Por. Tony López R (*)
La corresponsalía de la
BBC Mundo en Colombia, apuntaba que “las
cacerolas y bocinas que sonaron en la noche del martes en algunas partes de
Colombia no eran todas para celebrar la orden de prisión preventiva para Álvaro
Uribe, tampoco la larga fila de autos haciendo sonar sus bocinas en Bogotá no
eran para mostrar apoyo a la Corte Suprema de Justicia”.
No, la interpretación
de semejante demostración está muy clara, la oligarquía colombiana no permitirá
perder el poder, pero no puede esconder que la crisis política, económica y
social, agravada por la Pandemia del Covid-19, ha puesto de manifiesto que el
sistema está en terapia intensiva y ya se advierten las fuertes contradicciones
internas entre un sector
liberal-conservador autoritario, con sesgos fascista y narcoparamilitar
en el gobierno y un sector liberal-conservador de derecha, supuestamente
opositor, que defiende el sistema neoliberal y se proclaman “democráticos”.
Teniendo en cuenta lo
arriba señalado, podemos explicarnos porque la conformación de un movimiento
que se autoproclama de “centroizquierda” teniendo a Humberto de La Calle, como
su posible candidato a las elecciones
del 2022, evidentemente, este
proyecto está diseñado para dividir a la propia y real centroizquierda y por
supuesto arrebatarle sectores que hoy estan vinculados al Centro Democrático y al uribismo.
De la Calle, tiene
todas las condiciones específicas, para presentarse como el candidato y
mimetizarse como “centroizquierda” es un hombre que tiene una buena imagen
hacia los sectores progresistas, la seudo izquierda y los reformistas. Él, se presenta como un hombre de paz, pero
una paz sin cambios estructurales, democrático,
defensor del Estado de Derecho, pero
su papel estratégico es dar garantías al sistema, él es un hombre de
derecha y defensor del modelo neoliberal, trasparente en sus posiciones y lo
dejó muy claro en el discurso que hizo en Oslo, Noruega, al dejar iniciada la
Mesa de Paz y dialogo con las FARC-EP, al subrayar que el modelo económico y
político colombiano no sería modificado.
Pero tampoco, ni él, ni
el alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, aceptaron la propuesta de las
FARC-EP, de realizar una Asamblea
Nacional Constituyente Corporativa, y someter los Acuerdos de La Habana, al
soberano y que fuera el que aprobara los
acuerdos, una vez aprobado se convertían en una política de Estado y no
prestarse al show del plebiscito del 2 de octubre del 2016, supuestamente
“democrático”, manipulado y satanizado por Álvaro Uribe y el Centro Democrático
y sus aliados, respaldado por una prensa corrupta y uribista, que
llegó a decir, que el triunfo del SÍ permitiría que la Casa de Nariño,
estaría ocupada por las FARC-EP y el
Castro-Chavismo. Y lo más simpático es que miles de colombianos se creyeron el
cuento.
Es primera vez en la
historia mundial, que un pueblo se niega a votar a favor de la paz, de haber
sometidos los Acuerdos de La Habana, a una Constituyente, ni Uribe ni Duque,
podrían haber hecho trizas dichos acuerdos y tal vez hoy, otra hubiera sido la
historia, decir hoy que los Acuerdos se están cumpliendo es una gran farsa y es
hacerle el juego al gobierno de Duque, lo único que está funcionado y no en su
integralidad es la Justicia Especial de Paz, (JEP) no por parte de sus integrantes, sino por los palos en la rueda
que coloca el uribismo, la
senadora Paloma Valencia, es la que está llevando hoy la vocería de reformar
la justicia y acabar con las Cortes, incluyendo la JEP, esa reforma es la que
les conviene a los uribistas para continuar en la impunidad.
De otra parte, los
sectores de la izquierda colombiana y los Partidos y Movimientos políticos, no
han logrado trazar un proyecto estratégico y táctico unitario de carácter
nacional, que los lleve a disputarle el poder a la derecha, ahora disfrazada de
“centroizquierda” y que sin duda causará estragos y divisiones en los sectores
progresistas, reformistas e incluso de la izquierda.
Está movida política
electoral de la derecha liberal-conservadora llevando de candidato a De la
Calle con un discurso “popular” y de grandes propuestas sociales con tintes de
izquierda, es la que lo puede llevarlo a un posible triunfo, pero si la
maquinaria electoral narco-política mafiosa, continúa existiendo, no creo que
pueda ganar, es en este terreno donde está el debate interno de la oligarquía
liberal conservadora colombiana. Esa mafia ha sido la que llevó a Uribe Vélez
en el 2002 a la presidencia y a Duque en el 2018, según, denunció con gran
valentía el senador Gustavo Petro, en cada uno de esos momentos, y está última
denuncia continua en firme, de que Duque es presidente gracias a un fraude.
Los cacerolazos y los
bocinazos están dirigidos contra la Corte Suprema, por el fallo judicial que
tiene en prisión domiciliaria al ex presidente y senador Uribe Vélez, es una
expresión orgánica del Centro Democrático, dirigido a promover el apoyo de la
propuesta de un plebiscito que apruebe
concentrar en una sola Corte de
Justicia y un sistema judicial único, lo que cortaría la independencia y de
alguna forma el Poder Judicial se subordinaría al Poder Ejecutivo y lógicamente
cercenaría la Constitución de 1991, aprobada por el soberano y resultado del
proceso de paz que comenzó en 1989-90 con el M-19 en el gobierno de Virgilio Barco y la
AD-M19.
Desde que ganó el
plebiscito del 2016 que primó el NO a la paz y el SÍ a la guerra, Uribe, ha enfocado sus cañones
contra la Justicia Especial de Paz, (JEP) sin lograrlo, hasta hoy, pero siguen
luchando desde el Centro
Democrático y es lógico que así lo haga
Uribe, él tiene actualmente 28 causas pendientes para ser juzgadas por la Corte
Suprema de Justicia, por manipulación de testigos, fraude procesal, soborno y
conformación de grupos paramilitares y 56 acusaciones ante la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representante, por violaciones a los derechos
humanos, masacres, paramilitarismo y homicidio, aún pendientes de ejecutarse.
Pero sí los cacerolazos
y bocinazos están en función de solidarizarse con Uribe Vélez, es más grave,
porque esos sectores estarían legitimando los gravísimos delitos y crímenes
cometidos por el expresidente y que, hasta el momento, no han sido encarado por
la Corte Suprema de Justicia. Lo que indica la pasividad o impunidad existente
en Colombia, en realidad lo que realmente falta juzgar son las diversas
acusaciones que se han realizado contra Uribe Vélez y su gobierno y el
ejercicio de lo que fue realmente la llamada Seguridad Democrática aplicada por
Uribe bajo la consigna de “Mano Firme, Corazón Grande”. Que llevó al país al
desplazamiento de unos 4 millones 200 mil colombianos de los cuales 3 millones
de ellos encontraron refugio en Venezuela
Por tanto si lo que
apuntamos en el párrafo anterior es acertado, estamos en presencia de un sector
de la sociedad que avala y reivindica esa política de impunidad, violencia y
violatoria de los derechos humanos, de
corrupción y del uso de las bandas criminales, llamadas paramilitares,
apoyadas por sectores de las FF:MM, que se expresa en los hechos que han sido
denunciados, incluso, algunas acciones, no solo internos de Colombia, sino los
que han atentados y violado el derecho internacional y que debemos tener en
cuenta, recordar y reconocer estos brutales acontecimientos.
Comencemos por que se
juzgue y se aclare exhaustivamente el asesinato en 1997, durante la gobernación
de Uribe Vélez en Antioquia, el asesinato de 15 campesinos, en Ituango,
departamento de Antioquia, conocida como la masacre del Aro. Expediente
judicial aún sin esclarecer. Por los 80 desaparecidos de la Comuna 13 de
Medellín, en el 2002, liderada por el General Mario Montoya, jefe de la 4ta
brigada y conocida como la operación Orión, con la aprobación del presidente
Uribe Vélez, y que la JEP hoy tiene conocimiento de ese hecho.
Como echo inaudito, el
ex presidente Uribe tiene un importante récord de que 48
alto funcionarios de sus dos gobiernos están presos, ex ministros,
generales, secretarios del despacho de la presidencia y asesores jurídicos,
todos por corrupción, cohecho, chuzadas (intercepción telefónica a magistrados
y líderes de la oposición) masacres, entre otros, mientras cables desclasificado en EE.UU dan a
conocer que Washington sabía que Álvaro Uribe, estaba vinculado al cartel de
Medellín que por su subordinación a
Estados Unidos se convirtió en un intocable, con más de 180 demandas tiene por
paramilitarismo, narcotráfico, espionaje, corrupción y genocidio.
Está pendiente
esclarecer y juzgar los 5200 torturados, asesinados y descuartizados en Cúcuta
entre el 2002 y el 2005, a manos de los paramilitares y con apoyo de sectores
integrantes de las Fuerzas Militares y de policía, y conocida por los Fiscales
de Justicia y Paz, en plena presidencia de Uribe, masacres de las cuales tuvo a
Salvatore Mancuso como uno de sus ejecutores, según él mismo declaró.
Los cerca de 4300
jóvenes inocentes asesinados por las Fuerzas Militares, vestidos con uniforme
de camuflado y brazalete de las guerrillas, FARC-EP y ELN, que presentaban como
caídos en combate, para recibir la recompensa monetaria que el presidente les ofrecía,
conocidos como falsos-positivos y hechos hoy reconocidos, por algunos altos
mandos militares, que pagan cárcel y señalan que la orden de matarlos las
impartió el presidente Uribe. Acción por la cual la CPI tiene abierto un
expediente contra los máximos responsables del país de estos crímenes
considerados de Lesa Humanidad
El 12 de septiembre de
2017 la Corte Suprema de Justicia sentenció a 7 años de prisión a Jorge
Nogueras, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cargo
ejercido durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por el delito de
intervenir ilegalmente los teléfonos de políticos opositores, algunos magistrados de las Cortes de
Justicia, dirigentes de Organizaciones de Derechos Humanos, y congresistas
entre ellos Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz.
La Corte Suprema
decidió, además de condenar a Nogueras, enviar al Congreso de la Nación la
documentación probatoria para que se inicie un juicio en la Comisión de
Acusaciones, al actual senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por el mismo
acto por el que fue condenado Nogueras, el tema nunca fue tomado en cuenta por
la Comisión de Acusaciones.
Uribe Vélez, enterado
de dicho fallo, respondió por la vía de su Twitter y acusó al parlamentario
Alirio Uribe Muñoz de ser un defensor de las FARC-EP, al conocer las
declaraciones de éste y ser uno de los que denunció, que el ex presidente Uribe
convirtió durante su mandato al DAS, en una entidad criminal penetrada por el
paramilitarismo y ejecutar graves acciones criminales, así también lo hizo
publico Rafael García, quien cumple prisión en Estados Unidos y quien era, el
director de información del Departamento
Administrativo de Seguridad (DA).
Durante el gobierno del
doctor Álvaro Uribe Vélez, también se desarrollaron acciones de carácter
internacional que violaron las normas y la convivencia pacífica con los países
vecinos, como lo fue ordenar el secuestro del miembro de las FARC-EP Rodrigo
Granda en Venezuela y el bombardeo y ataque militar contra el campamento del
comandante guerrillero Raúl Reyes en Angostura, departamento de Sucumbió
territorio ecuatoriano.
En ese bombardeo
perecieron 25 personas, de ellos 2 mexicanos y un ecuatoriano, de los siete
extranjeros que se encontraban de visita algunos heridos como el caso del
comandante Raúl Reyes, capturado vivo y luego rematado, prueba de ese crimen lo
tienen los dirigentes de las FARC y testigo las guerrilleras y visitantes que
sobrevivieron a la masacre. Y cuyo objetivo de esos extranjeros era sostener un
encuentro con el comandante Raúl Reyes para recibir una propuesta de Paz, que
la insurgencia proponía se llevara al Foro Internacional de la Coordinadora
Bolivariana de los Pueblos, evento que se desarrollaba en Quito, Ecuador, en
esa semana y hacerla llegar al gobierno de Uribe Vélez.
Este alevoso ataque, con nocturnidad e indefensión
de las víctimas, lo tipifica como un
delito de crimen de guerra y de lesa humanidad, así como la violación de la frontera y
bombardeo en territorio de un país limítrofe, sin la debida coordinación e
información al país agredido, se agrava como fue conocido públicamente con él
engaño del presidente Álvaro Uribe Vélez,
al Jefe de Estado Rafael Correa,
este hecho provocó una grave y tensa
situación entre ambas naciones y la ruptura diplomática con Colombia de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, ello ponía
en riesgo a su propio pueblo, solo la
prudencia del presidente Rafael Correa y
la mediación del presidente Hugo Chávez,
se logró darle una salida pacífica, pero no totalmente concluida.
Este bombardeo ocurrió
el 1 de marzo del año 2008, hace doce años. Teniendo en cuenta que los delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra no prescriben, el gobierno colombiano y
los autores de tales hechos, según los tratados internacionales, deben rendir
cuenta por este horroroso y vandálico episodio, que aún mantiene heridas abiertas, sin que la Justicia
Internacional y sobre todo la ecuatoriana, exija juzgamiento, reparación a las
víctimas y perdón de los culpables por la humillación a que fue sometido el
estado y pueblo ecuatoriano. Lejos de eso han perseguido y querido criminalizar
algunos de estos jóvenes, a quienes el gobierno colombiano de Uribe les monto
la historia de que eran “terroristas”, cuando en realidad terroristas fueron
los que atacaron ese campamento, que violaron todas las leyes internacionales y
ocasionaron destrucción y muerte.
Si los manifestantes de
las cacerolas y bocinazos, desean continuar desafiando a la Corte Suprema de
Justicia, y defendiendo a su encarcelado “líder” serán consciente que defienden
a un personaje que ha cometido graves delitos y están del lado, de quien tanto
daño, le ha causado a su pueblo. Es evidente la polarización, por eso Colombia
se debate con este caso de Uribe, entre la impunidad y la justicia.
Esperemos que la Corte
Suprema de Justicia, desempolven las causas pendientes y vayan a la profundidad
del problema, si realmente están en disposición de actuar apegado a derecho y
triunfe la Justicia.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional.
La Habana, Cuba, 8 de
agosto del 2020. 10:30 hrs