Foto: La Nación
La crisis de los emigrantes cubanos varados en Centroamérica tiene dos dimensiones políticas: una permanente (si se toma como tal la institucionalización de una relación hostil entre Cuba y EE. UU. por más de 50 años), y otra temporal (la actual crisis en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua). La responsabilidad del gobierno norteamericano en esta crisis tiene las mismas dimensiones.
La permanente es que a pesar del llamado del presidente Obama al Congreso para terminar una política ilegal, inmoral y contraproducente; EE. UU. sigue aplicando contra Cuba una política de embargo/bloqueo que agrava las consecuencias del ineficiente modelo económico y político cubano. La temporal se refiere a la renuencia del ejecutivo estadounidense a participar, de modo proactivo y directo, en la búsqueda de una solución a la tragedia que tiene lugar en territorio centroamericano.
Como remedio a las consecuencias de la institucionalización de la hostilidad en la política de embargo/bloqueo contra Cuba, existe la Ley de Ajuste Cubano desde 1966. Esa ley ha normalizado el status migratorio para muchos cubanos que, según la narrativa oficial estadounidense, escapan de intolerables violaciones de sus derechos humanos, ameritando un tratamiento especial en el conjunto de emigrantes a nivel global.
Un componente agregado a esa hostilidad ha sido el programa especial para la emigración de personal de salud. El mismo fue creado por la administración Bush para supuestamente ayudar a la liberación de médicos y enfermeras, que trabajan en terceros países en condiciones de “esclavitud” o “semi-esclavitud”.
Para cualquier observador imparcial, esas premisas son manipuladas exageraciones sesgadas aun en los casos en que se puedan encontrar desviaciones de los estándares internacionales de derechos humanos y prácticas de contratación. EE. UU., sin embargo, ha convertido esas exageraciones en el centro de su diagnóstico sobre Cuba antes y después del 17 de Diciembre de 2014. Desde esa fecha, la política hacia Cuba del presidente Obama ha avanzado mucho en el desmontaje de la imagen de la Isla como amenaza a la seguridad de EE. UU. (sacó a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo). Pero el discurso oficial estadounidense sobre la situación política interna cubana sigue ajustado a los patrones de la propaganda política de la Guerra Fría.
Por ejemplo, es irracional pero se mantiene la descripción de Cuba como una sociedad cerrada. ¿Un país cerrado que recibe millones de turistas, se abre a la inversión extranjera y desde la reforma migratoria de 2013, permite a la mayoría de sus ciudadanos viajar y regresar sin permiso de salida alguno? Es necesaria una revisión de tal distorsión, reforzando la idea de una nación en transformación ante la cual se impone una política de intercambio, diálogo, comercio y amplia interacción sin trabas ancladas en el deseo de un cambio de régimen por desesperación e imposición desde el exterior.
Además de esos factores estructurales, la administración Obama tiene su cuota de responsabilidad en esta crisis en Centroamérica. No la gestó, pero si ha actuado con negligencia y demora en ejercer su autoridad sobre varias instituciones que responden a la política exterior estadounidense.
Es evidente que desde hace unos meses hay una campaña en los medios de Miami, la mayoría privados o financiados a través de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED), pero también en Radio y TV Martí (financiados por el gobierno federal) en la cual se alienta una estampida de migrantes como la que estamos viendo dada la preocupación por un fin súbito de la Ley de Ajuste Cubano.
La falsedad es alimentar la percepción de una puerta que se cierra de golpe para la emigración cubana en EE. UU.; aunque ese no sea el caso. La eliminación de ese estatuto no es hoy la prioridad ni de la administración Obama ni de ninguno de los liderazgos en el Congreso, incluyendo el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, que ya ha dicho que nada referente a la emigración va a ser propuesto en tanto Obama permanezca en la Casa Blanca.
Pero lejos de dedicarse a proveer información fidedigna para contrarrestar el monopolio del gobierno cubano sobre los medios de comunicación como proclama su mandato, Radio y TV Martí funcionan como instrumentos de propaganda, y desinformación, en línea con la preferencia de la maquinaria política del exilio cubano de derecha por todo lo contencioso y desestabilizador hacia la Isla.
Por razones de política interna, la administración Obama ha tolerado la continuación en Radio/TV Martí de la misma línea política que procura desestabilizar el orden político cubano por todos los medios a su alcance. Aunque esa línea está en contradicción hoy con la postura de la Casa Blanca de promover “una emigración legal, segura y ordenada”, sigue usando una radio y televisión a disposición de la rama ejecutiva. De esa forma, se sabotea la nueva política hacia Cuba, e incluso se promueven candidatos republicanos como Marco Rubio y Jeb Bush al interior de los EE. UU. La esperanza poco ocultada es que la contradicción planteada se resuelva poniendo no a Radio Martí en línea con la Casa Blanca, sino promover un cambio en la Casa Blanca que retorne a la política que Bush desarrolló y que el presidente Obama, ya desde el 17 de Diciembre, abandonó con claridad.
El gobierno cubano por décadas ha denunciado tanto la Ley como el programa para médicos como ofensas a la soberanía cubana. En la práctica, sin embargo, la aplicación de la Ley ha servido como válvula de escape para descontentos cubanos, que han surgido no solo por la política de acoso estadounidense sino también por al manejo ineficiente y el deterioro en la legitimidad del modelo político y económico como forma de solución a las necesidades más precarias de la población cubana y satisfacción de sus expectativas de desarrollo.
En ningún conflicto que haya durado 50 años es posible dividir a los contendientes en ángeles y demonios. Si no hubiese Ley de Ajuste, el flujo de cubanos jóvenes emigrando hacia EE. UU. sería menor; pero no se detendría, pues sus razones no son solo de atracción en el destino, sino también de empuje en el origen. La diferencia es, quizás, que se crearía un segmento de emigración indocumentada o paralizada de viajar a Cuba por cinco años, una vez aceptada en EE. UU. según los requerimientos del status de refugiado político. Los gobiernos y actores políticos responsables deben preguntarse si ese escenario, sin cambiar nada más, es mejor que el actual para los intereses y valores ambos países. Mi opinión es que no.
La crisis de los emigrantes cubanos varados en Costa Rica no debe desperdiciarse como oportunidad para que las partes atiendan a las raíces del problema.
Cuba, como país, necesita reformas estructurales —más amplias que las efectuadas hasta ahora— en las que la meta del desarrollo económico y la ampliación de oportunidades para sus jóvenes prevalezcan sobre cualquier otro interés. La responsabilidad de Cuba con sus hijos varados en Costa Rica no se agota con el argumento de que salieron legalmente del país. Si incluso fueran irresponsables seducidos por la política estadounidense, son sus irresponsables, los de Cuba, no los de Costa Rica, ni de Nicaragua, ni de EE. UU. Es tiempo de superar de una vez la falsa separación nación-emigración. Los emigrados son parte de la nación, independientemente de sus coincidencias o disidencias con la visión oficial. La soberanía del país y el derecho a ser tratado y protegido como ciudadano pertenecen a todos sus integrantes.
Del lado estadounidense se impone el desmontaje total de una política inmoral y contraproducente, ajena a los intereses de Cuba, del propio EE. UU. y de toda la región. En el corto plazo, por lo menos, la administración Obama podría desmontar el programa que incentiva la deserción de médicos en misiones de salud global. Es difícil decir que Washington no puede hacer nada por los varados en Costa Rica, cuando el personal de salud favorecido por el programa promotor de deserciones es atendido directamente en las embajadas estadounidenses en terceros países.
También la Casa Blanca y el Departamento de Estado podrían imponer orden y racionalidad en los programas de la USAID, Radio y TV Martí desde donde —en este asunto de la migración y en otros— se exhibe con impunidad una segunda agenda de política exterior por cuenta propia, al margen —a veces en abierta contradicción— del nuevo rumbo de distensión y reconciliación trazado por el Presidente y el Secretario de Estado John Kerry.
Es hora de que el presidente Obama nombre en esa emisora y los programas de la USAID a algún director con la simple tarea de hacerle saber a sus empleados que la política de EE. UU. hacia Cuba cambió y que aquellos no dispuestos a enterarse, tienen todo el derecho a abogar por sus ideas, pero eso sí, sin el dinero ni la responsabilidad oficial asociada al gobierno.
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