Cuba: la política inversionista, entre crecimiento y desarrollo (III)

Por José Luis Rodríguez*

Entre los elementos que se deben considerar a fin de diseñar una adecuada política inversionista en las actuales condiciones, se destaca en qué medida la misma contribuye a una transformación estructural adecuada para garantizar un desarrollo sustentable. Adriano García -uno de los más destacados especialistas cubanos en el diseño de la política industrial- (1) ha subrayado que los sectores estratégicos para lograr una transformación estructural deben cumplir un conjunto de condiciones.

En primer lugar, debe tratarse de sectores que contribuyan al desarrollo del tejido productivo, en contraposición a las inversiones de enclave que han caracterizado buena parte del desarrollo en Cuba en sectores como el níquel y -en buena medida- el azúcar.

Además, deben ser sectores que absorban inversiones que permitan aprovechar tecnologías y conocimientos avanzados, asegurando su difusión al interior del aparato productivo, y en los que exista una masa crítica de conocimientos acumulados en el país.

También, de manera creciente, se trata de emprendimientos que aseguren impactos medioambientales favorables.

Finalmente, deben generar empleos directa e indirectamente, de acuerdo con el nivel de calificación de más de 12 grados de enseñanza que posee la fuerza de trabajo en el país, aunque -por otra parte- deberán tener en cuenta la dinámica demográfica actual y los requerimientos de incremento de la productividad del trabajo que la misma demanda.

Si se aplican esos requerimientos a la estructura inversionista del país para asegurar un cambio estructural a corto y mediano plazo, resulta evidente que no todos los sectores los cumplen. 

Sin embargo, sectores claves como el agroindustrial y la industria médico farmacéutica de base biotecnológica sí lo hacen, junto al desarrollo básico de la industria energética sobre la base de su conservación y generación a partir de fuentes renovables, todo lo cual ofrece un espacio significativo para asegurar que las inversiones garanticen los cambios estructurales indispensables, además de otras prioridades.

El desarrollo prioritario de estas ramas estratégicas supone tomar en cuenta otros elementos que posibiliten llevarlo a cabo, especialmente en lo referido al destino final de las producciones y a la infraestructura de servicios de apoyo.

En este sentido, el tamaño de la economía cubana impone para su reproducción necesariamente su vinculación con el mercado mundial, lo cual demanda una economía orientada a la exportación. Ello debe lograrse obteniendo un impacto positivo en la balanza de pagos del país, para lo cual se requiere de una política que permita obtener financiamiento externo en condiciones favorables, al tiempo que se sustituyan importaciones que aseguren las exportaciones.

Por otro lado, un crecimiento más acelerado y diversificado de las ventas externas supone disponer de servicios que hoy resultan deficitarios en las esferas del transporte, las comunicaciones y servicios especializados a las empresas, que van desde los financieros hasta los de control de calidad. 

En estos ámbitos resulta indispensable -a modo de ejemplo- incrementar las inversiones que aseguren el abaratamiento del transporte por la vía del ferrocarril y el cabotaje marítimo, la agilización de las comunicaciones mediante un mayor uso de las TICs, y una mayor eficiencia en la elaboración de diseños y proyectos por entidades especializadas que garanticen el cumplimiento de los cronogramas de inversión y eviten la dispersión de las empresas al tratar de abordarlos con fuerzas propias.

A todos los esfuerzos que con carácter estratégico se han señalado, habría que añadir la necesidad de continuar desarrollando inversiones que permitan -luego de un análisis apropiado de costos y beneficios- recuperar parte de la estructura industrial subutilizada existente en el país para avanzar gradualmente en la sustitución de importaciones con destino al consumo interno, en condiciones competitivas, o que requieren asegurarse por su carácter estratégico para la seguridad nacional.

De todo el análisis anterior se deriva claramente el papel estratégico de la inversión extranjera directa, tomando en consideración que la capacidad de ahorro interno de la nación no resulta suficiente para las transformaciones requeridas.

Cuba ha dado así recientemente un paso de trascendental importancia en el diseño de su política económica con la aprobación de la nueva Ley de Inversión Extranjera. Un análisis de su impacto a corto y mediano plazo resultará -por tanto- muy interesante para comprender el entorno de las importantes transformaciones a que se aboca la economía, más allá de la coyuntura actual.

*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana)

1 Especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), encabezó el colectivo de autores que elaboró un libro indispensable para estudiar la política industrial en el Período especial. Ver de Adriano García et. al.: Política industrial, reconversión productiva y competitividad. La experiencia cubana de los noventa, La Habana, INIE, 2003.

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