Colombia se debate entre la impunidad y la justicia.

Por. Tony López R (*)

La corresponsalía de la BBC Mundo en Colombia, apuntaba que “las cacerolas y bocinas que sonaron en la noche del martes en algunas partes de Colombia no eran todas para celebrar la orden de prisión preventiva para Álvaro Uribe, tampoco la larga fila de autos haciendo sonar sus bocinas en Bogotá no eran para mostrar apoyo a la Corte Suprema de Justicia”.

No, la interpretación de semejante demostración está muy clara, la oligarquía colombiana no permitirá perder el poder, pero no puede esconder que la crisis política, económica y social, agravada por la Pandemia del Covid-19, ha puesto de manifiesto que el sistema está en terapia intensiva y ya se advierten las fuertes contradicciones internas entre un sector  liberal-conservador autoritario, con sesgos fascista y narcoparamilitar en el gobierno y un sector liberal-conservador de derecha, supuestamente opositor, que defiende el sistema neoliberal y se proclaman “democráticos”.

Teniendo en cuenta lo arriba señalado, podemos explicarnos porque la conformación de un movimiento que se autoproclama de “centroizquierda” teniendo a Humberto de La Calle, como su posible candidato a las elecciones  del  2022, evidentemente, este proyecto está diseñado para dividir a la propia y real centroizquierda y por supuesto arrebatarle sectores que hoy estan vinculados al  Centro Democrático y al uribismo.

De la Calle, tiene todas las condiciones específicas, para presentarse como el candidato y mimetizarse como “centroizquierda” es un hombre que tiene una buena imagen hacia los sectores progresistas, la seudo izquierda y los reformistas.  Él, se presenta como un hombre de paz, pero una paz sin cambios estructurales, democrático,  defensor del Estado de Derecho, pero   su papel estratégico es dar garantías al sistema, él es un hombre de derecha y defensor del modelo neoliberal, trasparente en sus posiciones y lo dejó muy claro en el discurso que hizo en Oslo, Noruega, al dejar iniciada la Mesa de Paz y dialogo con las FARC-EP, al subrayar que el modelo económico y político colombiano no sería modificado.

Pero tampoco, ni él, ni el alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, aceptaron la propuesta de las FARC-EP, de realizar una  Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, y someter los Acuerdos de La Habana, al soberano  y que fuera el que aprobara los acuerdos, una vez aprobado se convertían en una política de Estado y no prestarse al show del plebiscito del 2 de octubre del 2016, supuestamente “democrático”, manipulado y satanizado por Álvaro Uribe y el Centro Democrático y sus aliados, respaldado por una prensa corrupta y  uribista, que  llegó a decir, que el triunfo del SÍ permitiría que la Casa de Nariño, estaría ocupada por  las FARC-EP y el Castro-Chavismo. Y lo más simpático es que miles de colombianos se creyeron el cuento.

Es primera vez en la historia mundial, que un pueblo se niega a votar a favor de la paz, de haber sometidos los Acuerdos de La Habana, a una Constituyente, ni Uribe ni Duque, podrían haber hecho trizas dichos acuerdos y tal vez hoy, otra hubiera sido la historia, decir hoy que los Acuerdos se están cumpliendo es una gran farsa y es hacerle el juego al gobierno de Duque, lo único que está funcionado y no en su integralidad es la Justicia Especial de Paz, (JEP) no por parte de sus  integrantes, sino por los palos en la rueda que coloca el  uribismo,  la  senadora Paloma Valencia, es la que está llevando hoy la vocería de reformar la justicia y acabar con las Cortes, incluyendo la JEP, esa reforma es la que les conviene a los uribistas para continuar en la impunidad.

De otra parte, los sectores de la izquierda colombiana y los Partidos y Movimientos políticos, no han logrado trazar un proyecto estratégico y táctico unitario de carácter nacional, que los lleve a disputarle el poder a la derecha, ahora disfrazada de “centroizquierda” y que sin duda causará estragos y divisiones en los sectores progresistas, reformistas e incluso de la izquierda.

Está movida política electoral de la derecha liberal-conservadora llevando de candidato a De la Calle con un discurso “popular” y de grandes propuestas sociales con tintes de izquierda, es la que lo puede llevarlo a un posible triunfo, pero si la maquinaria electoral narco-política mafiosa, continúa existiendo, no creo que pueda ganar, es en este terreno donde está el debate interno de la oligarquía liberal conservadora colombiana. Esa mafia ha sido la que llevó a Uribe Vélez en el 2002 a la presidencia y a Duque en el 2018, según, denunció con gran valentía el senador Gustavo Petro, en cada uno de esos momentos, y está última denuncia continua en firme, de que Duque es presidente gracias a un fraude.

Los cacerolazos y los bocinazos están dirigidos contra la Corte Suprema, por el fallo judicial que tiene en prisión domiciliaria al ex presidente y senador Uribe Vélez, es una expresión orgánica del Centro Democrático, dirigido a promover el apoyo de la propuesta de un plebiscito que apruebe  concentrar en una  sola Corte de Justicia y un sistema judicial único, lo que cortaría la independencia y de alguna forma el Poder Judicial se subordinaría al Poder Ejecutivo y lógicamente cercenaría la Constitución de 1991, aprobada por el soberano y resultado del proceso de paz que comenzó en 1989-90 con el M-19  en el gobierno de Virgilio Barco  y  la AD-M19.

Desde que ganó el plebiscito del 2016 que primó el NO a la paz y el SÍ a  la guerra, Uribe, ha enfocado sus cañones contra la Justicia Especial de Paz, (JEP) sin lograrlo, hasta hoy, pero siguen luchando  desde el Centro Democrático  y es lógico que así lo haga Uribe, él tiene actualmente 28 causas pendientes para ser juzgadas por la Corte Suprema de Justicia, por manipulación de testigos, fraude procesal, soborno y conformación de grupos paramilitares y 56 acusaciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante, por violaciones a los derechos humanos, masacres, paramilitarismo y homicidio, aún pendientes de ejecutarse.

Pero sí los cacerolazos y bocinazos están en función de solidarizarse con Uribe Vélez, es más grave, porque esos sectores estarían legitimando los gravísimos delitos y crímenes cometidos por el expresidente y que, hasta el momento, no han sido encarado por la Corte Suprema de Justicia. Lo que indica la pasividad o impunidad existente en Colombia, en realidad lo que realmente falta juzgar son las diversas acusaciones que se han realizado contra Uribe Vélez y su gobierno y el ejercicio de lo que fue realmente la llamada Seguridad Democrática aplicada por Uribe bajo la consigna de “Mano Firme, Corazón Grande”. Que llevó al país al desplazamiento de unos 4 millones 200 mil colombianos de los cuales 3 millones de ellos encontraron refugio en Venezuela

Por tanto si lo que apuntamos en el párrafo anterior es acertado, estamos en presencia de un sector de la sociedad que avala y reivindica esa política de impunidad, violencia y violatoria de los derechos humanos, de  corrupción y del uso de las bandas criminales, llamadas paramilitares, apoyadas por sectores de las FF:MM, que se expresa en los hechos que han sido denunciados, incluso, algunas acciones, no solo internos de Colombia, sino los que han atentados y violado el derecho internacional y que debemos tener en cuenta, recordar y reconocer estos brutales acontecimientos.

Comencemos por que se juzgue y se aclare exhaustivamente el asesinato en 1997, durante la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia, el asesinato de 15 campesinos, en Ituango, departamento de Antioquia, conocida como la masacre del Aro. Expediente judicial aún sin esclarecer. Por los 80 desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, en el 2002, liderada por el General Mario Montoya, jefe de la 4ta brigada y conocida como la operación Orión, con la aprobación del presidente Uribe Vélez, y que la JEP hoy tiene conocimiento de ese hecho.

Como echo inaudito, el ex presidente Uribe tiene un importante récord de que   48  alto funcionarios de sus dos gobiernos están presos, ex ministros, generales, secretarios del despacho de la presidencia y asesores jurídicos, todos por corrupción, cohecho, chuzadas (intercepción telefónica a magistrados y líderes de la oposición) masacres, entre otros,  mientras cables desclasificado en EE.UU dan a conocer que Washington sabía que Álvaro Uribe, estaba vinculado al cartel de Medellín  que por su subordinación a Estados Unidos se convirtió en un intocable, con más de 180 demandas tiene por paramilitarismo, narcotráfico, espionaje, corrupción y genocidio.

Está pendiente esclarecer y juzgar los 5200 torturados, asesinados y descuartizados en Cúcuta entre el 2002 y el 2005, a manos de los paramilitares y con apoyo de sectores integrantes de las Fuerzas Militares y de policía, y conocida por los Fiscales de Justicia y Paz, en plena presidencia de Uribe, masacres de las cuales tuvo a Salvatore Mancuso como uno de sus ejecutores, según él mismo declaró.

Los cerca de 4300 jóvenes inocentes asesinados por las Fuerzas Militares, vestidos con uniforme de camuflado y brazalete de las guerrillas, FARC-EP y ELN, que presentaban como caídos en combate, para recibir la recompensa monetaria que el presidente les ofrecía, conocidos como falsos-positivos y hechos hoy reconocidos, por algunos altos mandos militares, que pagan cárcel y señalan que la orden de matarlos las impartió el presidente Uribe. Acción por la cual la CPI tiene abierto un expediente contra los máximos responsables del país de estos crímenes considerados de Lesa Humanidad

El 12 de septiembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia sentenció a 7 años de prisión a Jorge Nogueras, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cargo ejercido durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por el delito de intervenir ilegalmente los teléfonos de políticos opositores,  algunos magistrados de las Cortes de Justicia, dirigentes de Organizaciones de Derechos Humanos, y congresistas entre ellos Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Representante a la Cámara  del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz.

La Corte Suprema decidió, además de condenar a Nogueras, enviar al Congreso de la Nación la documentación probatoria para que se inicie un juicio en la Comisión de Acusaciones, al actual senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por el mismo acto por el que fue condenado Nogueras, el tema nunca fue tomado en cuenta por la Comisión de Acusaciones.

Uribe Vélez, enterado de dicho fallo, respondió por la vía de su Twitter y acusó al parlamentario Alirio Uribe Muñoz de ser un defensor de las FARC-EP, al conocer las declaraciones de éste y ser uno de los que denunció, que el ex presidente Uribe convirtió durante su mandato al DAS, en una entidad criminal penetrada por el paramilitarismo y ejecutar graves acciones criminales, así también lo hizo publico Rafael García, quien cumple prisión en Estados Unidos y quien era, el director de información del Departamento  Administrativo de Seguridad (DA).

Durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, también se desarrollaron acciones de carácter internacional que violaron las normas y la convivencia pacífica con los países vecinos, como lo fue ordenar el secuestro del miembro de las FARC-EP Rodrigo Granda en Venezuela y el bombardeo y ataque militar contra el campamento del comandante guerrillero Raúl Reyes en Angostura, departamento de Sucumbió territorio ecuatoriano. 

En ese bombardeo perecieron 25 personas, de ellos 2 mexicanos y un ecuatoriano, de los siete extranjeros que se encontraban de visita algunos heridos como el caso del comandante Raúl Reyes, capturado vivo y luego rematado, prueba de ese crimen lo tienen los dirigentes de las FARC y testigo las guerrilleras y visitantes que sobrevivieron a la masacre. Y cuyo objetivo de esos extranjeros era sostener un encuentro con el comandante Raúl Reyes para recibir una propuesta de Paz, que la insurgencia proponía se llevara al Foro Internacional de la Coordinadora Bolivariana de los Pueblos, evento que se desarrollaba en Quito, Ecuador, en esa semana y hacerla llegar al gobierno de Uribe Vélez.

Este  alevoso ataque, con nocturnidad e indefensión de las víctimas,  lo tipifica como un delito de crimen de guerra  y  de lesa humanidad,  así como la violación de la frontera y bombardeo en territorio de un país limítrofe, sin la debida coordinación e información al país agredido, se agrava como fue conocido públicamente con él engaño del presidente Álvaro Uribe Vélez,  al Jefe  de Estado Rafael Correa, este hecho  provocó una grave y tensa situación entre ambas naciones y la ruptura diplomática con Colombia  de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, ello ponía en riesgo a  su propio pueblo, solo la prudencia  del presidente Rafael Correa y la mediación del presidente  Hugo Chávez, se logró darle una salida pacífica, pero no totalmente concluida.

Este bombardeo ocurrió el 1 de marzo del año 2008, hace doce años. Teniendo en cuenta que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no prescriben, el gobierno colombiano y los autores de tales hechos, según los tratados internacionales, deben rendir cuenta por este horroroso y vandálico episodio, que aún mantiene   heridas abiertas, sin que la Justicia Internacional y sobre todo la ecuatoriana, exija juzgamiento, reparación a las víctimas y perdón de los culpables por la humillación a que fue sometido el estado y pueblo ecuatoriano. Lejos de eso han perseguido y querido criminalizar algunos de estos jóvenes, a quienes el gobierno colombiano de Uribe les monto la historia de que eran “terroristas”, cuando en realidad terroristas fueron los que atacaron ese campamento, que violaron todas las leyes internacionales y ocasionaron destrucción y muerte.

Si los manifestantes de las cacerolas y bocinazos, desean continuar desafiando a la Corte Suprema de Justicia, y defendiendo a su encarcelado “líder” serán consciente que defienden a un personaje que ha cometido graves delitos y están del lado, de quien tanto daño, le ha causado a su pueblo. Es evidente la polarización, por eso Colombia se debate con este caso de Uribe, entre la impunidad y la justicia.

Esperemos que la Corte Suprema de Justicia, desempolven las causas pendientes y vayan a la profundidad del problema, si realmente están en disposición de actuar apegado a derecho y triunfe la Justicia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba, 8 de agosto del 2020.  10:30  hrs