Según especulan los periodistas Pete Williams y William M. Arkin, en un trabajo publicado ayer en la cadena de noticias estadounidense NBC News, varias fuentes no identificadas del gobierno norteamericano les comunicaron el inicio de un proceso de contactos entre los gobiernos de Cuba y EEUU con vistas a propiciar un intercambio de prisioneros o personas reclamadas por la justicia en cada una de las dos naciones, como parte del proceso de normalización de relaciones diplomáticas que ambas impulsan.
Aunque este proceso, según los periodistas y sus fuentes, se encuentra en fase exploratoria, el asunto se ha centrado principalmente en los casos de Ana Belén Montes –actualmente detenida en condiciones infrahumanas y de aislamiento en EEUU por espiar supuestamente para Cuba, purgando desde el 2002 una sentencia de 25 años de prisión– y la norteamericana Joanne Chesimard (Assata Shakur) –declarada culpable en 1977 de homicidio cometido el 2 de mayo de 1973 contra el patrullero estatal Werner Foerster, mientras supuestamente era requerida por su participación en varios delitos, entre ellos el robo a un banco–. Según fuentes judiciales de EEUU, Chesimard fue condenada a cadena perpetua, pero escapó de la cárcel en 1979 y en 1984 reapareció en Cuba, donde vive desde entonces.
Está claro que de darse este proceso, la parte cubana tiene una amplia lista de terroristas, delincuentes y secuestradores que actualmente gozan de total impunidad en Miami y otras ciudades norteamericanas y sobre los cuales pesan serias acusaciones sobre terrorismo y otras actividades violentas contra la nación cubana y su propio pueblo. Por su parte, los EEUU –aunque el Departamento de Estado declinó confirmar oficialmente la noticia– tienen interés en varias personas que supuestamente se encuentran refugiadas en Cuba luego de ser convictos o enjuiciados por la justicia estadounidense.
Por mi parte, considero que si EEUU quiere actuar con apego a la ley, debe comenzar por aceptar el carácter delincuencial y terrorista de centenares de individuos como Luis Posada Carriles, Santiago Álvarez Fernández–Magriñá, los hermanos Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón, Francisco José Hernández Calvo, Horacio Salvador García Cordero, Félix Rodríguez Mendigutía, Saúl Ramón Sánchez Rizo, Alfredo Domingo Otero, José Basulto, Roberto Martín Pérez, Carlos Alberto Montaner, Eduardo Arocena, Reynol Rodríguez, Aldo Rosado Tuero, Héctor Fabián, Ángel D´Fana, Virgilio Paz Romero, José Dionisio Suárez Esquivel, entre otros, cuyas fichas delincuenciales ya fueron presentadas al FBI por parte de Cuba en 1998 y en otros reclamos realizados.
La extradición a Cuba de estas personas sería una sólida demostración del gobierno norteamericano sobre su apego a la ley y sobre cuyas culpas los grandes medios como NBC News han optado por silenciar.
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Según especulan los periodistas Pete Williams y William M. Arkin, en un trabajo publicado ayer en la cadena de noticias estadounidense NBC News, varias fuentes no identificadas del gobierno norteamericano les comunicaron el inicio de un proceso de contactos entre los gobiernos de Cuba y EEUU con vistas a propiciar un intercambio de prisioneros o personas reclamadas por la justicia en cada una de las dos naciones, como parte del proceso de normalización de relaciones diplomáticas que ambas impulsan. Aunque este proceso, según los periodistas y sus fuentes, se encuentra en fase exploratoria, el asunto se ha centrado principalmente en los casos de Ana Belén Montes –actualmente detenida en condiciones infrahumanas y de aislamiento en EEUU por espiar supuestamente para Cuba, purgando desde el 2002 una sentencia de 25 años de prisión– y la norteamericana Joanne Chesimard (Assata Shakur) –declarada culpable en 1977 de homicidio cometido el 2 de mayo de 1973 contra el patrullero estatal Werner Foerster, mientras supuestamente era requerida por su participación en varios delitos, entre ellos el robo a un banco–. Según fuentes judiciales de EEUU, Chesimard fue condenada a cadena perpetua, pero escapó de la cárcel en 1979 y en 1984 reapareció en Cuba, donde vive desde entonces.
Está claro que de darse este proceso, la parte cubana tiene una amplia lista de terroristas, delincuentes y secuestradores que actualmente gozan de total impunidad en Miami y otras ciudades norteamericanas y sobre los cuales pesan serias acusaciones sobre terrorismo y otras actividades violentas contra la nación cubana y su propio pueblo. Por su parte, los EEUU –aunque el Departamento de Estado declinó confirmar oficialmente la noticia– tienen interés en varias personas que supuestamente se encuentran refugiadas en Cuba luego de ser convictos o enjuiciados por la justicia estadounidense.
Por mi parte, considero que si EEUU quiere actuar con apego a la ley, debe comenzar por aceptar el carácter delincuencial y terrorista de centenares de individuos como Luis Posada Carriles, Santiago Álvarez Fernández–Magriñá, los hermanos Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón, Francisco José Hernández Calvo, Horacio Salvador García Cordero, Félix Rodríguez Mendigutía, Saúl Ramón Sánchez Rizo, Alfredo Domingo Otero, José Basulto, Roberto Martín Pérez, Carlos Alberto Montaner, Eduardo Arocena, Reynol Rodríguez, Aldo Rosado Tuero, Héctor Fabián, Ángel D´Fana, Virgilio Paz Romero, José Dionisio Suárez Esquivel, entre otros, cuyas fichas delincuenciales ya fueron presentadas al FBI por parte de Cuba en 1998 y en otros reclamos realizados.
La extradición a Cuba de estas personas sería una sólida demostración del gobierno norteamericano sobre su apego a la ley y sobre cuyas culpas los grandes medios como NBC News han optado por silenciar.
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