Por FERNANDO RAVSBERG
Los dirigentes de Ministerio de Agricultura dicen que 4 años es muy poco tiempo para cualquier cambio en ese terreno pero me cuesta creer que les hicieran falta 48 meses para darse cuenta de que los campesinos tienen que tener su casa dentro de la finca.
En una reciente conferencia de prensa nos anunciaron que eliminaron la prohibición de construir viviendas en las tierras entregadas en usufructo por lo que ya los guajiros no tendrán que vivir en la ciudad y viajar cada mañana a su parcela para trabajar.
Ese laxo concepto del tiempo podría explicar por qué mantienen aún “en estudio” el tema de la distribución y comercialización de los productos agrícolas, monopolizada por organismos que durante medio siglo han dado sobradas pruebas de su ineficiencia.
Los directivos no quisieron hablar del asunto, porque “no es el tema de esta conferencia de prensa”, dijeron una y otra vez. Sorprendente negativa cuando gran parte de los campesinos consideran que ese es el principal escollo de la agricultura cubana.
Los periodistas extranjeros les pusimos como ejemplo lo que está sucediendo con la leche a la cual le bajaron los precios a una tercera parte de lo establecido por el gobierno, utilizando argucias técnicas difíciles de comprobar sobre la calidad del producto.
Pero los guajiros son muy pragmáticos y tienen años de experiencia en lidiar con los burócratas, así que si no les pagan lo que se acordó entonces la leche se va para el mercado negro, donde siempre hay alguien dispuesto a abonar lo que verdaderamente vale.
A muchos campesinos les pagan la tercera parte de lo estipulado por la leche. Foto: Raquel Pérez
Las carreteras son un buen termómetro de lo que ocurre, cuando el gobierno comenzó a pagarles mejor desaparecieron los vendedores de queso. Ahora han vuelto y en abundancia, están incluso en zonas que ni siquiera son tradicionalmente ganaderas.
Pero los directivos de la cartera de agricultura nos aseguraron que la reforma va bien, sin embargo se negaron a dar cifras sobre cuanto están produciendo los nuevos campesinos, los 150 mil que acaban de recibir tierras en usufructo.
Dicen estos especialistas que el desarrollo agrícola hay medirlo de forma cualitativa no cuantitativa y hablan de “impactos”, un galimatías que parece armado con el único fin de no dar cifras que permitan medir la efectividad del trabajo del MINAGRI.
El problema radica en que la gente no come “impactos” sino viandas, verduras y carne. El único “impacto” que reciben es el de los precios de los agro mercados, cada día más altos, tanto que el kilo de papas cuesta ya U$D 2 en algunos lugares.
No es que falte comida en las calles, están llenos los agro mercados, se multiplican los puestos de venta fijos y los carretilleros pregonan por los barrios sus productos. Nunca desde que llegué a Cuba había visto tanta comida y nunca esta había sido tan cara.
Parte de la explicación es que muchos campesinos evaden la comercialización con el Estado por los bajos precios que este paga, las demoras en hacerlos efectivos y la ineficiencia a la hora de recoger la producción, lo que provoca grandes pérdidas.
El Ministerio de la Agricultura tiene cientos de miles de empleados, la mayor parte de ellos en tareas burocráticas. Foto: Raquel Pérez
Por eso una gran parte de los alimentos producidos en Cuba se mueven dentro de un espectro semilegal donde intermediarios y mercado negro gravan los precios, ganando mucho más que los campesinos y desangrando al consumidor.
Mientras esto vive la gente en la calle, los directivos del MINAGRI siguen “estudiando” el tema de la comercialización, tal vez necesiten 6 o 7 años de análisis porque es un asunto más complejo que el de la autorización para la construcción de viviendas en las fincas.
Cualquiera podría pensar que este Ministerio está compuesto por un pequeño grupo de personas sobrepasado de trabajo pero lo cierto es que tiene cientos de miles de empleados, el problema es que la mayor parte están dedicados a labores burocráticas.
Tras la conferencia me quedé pensando en la teoría de la relatividad, 4 años son para la gente común 1460 días de lucha cotidiana por llevar un plato de comida a la mesa. Evidentemente una cosa piensan los funcionarios y otra los consumidores.
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