Desde el fondo del caldero: observando la reforma económica cubana desde la equidad social (II)

Por MAYRA ESPINA PRIETO* | noviembre 1, 2013 2:36 am
Cubacontemporanea

La nueva estrategia en Cuba, denominada oficialmente proceso de actualización del modelo económico cubano, ha abierto un nuevo proceso de reforma económica (1) en el que subyace una concepción diferente del socialismo, y que se orienta al tránsito hacia un modelo de organización de la economía y la sociedad multiactoral, en oposición con el modelo estatalista o estadocéntrico que ha caracterizado la experiencia de transición socialista cubana.

Esa intención de cambio de modelo ya estaba presente en la reforma de los ´90, pero no fue desplegada y más bien fue “contrarreformada” en el camino.

La naturaleza del nuevo momento reformador se concentra en varios ejes.

Primeramente, se busca conceder un peso determinante a la sustitución de exportaciones por encima del rol de la sustitución de importaciones, enfatizando en el valor de productos de alto valor agregado para mejorar el lugar de Cuba en la cadena productiva internacional, así como reorganizar el sistema de propiedad sobre los medios de producción, dando un espacio más amplio y complementario a diferentes formas de propiedad no estatal (mixta, capital extranjero, cooperativa, pequeña propiedad privada) en la generación de ingresos y empleos.

Asimismo, se trata de elevar el peso de la inversión extranjera como fuente de capital; cambiar el papel del Estado, disminuyendo su perfil de propietario, productor y planificador central a favor de sus roles de coordinador estratégico y su actuación de escala (nacional, territorial, local); incrementar el protagonismo de la escala de gobierno municipal en relación con iniciativas económicas y municipalizar las estrategias de desarrollo y la política social.

Además, ampliar los mecanismos de política social focalizados hacia las vulnerabilidades y con un fuerte basamento en la política impositiva y en la eficiencia en el uso de los recursos; descentralizar la gestión empresarial y territorial; perseguir la estabilidad macroeconómica y financiera y construir un sistema tributario universal, que incluya a todos los sujetos económicos y grupos sociales que generan y perciben ingresos.

Las autoridades cubanas insisten en que esta propuesta es la base de “un traje a la medida”, enfatizando que no existen modelos ni recetas universales, que cada circunstancia exige sus propias fórmulas y, lo que me parece más importante, reafirmándose en la soberanía nacional para tomar decisiones sobre el rumbo económico y político futuro de Cuba.

No obstante, algunos identifican, con razón, la presencia de inspiraciones del modelo chino o vietnamita, especialmente en lo que tiene que ver con la ampliación del mercado, la diversificación de los sujetos económicos y el mantenimiento de un sistema político unitario.

Desde mi punto de vista, además de esas fuentes y aunque movido por resortes diferentes, este modelo reformador es afín a la llamada “agenda neo-desarrollista pos-neoliberal”, que se nutre de las lecciones de la experiencia europea de desmantelamiento del estado de bienestar y, muy especialmente, de las prácticas de diversos países latinoamericanos que intentan remontar las secuelas neoliberales.

Tal agenda, en sentido normativo, parece combinar algunos elementos de la tradición estructuralista “cepalina” (intervención estatal relevante, papel de las instituciones, la conexión con el mercado exterior), con instrumentos de estabilidad monetaria y, al tiempo que reconoce la relevancia de las constricciones y oportunidades provenientes de la articulación de cada país y región con el sistema-mundo, rescata el escenario nacional como espacio pertinente para el desarrollo.

En el caso de la reforma cubana y sus derivaciones sociales, la orientación hacia una economía multiactoral implica, mínimamente, que se diversificarán los sujetos económicos y se reforzará la articulación y la complementación entre ellos. Asimismo, que se ampliará el papel del mercado en la distribución de bienes y servicios y en el acceso al bienestar, y con esto, el rol de los ingresos personales y familiares en ese acceso.

Es obvio que, aun cuando se declare por las autoridades que se trata de un proceso esencialmente económico y en el que primará la rectoría de la planificación, promoviendo una recuperación de la sustentabilidad económica del proyecto social, se trata de transformaciones de cierta radicalidad, cuyos impactos desbordarán el espacio económico y se expandirán a todos los ámbitos sociales.

La política social será también objeto de reforma, y aunque, según lo declarado en los lineamientos, conservará su estilo universalizador y sus instrumentos de gratuidad e igualdad en áreas que se consideran básicas (educación, salud, cultura y deporte), irá a un mayor peso de la focalización hacia grupos vulnerables y de los criterios de eficiencia en el uso de los recursos.

Cuatro ejes básicos en esta transformación son los cambios en la política de empleo-ingresos, con el mayor estímulo al sector no estatal; en el presupuesto y en los gastos sociales (acordes con las posibilidades reales de recursos financieros, y con un más importante peso del sistema tributario); en la seguridad social y la focalización hacia las vulnerabilidades, garantizando que la reciben quienes realmente la necesitan, y en la municipalización y descentralización territorial.

Estos cambios se orientan especialmente hacia un uso más eficiente de los recursos y justo es reconocer que responden de forma acertada a dos de las insuficiencias que habían sido identificadas por diversas investigaciones en este campo en años anteriores: la débil sustentabilidad económica de la política social y su baja armonización con la economía, así como el excesivo centralismo, que impedía, entre otras limitaciones, la atención adecuada a necesidades y demandas relacionadas con la diversidad territorial.

Un análisis de la política social cubana entre la segunda mitad de los años ´70 y los ´80 concluyó que el aumento sostenido de los gastos sociales en ese período no estaba corriendo a cuenta de un incremento de la eficiencia económica, sino a pesar del deterioro creciente de esta, con lo que si bien la voluntad política pudo sostener programas sociales ambiciosos, estos eran fuertemente vulnerables ante las contingencias.

Por otra parte, la alta inversión social en el área de la educación general y profesional no logró revertirse en un retorno a la economía y romper las trabas para el paso a un modelo intensivo de elevada utilización de los recursos de calificación formados.

Así, entre 1976 y 1987, el Producto Social Global se incrementó a un ritmo promedio anual de 9%, mientras que el ingreso promedio creado por un ocupado en la esfera productiva sólo lo hizo en 2,3%, y entre 1980 y 1987 el valor de la producción industrial promedió una elevación de 5,6%.

El propio estudio (2) encuentra que entre 1998 y el 2000, en un período marcado por la crisis y la reforma de los ´90, el Producto Interno Bruto tuvo un alza promedio de 6,4%, mientras que los gastos en servicios sociales se elevaron a un ritmo promedio anual de 13,1%, rebasando también, por amplio margen, los ritmos de incremento de la productividad del trabajo.

Al respecto, concluye que: “[…] la reforma económica, a pesar de sus resultados positivos, no ha logrado variar sustancialmente el patrón de relación anterior entre la política social y la económica; presenta dificultades para dotar a la primera de sostenibilidad y para inducir una relación sinérgica entre ambas”. (Continuará)
*Socióloga e investigadora cubana. Actualmente es oficial en Cuba de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

1 Por reforma económica se entiende aquí un cambio relativamente limitado que opera a nivel del sistema económico y tiene como propósito modificar las instituciones que definen los mecanismos de coordinación, organización, relaciones de propiedad y de retroalimentación de la economía, en plazos relativamente breves, sin necesariamente alterar las bases materiales y organizativas de la economía y su especialización internacional, transformaciones que requieren un tiempo mayor y que son propias de un reajuste estructural. Tomada de P. Monreal:El problema económico de Cuba, 2008, p.11. Para distinciones entre reforma y cambio estructural recomiendo consultar este autor, en cuya opinión la economía cubana requiere de un ajuste estructural precedido de una reforma que establezca las bases para tal ajuste, cuya realización no sería posible desde las condiciones actuales imperantes. Por el momento, no es posible definir si la actual reforma es la antesala de un reajuste estructural de mayor profundidad o si los cambios sólo serán reformadores.

2 M. Espina: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, 2008.


Desde el fondo del caldero: la reforma económica cubana y la equidad social (I)