La decisión de hacer de la planificación la columna vertebral de la economía cubana volvió a asomar en una reciente reunión del Consejo de Ministros. La sesión gubernamental realizada en mayo analizó, tempranamente, datos para el plan del próximo año y aprobó las bases para un programa socio económico de largo plazo, inédito y más ambicioso que experiencias anteriores. El gobierno puso así sobre su mesa, más que la defensa de un principio político capital, la necesidad de solucionar una debilidad histórica del socialismo en Cuba.
Al presentar las directivas para elaborar el plan del 2015, el ministro de Economía, Adel Yzquierdo, aclaró que eran cifras preliminares, que tenían como propósito un crecimiento mayor de la economía.
En otro tope cercano, el vicepresidente del Consejo de Ministros y líder del proceso de cambios denominado Actualización del modelo económico, Marino Murillo, comentó la intención de ampliar las inversiones extranjeras –hasta 2.000 o 2.500 millones de dólares- para llevar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a un rango anual entre 5 y 7 por ciento.
En esa oportunidad, Murillo reconoció que la tasa de crecimiento en los últimos tres años no ha rebasado el 3,2 por ciento. La previsión de 2014 es de 2,2 por ciento, muy por debajo del mínimo que el consenso de los economistas estima necesario para sostener el desarrollo de la nación: entre 6 y 7 por ciento.
Las declaraciones las hizo Murillo a principios de mayo, en una reunión del directorio del Banco Internacional de Inversiones (BII). Sus representantes aprobaron en La Habana un programa para modernizar esa entidad, creada en 1970 bajo la sombrilla del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), bloque capitaneado por la ex Unión Soviética. Ese banco siguió funcionando a media máquina tras el colapso del CAME en 1991 y es el único organismo financiero multilateral al que Cuba puede solicitar créditos. Sus miembros actuales son Rusia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Mongolia, Vietnam, República Checa y Cuba.
El tema de las fuentes de financiamiento emergió un par de semanas después en la reunión de los ministros cubanos.
El gobierno de la mayor de las Antillas analizó entre las prioridades del plan del próximo año la producción de alimentos, la generación de electricidad, las inversiones, la circulación mercantil y las tendencias del empleo.
Pero la novedad de la sesión fue la aprobación de las bases para diseñar un Programa de Desarrollo Socio Económico que abarcaría del año 2016 al 2030. Volvería a pulsar Cuba, pero con plazos más vastos, la experiencia de los planes quinquenales –promovidos sin mucho éxito por el CAME-, abandonados cuando se desató en 1990 la crisis económica identificada como Período Especial.
La pasada reunión del Consejo de Ministros aprobó las bases para confeccionar un programa de desarrollo que abarcaría 15 años.
La pasada reunión del Consejo de Ministros aprobó las bases para confeccionar un programa de desarrollo que abarcaría 15 años.
Entre sus características, este nuevo plan trazaría “un escenario futuro que exprese, a través de indicadores de largo plazo, concretos y medibles, los objetivos, líneas estratégicas, fuentes de financiamiento, metas y brechas a superar”, informó Murillo al Presidente Raúl Castro y a los ministros e invitados de la reunión.
Además de apuntar a un crecimiento más sólido del PIB, “que asegure el desarrollo con bienestar, equidad y justicia social”, este programa para 15 años defendería fundamentos sin cambios en el modelo de socialismo cubano; en primer lugar, la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción.
De acuerdo con la nota publicada en el diario Granma, también buscaría eficiencia en todos los sectores, con despliegue de la ciencia, la tecnología y la innovación; transformar la matriz energética con mayor participación de las fuentes renovables; recuperar y modernizar la infraestructura del país; y asegurar la sostenibilidad demográfica.
Con estos pasos, el gobierno se propone cumplir el primer objetivo del documento rector de las transformaciones, aprobado en el 2011. El Lineamiento número uno de la política económica ratifica al sistema de planificación como “vía principal para la dirección de la economía nacional”, un principio respetado históricamente más por manuales y declaraciones oficiales que por la práctica gubernamental y empresarial. De hecho, ese mismo Lineamiento reconoce la necesidad de transformar los métodos de hacer y controlar los planes, además de tener en cuenta al mercado (2014).
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