Proyecto ciudadano insiste en derechos del consumidor

La iniciativa pretende revertir la actual situación de desprotección que agobia a los consumidores y clientes cubanos.

SOCIEDAD Redacción IPS Cuba 1 septiembre, 2015 

CUP tiene a los espacios comunitarios y de servicios como los principales ámbitos de acción, aunque también las plataformas digitales.

La Habana, 31 ago.- Mediante la vigilancia, exigencia e investigación sobre violaciones o maltratos en el sector estatal o privado, el proyecto ciudadano Consumidores y Usuarios Protegidos (CUP), quiere responder a una asignatura pendiente en Cuba: la calidad de los servicios.Fundado en enero último, este colectivo autónomo lo integran “ciudadanos decididos a dar un vuelco a la actual situación de desprotección en el área del consumo que vivimos los cubanos”.

El grupo partirá de divulgar críticamente los derechos de los consumidores, ya existentes, así como las regulaciones vigentes al respecto. Pero, “nuestra principal tarea será promover nuevos derechos, ausentes en el ordenamiento y práctica nacional, así como facilitar la protección al consumidor, regular la publicidad y ofertas dirigidas al público, denunciar prácticas abusivas y luchar contra la impunidad institucional y privada”, reconoce.

De acuerdo con Jimmy Roque, uno de los gestores de CUP, los derechos del consumidor y el usuario cubanos son vulnerados cuando le roban en el peso de los productos, se niega información sobre la procedencia de los alimentos o se ofertan productos de mala factura con el mismo precio de los de primera calidad.

Por ello, el grupo busca exigir garantías mínimas de calidad en los bienes, servicios y productos de consumo; y mecanismos de control de la calidad, que sean alternativos e independientes de las instituciones reguladoras estatales.

Disponen del blog www.cupencuba.wordpress.com, donde dan a conocer sus actividades y propuestas, denuncias y sugerencias de usuarios y consumidores de todo el país, así como textos afines de otros colectivos o individuos.

Preguntado sobre las estrategias de CUP para llegar a las personas, Roque explicó a la Redacción IPS Cuba que el proyecto “no tiene como principal ámbito de acción las plataformas digitales, sino los espacios comunitarios y de servicios”.

Detalló que la labor de fomentar conciencia ocurrirá “a través de plegables, hablando directamente con las personas, ofreciendo servicio de comprobación de peso, convocando a la gente para construir soluciones colectivas a problemas específicos”.

“La información del proyecto se moverá también de forma impresa, para que puedan acceder a ella los usuarios que no dispongan de ningún tipo de conexión digital”, señaló.

Reconoció que, por el momento, el ámbito de CUP se circunscribirá a la capital cubana si bien ello no significa desechar la posibilidad de accionar en otras provincias a través del blog, donde los usuarios pueden compartir las violaciones sufridas.

Hasta la fecha, informan, interactuaron críticamente con las estatales Empresa Eléctrica Provincial de La Habana y la Heladería Coppelia, la más grande de la capital, a su juicio “dos insignes instituciones cubanas, paradigmas del maltrato y la ineficacia”.

Las denuncias de violaciones de normas, falta de profesionalidad, falseamiento de precios y peso de productos, exceso de trámites, problemas con las garantías y ausencia de respuestas por parte de las instituciones, entre otras, resultan frecuentes en los medios de prensa cubanos.

Cuba fue una de las naciones pioneras en tratar de amparar a los clientes, con la promulgación el 22 de enero de 1960 de la Ley 697 de Protección al Consumidor, cuyo contenido esencial era evitar el encarecimiento injustificado de la vida e impedir la especulación mercantil, pero pocos años después se tornó obsoleta.

Más tarde surgieron otros cuerpos legales que de una forma u otra protegen a los consumidores, entre ellos la Constitución de la República de 1976, el Código Civil, aprobado en 1987 y el Código Penal vigente.

Activistas comentan que se trabaja en la elaboración de una legislación de este tipo en el parlamento cubano, aunque los medios oficiales no han ofrecido hasta el momento información sobre el proceso. (2015)