Progreso Semanal • 8 de junio, 2015
El esperado aceleramiento de la política de telecomunicaciones en Cuba –y por ende su aplicación en pos de una sociedad más “conectada”, en todos los sentidos– podría estar a punto de ocurrir, según un documento filtrado hoy, llamado “Estrategia Nacional para el desarrollo de la Banda Ancha”, y que estaría a cargo del Consejo de Informatización y Ciberseguridad, del que hasta ahora solo se conoce su Secretario Ejecutivo, Senén Casas Más.
Esta “estrategia” posee un grupo de metas (basadas en propuestas de la Unión Internacional de Comunicaciones, UIT, a los países del mundo), objetivos específicos, lineamientos para el modelo tecnológico y su implementación, así como recomendaciones y propuestas de acciones a corto, mediano y largo plazo que regirán esta política en el país.
El documento deberá aprobarse, según dice –con cambios o no–, para este 22 de Junio de 2015 próximo y propone como fecha de inicio del cronograma de implementación el mes de octubre de este mismo año. Esta filtración es el resumen del “documento original de 83 páginas que detalla con mayor precisión los aspectos que se abordan”.
Salta a la vista que, luego de enumerar lineamientos y objetivos partidistas a los que da cumplimiento, el documento abre confirmando, al fin, que “el Ministerio de Comunicaciones elabora un conjunto de normativas jurídicas relacionadas con la banda ancha en particular la Ley de Telecomunicaciones/TIC y el Decreto Ley de Informática/TIC y sus normativas complementarias.”
A ello se le suma un desglose breve del estado de la banda ancha en Cuba, lo que sitúa en muy malas condiciones la realidad nacional en ese ámbito.
Por ejemplo, entre “las principales barreras conceptuales, económicas, tecnológicas, regulatorias y organizacionales, que frenan el desarrollo de estos servicios en el país”, según el documento, se encuentra la inexistencia de “una conciencia sobre el beneficio que introduce el empleo de la Banda Ancha en la elevación de la eficiencia y eficacia de los procesos de la sociedad, en particular su impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Este punto, si bien bastante fácil de constatar empíricamente, es la causa de que gran parte de la economía nacional –y la política, y la educación, y la sociedad en su visión institucional– se encuentre prácticamente desconectada de los flujos de información y producción mundiales, además de que se frenen muchas iniciativas de jóvenes que pretenden actualizar las prácticas de las TICs en sus centros laborales.
Es de notar que el primer objetivo de esta estrategia se centre en “alcanzar para el 2018 el 100% de conectividad de banda ancha en las entidades” partidistas, estatales y de gobierno en todos los niveles, “para asegurar en interés del gobierno electrónico (e-Gobierno) el segmento gobierno-gobierno (G2G)”. Asimismo, se incluye a las entidades bancarias y empresas de correos postales. Esto aseguraría, en primera instancia, o al menos idealmente, que los estilos de dirección actuales deban atemperarse a la realidad de un “internet a la mano”.
Un punto importante resulta el objetivo de alcanzar “para el 2020 el 90% de la conectividad de banda ancha en los Órganos Superiores de Dirección Empresarial, las empresas estatales y no estatales, industrias y otros centros de producción y servicios, en interés de elevar la eficiencia y eficacia de los procesos productivos así como la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.”
Sumado a esto está que, también para ese año, deba lograrse “el 80% de la conectividad de banda ancha en las entidades y establecimientos comercialesdel sector estatal y no estatal, en interés de viabilizar los trámites, las transacciones bancarias y fortalecer el comercio electrónico.”
Con estos dos puntos, al menos en política, el país hace patente su voluntad de que los espacios no estatales de la economía nacional se inserten a internet y, sobre todo, logren una participación activa, tanto en productos y servicios como en aportes.
En cuanto a las posibilidades de acceso público a la “banda ancha”, el documento propone que para 2020, “no menos del 50% de los hogares (1 942 950) disponga de acceso de Banda Ancha a Internet”, lo que supondría, además de las “costosas inversiones” a la que debe someterse la red cubana, una reducción de los precios que, hasta hoy, han sido prohibitivos para la abrumadora mayoría de la población nacional que, en añadidura, deberá acceder a terminales de conexión (computadoras, laptops, etc.) con precios razonables.
Para ello, la estrategia pretende que “el acceso a la red de banda ancha con velocidad igual a 256 kbit/s no cuesten más de 5% del salario medio mensual de la población cubana”, situado en 584 pesos (CUP), al cierre de 2014 según recientes cifras oficiales, unos 23.36 dólares mensuales.
Resulta interesante en la estrategia que uno de los objetivos de carácter organizativo se sitúe en “diversificar las entidades que brindan servicios de internet al público con modelos de relación con el operador de telecomunicaciones, que incentiven la prestación de servicios con prioridad en el sector social”, lo que pudiera implicar que no solo ETECSA detente el monopolio que hasta ahora impone a los usuarios. O no.
Un interés bien declarado resulta la rebaja del régimen tarifario, para “hacer más asequible los servicios de banda ancha a la población”, cosa que será fundamental en pos de hacer asequible la tecnología y la información.
Un cambio, que ya adelantaba I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad realizado a principios de año, es que se evalúa “la factibilidad de producir gradualmente en Cuba, terminales con precios asequibles que soporten los servicios de Banda Ancha”, lo que supondría el desarrollo de esta industria en el país, y que podría aprovechar, quizás, la gran masa de graduados de carreras afines a las TIC que el país hoy subemplea o que emigra hacia el exterior en busca de mejor remuneración.
La estrategia prueba que parte de ella ya está en marcha, pues propone un “servicio de acceso a Internet sobre tecnología 3G para usuarios nacionales así como el despliegue de redes WiFi priorizando La Habana y las capitales provinciales en áreas de alta densidad de usuarios”, si se atiende a las recientes zonas wifi instaladas en varios puntos de la Isla.
Por lo pronto, el documento filtrado propone en el corto plazo (2015-2016) continuar el despliegue del acceso a internet vía WiFi en la capital cubana y las capitales provinciales; “el despliegue de redes de fibra óptica de última milla (comunidad, edificio, hogar)”; el aseguramiento de las tecnologías importadas con capacidades actualizadas y facilidades para futuras migraciones; así como la creación de “una entidad certificadora de seguridad de las tecnologías y aplicaciones informáticas o asignar este encargo estatal a una entidad afín”.
Quizá, para 2020 –y no se vislumbran aun los precios– la penetración de la banda ancha podría suponer una sociedad más democrática en información, acceso a las tecnologías, mejores comunicaciones, servicios y gobernabilidad en línea actualizados y mejores y más desarrolladas relaciones comerciales, tanto internas como externas, de las formas económicas existentes en el país hoy.
Pero, para lograr estos propósitos, aun está por ver la influencia de la participación ciudadana en la construcción de esta “conexión” de Cuba al mundo, del mundo a Cuba, y de Cuba hacia sí misma, pues, aunque el documento no lo expresa, ya existen en el país muchas iniciativas privadas y comunitarias de interconexión de usuarios y de intercambio de información y tecnología que, hasta hoy, permanecen en la más pura alegalidad y no se cuenta con ellos para que contribuyan al proceso regentado por el Ministerio de las Comunicaciones.
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