¿Representan los gobernantes a los gobernados?

Vicenç Navarro, Público.es

En el discurso oficial reproducido en los mayores medios de información del mundo occidental, democracia es aquel sistema político en el que es la ciudadanía la que, a través del sistema representativo, escoge a sus gobernantes para que, en su nombre, gobiernen el país, aplicando las medidas que la población desee. Ahora bien, lo que está ocurriendo en gran parte de los países de este mismo mundo occidental es que la distancia entre lo que la mayoría de la población desea y lo que el gobierno lleva a cabo es cada vez mayor. Es decir, que la distancia entre lo que los gobernantes hacen y lo que los gobernados –teóricamente la fuente de autoridad de los primeros- desean es cada vez mayor. En realidad, en muchas ocasiones hacen precisamente lo contrario. La evidencia de que ello es así es contundente. 

Veamos los datos y analicemos lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema democrático de EEUU, presentado por muchos liberales como el modelo democrático por excelencia. Leyendo las declaraciones de los dirigentes de aquel país (que constantemente dan lecciones de democracia a otros países, incluso sancionando a algunos por su supuesta falta de democracia), EEUU es un faro que ilumina al mundo en la navegación hacia un sistema en el que la soberanía derive del pueblo, principio que retóricamente aparece en todas (repito, todas) las Constituciones de los países que se definen como democráticos. La propia Constitución estadounidense comienza con la espléndida frase de que “nosotros, el pueblo, decidimos…”(“We, the people, decide…”), frase de la narrativa oficial que entra en clara contradicción con la realidad, que muestra que, en verdad, el pueblo decide muy poco. 

Veamos primero qué es lo que los gobernados desean. Según las recientes encuestas del New York Times y de la cadena de televisión CBS, publicadas recientemente por tal rotativo (“Inequality Troubles Americans Across Party Lines”) hace dos semanas, la población en EEUU cree, por amplia mayoría (que va del 66% al 85% de la ciudadanía), que 1) en EEUU las desigualdades de rentas y de riqueza son excesivas; 2) el sistema económico vigente es injusto; 3) el gobierno debería reducir tales desigualdades; 4) las grandes empresas (large corporations) tienen excesiva influencia en las instituciones políticas y representativas del país; 5) el gobierno debería gravar las grandes fortunas mucho más de lo que lo hace; 6) el gobierno debería proteger a los trabajadores mucho más de lo que lo hace, promoviendo sus derechos laborales; 7) se debería establecer un salario y/o compensaciones máximas a los ejecutivos de las grandes empresas, que limiten las enormes desigualdades existentes entre las élites gerenciales y directores, por un lado, y el resto de la fuerza laboral, por el otro; 8) el gobierno debería regular el comercio, incluyendo el internacional, que afecta negativamente el bienestar de los trabajadores; 9) los tratados de libre comercio deberían dejar de favorecer a las grandes empresas a costa de las medianas y pequeñas empresas y de los consumidores; y 10) el Congreso y el gobierno federal de EEUU deberían dejar de favorecer a los intereses de las grandes corporaciones a costa de los intereses de la ciudadanía en general. Hasta aquí lo que los gobernados desearían que los gobernantes hicieran. Le podrá sorprender al lector que este sentir sea bastante generalizado en un gran número de países democráticos, incluida España. La diferencia es que en algunos países se le pregunta a la ciudadanía este tipo de información, y en otros no. En España, debido al enorme dominio de los medios por parte de los conservadores y liberales, tales preguntas raramente se hacen en las encuestas. Pero las pocas que existen confirman que, en general, la opinión de la ciudadanía es muy semejante a la que muestra la ciudadanía estadounidense al otro lado del Atlántico. 

Lo que los gobernantes hacen Veamos ahora lo que los gobernantes han estado haciendo, y veremos que las políticas públicas aprobadas y llevadas a cabo por el gobierno federal y el Congreso de EEUU han sido una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades en EEUU (lo mismo, por cierto, ocurre en España). La Agencia Tributaria de EEUU (IRS) acaba de publicar un informe (citado en “Who Pays Taxes in the U.S.? Everyone but the Super-Rich”, Truthout, 05.06.15) que muestra cómo los más ricos entre los super-ricos, es decir, los más ricos entre el 1% más rico del país (que ingresan 62 millones de dólares al año) pagan proporcionalmente menos en impuestos (nominalmente el 20% de sus ingresos) que las familias que reciben más dinero en la mitad inferior de la población estadounidense (36.000 dólares), que pagan el 28%. Esta desigualdad ha alcanzado incluso mayores niveles durante la crisis actual, en la que el 1% de renta superior ha absorbido el 95% de todo el crecimiento de la renta nacional (“Paul Street: Privilege-Serving Story Placement”, ZNet Articles, 07.06.15), un porcentaje sin precedentes en EEUU desde principios del siglo XX, cuando se inició la Gran Depresión. Una situación semejante ocurre con el salario mínimo. El gobierno federal no ha tomado medidas encaminadas a incrementar el salario mínimo para recuperar el nivel que ya tenía antes de la crisis (en realidad, el salario mínimo ha permanecido muy por debajo de lo que existía en los años setenta del siglo pasado). 

En España los gobiernos presididos por el Sr. Zapatero, antes y por el Sr. Rajoy ahora, han estado aplicando políticas públicas, sumamente impopulares, que no tenían ningún mandato popular, puesto que no estaban en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Estas políticas, tanto en la reforma laboral que tenía como objetivo la bajada de salarios y el aumento de la precariedad, como los recortes de gasto público social que han deteriorado los servicios públicos del Estado del Bienestar de una manera muy marcada, han dañado la calidad de vida de las clases populares enormemente. Y, repito, sin que tuvieran ningún mandato popular. ¿Por qué? 

La corrupción del poder político La raíz de que esta gran distancia entre gobernantes y gobernados exista es, como bien percibe la mayoría de la población, el enorme poder que el mundo empresarial (lo que en EEUU se llama la Corporate Class) ejerce sobre las instituciones políticas, poder que se realiza, bien directamente, a través de las contribuciones (legales e ilegales) que las grandes empresas realizan a partidos e instituciones políticas (hecho facilitado por el proceso electoral estadounidense, que es financiado predominantemente con fondos privados), bien indirectamente, a través del control de los medios de información y persuasión del país. Es imposible, en el llamado sistema democrático estadounidense, poder presentarse a unas elecciones (sean del nivel que sean, locales, estatales o federales) sin tener muchísimo dinero para poder tener acceso a la televisión (que está desregulada y vende tanto espacio televisivo como el candidato pueda comprar). Y a eso lo llaman democracia. Debería haber un movimiento internacional protestando por la falta de democracia en EEUU. El gobierno federal de EEUU tiene poquísima credibilidad y legitimidad para abanderar la lucha por la democracia. 

La situación en España Ni que decir tiene que España y EEUU son países muy diferentes y, sin embargo, tienen características muy comunes. Entre ellas está la enorme distancia entre lo que los gobernados desean y lo que los gobernantes hacen. EEUU y España están entre los países donde esta distancia es mayor. Y la lista de temas en que tal gran distancia toma lugar es muy semejante en ambos países. Y la respuesta de los gobernantes es también similar. Y las causas son parecidas: la enorme influencia de los poderes económicos y financieros y de las clases pudientes sobre las instituciones representativas. La respuesta a este fenómeno, sin embargo, ha sido distinta. En España el movimiento masivo de protesta 15-M, que surgió en rebelión a esta captación de la democracia representativa por grupos económicos y/o financieros y por las clases dominantes (que son más que el famoso 1%), fue seguido por el establecimiento de movimientos y partidos políticos tales como Podemos, Las Mareas, y otros, que pasaron de las protestas a la realización de propuestas, hecho, este último, que no ha ocurrido en EEUU. En aquel país apareció el Occupy Wall Street –OWSM- (en cierta manera inspirado por el movimiento 15-M), pero tales instrumentos y movimientos de propuestas no han surgido en EEUU, y esto se debe, en gran parte, a la falta de la articulación del OWSM con el Estado, constituyéndose en un movimiento de protesta que nunca tuvo vocación de gobierno. Una de las causas de que ello no haya ocurrido es el sistema electoral, que al no ser proporcional en EEUU dificulta enormemente la aparición de nuevos partidos, lo cual no ocurre en España en las elecciones municipales y explica la diversidad de partidos que han surgido en las últimas elecciones municipales, sistema proporcional muy limitado, en cambio, en las legislativas en España, que favorece, como en EEUU, el sistema bipartidista. Hoy el sistema llamado democrático está experimentando una enorme crisis, siendo EEUU y España dos de los países donde las instituciones representativas están más desacreditadas, precisamente debido a la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. 

Para resolver esta situación se tendrán que hacer cambios profundos, mucho más sustanciales que los que se están proponiendo en los programas electorales de los partidos (tales como primarias, listas abiertas, y otras propuestas). Sin minimizar la importancia de tales propuestas, estas se quedan muy cortas, en realidad, cortísimas, pues se necesitan cambios mucho más profundos, como que 1) el sistema electoral sea auténticamente proporcional de manera que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso, lo cual dista de ser así en ambos países; 2) con la introducción de formas de democracia directa, como referéndums vinculantes; 3) eliminando además las contribuciones y donaciones privadas a los partidos y a los representantes; y 4) hacer cumplir el mandato constitucional que exige la diversidad ideológica en los medios (tanto públicos como privados), de donde las izquierdas están sistemáticamente excluidas. Hoy existe en la práctica una dictadura mediática, donde las voces críticas son prácticamente inexistentes, siendo vetadas o marginadas constantemente. Así es este país, donde las estructuras de poder conservadoras son enormemente dominantes. La reacción de personajes representantes de este poder, como son los grandes banqueros de este país, frente al terremoto político que ha pasado en las últimas elecciones municipales, es característica de ello. En 1936, estimularon un golpe militar. Esperemos que ahora no se atrevan a hacerlo. Pero supongo que sus instintos antidemocráticos les están empujando para hacer todo lo posible (legal e ilegal) para parar el gran deseo popular de alcanzar mayor democracia que la existente hoy en el país.