El recién electo a puerta cerrada por la oposición como presidente de la Asamblea Nacional a partir de este 5 de enero, Henry Ramos Allup, sostuvo que representará una alternativa “para que las cosas se cumplan de la mejor menera”, aún cuando -públicamente- amenazó con cambiar en los tres primeros meses del año al Ejecutivo nacional.
A través de una rueda de prensa, el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -partido de la ultraderecha venezolana-, Jesús Torrealba, anunció este domingo que el diputado por el partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, sería el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del país.
Este obtuvo una mayoría de 62 votos a favor, contra su contrincante por el partido Primero Justicia (PJ) Julio Borgues con 49.
Ramos Allup ha señalado que el sistema nacional de medios públicos, incluyendo la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), no garantiza la información veraz y oportuna, por lo tanto lo reformará.
Tras conocerse el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ramos Allup indicó que entre las primeras decisiones a tomar por el nuevo Parlamento venezolano será la de cambiar el canal de televisión de la Asamblea Nacional (ANTV).
Igualmente anunció que llevará al seno del Parlamento la discusión de una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional con el objetivo de liberar al dirigente opositor Leopoldo López, detenido por incitar a la violencia y organizar actos de desestabilización.
Ramos Allup se ha caracterizado por denunciar supuestas irregularidades del actual Gobierno venezolano, aunque nunca ha presentado pruebas contundentes que refuercen su argumento.
Su lucha va más allá de derogar leyes, eliminar acuerdos, y convenios suscritos con otras naciones: su mayor interés y el de sus aliados es apresurar la salida del mandatario Nicolás Maduro y exterminar el chavismo en Venezuela.
Henry Ramos Allup es calificado como uno de los “dinosaurios” de la historia política de esta nación suramericana. Defensor incondicional de los intereses del partido Acción Democrática (AD) y ganador de cierta fama por su peculiar personalidad cuando de señalar o cuestionar se trata.
El nuevo Parlamento en cinco claves
Tras el triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la derecha venezolana se ha dedicado a plantear, como principal punto de su agenda, la salida del presidente Nicolás Maduro en el primer semestre de 2016.
A continuación, cinco puntos claves sobre el acto de apertura del Parlamento y de los posibles primeros escenarios tras esa instalación.
La instalación
La Constitución establece la fecha para realizar la instalación del Parlamento, es por eso que no es necesaria una convocatoria previa.
Según lo que establece el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, la instalación del nuevo Parlamento está a cargo del diputado de mayor edad. Posteriormente se designa un secretario o director de debate accidental.
El parlamentario con mayor edad es Héctor Agüero, de 75 años, quien fue reelecto por el estado Carabobo por el Psuv. La bancada opositora anunció que este domingo publicará a sus designados para ocupar los puestos de esa junta directiva.
El ambiente
La expectativa en la calle se mantiene para este 5-E, se espera que adeptos a ambas coaliciones políticas participen de manera masiva en dicha actividad legislativa.
La autoproclamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a “acompañar” a sus diputados electos desde el Metro de La Hoyada, en el centro de Caracas, capital de Venezuela.
Mientras que, organizaciones, colectivos sociales y movimientos políticos que conforman el proceso político del Gobierno nacional efectuarán una movilización nacional bajo el lema “Los de Chávez a la calle”. El punto de concentración será en Plaza Venezuela, Caracas.
La polémica conformación
El pasado 30 de diciembre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, aceptó los recursos interpuestos para impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, además del representante indígena de la región sur de dicho país.
Tres de los diputados impugnados pertenecen a a la MUD y uno al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se espera que la AN se instale con 109 diputados de la oposición y 54 del oficialismo.
Tras estas medidas del TSJ, a través de un comunicado la MUD, anunció que harán caso omiso a las impugnaciones del ente judicial.
El secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó que irán en contra de esa sentencia, agregando que tienen “un mecanismo”, sin precisar mayores detalles.
Las medidas aplicadas por el TSJ afectaría la mayoría calificada de 2/3 partes de la MUD. Según lo estipulado por la Constitución, la mayoría calificada se aplica respondiendo a dos criterios, el de las 3/5 partes (100 diputados) y el de las 2/3 partes (111 diputados), cada una con competencias específicas en lo que se refiere a la creación o supresión de Comisiones Permanentes, aprobación o modificación de Leyes orgánicas, elección o remoción de titulares de otros poderes, entre otras.
¿Los primeros debates?
La derecha venezolana pretende promover cuatro leyes el próximo 5 de enero.
Una ley para “otorgar títulos de propiedad” a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una “ley de producción nacional”, una ley que norme los tickets de alimentación y medicinas para los jubilados” y por último una “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, esta última la más polémica, Así lo informó el pasado 28 de diciembre el diputado de Primero Justicia Julio Borges. Dicha ley pretende la liberación de políticos presos por corrupción o actos desestabilizadores.
Para Borges, la “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, “logrará la apertura de un diálogo nacional (…) buscamos beneficiar a nuestros presos políticos, exiliados, personas que han sido inhabilitadas políticamente y procesadas y que no cuentan con ningún tipo de justicia. Esta ley beneficiará a decenas de personas que se encuentran en estas situaciones”.
Ante estas declaraciones, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, replicó diciendo “No puede haber impunidad frente a asesinos. No se puede tratar de aplicar lo que ellos hacían cuando eran poder, asesinaban al pueblo y el culpable era el pueblo asesinado (…) y no me pidan perdonar asesinos”, sostuvo.
Por su parte, el abogado y constitucionalista Hermann Escarrá, sostuvo en un foro realizado el pasado 17 de diciembre que “el artículo 7 de la Constitución es claro, es decir, no existe ningún organismo público que emita algún tipo de acto que no sea objeto de control constitucional, de tal manera que en el momento en que presenten la Ley de Amnistía, uno de los recursos es la incostitucionalidad ante el TSJ, que además tiene la potestad de suspender ese debate, pero a eso hay que agregar que el Presidente tiene el derecho de vetar”, precisó.
Un punto aparte: los medios de comunicación
Otro de los puntos polémicos es el tema de los medios de comunicación, mas allá de la aprobación de la entrada al hemiciclo para los periodistas anunciada por la oposición, el tema central está en el debate de la función de los medios públicos en la cobertura parlamentaria (caso de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) ) y en la cobertura nacional.
Integrantes de la bancada opositora han manifestado públicamente su necesidad de revisar las leyes que norman a los medios de comunicación, mientras que voces del Sistema Nacional de Medios Públicos han salido en defensa de lo que han considerado “ataques” a su labor por parte de la oposición.
(Con información de teleSUR)
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