El valor del agua

Aplicarán tarifas según el gasto.
IPS Lucia Lopez Coll

La noticia no se colgó en la Red, nadie la comentó en Facebook ni la divulgó a través de su cuenta en twitter. Ni siquiera se mandaron mensajes de texto o por correo electrónico. Simplemente corrió de boca en boca con la demostrada eficacia que siempre ha tenido “radio bemba” entre nosotros. De hecho, ese mismo día casi todo el mundo en mi barrio sabía que Juanita, la hija de Pedro, se había parado frente a la Oficina del cobro del agua portando un cartel (imposible de reproducir aquí), que en esencia expresaba (sin lugar a dudas), su profundo descontento por la falta de suministro de agua durante toda una semana.

De más está decir cómo terminó el performance de Juanita: se presentaron los agentes del orden y trataron de convencer a la iracunda mujer de que regresara a su casa o tendrían que llevársela detenida por escándalo público. Pero Juanita se mantuvo en sus trece aunque le explicaron los problemas con las redes hidráulicas y la reparaciones que se estaban llevando a cabo… La mujer no se inmutó. Sólo quería que le pusieran el agua y la quería ya. Para no hacer larga la historia les diré que esta vez tuvo un final feliz, cuando un vecino llegó corriendo para decir que ya habían “puesto” el agua. Entonces Juanita regresó a su casa, abrió la llave del fregadero de donde brotó un potente chorro…

El suceso coincidió casualmente con el reciente anuncio de la aplicación de una nueva tarifa de cobro al servicio del necesario líquido a partir de este año. De acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la medida debe estimular el uso racional del agua y ayudará a crear una conciencia de ahorro, además de contribuir a la protección del medio ambiente.

Hasta ahora el Estado cubano ha subsidiado el suministro de agua, tanto a las personas como a las entidades estatales, pero la nueva disposición desactiva el régimen anterior de precio fijo por el servicio de agua corriente y todos los consumidores empezarán a pagar con tarifas diferenciadas según el consumo, al tiempo que se penalizarán las ineficiencias.

Sería lógico entonces que empezara a regir un contrato legal entre empresa y cliente de estricto cumplimiento por ambas partes, mediante el cual no sólo se estableciera la obligatoriedad de pagar por las prestaciones, sino también el derecho a recibir un buen servicio, incluyendo la garantía de calidad del agua para el consumo humano, algo que a pesar de la existencia de una adecuada infraestructura de laboratorios y puntos de monitoreos para su control, no puede certificarse al ciento por ciento, debido a los riesgos de contaminación en su largo recorrido a través de las redes.

La disposición anunciada también responde a la política del gobierno de Raúl Castro encaminada a disminuir los subsidios, en continuidad con la actualización del modelo económico y la consecuente implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Ello favoreció la elaboración del Diagnóstico y de la Política Nacional del Agua, aprobada en diciembre del 2012 por el Consejo de Ministros, que además de proponerse un uso racional y productivo de las existencias disponibles del líquido, también establece como prioridades la gestión por su calidad, la eficiente explotación de la actual infraestructura y la prevención de los riesgos asociados a los eventos climáticos que afectan nuestra zona geográfica.

Otro aspecto interesante del tema es el anuncio de la reinversión de las finanzas recaudadas en el propio sector hídrico, algo que debe contribuir a solucionar los diversos problemas que durante años han afectado al suministro de agua en muchos lugares de la isla y que tantas angustias y dificultades han ocasionado a una parte de la población.

Sin lugar a dudas el uso racional y adecuado del valioso recurso es una necesidad incuestionable no sólo en Cuba sino en cualquier parte del mundo, y era ineludible instaurar una política ordenada para garantizar su correcta administración. Aún así, queda por delante un largo trecho por recorrer.

En un escenario ideal, con la nueva tarifa se pretende garantizar que cada persona o entidad utilice lo estrictamente necesario para cubrir sus necesidades que, si nos atenemos a parámetros internacionales y las recomendaciones de la UNESCO, no deben exceder el consumo diario de 100 litros de agua per cápita. Lamentablemente a veces falta esa conciencia, se derrocha sin cuidado y sólo cuando nos falta o resulta de difícil acceso somos capaces de entender su verdadero valor. Pero eso no es todo.

Durante el VII Taller de Uso y Cuidado del Agua celebrado en la Sociedad Económica de Amigo del País y apoyado por la Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, el pasado mes de octubre, se conoció que sólo en La Habana se bombean 525 millones de metros cúbicos de agua anualmente, pero de ellos se pierden 306 millones por diversas causas. De acuerdo con los especialistas, esta situación genera pérdidas anuales de 86 millones de CUC y 205 millones de pesos. Al mismo tiempo se desperdician 1 094 toneladas de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua (equivalentes a 1 870 000 pesos), además del consumo energético de 109 GigaWatts por hora, con un costo de más de 21 millones de pesos….

Se supone que a raíz de las nuevas exigencias que se ha planteado el sector, se demande una mayor responsabilidad a los encargados de administrar el servicio y se eliminen las múltiples causas que provocan la pérdida de más del 40 por ciento del agua que se bombea en el país, y que según datos oficiales se localizan en las conductoras (responsables de un 16 por ciento), las redes (con un 20 por ciento), y las redes intradomiciliarias y de las empresas y organismos, donde se desperdicia hasta un 22 por ciento.

Quizá a partir de ahora, con la anunciada decisión de penalizar las ineficiencias, se pueda matar de una vez a la hasta ahora invencible hidra de los salideros, poner fin al uso inadecuado de los recursos, a los trabajos mal terminados, a las instalaciones deficientes y chapuceras que aceleran y multiplican las roturas, elevan los costos y precisan de reiteradas inversiones, incluso en las nuevas obras.

Ojalá, en fin, que esta Política Nacional del Agua aprobada recientemente, y que ha empezado por anunciar al alza de los precios para los usuarios, tenga entre sus resultados finales (aunque sea a muy largo plazo), la verdadera solución de toda la gama de complejos problemas pendientes y no constituya un remiendo de urgencia y de corta duración.

De momento, su efecto más inmediato se podrá apreciar en el posible impacto que tendrán las nuevas tarifas en la economía familiar y que, por muy leve que pueda ser, será una carga más para los ajustados salarios de una buena parte de la población, especialmente para los jubilados y aquella vinculada con el sector estatal que todavía constituye la gran mayoría de los trabajadores. Y esto resultará más doloroso mientras exista un solo salidero en el país que permita la pérdida del vital líquido.