La seguridad alimentaria en la Cuba actual (I)

Por Jose Luis Rodriguez

Uno de los temas centrales de la actual política económica y social contenida en los Lineamientos aprobados en abril de 2011 es el de la seguridad alimentaria. En general, este concepto toma en consideración la capacidad nacional para generar los recursos indispensables que aseguren los niveles de alimentación que garanticen la salud y el desarrollo de la población, partiendo de incrementar la producción y reducir las importaciones.

Para alcanzar estos objetivos es necesario –además– crear los mecanismos de distribución que aseguren el acceso equitativo a los alimentos por parte de todos los miembros de la sociedad.

A la par de su importancia, el tema tiene una alta complejidad, y las acciones realizadas durante los más de 50 años transcurridos desde 1959 no han logrado su solución definitiva. Sin embargo, no estamos partiendo de cero.

La situación actual dista mucho de parecerse a la que enfrentábamos en los ´50, cuando se consumían por la población 2 550 kilocalorías y 57,6 gramos de proteína, de las cuales el 47% de las primeras y el 53% de las segundas eran importadas. Sin embargo, estas cifras promedio encubrían una significativa desnutrición de la población rural, ya que –según datos de una encuesta de la Agrupación Católica Universitaria de 1957– el peso corporal de los trabajadores agrícolas resultaba 16 libras inferior al promedio nacional; solo el 4% consumía carne habitualmente y pescado menos del 1%; leche el 11,22% y pan el 3,36%, entre los alimentos más importantes.

Durante los primeros 30 años de la Revolución se dieron significativos pasos para incrementar la producción agropecuaria a partir de la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, y una estrategia que centró su atención en las grandes explotaciones bajo propiedad estatal, tomando en cuenta el acelerado decrecimiento de la población rural, y valorando las ventajas de estas granjas para la introducción efectiva de los adelantos de la ciencia y la técnica y el rápido incremento de la productividad del trabajo.

Sin embargo, la aplicación de esta política, por una parte no permitió aprovechar adecuadamente el potencial productivo del campesinado, ni del sector cooperativo, que si bien eran minoritarios en la posesión de la tierra, no lo eran en cuanto a volúmenes de producción y rendimiento de una serie de cultivos. Por otra, aun cuando el esfuerzo inversionista fue relevante, cubriendo entre 1960 y 1992 el 24,1% del total capitalizado por el país, el incremento de la producción y los rendimientos agropecuarios no estuvieron en consonancia con los recursos aplicados.

Este esfuerzo permitió contar con una dotación de recursos significativa a finales de los ´80, ya que –en relación a los promedios mundiales– Cuba contaba por cada 100 hectáreas con 1,1 tractores (2,2 veces más que el promedio); regaba 12,9 hectáreas (2,6 veces más); y utilizaba 95,4 kilogramos de fertilizantes (3,3 veces por encima de la media mundial).

Sin embargo, el valor agregado del sector agropecuario entre 1960 y 1989 crecería a un ritmo anual promedio del 2,6%, cifra inferior al crecimiento global del PIB, que fue de 4,4%.

En términos de rendimiento medido en toneladas de producción por hectárea, Cuba solo alcanzaba en cultivos vinculados a la exportación el 97,6% de la media mundial en caña de azúcar, el 65,7% en cítricos y el 55,1% en café, en tanto solo mostraba rendimientos superiores en la producción de papa, con un 11,7% por encima del promedio.

Aun tomando en cuenta estos discretos resultados productivos, el país garantizó niveles aceptables de seguridad alimentaria, ya que el consumo de alimentos en 1989 alcanzó 2 845 kilocalorías diarias y 76,5 gramos de proteína, lo que representaba un incremento del 11,6% en las primeras y del 32,8% en la segunda en relación con 1950. Pero este incremento no se logró totalmente mediante la producción nacional, pues el componente importado de las calorías se incrementó del 47 al 54%, y el de la proteína pasó del 53 al 61%.

Por otra parte, las posibilidades de acceso a los alimentos se aseguraron mediante el consumo racionado y social de los productos a precios subsidiados por el Estado. Estas vías de acceso se estima cubrieron el 77,3% de la ingesta calórica de la población en 1989, lo que se logró con un acceso muy igualitario a los ingresos monetarios, que se reflejaba en un coeficiente GINI de 0,22 en esa fecha frente a 0,55 en 1953.

Al iniciarse el Período especial, la propia crisis obligaría a transformaciones sustanciales en el régimen de la propiedad y a repensar la gestión agropecuaria. Para la fecha, el Estado cubría el 82% de la tierra, las cooperativas de producción el 8%, el sector privado asociado a cooperativas de créditos y servicios el 7%, y los campesinos dispersos el 3%. (Continuará).

*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)

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