A la altura de los años ´60, la consideración de la pequeña propiedad privada desde la Revolución cubana estuvo marcada por la contradicción entre los intereses sociales y privados en la sociedad anterior a 1959 y por la alineación de los capitalistas cubanos con la agresiva política norteamericana hacia Cuba ya desde aquellos años.
Luego de la nacionalización de las grandes propiedades que culminó en 1963, el sector de las pequeñas y medianas empresas fue parcialmente nacionalizado a finales de 1962.
Con posterioridad, el resto del sector privado fue nacionalizado por imperativos de orden sociopolítico en 1968 durante la Ofensiva Revolucionaria, (1) que en aquel año puso en manos del Estado 55.636 establecimientos, al considerarse que sólo a través de la propiedad estatal podían lograrse mejores resultados en su gestión desde el punto de vista de los intereses de la sociedad.
Una primera revisión de la política en relación con el sector privado no agropecuario se produjo en 1978 cuando, al calor de la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía aprobado en 1975, se emitió el Decreto Ley Nº 14 que autorizaba el trabajo privado por cuenta propia.
Ya en 1981, según datos del Censo de ese año, existían unos 70 mil trabajadores por cuenta propia que laboraban en 63 actividades diferentes. No obstante, la evolución de la política en relación con el trabajo por cuenta propia entre 1980 y 1985 sufrió las debilidades y contradicciones de la implantación del cálculo económico en Cuba, especialmente en lo referido a su deficiente regulación.
La valoración crítica de esa política durante el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, desarrollado a partir de 1986, llevó a que los trabajadores por cuenta propia se redujeran a 25.200 en 1989.
De este modo, a finales de los años ´80 se estimaba que el segmento no estatal de la economía -incluyendo el sector agropecuario- aportaba sólo el 6% del Producto Social Global (PSG) y el 6% del empleo.
Ante la crisis económica y la contracción del empleo estatal que se produjo con el advenimiento del Período Especial, en 1993 se aprobó el Decreto Ley Nº 141, que autorizó nuevamente la expansión del trabajo por cuenta propia como complemento al trabajo en empresas estatales.
A partir de ese momento se autorizaron 117 actividades, las cuales variaron posteriormente al aprobarse en 1995 la apertura de restaurantes -conocidos en Cuba como paladares- (2), a lo que se sumarían la transportación de pasajeros en 1996 y el alquiler de viviendas en 1997.
La política que resultaría aprobada mediante el Decreto Ley Nº 141 se impondría a partir de la contracción del empleo estatal y por la necesidad de promover nuevas fuentes de trabajo, al tiempo que se buscaba una legalización de un grupo de actividades que se habían venido desarrollando por la vía de la economía sumergida y que resultaba imposible controlar.
De tal modo, los trabajadores por cuenta propia, que se estimaban en unos 46 mil en 1993, se elevaron a un máximo de 169.400 en 2005, lo que representaba el 3,6% del total de ocupados en el país.
A partir de esa fecha, el número de personas afiliadas a esta modalidad de empleo descendió hasta 138.400 en 2007, cuando se reinició una leve recuperación hasta llegar a 147.400 trabajadores en 2010.
En general, puede decirse que hasta el momento en que se aprueban los Lineamientos de la nueva política económica en 2011 el tratamiento del sector privado no agropecuario se caracterizó por su valoración sólo como un complemento de la actividad estatal, lo que definió su carácter restrictivo, a lo que se añadió su regulación por mecanismos básicamente administrativos.
Este enfoque tendría necesariamente que variar con la actualización del modelo económico socialista en Cuba, tomando en cuenta las condiciones presentes para su necesario perfeccionamiento. (Continuará)
Luego de la nacionalización de las grandes propiedades que culminó en 1963, el sector de las pequeñas y medianas empresas fue parcialmente nacionalizado a finales de 1962.
Con posterioridad, el resto del sector privado fue nacionalizado por imperativos de orden sociopolítico en 1968 durante la Ofensiva Revolucionaria, (1) que en aquel año puso en manos del Estado 55.636 establecimientos, al considerarse que sólo a través de la propiedad estatal podían lograrse mejores resultados en su gestión desde el punto de vista de los intereses de la sociedad.
Una primera revisión de la política en relación con el sector privado no agropecuario se produjo en 1978 cuando, al calor de la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía aprobado en 1975, se emitió el Decreto Ley Nº 14 que autorizaba el trabajo privado por cuenta propia.
Ya en 1981, según datos del Censo de ese año, existían unos 70 mil trabajadores por cuenta propia que laboraban en 63 actividades diferentes. No obstante, la evolución de la política en relación con el trabajo por cuenta propia entre 1980 y 1985 sufrió las debilidades y contradicciones de la implantación del cálculo económico en Cuba, especialmente en lo referido a su deficiente regulación.
La valoración crítica de esa política durante el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, desarrollado a partir de 1986, llevó a que los trabajadores por cuenta propia se redujeran a 25.200 en 1989.
De este modo, a finales de los años ´80 se estimaba que el segmento no estatal de la economía -incluyendo el sector agropecuario- aportaba sólo el 6% del Producto Social Global (PSG) y el 6% del empleo.
Ante la crisis económica y la contracción del empleo estatal que se produjo con el advenimiento del Período Especial, en 1993 se aprobó el Decreto Ley Nº 141, que autorizó nuevamente la expansión del trabajo por cuenta propia como complemento al trabajo en empresas estatales.
A partir de ese momento se autorizaron 117 actividades, las cuales variaron posteriormente al aprobarse en 1995 la apertura de restaurantes -conocidos en Cuba como paladares- (2), a lo que se sumarían la transportación de pasajeros en 1996 y el alquiler de viviendas en 1997.
La política que resultaría aprobada mediante el Decreto Ley Nº 141 se impondría a partir de la contracción del empleo estatal y por la necesidad de promover nuevas fuentes de trabajo, al tiempo que se buscaba una legalización de un grupo de actividades que se habían venido desarrollando por la vía de la economía sumergida y que resultaba imposible controlar.
De tal modo, los trabajadores por cuenta propia, que se estimaban en unos 46 mil en 1993, se elevaron a un máximo de 169.400 en 2005, lo que representaba el 3,6% del total de ocupados en el país.
A partir de esa fecha, el número de personas afiliadas a esta modalidad de empleo descendió hasta 138.400 en 2007, cuando se reinició una leve recuperación hasta llegar a 147.400 trabajadores en 2010.
En general, puede decirse que hasta el momento en que se aprueban los Lineamientos de la nueva política económica en 2011 el tratamiento del sector privado no agropecuario se caracterizó por su valoración sólo como un complemento de la actividad estatal, lo que definió su carácter restrictivo, a lo que se añadió su regulación por mecanismos básicamente administrativos.
Este enfoque tendría necesariamente que variar con la actualización del modelo económico socialista en Cuba, tomando en cuenta las condiciones presentes para su necesario perfeccionamiento. (Continuará)
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (La Habana).
1 Solamente permanecieron en el sector privado un pequeño grupo de transportistas, así como una parte de los especialistas de ciencias médicas graduados antes de 1965 que mantenían consultas privadas.
2 Este curioso apelativo se impuso a partir de una novela brasileña que se transmitía en esos años y donde la protagonista tenía un establecimiento gastronómico al cual denominó Paladar.
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