Un experimento que ataca a los inventarios ociosos o de lenta rotación y promueve nuevas reglas para el mercado mayorista.
Empresas estatales cubanas emprendieron un experimento dirigido a transformar el mercado mayorista, bajo el principio de manejar ventas y precios con más flexibilidad. El anuncio, hecho el viernes 22 de noviembre por el diario Granma, se suma a disposiciones gubernamentales divulgadas una semana antes a través de la Gaceta Oficial, con la mirilla en igual dirección.
Los pasos más recientes preparan el terreno para la introducción a partir de 2014 de nuevas directivas del Plan Nacional de la Economía, que ofrecen al sistema empresarial más autonomía, pero prometen a cambio mayor exigencia hacia las entidades endeudadas o incapaces de ganar eficiencia.
El experimento faculta a los directores generales de las 14 empresas escogidas a vender a personas jurídicas los incrementos de producción seleccionados y el servicio autorizado, una vez cumplidos los contratos. Como requisitos, la disposición establece tener en cuenta la demanda del mercado y la cobertura previa de costos, gastos y compromisos tributarios.
La autonomía concedida en este caso a los directivos empresariales, prepara a sus entidades para enfrentar problemas comunes en la economía cubana, como la acumulación de excedentes productivos originados por incumplimiento de los clientes o sobreproducciones por saltos de eficiencia mayor a la prevista.
El ensayo, que “tributará también a la ampliación paulatina del mercado mayorista”, anda con cautela sobre los carriles que se han propuesto las autoridades de interrelacionar la planificación, eje principal del modelo económico cubano, con las pautas del mercado. De hecho, “las empresas podrán aprobar los precios mayoristas según la correlación entre la oferta y la demanda”, dice la nota, una novedad para un sistema empresarial habituado a regirse por una política de precios adoptada bajo patrones administrativos de conducción económica.
En esa cuerda, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) emitió a mediados de mes la Resolución # 386 que autoriza a las entidades estatales –empresas, unidades presupuestadas y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano- la aplicación de precios acordados por oferta y demanda entre las partes para la comercialización mayorista, en CUP o CUC, de mercancías clasificadas como inventarios ociosos o de lenta rotación. La alternativa se extiende a las ventas minoristas, en el caso de las empresas comercializadoras, que destinarán tiendas, departamentos o áreas de venta para expender a la población mercancías amenazadas por el polvo y el olvido de los almacenes.La Empresa Siderúrgica Antillana de Acero es una de las 14 seleccionadas para iniciar un experimento con el comercio mayorista, que se hará extensivo gradualmente al resto del sistema empresarial.
Los numerosos intentos previos por eliminar u ordenar la acumulación de productos hundidos en el sueño eterno de almacenes, fracasaron muchas veces por la imposibilidad de pactar un precio que no implicara pérdidas financieras para la empresa propietaria.
La norma legal del MFP acompañó a la emisión de un Decreto del Consejo de Ministros, el número 315, que establece el Reglamento para el tratamiento y gestión de inventarios, en particular los ociosos o de lento movimiento. La disposición del gobierno reconoce que “actualmente, en la economía nacional, ocurren acumulaciones de inventarios de bienes de consumo, intermedios y de capital que exceden las necesidades reales de las empresas o que no tienen una adecuada utilización”. La gravedad de tal problema se acentúa en medio de la limitada disponibilidad de moneda dura para importar que Cuba enfrenta hoy.
La resolución # 386 establece procedimientos de compensación para equilibrar las finanzas de una entidad, si liquida esos inventarios a precios menores a los asentados en su contabilidad, o sea, a los que pagó de origen. La opción se redondea con bonificaciones y otros “mecanismos de estimulación a las entidades, por disminución de los inventarios de lento movimiento y ociosos”. Pero también advierte de fórmulas de penalización a las empresas y otras entidades que vean crecer sus inventarios en magnitud superior al 10 por ciento entre un período fiscal y otro.
La puesta en marcha del ensayo con el grupo seleccionado de 14 empresas - atendidas por los ministerios de Industrias, de la Construcción y de Energía y Minas- aspira a que tales entidades incrementen sus niveles de ventas y utilidades, como fuente para aliviar dos severos conflictos del sistema empresarial: su recapitalización y el aumento de los ingresos de los trabajadores.
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