Cuba, la Actualización del Modelo. Balance y perspectiva de la transición socialista (II)

II. Economía, cooperativas, ciencia

La crisis y la nueva economía

En términos de diagnóstico y estrategias económicas, las reformas han respondido a dos problemas principales: falta de sustentabilidad macroeconómica y necesidad de superar el papel casi absoluto del Estado, mediante la diversificación de los actores productivos. 

Los desafíos específicos (deuda externa, desequilibrios fiscales, falta de competitividad, nuevas presiones sociales) dieron lugar a una creciente fragilidad de lo económico, con impactos sociales. El país se ha enfrentado externamente a la prolongación del bloqueo económico de los Estados Unidos y a la dificultad para acceder a financiamiento, en una situación de carencia de créditos, inversiones y crecimiento de exportaciones que no complementan otros mecanismos financieros internacionales (FMI,Banco Mundial). El modelo padece de un mercado interno deformado que se manifiesta en múltiples indicadores deficitarios (sistemas de precios, tipo de cambio, excesivas regulaciones). En los años recientes, este cuadro económico había puesto en riesgo la capacidad para continuar garantizando los beneficios sociales propios del sistema; ritmo de crecimiento de la economía había caído, según la tasa oficial, de 11% a 2% anual, y aumentó el desempleo. Era forzosa una adaptación, que incluyera una transformación institucional. Este proceso de modificación del dominio del Estado afecta el hábitat de los actores tradicionales, hecho que condiciona conductas ante el proceso de cambio.

Raúl Castro declaró que se había acabado el tiempo de bordear el abismo. La estrategia adoptada busca no solo reestructurar el modelo a largo plazo, sino producir una reactivación en el corto. A diferencia de los años 90, no se trata de mantener a flote el sistema, sino de rehacer su funcionamiento. Mientras en los 90 la lógica del enfrentamiento se dirigía a contrarrestar un impacto externo, ahora se le formula como un problema interno.

Un ordenamiento racional y sincronizado del proceso es difícil, dada la simultaneidad en el cambio de reglas y actores. Este se ha caracterizado por el ajuste pragmático de políticas, e incluso de prácticas que no siempre se han formulado públicamente. Mientras este proceso de implementación ocurre, los circuitos de conexión entre Estado y sociedad

se modifican. El gobierno crea un sector no estatal, que no es marginal al desarrollo económico (como en los 90), y donde el papel de las cooperativas (no solo de los privados), en áreas antes cubiertas por el Estado, está llamado a ser decisivo. La situación se caracteriza por la necesidad del cambio institucional y sus consecuencias, junto a una inercia cultural que lo condiciona, y a las nuevas tensiones e impresiones que se generan entre viejos y nuevos actores sociales.

Cooperativas

En el marco de la Actualización, el sector estatal sigue teniendo un peso fundamental.

La promoción del sector no estatal ha respondido a la lógica de ampliar fuentes de empleo, como alternativa ante la disminución del empleo estatal. Se le atribuye un papel menor en cuanto a su productividad o participación en el producto bruto interno (PIB) y la contribución al presupuesto, mediante la generación de fondos a partir de impuestos.

Algunos confunden las cooperativas con una sociedad de amigos que se juntan para hacer negocios y ven en ellas solo un medio para pagar menos impuestos y tener acceso a más recursos y clientes. Se les concibe como un medio para la descentralización y para suplir necesidades a nivel local, que permitiría relevar a las empresas estatales, al pasarles a aquellas algunas de las actividades secundarias de estas últimas.

Las cooperativas son un nuevo espacio de relaciones económicas y sociales, donde se pueden generar prácticas y valores diferentes. Su principal sentido es el compromiso con el bienestar, el reforzamiento de lo comunitario, por encima de lo privado, su mayor autonomía y el carácter social de la propiedad.

La ampliación de las cooperativas hacia sectores no-agropecuarios resultaría inminente. En la búsqueda de un modelo de bienestar propio, se avanza de una manera gradual e integral, ya que después de una fase de ampliación para los campesinos, se está ajustando el marco jurídico para la operación de cooperativas también en otros sectores. Los problemas que las afectan incluyen escasa educación y sentido cooperativista, frágil equilibrio entre autonomía e intervención estatal en su trato con el Estado, así como la necesidad de mantener principios cooperativos, al tiempo que operan bajo relaciones mercantiles; materializar el compromiso social que debería identificarles; y cuidarse de falsas cooperativas, que confundan y distorsionen su significado en la sociedad cubana.

Rol de la ciencia

No solo ha ocurrido un cambio en los ejes económicos, políticos y jurídicos, sino en la concepción del modelo socialista. La política sigue un patrón gradual, de mayor ampliación y descentralización. Se están tomando en cuenta experiencias nacionales e internacionales. El contexto de los cambios abarca aspectos como la sucesión generacional, el envejecimiento de la población, y el cambio climático.

En el primer borrador de los Lineamientos, se omitía cualquier mención de las ciencias sociales. Durante su debate en la sociedad, se hicieron aportes que destacaban la necesidad de la integración de la ciencia social. El Lineamiento 137 respalda el fomento de las investigaciones sociales y humanísticas, e introducir resultados. 

La Conferencia del PCC (enero, 2002), en su objetivo # 65 respecto al papel de la ciencia, estipula un mayor uso de sus resultados para la toma de decisiones, la evaluación de impactos y la formulación conceptual de nuevo modelo.

De los anteriores cinco congresos del PCC, solo en el segundo se había mencionado las ciencias sociales como factor importante.

Además de la complejidad de los problemas contemporáneos, el nuevo rol de la ciencia se explica porque investigaciones sociales anteriores habían recomendado políticas que se han adoptado ahora (ej.entrega de tierras ociosas, medidas contra el subempleo, disminución de los subsidios, paso de actividades estatales a privadas, propiedad cooperativa y cogestionada, compra-venta de viviendas, cambio en ley migratoria), realizadas desde 1997.

El efecto del proceso sobre las ciencias sociales ha sido triple: 

1) de demandas de investigación,

2) extensión de canales de diálogo entre científicos y políticos,

3) papel de la investigación en el diseño de políticas.

Existen hoy 43 proyectos nuevos de investigación que responden al interés de organismos centrales de la administración del Estado (OACE), además de los gobiernos provinciales y municipales. No solo diagnóstico y evaluación, sino pronóstico y propuesta.

El debate: la visión de afuera, transparencia, ciencia, economía e Internet

• A pesar de que algunos perciben los cambios como meramente cosméticos, se trata de la implantación de un nuevo paradigma, que ha pasado de concebir las políticas anticrisis como un «mal necesario» a plantearlas como «necesidad estratégica». El gobierno está «soltando». 

Con la reciente ley migratoria, que consagra la libertad de viaje, el gobierno rebasó el miedo a perder más personas jóvenes y talentosas, para apostar al beneficio que entraña la nueva circulación de ciudadanos. Es lógico que los cubanos estén impacientes ante los cambios. Pero también, desde la perspectiva del gobierno, se entiende su cautela, ya que toma en cuenta la experiencia del campo socialista de Europa del Este, donde la perestroika se proponía reformar el socialismo —pero el proceso se les fue de las manos.

• Lo difícil de aplicar las medidas se ilustra, por ejemplo, en la agricultura, donde se trata de pasar de un funcionario que establece normas de entrega de alimentos, a la situación actual, donde el peso de la producción gravita del lado de las cooperativas.

• Si hay políticas difíciles de aplicar, hay otras, como la extensión de las cooperativas a otros sectores, que no se explica la lentitud. Es lógico que haya cautela en relación con la inversión extranjera directa (IED), pero si se quiere aumentar crecimiento y reducir el desempleo, hay opciones de IED que deberían haberse aprobado, en el sector de la energía, etc. Es la experiencia de muchos inversionistas extranjeros.

• Se requiere aumentar la transparencia y calidad de las estadísticas nacionales. Puede haber diferentes métodos en la colección y procesamiento de datos, pero al no publicarse la metodología de las cuentas nacionales, se pierden muchas posibilidades de análisis, formulación y ejecución de políticas diferentes. Por ejemplo, la cifra oficial reciente que admite la condición de desempleados de 67% de los nuevos cuentapropistas, contradice la cifra de desempleo oficial en Cuba. (Si ambas cifras fueran ciertas, ya no habría desempleo en Cuba). No se publica la metodología de las cuentas nacionales, para poder analizar la situación. Asimismo, podría haber otras formas de cobrar impuestos a las nuevas microempresas en vez de sobre la base del número de empleados, que penaliza la generación de empleo.

• No siempre están claras las señas que se emiten desde arriba. Por ejemplo, la definición sobre el tamaño deseable de las empresas en el nuevo sector privado; o la propia cuestión del fortalecimiento de un estado de derecho.

• En cuanto al sector no estatal y la generación de empleo, al cobrar impuestos a partir del primer empleado, se penalizaba la generación de empleo; el hecho de que posteriormente se estableciera solo a partir del sexto empleado, revela un cambio reflejo de presiones, flexibilidad y un proceso de aprendizaje. Ese aprendizaje puede continuar, dejando a un lado la penalización de la generación de empleo, para cobrar impuestos sobre las utilidades de la actividad económica no estatal. La política fiscal todavía no da señales claras. Por ej., al penalizar el crecimiento de las empresas con los impuestos, no se parte de definir cuál debe ser su tamaño.

• El uso de mecanismos de mercado es problemático, lo que se refleja en la carencia de un sistema que fije los precios, fundamental para un socialismo próspero y sostenible. La doble moneda impide determinar donde se encuentran los subsidios reales, y como ha dicho Raúl, «quién está subsidiando a quién». Los cuentapropistas estarían recibiendo subsidios estatales enormes, aunque ellos creen que están autofinanciándose; de hecho resulta al revés: están comprando a precios subsidiados, intermediando entre las dos monedas, y adquiriendo en el mercado negro, donde se venden mercancías por menos de lo que realmente se importan. Estas prácticas limitan la eficiencia, la transparencia, y la apertura.

• En cuanto a transparencia y progreso político y económico, el avance resulta contradictorio. Por ejemplo, la apertura de 128 nuevos puntos de Internet reconoce la necesidad de mayor acceso a información y transparencia, para aumentar la eficiencia; pero la reglamentación legal establece estipulaciones en el uso de este servicio referidas a actividades que pueden considerarse dañinas a la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia o la soberanía nacional, lo que sujeta su aplicación a interpretaciones arbitrarias. También sobre la política informática hay señales contradictorias.

• En la estructura de la propiedad que promueve el nuevo modelo, no está clara la proporción deseable de los distintos tipos de propiedad.

• Se aprecia como un elemento fundamental en este proceso de cambio el acceso progresivo a Internet y el uso extensivo de las redes sociales.

• Es necesario diferenciar entre un concepto de cambio que reconoce el rol legítimo del sector privado en la economía y sociedad cubanas, y una práctica política que aún lo trata cómo mal necesario, reflejo de la llamada «vieja mentalidad».

• La ley es importante en cuanto a la transparencia, pero sobre todo para conseguir predictibilidad en el funcionamiento de la economía.

No se trata solo de las instituciones y su funcionamiento, sino de las relaciones entre ellas, que se concretan en precios, contratos, etc.

El sector no estatal no solo debe concebirse como fuente de empleo, sino como componente del patrón de acumulación, y de generación de políticas públicas. El Estado ha sido a la vez regulador y empresario; se ha autorregulado, en función de una cierta estructura de propiedad y control. Ahora tiene que regular al no estatal, como complemento, no como competencia.

• Las concepciones sobre el control no se han actualizado. Se requiere transformar la mentalidad también sobre la adopción de nuevas maneras de pensar el control social —no solo el económico, contable o financiero. Estas concepciones más o menos actualizadas, que afectan el ritmo de los cambios, se reflejan en el papel asignado a la ley. Este se destaca en el discurso, pero menos en la implementación de las políticas. El proceso legislativo de las reformas resulta injustificadamente lento, al punto de crear la impresión no de la aplicación cautelosa y gradual, sino del estancamiento. Más allá del péndulo «soltar»/«parar», de la dicotomía «gradual»/«choque», se requiere asegurar que el proceso avance mediante un orden normado. En el discurso se ha rebasado la visión de las reformas (el trabajo por cuenta propia, la extensión del sector no estatal) como mal necesario, pero en la práctica sigue existiendo una inercia en los que toman decisiones o son los encargados de implementarlas.

• Los ejes de la Actualización no se reducen a la extensión del sector no estatal, también abarcan la transformación radical del estatal, para convertirlo en sector público, no subordinado a las decisiones del momento tomadas por una burocracia gubernamental, sino con autonomía, basada en funciones y atribuciones propias. Esta transformación también implica otra forma de control social de ese sector, no solo mediante técnicas contables y administrativas, sino de la participación ciudadana.

• El proceso de aplicación de las políticas no está terminado, se renueva a medida que avanza, de manera que son previsibles sus insuficiencias.

Este proceso de cambio agudiza la diferencia entre grupos sociales y territorios, y es lógico que se exprese en una lucha social.

Se requiere vigilar estos efectos para alimentar las políticas. Los cambios tienen que adaptarse a las características de cada territorio, no deben ser una camisa de fuerza que se proponga estandarizar una sociedad que se caracteriza por la creciente diversidad. La cuestión de la disponibilidad de información es clave, y así se ha planteado también en el gobierno, se requiere un rediseño. En necesario mejorar la capacidad de control popular directo, como en los casos de Holguín y Guantánamo, donde se discuten públicamente los problemas y se difunde el debate.

• Sobre los mecanismos de concertación y aplicación de políticas, uno de los objetivos es pasar a medios indirectos (fiscales, impositivos).

La carga impositiva sobre el sector privado, de hecho, ha sido más blanda de lo que se ha anunciado, lo que se revela en el crecimiento (y en la baja tasa de mortalidad) de los nuevos negocios. Está focalizado en la producción de alimentos y agricultura, más que en

los servicios (solo taxis, manicuras, etc.); no en los encadenamientos productivos. Aunque crece la proporción del sector privado en servicios como la venta de flores, el suministro de comida (catering), así como el abastecimiento privado a los hoteles, y el diálogo entre el gobierno y ese nuevo sector.

En cuanto • al control y la gradualidad, es necesario considerar que los decisores también están aprendiendo. La academia no tiene respuestas para todo, hay problemas sociales y políticos. Por ejemplo, se requiere crear vida social y condiciones culturales en las montañas, para evitar la emigración a las ciudades (no solo agua y luz). Se trata de fomentar una clase media, capaz de crear demanda doméstica.

• La lentitud no siempre responde a resistencia a los cambios de un sector opuesto, desidia o decisión, también hay otros factores influyentes, como la falta de recursos y medios necesarios, de legislación y la incertidumbre. La capacidad de respuesta y de absorción de impactos negativos no puede acelerarse más allá de cierto punto.

• La noción de «soltar» requiere que los niveles territoriales y locales reemplacen con su actividad el papel subsidiador del Estado y el gobierno central, lo que requiere el despliegue de esa capacidad, no se establece por decreto.

• Más allá del papel de los territorios, no debe perderse de vista las prioridades económicas estratégicas actuales, vitales para el funcionamiento de la economía: generación de exportaciones, de alimentos y de cadenas productivas internas no dependientes del Estado.

• La clave para salir adelante consiste en que el sector cooperativo reemplace una parte del estatal, y deje atrás las malas prácticas. Pero esto no ocurre de manera automática. De hecho, el nuevo sector no estatal a veces hereda hábitos del estatal, como son el despilfarro de recursos, prácticas dañinas al medio ambiente, etc. No basta con financiamiento y nueva legislación, sino incentivos para funcionar sobre la base de autosostenibilidad, y políticas que monitoreen a ese nuevo sector, para asegurarse de sus buenas prácticas.

• El papel de las cooperativas no se debe limitar a ocupar el espacio del sector público, sino también a complementarlo, y reforzar su buen funcionamiento. Sigue habiendo resistencia entre las empresas para contratar a cuentapropistas. Esto se relaciona con la falta de legislación, que trata al sector privado como individuos, no como pequeñas empresas.

• De las 136 cooperativas de nuevo tipo recientemente aprobadas, la mayoría son comercializadoras de productos agrícolas, de materiales de construcción, de reciclaje, de transporte. No hay cooperativas de manufacturas.

• El impuesto progresivo sobre el empleo de fuerza de trabajo se calcula sobre la base del salario promedio estatal, que es muy bajo, de manera que en la práctica no es tan grande. El problema de los impuestos es más complejo, y la visión predominante es que resultan altos, pero en la realidad no es un gravamen tan importante. La legislación se ha ido ajustando favorablemente a estimular a este sector.

• Se requiere enfatizar la importancia del reordenamiento en el sector estatal, no solo el privado. Aunque se habla más del sector no estatal, el destino del gran sector estatal será clave en el éxito de la Actualización. El gran desafío del socialismo sostenible consiste en la capacidad de la política para socializarlo, y para transformar el sector estatal en sector público, caracterizado no solo por su ordenamiento jurídico autónomo, sino por la participación ciudadana en su control, más allá de las grandes asambleas y el debate de los proyectos de ley. (Continuará)