Por: Tony López R.
Me comentaba un amigo
colombiano que la aristocracia y las élites oligárquicas de su país, se
vanaglorian de que, en América Latina, Colombia, es el país del respeto a las
leyes y la democracia, porque honran los principios de Estado Nación que
proclamó Francisco de Paula Santander. Valorado en su esencia y en lo que hoy
acontece en esa bella tierra neogranadina, parece todo lo contrario y los
hechos son los que confirman las palabras.
No parece que el
gobierno de Iván Duque honre mucho las leyes, tomemos en cuenta las denuncias
de los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino contra el gobierno del
presidente Duque de violar la Constitución y la ley, al permitir sin la debida
aprobación del Senado de la Nación, el ingreso de Fuerzas Militares extranjeras
a territorio colombiano.
Los congresistas se refieren,
al ingreso de 800 efectivos de la 82 División Aerotransportada y a la orden del
Tribunal Departamental de Cundinamarca, librada por una jueza de esa
jurisdicción, que decretó suspender las acciones de dichos militares y se
iniciaran los trámites legales con el Senado. A dicha denuncia y orden el
ministerio de Defensa, emitió un comunicado que dice que “el gobierno en este caso no tiene que hacer ningún trámite con el
Senado”. Una respuesta de un gobierno que se siente impune y autoritario,
desconociendo las leyes.
Mucho menos se respeta
la ley, cuando se denuncia y es público que los militares estadounidenses no han
venido a Colombia a luchar contra el narcotráfico, es un secreto a voces, que
están preparando y entrenando mercenarios y paramilitares, para ejecutar los
planes de agresión a Venezuela, según lo ha denunciado públicamente el
presidente Maduro y agencias de prensa en Venezuela y Colombia.
Tengan en cuenta que
estas unidades gringas están ubicadas en la frontera colombo-venezolana, en los
departamentos de Santander del Norte (Catatumbo) y Arauca (Saravena, Arauquita
y Tibú), territorio que no se conocen como zonas cocaleras.
De otra parte, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la Resolución 2532 instando a
los países miembros donde exista un
conflicto armado, procurar un alto al fuego para contribuir a combatir la
Pandemia que azota a la humanidad y ayudar a los países más vulnerables.
Basado en tal
Resolución el Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso un alto al fuego bilateral
por 90 días, pero el gobierno del señor Duque, se negó acatar dicha resolución
y deja evidenciada sus posiciones antidemocráticas de continuar la guerra y
alentar la despiadada violencia que azota a ese hermano pueblo.
Con relación a la propuesta
del ELN de cese bilateral de fuego, el presidente Duque, se negó aceptar la
propuesta bajo el siguiente argumento: “nuestro
gobierno no dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la
criminalidad en todo el territorio”.
La opinión publica
colombiana conoce que ese es un falso argumento, si fuera cierto que combate a
la criminalidad, ya hubieran eliminado a las bandas de paramilitares y
sicarios, que desde que Duque asumió la presidencia el 7 de agosto del 2018, han
asesinado a más de 700 líderes y lideresas sociales afrodescendientes e
indígenas y 175 ex combatientes de las FARC.
En relación al ELN, el
gobierno a cometido un muy grave error y pretende que se violen acuerdos y
protocolos de carácter internacional, cuando ha solicitado la extradición de
los delegados de esta organización, que llevan esperando desde agosto del 2018,
que la delegación del gobierno de Duque viaje a La Habana e iniciar las
conversaciones, suspendidas por el cambio de sede, de Ecuador a Cuba, cambio
solicitado a La Habana por el Estado colombiano y aceptado por Cuba y los
países garantes como Noruega y los acompañantes
Venezuela, Chile y Brasil.
El cumplimiento de este
protocolo para que las partes en conflicto gobierno-insurgencia, busquen una
solución de paz, no se puede violar, porque están totalmente refrendados por
los países arriba mencionados y con pleno apoyo de las NN.UU y de su Consejo de
Seguridad. La solicitud extraditar a los miembros de dicha delegación
contraviene todo lo pactado y Cuba ni los países firmantes pueden acceder a tal
acción ilegal, pero sí sirvió a Estados Unidos para utilizarla en su política
contra Cuba, acción de la cual se hizo cómplice el gobierno de Duque.
Otro de los incumplimientos
y antidemocráticas conductas lo representa la impune actuación del Gobierno de
Duque, al no cumplir con los Acuerdos de Paz de La Habana. La sociedad
colombiana, había acogido dichos acuerdos como un gran triunfo político, social
y económico para su pueblo. Pero lo que fue un sueño, se ha convertido en una
pesadilla para la sociedad colombiana, sueños aplastados por una oligarquía
liberal conservadora que continúan en el poder incumpliendo leyes y acuerdos
internacionales.
La opinión pública debe
saber que, de los 6 puntos de la agenda de paz y la implementación de los acuerdos,
solo se ha cumplidos el 18 por ciento, y de ese por ciento, un gran parte lo ha
cumplido las FARC-EP: a) Entregó las armas, b) se transformó en partido
político y c) renuncio a su carácter marxista leninista.
De la agenda acordada,
el punto 1) Desarrollo Agrario Integral. El gobierno ha dicho que no tiene
presupuesto para cumplirlo. Los puntos 2.
Reforma Política y 3 Fin del conflicto, no se ha ejecutado absolutamente nada.
El Punto 4, relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, no se ha
implementado y tienen el plan de utilizar el riego del venenoso Glifosato,
perjudicial para la salud de las personas causante de graves problemas a la
piel y el cancer, la fauna y la flora.
El punto 5. Víctima, justicia, verdad y no repetición, el
gobierno ha nombrado en el Ministerio del Interior, como Coordinador para la Articulación
política de victima a Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del connotado
narco-paramilitar y confeso criminal Jorge 40, que cumple prisión en EE. UU, esto
ha provocado dentro de las víctimas y en una buena parte de la opinión publica
un fuerte rechazo y lo considera una burla a las familias que fueran víctima del
paramilitarismo.
El 6to punto
relacionado a la Implementación, Verificación y Refrendación de los Acuerdos,
prácticamente se ha podido hacer muy poco, porque la implementación de dichos
Acuerdos está realmente paralizada, incluso la amnistía política pactada en
diciembre del 2016, aprobada por el Congreso de la República y la Corte
Constitucional, se ha cumplido a medias, aún permanecen en prisión 312
prisioneros políticos en las cárceles colombianas, que debieron estar en
libertad. Otro gran incumplimiento del gobierno de Iván Duque Márquez.
Otras grandes
manifestaciones de violaciones de la ley y de
impunidad ha sido el gran escandalo que acaba de desatarse en Bogotá con
la denuncia de la Comisión Nacional de Juristas, (CNJ) presentada a la Justicia Especial de Paz (JEP) el pasado
10 de julio que involucra al menos a 17 generales y comandantes de las FF.MM, que
fueron cómplices de 10 de las 41 masacres, cometidas por paramilitares en la
Región de los Montes de María, entre el 2001-2002, y que casi 20 años después
vienen a ser ventiladas por la JEP.
Esperemos que la JEF
inicie y juzgue lo denunciado por la CNJ y se imponga la justicia de manera
igualitaria para todos los que hayan cometido delitos o crímenes de guerra y no
la tendencia que últimamente se ha venido presentando de solo juzgar los casos
que tienen que ver con la insurgencia y dejar de lado los cometidos por los
agentes del Estado y mucho menos de los civiles que formaron parte de los
grande señores que financiaron masacres y crímenes, como lo continúan ejecutando
hoy en Colombia.
No debe olvidarse que
el tema de la JEP en los debates de la Mesa de Paz en La Habana, fue el que
mayor tiempo consumió, por las diferentes visiones y criterios que tenían las
partes y que se agudizaron, mucho más, cuando por esas irracionalidades de la
vida y llevados por una falsa y mentirosa campaña, el electorado en el
plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, le dio el triunfo a la continuidad
de la guerra y le dijo No a la paz.
Con ese triunfo del NO,
cuyo principal promotor del voto negativo en el plebiscito fue el senador
Álvaro Uribe Vélez, enemigo público número 1 de las conversaciones de paz de La
Habana. Él utilizó el triunfo del NO para exigir y modificar muchos de los
acuerdos, a pesar de que el plebiscito no era vinculante y uno de los temas en
discusión y el más atacado fue el de la justicia transicional de paz, acción
que aún actualmente tratan de eliminar o que modifique sus actuaciones contra los
agentes del Estado y contra los financiadores civiles del paramilitarismo. De
acuerdo a sus exigencias, los militares y los civiles no debían ser juzgados
por la JEP, en última instancia si hubieran denuncias, que estas fueran
tratadas, por la justicia militar y por la civil, cuyos fallos en Colombia, como
la opinión publica afirma, conducen a la impunidad.
Por último, los dos
grandes escándalos que implican al presidente Iván Duque, con la “Ñeñe
Política”, acusado de ocupar una presidencia ilegal por la compra de votos
financiados por los narco-paramilitares y la de la vice presidenta Martha Lucia
Ramírez, por sus acciones de un alto monto financiero para lograr la salida de
su hermano de la cárcel en Estados Unidos, acusado de narcotraficante, ambos
escándalos están cuestionando la legitimidad del Gobierno. La situación
objetiva y subjetiva está sobre el escenario político, pero no hay una agenda
unitaria ni un liderazgo que conduzca al éxito de una salida democrática con
justicia social.
Estos hechos no
solamente están agravando la crisis política, económica y social del gobierno
del Centro Democrático y su presidente Iván Duque, también la crisis sanitaria
producto del insuficiente trabajo frente al Covid-19, con una muy lamentable
atención a la crisis sanitaria, derivado de la dolorosa cifra de más de 5000 fallecidos y una cifra superior a
los 100,000 contagiados, la crisis hospitalaria y una salud privatizada que se
aprovecha de esta Pandemia para sacar suculentas ganancias. Esta crisis solo la
sufren los sectores vulnerables, abandonados por los servidores públicos, cuya
obligación es tomar medidas para evitar este triste y lamentable desastre
humanitario.
No parece que la muy
cacareada democracia colombiana y la transparencia y aplicación de las leyes,
como dicen honrar a Santander, se este cumpliendo y bien lo dio a conocer la
señora Patria: “Un grupo de hombres
armados uniformados allanaron su apartamento, y otros dos apartamentos, sin
orden judicial y ocuparon las computadoras, discos duros y celulares, luego de
tenerla desaparecida toda la noche, la liberaron y quedaron con todo, sin orden
judicial y sin su nombre en los papeles”. En su Twitter el senador Gustavo
Bolívar Moreno. Expresó: “Se metieron en
apartamento de tres personas del edificio, sin orden de allanamiento”. “Los
retuvieron e incautaron sus computadores, igual que La Noche de los Lápices”. “ESTAMOS EN DICTADURA”. Fin de la cita.
(*) Periodista, politólogo
y analista internacional.
La Habana, Cuba 12 de
julio del 2020. 18.00 hrs.
Por Pedro Martínez Pírez