A más de 38 000 ascienden los núcleos familiares beneficiados con el Acuerdo 7384 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de mayo de 2013, una cifra que evidencia la voluntad política del Estado cubano de aliviar la situación difícil de muchas familias Unos toques desesperados en la puerta del vecino en medio de la madrugada se volvieron señal casi cotidiana de una emergencia médica en el caserío situado en las calles Luz Caballero, entre 16 y 17 Sur, en la ciudad de Guantánamo. Maryoris Maure Basero, una madre de 32 años, procura el primer auxilio para asistir a su más pequeño retoño, Yonatan David Ramírez Maure, aquejado de una dolencia congénita.
Mientras Maryoris franquea la puerta ajena donde se resguardan las medicinas del niño de tres años, la solidaridad del vecindario le acompaña en cada segundo de infortunio. Unos le ayudan a empacar, otro llama a Emergencia Médica, y los de al lado no ponen reparos en el cuidado de Ana Talía Ramírez Maure, melliza con Yonatan; José Ángel y Ángel Luis Arroyo Maure, también pareja de mellizos, de ocho años de edad, y Carlos Enrique Arroyo Maure, de diez años, el mayor de la prole de esta madre que reside en la ciudad del Guaso.
«Durante muchos años fue así, como les cuento; mis vecinos siempre estuvieron y están dispuestos a ayudar. A cualquier hora los molestaba por las medicinas, la leche y los alimentos que estaban guardados en sus casas y, por supuesto, en cada uno de esos episodios reiterados de crisis que enfrenta Yonatan, a causa de un nerocroblastoma con metástasis de hígado y médula ósea, según el diagnóstico médico», relata Maryoris.
Yonatan tiene un seguimiento especializado cada seis meses en una institución médica santiaguera, y los galenos de aquí y los de la tierra indómita no le pierden ni pie ni pisada, asevera la madre en su diálogo con JR en la casa que le asignó el Estado hace poco tiempo, «mucho más amplia y confortable que el cuarto donde vivía hacinada con mis hijos», recuerda.
Su situación, como la de otros en esta provincia, no es estadística fría, y por ello los nombres de Maryoris y el de Yonatan se registran entre los 1 193 núcleos del territorio beneficiados por el Acuerdo 7384 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) de fecha 28 de mayo de 2013, que «regula los procedimientos para la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas, conforme a la política aprobada».
A la multípara mujer le fue asignado un refrigerador, cuyo pago asumió totalmente la Asistencia Social de la provincia, en correspondencia con lo normado en la referida decisión del Gobierno. En otros casos hubo asignaciones sufragadas por el mismo beneficiario en atención a su situación laboral actual y la entrada monetaria, explicó Martha Marcillí, encargada de esta tarea en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Y es que dicho acuerdo del CECM hace valer el artículo 48 de nuestra Constitución, que refrenda la Asistencia Social como un derecho y además la Ley 105 De Seguridad Social (2008), que establece en su Título III, que esta protege a los ancianos sin recursos ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran.
Para conocer sobre la implementación del Acuerdo 7384 a casi dos años de su puesta en vigor, este diario recorrió varias provincias y organismos con la responsabilidad de hacer cumplir esa política, que ya ha beneficiado a más de 38 000 núcleos familiares, cifra que evidencia la voluntad política del Estado cubano de ofrecer una ayuda para aliviar la situación difícil de muchas familias.
Pistas de una ayuda
Yusimí Campos Suárez, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dijo a este diario que la medida aprobada responde a la política económica y social cubana que hace valer su propósito de no dejar desamparados a los más necesitados.
«El país hace varios años viene trabajando en esta política, lo que se constata en diferentes programas de la Revolución ya desarrollados. A partir del Acuerdo 7384, de una manera organizada y planificada se regularon mejor los procedimientos para la entrega de esos recursos, y nos permite, además, conocer cuáles son las necesidades reales y cuáles priorizar, entre todas las que presentan numerosas familias».
—¿Qué se tiene en cuenta para esa entrega?
—La entrega de recursos a familias con situaciones críticas se ajusta a las posibilidades reales de la economía y se incluye en el plan y presupuesto de cada año. Debe estar en correspondencia con la solvencia de padres e hijos o la de los familiares obligados en condiciones de prestar ayuda.
«El otorgamiento tiene carácter excepcional, fundamentado en situaciones graves de salud, discapacidad o carencia de ingresos ante la imposibilidad de trabajar».
—¿Cómo se realiza la valoración de la entrega y su comercialización?
—La evaluación de las entregas se realiza de manera colegiada. Se crean grupos de trabajo municipales o provinciales, según el caso, coordinados por el Director de Trabajo e integrados por los representantes de las direcciones de Salud Pública y Comercio Interior. La propuesta para su aprobación se presenta al Consejo de la Administración del Poder Popular correspondiente, que la aprueba o no.
«Existen dos niveles de aprobación para el otorgamiento de los recursos: el Consejo de la Administración Municipal (CAM) para artículos como hule, tela antiséptica, ropa, calzado, sábanas, toallas, muebles, colchones y enseres de cocina, y el Provincial (CAP) para efectos electrodomésticos imprescindibles, avalados por la Resolución 217 del Ministerio de Salud Pública, a solicitud del CAM. (Ver recuadro adjunto)
«Los recursos se comercializan en pesos cubanos (CUP), a precios sin subsidio a partir de su inclusión en el financiamiento del plan anual de la economía. En algunos casos se emplean mercancías procedentes del abandono, decomisos y descartes del turismo y se venden en unidades minoristas del Comercio, con excepción del municipio especial Isla de la Juventud, que cuenta con una empresa de comercio».
—¿Y cómo pagan los beneficiados los recursos?
—Entre las variantes de formas de pago tenemos los cheques, entre empresas, con cargo al presupuesto de la Asistencia Social, teniendo en cuenta la situación del núcleo familiar; y el pago en efectivo, de manera parcial o total, según las posibilidades del beneficiario. Dicho pago se realiza siempre en pesos cubanos (CUP), y si se trata de un equipo electrodoméstico que se expende en las tiendas recaudadoras de divisas, el pago se ajusta a la tasa de cambio uno por uno.
«Cuando se demuestre la insuficiencia de ingresos del núcleo familiar para comprar los recursos, se otorga una prestación monetaria en efectivo, equivalente al valor parcial o total de su precio en venta».
Campos Suárez aseveró que el núcleo familiar comprende a las personas que residen en un mismo domicilio, existiendo entre ellas, además de la relación familiar, de afinidad o de convivencia, la participación común en la economía de dicho núcleo.
Añadió que en 2014 se ejecutaron alrededor de 46 millones de pesos para esta actividad, y que las familias beneficiadas por los CAM ascienden a 37 426, mientras que por los CAP —en relación con los equipos electrodomésticos, que solo se entregan por concepto de enfermedad—, disfrutan de esta ayuda 757 núcleos.
Agradecimiento de los más humildes
La cienfueguera Fara Esther Bernal Curbelo es otra de las beneficiadas con esta política. Posee una situación muy difícil en su hogar, donde vive con su hija, quien tiene dificultades docentes y estuvo ya en la escuela de atención a menores con trastornos de conducta.
Nos cuenta que Daniela de la Caridad cursa por segunda vez el sexto grado y fue la más favorecida con un módulo facilitado hace apenas unas semanas. «La entrega incluyó no solo una cama con sus sábanas y fundas, sino también toallas, ropa interior, chancletas, zapatos y hasta una pesquera. Nos pusieron un carro y trajeron las cosas hasta aquí.
«Estamos pasando muchas necesidades y no tenemos ayuda económica ni siquiera del padre de la niña. El único equipo electrodoméstico que poseemos es una hornilla eléctrica», nos dice con la voz entrecortada.
Sin embargo, Fara Esther, con condiciones físicas y edad para trabajar, alega que no puede hacerlo. «La casa no posee condiciones de seguridad y así no puedo salir porque temo que las cosas que me dieron me las roben y crean después que las vendí».
Nos contó que en otras instituciones le aseguraron que le entregarían algunos materiales y recursos para mejorar las condiciones de su domicilio, pero hasta ahora esto ha quedado en promesas.
A pocas casas, su vecina Odalys Pérez Alpízar lava y tiende en el patio parte de las pertenencias que le entregó el Gobierno: una docena de sábanas, toallas y fundas. A estas se suman tres colchones personales y uno camero, y una cama que está por llegar.
«Estoy muy satisfecha; nunca me imaginé que recibiríamos estos recursos. Ahora mis ocho hijos (la mayoría con retraso mental) tienen donde dormir, porque como se dice cuando las puertas se cerraban había hasta quien dormía en el piso. Estamos más cómodos, aunque no tenemos todavía dónde acomodarnos los diez».
Odalys comenta que la trabajadora social le aseguró que somos el caso más crítico que tiene y me ha dicho: «Vamos a ver qué podemos hacer por ti».
Fredesvinda Santos Pérez, residente también en la Perla del Sur, ya no tiene la vitalidad de antes y aun así cuida de sus hijos adultos, que al unísono hacen lo mismo por ella. Recientemente recibió dos colchones: uno camero y otro personal para Rolando, quien padece trastornos mentales desde los 16 años.
«También nos dieron seis sábanas, de estas tres gruesas que sirven para taparse en tiempo de frío, tres fundas de almohada e igual número de toallas. Me puse muy contenta cuando nos trajeron las cosas hasta aquí. Para serle sincera, desde hace tiempo ahorrábamos unos pesitos en un pomo de cristal para mandar a arreglar los colchones, que es bastante caro».
La anciana, que casi no se sostiene en pie, no pudo dejar de hablar de la trabajadora social que atendió su caso y lo presentó al MTSS. «Es una muchacha joven, muy buena y cariñosa y le agradecemos por el buen trato que tuvo. Se veía que quería auxiliarnos sin ningún tipo de interés porque, ¿qué le vamos a dar nosotros?
«Todavía pasa por aquí y nos pregunta cómo estamos. A pesar de las necesidades, somos personas agradecidas y estamos muy contentos con esos artículos que nos dieron gratuitamente», comentó.
En el occidente del país las familias no han quedado ajenas a esta ayuda. Francisco Luis Peña Blanco y Luis Rojas Robaina, ambos de la comunidad El Guayabo, ubicada en el consejo popular La Guabina, recibieron el pasado 24 de diciembre un grupo de recursos que mejoran su calidad de vida.
Peña Blanco, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el lugar, asegura que un gesto como ese solo se da en nuestro país. Igual de agradecido se muestra Rojas Robaina, quien vive con su esposa, que padece de trastornos psiquiátricos. «Me trajeron las cosas hasta la casa y fue como un regalo de fin de año», dijo.
Apenas un mes antes había sido beneficiado Ventura González Blanco, anciano de 85 años que vive solo y no tiene familiares: «Estoy muy satisfecho, si por mí fuera estaría haciendo algo, pero las piernas no me dan para eso».
Kenia Ulloa Otaño, delegada de la circunscripción, afirmó que en la localidad, intrincada y perteneciente al Plan Turquino, tienen identificados 22 casos críticos, a partir del envejecimiento poblacional y las características de la zona. De esos, 16 ya tuvieron algún tipo de respuesta.
Otros como Ana Karelia Domínguez continúan esperando los colchones que se les dijo iban a solicitar para su núcleo. «Estoy tranquila; en algún momento deben llegar. Yo sé que hubo casos más urgentes que el mío, así que esperaré a que me toque».
En la Resolución 217 del Ministerio de Salud Pública (Minsap) se exponen las enfermedades que requieren recursos específicos para mantener en el domicilio la vitalidad del paciente y que son tomados en cuenta a partir de la presente normativa si la autoridad competente los declara, además, como casos con condiciones sociales críticas.
La epidermólisis bulosa le acarrea al paciente dificultades para mantener su temperatura corporal y la dictoplasia ectodérmica impide que este indicador pueda ser regulado, razones por las que se requiere una temperatura fresca, de 22 grados centígrados, en el ambiente donde vive el paciente.
Quienes padecen de fibrosis quística, una insuficiencia pancreática que origina trastornos nutricionales severos y retardo en el crecimiento, y aquellos que necesitan dietas especiales por presentar errores innatos del metabolismo, de severa expresión por su complejidad, deben tener condiciones idóneas para el mantenimiento de sus alimentos y medicamentos.
Es vital la tenencia de condiciones para la elaboración de dietas líquidas y blandas para quienes padecen de enfermedades oncológicas de cabello y cuello, boca y vías digestivas, con dificultades en la masticación y deglución; edentes totales con severas atrofias óseas e invalidados para usar aparatos protésicos estomatológicos; con labio y paladar hendido antes de ser intervenidos quirúrgicamente y en fase de rehabilitación, así como quienes padecen de anquilosis temporo-mandibular y que la patología no permite una cirugía.
La Resolución recoge además como esencial la tenencia de condiciones adecuadas relativas al reposo físico de larga estadía en pacientes oncológicos menores de 19 años. Estas personas y aquellas comprendidas en este rango de edad que sean insulinodependientes pueden ser considerados para cualquiera de los acápites antes descritos de la normativa, de acuerdo con el grado de afectación que las enfermedades les provocan en su estado de salud.
Amparadas en esta Resolución y en cumplimiento de lo establecido, a estas personas se les puede hacer entrega de manera excepcional, mediante pago total o parcial por parte de la Asistencia Social, de equipos electrodomésticos que garanticen las condiciones antes descritas.
La Resolución 217 surgió al amparo de la 442 del Minsap, la cual establece el procedimiento para la evaluación de la entrega de recursos requeridos por familias con situaciones sociales críticas. Dicha normativa especifica además, que la reevaluación de los casos debe hacerse cada año, para comprobar si se mantienen o se han modificado las causas que originaron el otorgamiento de los recursos.
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