Con un reconocimiento explícito a la importancia prioritaria
del capital extranjero para garantizar el desarrollo económico cubano,
el Parlamento aprobó recientemente una nueva Ley de Inversión Extranjera
y dio luz verde a uno de los pasos más notorios en el proceso de
transformaciones emprendido por el país antillano.
En sustitución de la Ley 77 del año 1995, las autoridades adoptaron
una norma legal que expresa cambios en la política cubana frente a las
inversiones foráneas, bajo el criterio de que esa fuente de
financiamiento es imprescindible para desarrollar el país. En palabras
del ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, “es una de las
acciones de mayor connotación estratégica en el proceso de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.
Tanto
Malmierca, como el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino
Murillo, defendieron en marzo ante los diputados la decisión de
flexibilizar, modernizar y hacer más transparente esta ley.
Murillo,
jefe de la comisión gubernamental que conduce el proceso de
Actualización del Modelo Económico, nombre asignado a la reforma
emprendida a partir del 2011, reiteró el principio de entender las
inversiones extranjeras como un complemento de la actividad capitaneada
por el Estado. Pero admitió que las empresas de otros países cumplen un
papel determinante para el desarrollo de sectores decisivos de la
economía cubana.
Un dato confirma esa apreciación. El ex
ministro de Economía José Luis Rodríguez comentó en un reciente
artículo, que la inversión extranjera participa en alrededor del 40 por
ciento de las exportaciones cubanas. Sectores que se convirtieron en
columna vertebral a partir de la crisis económica de los años 90, como
el turismo, la industria del níquel, el tabaco y la extracción de
petróleo, sobrevivieron y crecieron bajo la sombrilla de empresas mixtas
o asociaciones con compañías de España, Canadá, Francia y otros países.
El
gobierno se propone mantener la industria del ocio, energía y minas y
transporte en la oferta especial al capital extranjero, pero ha abierto
el abanico de la prioridad hacia otros sectores. Ante los diputados,
Malmierca citó también la agricultura, la construcción y la mayoría de
las industrias, incluida una en plena expansión como la farmacéutica y
biotecnológica y otra tradicional y no menos importante, pero cerrada a
cal y canto a intereses externos hasta años recientes, la industria
azucarera.
Sectores
básicos de la economía cubana, como el turismo, han contado con una
participación activa de cadenas hoteleras de España y de otros países.
De
acuerdo con la explicación ofrecida por Murillo, el gobierno se propone
atraer hasta 2.500 millones de dólares de inversiones extranjeras, una
cifra que supera ampliamente los cientos de millones aportados cada año
habitualmente por firmas externas y agregaría un 36 por ciento sobre el
volumen total de inversiones registrado en 2012 (13,6 por ciento del
PIB). Con esa suma, Cuba intentaría elevar la tasa de acumulación o tasa
de inversiones –formación bruta de capital fijo- hasta un rango
superior al 20 por ciento del PIB, informó el Jefe de la Comisión de
Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social.
Sería –dijo- lo que permitiría un alza anual del PIB del 7 por ciento,
nivel reconocido por el propio Murillo y otros economistas del patio
como el mínimo para hablar de desarrollo y no solo de crecimiento
económico.
La tasa de inversiones máxima en las dos décadas
previas fue de 14 del PIB en 2001, pero luego se hundió hasta un mínimo
de 8,3 por ciento en 2011, en frecuencia con la contracción de la
política seguida ante los inversionistas extranjeros. “Lo que se ha
invertido en ese período no ha podido cubrir siquiera la reposición de
los activos que se depreciaron o se hicieron tecnológicamente obsoletos,
lo que ha resultado en la descapitalización” de la economía cubana, comentó recientemente José Luis Rodríguez.
Con
la nueva ley, que entrará en vigor unos 90 días después de aprobada en
la sesión parlamentaria extraordinaria del 29 de marzo, la economía
busca “recursos financieros, tecnológicos y mercados en los sectores
productivos y de los servicios donde se identifiquen intereses mutuos”
con las firmas extranjeras que se aproximen ahora a Cuba, precisó el
Dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de
Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Para atraerlas, la
norma incorpora o amplía garantías e incentivos fiscales, con un régimen
especial que exonera a los inversionistas del pago de impuesto sobre
las utilidades durante ocho años, con posibilidades de extender el plazo
o eliminar el pago en caso de reinversión de dichas ganancias. También
se les exime del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo,
entre otros alivios tributarios.
En general, la política adopta
un giro diferente al determinar que el beneficio perseguido por Cuba no
radica en el cobro de impuestos, antes ganancia única y magra en no
pocos casos, sino en el aporte al PIB de capital fresco, los ingresos
que propicie cada inversión en la industria o la agricultura cuando
entre en operaciones, el acceso a tecnologías y la capitalización de
esos sectores, la ampliación de los mercados de exportación y el
encadenamiento productivo con entidades de producción y servicios
nacionales.
La
Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel confirmó
negociaciones avanzadas con unos 15 inversionistas foráneos.
Otra
novedad es que el capital extranjero podrá entrar como inversión
directa, con participación efectiva en el control del negocio, pero
también puede acceder mediante la inversión en acciones o en otros
títulos carentes de la condición de inversión directa, además de las
formas ya tradicionales de empresa mixta y contratos de asociación
económica internacional. Incluso, a juzgar por las declaraciones de
Malmierca, el gobierno parece más dispuesto a autorizar “empresas de
capital totalmente extranjero para la ejecución de inversiones cuya
complejidad e importancia lo requieran, especialmente para el desarrollo
de la infraestructura industrial”.
La Zona Especial de
Desarrollo del Mariel -45 kilómetros al oeste de La Habana-, concebida
como plataforma líder en la nueva etapa de fomento de alianzas con
capital foráneo, confirmó hace unos pocos días “propuestas de unos 15
inversionistas de países como España, Rusia, Italia, China y Brasil con
interés de establecerse” en esa plaza.
La zona ofrece ventajas
fiscales aún mayores para los inversores, reiteró la directora de la
directora de la Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo
Mariel (ZEDM), Ana Teresa Igarza, durante la Feria Internacional de la
Construcción, a inicios de abril. Las negociaciones están bastante
avanzadas, dijo, para invertir en la industria tradicional, el sector
agroalimentario y la biotecnología.
La definición más radical del
nuevo paso la anticipó el Presidente Raúl Castro en persona en febrero
pasado. A los delegados del Congreso de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) les dijo que esta ley respondía a la “imperiosa necesidad de
fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país”. (2014).
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