentemente de su derecho al voto. Donald Trump ganó Florida por solo 112.000 votos, un mero 1,2% del total de los votos. Dado que los afroestadounidenses en su gran mayoría votan por los demócratas, no resulta extraño que los republicanos apoyen leyes que restrinjan cada vez más la participación de los votantes afroestadounidenses. Los votantes de Florida tendrán la oportunidad de cambiar la ley este año, con una iniciativa electoral, la Enmienda 4, impulsada por “ciudadanos retornados”, como la Coalición por la Restitución de los Derechos Civiles de Florida llama a las personas que recuperaron la libertad luego de estar en prisión. De ser aprobada, todas las personas que han cumplido su condena, con exclusión de aquellas que hayan cometido asesinato o un delito de agresión sexual, recuperarán el derecho al voto.
Crystal Mason ha apelado su condena por fraude electoral, por la que ha sido sentenciada a cinco años de prisión. De todos modos, tendrá que entregarse a las autoridades federales antes del 13 de septiembre para comenzar su sentencia de 10 meses por haber incumplido los términos de su libertad bajo supervisión, tras lo cual reanudará el cumplimiento de los 26 meses de libertad supervisada que le quedan. Cuando en Democracy Now! le preguntamos si tenía pensado volver a votar, ella respondió: “Sí. Y estoy alentando a mis hijos a que lo hagan, a dar un paso al frente para que podamos hacer la diferencia en este momento”.
© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.