Redacción IPS CubaHoy más de 442.000 personas trabajan en el sector privado. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
Varios cibernautas valoran a las salas privadas de cine 3D como una opción de entretenimiento superior a las propuestas estatales cinematográficas.
El cierre de los negocios privados de exhibición cinematográfica (las populares salas de 3D) y de juegos computacionales, suscita un debate por parte de las y los usuarios en los sitios web mediáticos que replicaron la noticia, publicada hoy en el oficial diario Granma.
Ambos emprendimientos, que proliferaron sobre todo en La Habana y otras grandes ciudades del país, “nunca han sido autorizados y se están desarrollando como único servicio y en ocasiones asociados a otras prestaciones, como las vinculadas a servicios gastronómicos”, indica la “Nota informativa sobre el trabajo por cuenta propia”.
El texto, emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, fue contundente: “la exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y los juegos computacionales, cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia”.
Aunque el documento expone otras regulaciones para la iniciativa privada, ampliada por el gobierno de Raúl Castro en 2010 y que emplea hoy a más de 442.000 personas, el fin de las salas de cine en 3D fue la que provocó más polémicas.
Claudia se preguntó “¿qué mal le hacen los 3D a la sociedad?”. “Si lo que quieren es cobrar un impuesto, que aprueben la licencia para dicha actividad pero no los quiten”, valoró la mujer, en los comentarios a la noticia replicada por el sitio web Cubadebate, del Círculo de Periodistas Cubanos contra el Terrorismo.
Otra persona, identificada como “pp”, consideró “que debería permitirse siempre y cuanto no se exhiban contenidos como pornografía o atenten contra nuestros valores y principios. Es una forma sana de esparcimiento”.
“En definitiva, en la TV cubana muchas veces se exhiben películas o series carentes de todo contenido, llenas de banalidad y de pésima factura, los ejemplos sobran”, aportó.
Para Yailin, los cines en 3D “no tienen nada de malo porque es otra opción que tenemos los jóvenes para entretenernos sin tener que estar a toda hora en la calle”. “Contamos con muy pocos cines estatales (…) espero que se reflexione sobre este tema y se pueda llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos”, añadió.
Moadi argumentó que existían en La Habana 132 cines para un millón de habitantes, “una media de un cine cada 7,500 habitantes (…) La gran mayoría de esos cines ya no existen o se encuentran en pésimo estado. ¿Será posible hacer una campaña para rescatarlos?”
Igual que otros usuarios, Maikel se preguntó por qué eliminar dichas salas, “que al final es una opción recreativa más. Sí se debería regular los filmes por edades, con el fin de evitar que los menores, por ejemplo, vean películas catalogadas para adultos”.
Por su parte, LordJC calificó la eliminación de los locales de proyección cinematográfica como una acción desconsiderada. “Si el gobierno no puede poner a nuestro alcance la posibilidad de disfrutar de esta tecnología, por qué lo prohíben”, consideró.
El pasado 26 de octubre, el diario estatal Juventud Rebelde publicó un reportaje sobre las salas privadas de cine 3D, donde Fernando Rojas, vicejefe del Ministerio de Cultura, dijo: “¿Qué hacer entonces: prohibir o regular? Creo que se trata de regular, a partir de una premisa fundamental: el cumplimiento por todos y todas de lo que establece la política cultural”.
Titulado “¿La vida en 3D?”, el trabajo reveló que “cines en tercera dimensión se instalan en algunas salas caseras de proyección aun sin que sus propietarios tengan licencia específica para la actividad. El fenómeno abre el debate sobre el vínculo entre adelanto tecnológico, política cultural y desarrollo del cine nacional”.
“La proyección de 3D por cuenta propia es un proceso en el que aún no hay nada definido y, por tanto, esa actividad no es legal, pero tampoco se toman medidas contra las personas que lo patrocinan”, indicó a Juventud Rebelde Roberto Smith, presidente del estatal Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos.
“Todo debe estar regido por el principio de la política cultural”, aportó el directivo de la institución, que hace poco ofrece proyecciones en 3D en algunos cines como el capitalino Chaplin.
La nota oficial del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros apunta que quienes poseen licencias como “Modista o Sastre” y “Productor Vendedor de artículos varios de uso en el hogar” no pueden comercializar artículos importados o revender productos adquiridos en la red comercial estatal.
Medidas como las anteriores ya habían sido emitidas, el pasado 26 de septiembre, en la Gaceta Oficial de la República, donde se permitieron 18 nuevas actividades para el sector y se reguló el alcance del resto de ellas, en aras de prevenir indisciplinas e ilegalidades.
Las autoridades establecieron un plazo hasta el cierre del año, para que los emprendedores en esa situación liquiden sus inventarios. Ante el nuevo escenario, las personas que lo deseen pueden devolver la autorización otorgada antes del 20 de enero del 2014 y serán eximidas “del pago de la cuota mensual impositiva del mes en que causen baja”, especifica el texto.
El comité ejecutivo revela que está en marcha el proceso de notificación a los cuentapropistas, para “proseguir ordenando esta forma de gestión, combatir la impunidad, exigir el cumplimiento de la legalidad y proteger a los trabajadores por cuenta propia, que en su inmensa mayoría cumplen las regulaciones establecidas”.
Ambos emprendimientos, que proliferaron sobre todo en La Habana y otras grandes ciudades del país, “nunca han sido autorizados y se están desarrollando como único servicio y en ocasiones asociados a otras prestaciones, como las vinculadas a servicios gastronómicos”, indica la “Nota informativa sobre el trabajo por cuenta propia”.
El texto, emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, fue contundente: “la exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y los juegos computacionales, cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia”.
Aunque el documento expone otras regulaciones para la iniciativa privada, ampliada por el gobierno de Raúl Castro en 2010 y que emplea hoy a más de 442.000 personas, el fin de las salas de cine en 3D fue la que provocó más polémicas.
Claudia se preguntó “¿qué mal le hacen los 3D a la sociedad?”. “Si lo que quieren es cobrar un impuesto, que aprueben la licencia para dicha actividad pero no los quiten”, valoró la mujer, en los comentarios a la noticia replicada por el sitio web Cubadebate, del Círculo de Periodistas Cubanos contra el Terrorismo.
Otra persona, identificada como “pp”, consideró “que debería permitirse siempre y cuanto no se exhiban contenidos como pornografía o atenten contra nuestros valores y principios. Es una forma sana de esparcimiento”.
“En definitiva, en la TV cubana muchas veces se exhiben películas o series carentes de todo contenido, llenas de banalidad y de pésima factura, los ejemplos sobran”, aportó.
Para Yailin, los cines en 3D “no tienen nada de malo porque es otra opción que tenemos los jóvenes para entretenernos sin tener que estar a toda hora en la calle”. “Contamos con muy pocos cines estatales (…) espero que se reflexione sobre este tema y se pueda llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos”, añadió.
Moadi argumentó que existían en La Habana 132 cines para un millón de habitantes, “una media de un cine cada 7,500 habitantes (…) La gran mayoría de esos cines ya no existen o se encuentran en pésimo estado. ¿Será posible hacer una campaña para rescatarlos?”
Igual que otros usuarios, Maikel se preguntó por qué eliminar dichas salas, “que al final es una opción recreativa más. Sí se debería regular los filmes por edades, con el fin de evitar que los menores, por ejemplo, vean películas catalogadas para adultos”.
Por su parte, LordJC calificó la eliminación de los locales de proyección cinematográfica como una acción desconsiderada. “Si el gobierno no puede poner a nuestro alcance la posibilidad de disfrutar de esta tecnología, por qué lo prohíben”, consideró.
El pasado 26 de octubre, el diario estatal Juventud Rebelde publicó un reportaje sobre las salas privadas de cine 3D, donde Fernando Rojas, vicejefe del Ministerio de Cultura, dijo: “¿Qué hacer entonces: prohibir o regular? Creo que se trata de regular, a partir de una premisa fundamental: el cumplimiento por todos y todas de lo que establece la política cultural”.
Titulado “¿La vida en 3D?”, el trabajo reveló que “cines en tercera dimensión se instalan en algunas salas caseras de proyección aun sin que sus propietarios tengan licencia específica para la actividad. El fenómeno abre el debate sobre el vínculo entre adelanto tecnológico, política cultural y desarrollo del cine nacional”.
“La proyección de 3D por cuenta propia es un proceso en el que aún no hay nada definido y, por tanto, esa actividad no es legal, pero tampoco se toman medidas contra las personas que lo patrocinan”, indicó a Juventud Rebelde Roberto Smith, presidente del estatal Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos.
“Todo debe estar regido por el principio de la política cultural”, aportó el directivo de la institución, que hace poco ofrece proyecciones en 3D en algunos cines como el capitalino Chaplin.
La nota oficial del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros apunta que quienes poseen licencias como “Modista o Sastre” y “Productor Vendedor de artículos varios de uso en el hogar” no pueden comercializar artículos importados o revender productos adquiridos en la red comercial estatal.
Medidas como las anteriores ya habían sido emitidas, el pasado 26 de septiembre, en la Gaceta Oficial de la República, donde se permitieron 18 nuevas actividades para el sector y se reguló el alcance del resto de ellas, en aras de prevenir indisciplinas e ilegalidades.
Las autoridades establecieron un plazo hasta el cierre del año, para que los emprendedores en esa situación liquiden sus inventarios. Ante el nuevo escenario, las personas que lo deseen pueden devolver la autorización otorgada antes del 20 de enero del 2014 y serán eximidas “del pago de la cuota mensual impositiva del mes en que causen baja”, especifica el texto.
El comité ejecutivo revela que está en marcha el proceso de notificación a los cuentapropistas, para “proseguir ordenando esta forma de gestión, combatir la impunidad, exigir el cumplimiento de la legalidad y proteger a los trabajadores por cuenta propia, que en su inmensa mayoría cumplen las regulaciones establecidas”.
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