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miércoles, 16 de abril de 2014

Cuba: la política inversionista, entre crecimiento y desarrollo (II)

Por Jose Luis Rodriguez

El desarrollo industrial fue siempre una premisa para lograr las transformaciones estructurales que aseguraran el desarrollo del país. Sin embargo, lo ocurrido en el sector agropecuario estuvo en muchos aspectos presente en la industria, cuyo retroceso a partir de los años 90´ se vio también influido por la imposibilidad de alcanzar la demanda - tecnológicamente más compleja- de una mayor intensidad de capital.

Con anterioridad, y a partir de los 70´, la economía cubana transitó por un proceso incipiente de industrialización en los marcos de lo que se conoció como división internacional socialista del trabajo, lo que determinó algunas características peculiares.

Por un lado, la integración de Cuba en los marcos del CAME transcurrió esencialmente mediante el desarrollo de la agroindustria azucarera, la del níquel y otras ramas primarias agroexportadoras, como la de los cítricos. Sectores más dinámicos y de mayor valor agregado -como la producción de componentes electrónicos- no lograron una inserción adecuada en esas condiciones, a pesar de que Cuba había conseguido en ese ámbito un nivel equiparable o incluso superior al de otros estados miembros de esa comunidad.

De igual modo, la biotecnología -que comenzó a despegar en los 80´- no encontró posibilidades de desarrollo e inserción en la etapa final del CAME, entidad que desapareció en 1991.

Por otra parte, la industria manufacturera -destinada a abastecer el mercado interno cubano- no dispuso en la mayoría de los casos de tecnologías de nivel mundial, se caracterizó por altos niveles de consumo de energía y materias primas, y adolecía de esquemas productivos inflexibles, con bajos niveles de integración a otras ramas de la economía nacional.

Durante el Período Especial, el sector industrial sufrió un fuerte impacto, lo que obligó a su redimensionamiento a partir de 1996 y a una reorientación en mejores condiciones como base de apoyo al avance del turismo, destinado a generar rápidamente ingresos en divisas al país.

Esa política permitió que en medio de una limitada disponibilidad de recursos se llevaran a cabo importantes inversiones en conjunto con capital extranjero para producciones de la industria de alimentos y bebidas y de la ligera, que propiciaron una presencia mayoritaria en el mercado emergente de producciones nacionales en rubros como las bebidas, incluyendo cervezas y refrescos, y la jabonería y perfumería.

La industria azucarera dejó de ingresar un estimado de cinco mil millones de dólares entre 1992 y 1999 debido a la falta de aseguramientos de diversa índole. Esto, unido a las sombrías perspectivas de los precios que se mantuvieron cayendo sin parar durante siete años, llevó a que se estudiara su redimensionamiento a partir de 1997, pero sin contemplar la participación del capital extranjero en el proceso.

En medio de una contracción económica que llevaría a racionalizar y centralizar el uso de la divisa en el país, la reestructuración azucarera se comenzó a aplicar en septiembre de 2002 mediante la llamada Operación Álvaro Reynoso, que condujo a que de 155 centrales solo 71 continuaran fabricando azúcar y 14 produciendo miel, con una capacidad total equivalente a cuatro millones de toneladas de azúcar.

Las tierras liberadas de la producción de caña -que se reducirían al 38% del área cañera entonces existente- se dedicarían a otros productos agrícolas y a la ganadería, aunque las nuevas producciones agropecuarias permanecerían en la estructura del Ministerio del Azúcar (MINAZ).

En general puede decirse que, como consecuencia de este desempeño, el sector industrial, que llegó a recibir todavía en 1990 el 41,7% de las inversiones, bajó al 5,4% en 2005, y solo se recuperó ligeramente al elevarse su participación al 9,5% en 2012. Producto de la descapitalización sufrida, la participación del sector industrial en el PIB bajó del 24,4% en 1990 al 13,7% en 2012.

Debido a la salida de la fuerza de trabajo sobrante, el cierre de instalaciones inoperables y un conjunto de inversiones puntuales de mayor eficiencia, la productividad del trabajo en el sector industrial racionalizado, medida a partir del valor agregado bruto por trabajador, creció 87% de 1990 a 2012. Sin embargo, ese desempeño debe contextualizarse, ya que se produjo con la pérdida de fuerza de trabajo calificada y la descapitalización de un volumen importante de activos fijos.

El relanzamiento de una estrategia de desarrollo en las actuales condiciones deberá plantearse tomando en cuenta otros factores de suma importancia, que no se limitan únicamente a recuperar capacidades. (Continuará).



*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (La Habana).- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/cuba-la-politica-inversionista-entre-crecimiento-y-desarrollo-ii#sthash.ovpeE3xQ.dpuf

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