Por José Luis Rodríguez
La reciente aprobación de una ley sobre inversión extranjera en Cuba ha despertado notable interés y debate, tanto en medios académicos como empresariales, dentro y fuera del país.
No es la primera vez que una legislación de esta naturaleza existe en Cuba, ya que desde 1982, cuando se emitió el Decreto Ley No. 50, se abrió la posibilidad de inversiones de capital extranjero. Posteriormente, en septiembre de 1995, se ampliaron las normativas legales para estas operaciones mediante la Ley 77.
Al examinar la pertinencia de estas inversiones es conveniente recordar que ningún proceso de desarrollo conocido hasta el presente ha podido prescindir de recursos adicionales a los que estuvieron disponibles en el espacio de un Estado.
Desde que Marx analizó en el capítulo 24 del tomo I de El Capital el papel del sistema colonial en el desarrollo del capitalismo inglés, pudo observarse cómo esta forma peculiar de obtención de recursos externos desempeñó un papel de primer orden en la implantación del orden burgués en Gran Bretaña.
En la historia contemporánea han resultado casos excepcionales los países que lograron desarrollarse contando únicamente con los recursos naturales, financieros y humanos disponibles en sus fronteras nacionales. Donde esto ha ocurrido -como fue el caso de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial- se enfrentaron procesos de acumulación que impusieron pesadas cargas a su población para alcanzar un desarrollo industrial acelerado.
En el caso de Cuba, durante los 30 primeros años de la Revolución fue posible contar con el apoyo de los estados socialistas -en especial de la URSS- para sentar las bases de un proceso de desarrollo que debía conducir a la gradual industrialización de la Isla.
Cuando desaparecieron los países socialistas europeos y la URSS, Cuba enfrentó una crisis económica de grandes proporciones en la que se puso de manifiesto con la mayor urgencia la necesidad de financiamiento externo, ante todo, para comenzar la recuperación económica de la nación.
Actualmente, si bien se rebasaron los momentos más críticos del llamado Período Especial, no se ha logrado iniciar el cambio estructural indispensable para garantizar un desarrollo sostenible a mediano plazo.
Para ello se requiere en lo inmediato reducir el déficit de la balanza de pagos, al tiempo que se crean nuevas capacidades que permitan incrementar la productividad del trabajo y asegurar un desarrollo industrial que posibilite un crecimiento estable a mediano y largo plazo.
Alcanzar estos objetivos resulta imposible contando solo con los recursos financieros que el país es capaz de generar por sí mismo, por lo que es ineludible recurrir al capital extranjero para lograrlo.
Esta necesidad objetiva no significa -como algunos parecen sugerir- que admitir la inversión extranjera lleve necesariamente a un proceso de privatización de los recursos públicos.
En tal sentido, la asociación con el capital extranjero supone que el país aporte determinados activos para, sumados con los que aporta el socio foráneo, emprender un negocio en el cual se reparten las utilidades producto de ese emprendimiento.
No se trata, pues, de vender la propiedad nacional para que la explote un extranjero, sino de crear una entidad mixta donde ambas partes obtengan beneficios en determinadas proporciones previamente acordadas.
Por otro lado, el país no renuncia definitivamente a los activos aportados o a una recompra de la empresa mixta, y existen experiencias positivas en ese sentido.
Otro aspecto que se debe considerar es el carácter estratégico de la apertura al capital extranjero, ya que se produce no como una medida aislada, sino como parte de una actualización de la política que regirá en el modelo económico cubano y, por tanto, está insertada en un conjunto de transformaciones que propiciarán su manejo más eficiente.
También algunos autores se han planteado la necesidad de avanzar hacia una ley de inversiones que contemple no solo el capital extranjero para su asociación con personas jurídicas, incluyendo las cooperativas, sino también las potencialidades inversionistas del sector privado, lo cual supone otro enfoque del problema.
En ese sentido, debe considerarse que de lo que se trata en estos momentos es de movilizar una masa de capitales que se ha calculado en un volumen de dos mil a 2 500 millones de dólares anuales para lograr un incremento significativo de la tasa de acumulación que se aspira llegue al 20% del PIB en breve plazo.
La disponibilidad de recursos de esa magnitud está encaminada principalmente al desarrollo de grandes inversiones en sectores como la agroindustria o la industria farmacéutica de base biotecnológica, pero también a alcanzar la transferencia de tecnología, el acceso a mercados y capacidad de gestión, para fortalecer el sector estatal como base fundamental de desarrollo del país.
En el escenario diseñado no debe esperarse que sea en el pequeño sector privado existente -y en el que previsiblemente se desarrollará- donde se logren esos resultados, tomando en cuenta su dimensión, intensidad de capital y papel en la economía socialista.
Por otro lado, esto no significa que no se estimule mediante otras formas de gestión financiera el flujo que hoy ingresa al país como capital para el sector del trabajo por cuenta propia, formando parte de las remesas, que se estima pueden alcanzar entre dos mil y 2 500 millones de dólares por año, y de ellas se ha calculado que unos mil millones pudieran estar constituyendo capital de trabajo o inversiones para ese sector.
En todo caso, se trataría de otro esquema de trabajo que no se enmarca en las regulaciones de la inversión extranjera concebidas actualmente. (Continuará)
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana)- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/capital-extranjero-y-socialismo-en-la-cuba-actual-i#sthash.1eaeDWHg.dpuf
La reciente aprobación de una ley sobre inversión extranjera en Cuba ha despertado notable interés y debate, tanto en medios académicos como empresariales, dentro y fuera del país.No es la primera vez que una legislación de esta naturaleza existe en Cuba, ya que desde 1982, cuando se emitió el Decreto Ley No. 50, se abrió la posibilidad de inversiones de capital extranjero. Posteriormente, en septiembre de 1995, se ampliaron las normativas legales para estas operaciones mediante la Ley 77.
Al examinar la pertinencia de estas inversiones es conveniente recordar que ningún proceso de desarrollo conocido hasta el presente ha podido prescindir de recursos adicionales a los que estuvieron disponibles en el espacio de un Estado.
Desde que Marx analizó en el capítulo 24 del tomo I de El Capital el papel del sistema colonial en el desarrollo del capitalismo inglés, pudo observarse cómo esta forma peculiar de obtención de recursos externos desempeñó un papel de primer orden en la implantación del orden burgués en Gran Bretaña.
En la historia contemporánea han resultado casos excepcionales los países que lograron desarrollarse contando únicamente con los recursos naturales, financieros y humanos disponibles en sus fronteras nacionales. Donde esto ha ocurrido -como fue el caso de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial- se enfrentaron procesos de acumulación que impusieron pesadas cargas a su población para alcanzar un desarrollo industrial acelerado.
En el caso de Cuba, durante los 30 primeros años de la Revolución fue posible contar con el apoyo de los estados socialistas -en especial de la URSS- para sentar las bases de un proceso de desarrollo que debía conducir a la gradual industrialización de la Isla.
Cuando desaparecieron los países socialistas europeos y la URSS, Cuba enfrentó una crisis económica de grandes proporciones en la que se puso de manifiesto con la mayor urgencia la necesidad de financiamiento externo, ante todo, para comenzar la recuperación económica de la nación.
Actualmente, si bien se rebasaron los momentos más críticos del llamado Período Especial, no se ha logrado iniciar el cambio estructural indispensable para garantizar un desarrollo sostenible a mediano plazo.
Para ello se requiere en lo inmediato reducir el déficit de la balanza de pagos, al tiempo que se crean nuevas capacidades que permitan incrementar la productividad del trabajo y asegurar un desarrollo industrial que posibilite un crecimiento estable a mediano y largo plazo.
Alcanzar estos objetivos resulta imposible contando solo con los recursos financieros que el país es capaz de generar por sí mismo, por lo que es ineludible recurrir al capital extranjero para lograrlo.
Esta necesidad objetiva no significa -como algunos parecen sugerir- que admitir la inversión extranjera lleve necesariamente a un proceso de privatización de los recursos públicos.
En tal sentido, la asociación con el capital extranjero supone que el país aporte determinados activos para, sumados con los que aporta el socio foráneo, emprender un negocio en el cual se reparten las utilidades producto de ese emprendimiento.
No se trata, pues, de vender la propiedad nacional para que la explote un extranjero, sino de crear una entidad mixta donde ambas partes obtengan beneficios en determinadas proporciones previamente acordadas.
Por otro lado, el país no renuncia definitivamente a los activos aportados o a una recompra de la empresa mixta, y existen experiencias positivas en ese sentido.
Otro aspecto que se debe considerar es el carácter estratégico de la apertura al capital extranjero, ya que se produce no como una medida aislada, sino como parte de una actualización de la política que regirá en el modelo económico cubano y, por tanto, está insertada en un conjunto de transformaciones que propiciarán su manejo más eficiente.
También algunos autores se han planteado la necesidad de avanzar hacia una ley de inversiones que contemple no solo el capital extranjero para su asociación con personas jurídicas, incluyendo las cooperativas, sino también las potencialidades inversionistas del sector privado, lo cual supone otro enfoque del problema.
En ese sentido, debe considerarse que de lo que se trata en estos momentos es de movilizar una masa de capitales que se ha calculado en un volumen de dos mil a 2 500 millones de dólares anuales para lograr un incremento significativo de la tasa de acumulación que se aspira llegue al 20% del PIB en breve plazo.
La disponibilidad de recursos de esa magnitud está encaminada principalmente al desarrollo de grandes inversiones en sectores como la agroindustria o la industria farmacéutica de base biotecnológica, pero también a alcanzar la transferencia de tecnología, el acceso a mercados y capacidad de gestión, para fortalecer el sector estatal como base fundamental de desarrollo del país.
En el escenario diseñado no debe esperarse que sea en el pequeño sector privado existente -y en el que previsiblemente se desarrollará- donde se logren esos resultados, tomando en cuenta su dimensión, intensidad de capital y papel en la economía socialista.
Por otro lado, esto no significa que no se estimule mediante otras formas de gestión financiera el flujo que hoy ingresa al país como capital para el sector del trabajo por cuenta propia, formando parte de las remesas, que se estima pueden alcanzar entre dos mil y 2 500 millones de dólares por año, y de ellas se ha calculado que unos mil millones pudieran estar constituyendo capital de trabajo o inversiones para ese sector.
En todo caso, se trataría de otro esquema de trabajo que no se enmarca en las regulaciones de la inversión extranjera concebidas actualmente. (Continuará)
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM, La Habana)- See more at: http://www.cubacontemporanea.com/noticias/capital-extranjero-y-socialismo-en-la-cuba-actual-i#sthash.1eaeDWHg.dpuf
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