Mi blog sobre Economía

martes, 6 de junio de 2017

Venezuela necesita mediación honesta, no injerencia de la OEA

Mark Weisbrot


La OEA no tiene papel positivo alguno que desempeñar en la resolución de la crisis política en Venezuela, del mismo modo que tampoco lo tendrían el senador Marco Rubio u otros políticos del estado de Florida que buscan un cambio de régimen en ese país. A estas alturas, debiera quedarle claro a cualquier observador informado que la organización es hoy día un instrumento de quienes simplemente procuran apoyarse en la crisis actual para derrocar al gobierno venezolano.

Lo afirmo sin exageración ni hipérbole. Aquellas personas que quieran evitar la escalada de violencia o una guerra civil en Venezuela no deben imaginarse lo contrario, independientemente de cuánto odien al actual gobierno o deseen ver a la oposición en el poder. Debieran abstenerse de apoyar la iniciativa de la OEA, tan descaradamente ilegítima, malintencionada y peligrosa.

En los círculos aburbujados de Washington, los grandes medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos pretenden ser los árbitros finales de la legitimidad política. Dado que dichos actores y sus aliados están dispuestos a aparentar que la OEA es actualmente neutral, ciertas personas bien intencionadas tal vez también quieran asumir que de hecho sea así. Podrán imaginarse que una intervención como la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebrada el 31 de mayo, a pesar de estar controlada por actores partidistas, aumentaría la presión sobre el gobierno venezolano para motivarlo a negociar.

Pero resulta mucho más probable que esta tenga el efecto contrario, haciendo que el gobierno y sus partidarios se atrincheren en contra de la intervención, la cual puede describirse con exactitud como dirigida por Washington (Rubio incluso amenazó públicamente a la República Dominicana, El Salvador y Haití con castigos si estos países no cooperaban con los esfuerzos por parte de EE.UU. contra Venezuela en el seno de la OEA). Podría alentar al gobierno a rechazar las concesiones que debería hacer con respecto a las demandas legítimas planteadas por la oposición. Para quienes no lo saben, porque casi nunca se menciona en este tipo de discusiones, cualquier estrategia dirigida por Washington se considera sospechosa porque el gobierno estadounidense ha estado intentando socavar, desestabilizar y deshacerse del gobierno venezolano durante más de 15 años.

Nadie se deja engañar por el hecho de que algunos de los gobiernos más importantes de Suramérica, incluyendo Brasil y Argentina, se encuentran respaldando dicho esfuerzo. Sus nuevos gobiernos derechistas (con un Temer cuya presidencia ilegítima cuelga de un hilo) están estrechamente alineados con el gobierno de Trump.

Desde el punto de vista de la oposición, esta estrategia de manipulación de la OEA con fines partidistas probablemente alentará a los elementos más extremos y violentos de la oposición venezolana a perseguir una estrategia de derrocamiento del gobierno por medios extralegales.

Para algunos miembros de la gestión de Trump, es esta precisamente la intención, y así se ha hecho antes. El renombrado humanitario Paul Farmer, quien fue enviado especial adjunto de Bill Clinton de la ONU en Haití, testificó ante el Congreso de los EE.UU. sobre los esfuerzos de cambio de régimen en ese país durante la década del 2000: "Asfixiar la cooperación al desarrollo y el suministro de servicios básicos también le restó oxígeno al gobierno, lo cual fue siempre la intención. con el propósito de desalojar el gobierno de Aristide".

La OEA desempeñó un papel vital en la justificación del trato brutal de Haití y, por lo tanto, en el derrocamiento de su gobierno elegido democráticamente. La organización coincidió originalmente con otros observadores electorales al anunciar que las elecciones de 2000 fueron "un gran éxito para la población haitiana", pero luego cambió su posición en la medida que EE.UU. hiciera avanzar su esfuerzo de cambio de régimen. Este viraje fue clave para deslegitimar al gobierno, el cual fue posteriormente desnutrido y derrocado en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos en 2004. Ha sido casi siempre parte del manual de cambio de régimen: antes de que un gobierno pueda ser derrocado necesario es deslegitimarlo.

Existen otros ejemplos recientes en los que la OEA ha sido manipulada por Washington a tal efecto. En el 2011, en Haití, la misión de la OEA hizo algo inédito en la historia del monitoreo electoral: simplemente anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país, sin un recuento, ni siquiera una prueba estadística. El gobierno estadounidense amenazó a Haití con cortar la ayuda que desesperadamente necesitaba luego del terremoto si no aceptaba los resultados de la comisión, eligiendo de este modo quién podría competir por la presidencia de Haití. En sus memorias, Hillary Clinton describe cómo manipuló exitosamente a la OEA para evitar que el presidente democráticamente electo de Honduras, Mel Zelaya, retornara al país luego del golpe militar de 2009.

Ahora la OEA cuenta con un secretario general, Luis Almagro, cuya postura es más abiertamente partidista y hostil hacia un gobierno miembro (Venezuela) que cualquier líder de la organización, probablemente durante décadas. Entre otras intervenciones, encabezó una campaña vigorosa en 2015, en un intento fallido de deslegitimar las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre en Venezuela.

Venezuela sigue siendo un país políticamente polarizado. Cualquier tercero que intente mediar en el conflicto debe contar con la confianza de ambas partes. Existen actores políticos que podrían desempeñar este papel, tal y como lo intentó el Vaticano el año pasado. Quienes sinceramente deseen promover el diálogo y la negociación en función de una resolución pacífica de la crisis en Venezuela están llamados a apoyar una mediación honesta. Se requiere con urgencia, y sabemos que no vendrá de la OEA.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

Traducción por George Azariah-Moreno.

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