Comunidades: cuando el poder ya no es tan popular

Daniel Valero • 8 de septiembre, 2016

CAMAGÜEY. Con sus 83 años cumplidos Miguel Ángel Rivero ha tenido tiempo de sobra para corroborarlo: la mayoría de las veces no vale la pena “cogerse lucha”.

En su memoria está el día exacto en que aprendió esa lección. Fue la tarde en que le informaron, junto a otros muchos, que el central Sierra de Cubitas no volvería a moler. Ciento diez años después de haber echado a andar sus máquinas bajo el nombre Lugareño, de haber sobrevivido a numerosos cambios políticos y tecnológicos, y haber fomentado toda su identidad en torno a la caña de azúcar y el ritmo acompasado de sus mazas, al ingenio le había llegado la hora de desaparecer.

Han pasado trece años desde aquello. Su historia de más de cuatro décadas como puntista (elaborador del grano de azúcar) no se diferenció demasiado de la de otros; solo, quizás, los distinguieron sus edades. Los setenta cumplidos a él le definieron camino sin muchas vacilaciones: el retiro y la orientación de todos sus esfuerzos al cultivo de una parcela vecina, de donde en este tiempo han salido buen parte de las viandas y las frutas que se comen en su casa.

La soledad de los de abajo

Miguel Ángel lo vivió en primera persona. Él fue uno de los que levantó la mano para pedir razones el día que los jefes del MINAZ (por aquella época, el Ministerio del Azúcar) llegaron con la noticia y los anticipos del futuro por venir. Al margen de muchas promesas y llamados al compromiso, no las encontró.

Al final, poco o nada sucedió. En los años siguientes el pueblo se fue sumiendo en una modorra de desidias que lo permeó todo. De las maquinarias y los equipos de riego que habrían de llegar nada se supo durante años, y las tierras se fueron cubriendo de malezas ante la ausencia de los cañaverales y la lenta pero indetenible migración de los antiguos obreros agrícolas.

Lo más doloroso —piensa Miguel Ángel— fue sentirse abandonados.

Odlanier Matos, quien por entonces se desempeñaba como delegado en una de las circunscripciones del Consejo Popular, coincide con él.

“La ‘Tarea’ ayudó a la gente por algún tiempo, pero en un pueblo azucarero el central resolvía otros muchos problemas que no tenían que ver con el salario. ¡Hasta las sillas de las casas se hacían en los talleres del ingenio! Todas esas facilidades desaparecieron de la noche a la mañana.

Lo otro fue ver cómo a algún ‘sesudo’ se le ocurría que esos campos podían mantenerse a base de bueyes, azadón y latas de agua —sin mecanización o energía—. No había que ser adivino para imaginarse lo que iba a suceder sin los aseguramientos priorizados que entregaba el MINAZ. Si los que decidían se hubieran tomado la molestia de venir por aquí, cualquiera pudiera habérselos dicho”.

Tras el cierre del central, en la comunidad florecieron problemas sociales como el alcoholismo y la violencia; también crecieron los indicadores relacionados con el hurto y sacrificio de ganado mayor, y el robo en las viviendas.

“Fue como si al pueblo le quitaran la vida”, lamenta Maritza Herrera, administradora en una de las bodegas. “¿Por qué no se dirigieron a las instancias locales de gobierno, a la provincia o a la Asamblea Nacional?”

Ninguno de los entrevistados sabe cómo responder a la pregunta. Ni siquiera Odlanier, que por aquella época pudiera haber exigido razones en su función de delegado del Poder Popular. “La primera información nos la dieron en una reunión en el municipio, poco antes de que le anunciaran a toda la población lo que sucedería; la idea era que al cerrar el ‘Noel Fernández’ (Senado) y el ‘Sierra de Cubitas’ (Lugareño) se establecieran otras fuentes de empleo. Esas medidas que toma el país normalmente no se discuten; alguien las decide y ya”.

Los delegados

Historias como las de Lugareño se repitieron con sus variantes y particularidades por todo el país. Miguel Ángel, Odlanier y Maritza pudieron haber tenido otros cientos de nombres. Por supuesto, que es otra parte de la historia, ya no esperan respuestas de ningún gobierno local o de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, la situación y la representatividad de esas instancias gubernamentales no ha hecho más que empeorar. Incluso cuando no ha llegado a cumplirse ni siquiera la mitad de su mandato, hoy decenas de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en Camagüey han tenido que ser relevados de sus cargos.

No los dejan envueltos en escándalos de corrupción o de abuso de poder. Mas bien todo lo contrario. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el tema ni una opinión institucional, resulta un secreto a voces que buena parte de los que se marchan lo hacen movidos por el hastío que llega de la mano de la impotencia.

Se trata de un fenómeno que va haciéndose habitual en todo el país, con independencia del estatus económico o el nivel profesional. Sus efectos son tan marcados, que sin mencionarlo por su nombre, ha sido tema de análisis en varios de los encuentros de la presidencia de la Asamblea Nacional con delegados de diferentes puntos de la Isla.

Una larga distancia media entre la autoridad que teóricamente posee uno de esos representantes populares y su poder real para hacerse escuchar. Tampoco en los gobiernos locales las cosas se perfilan bajo otro cariz. Sumidos en las urgencias de lo cotidiano, los municipios solo tienen tiempo para cumplir con las indicaciones que les llegan desde las instancias superiores y mantener en funcionamiento las instituciones más esenciales de la sociedad.

El delegado fue y sigue siendo la última carta de la baraja. No tiene en sus manos ningún recurso pero sí todas las necesidades de la gente. Y las decisiones, no importa su calado en la vida de las comunidades, siguen llegando por la misma dirección que la del cierre del Central Lugareño y la muerte por decreto anunciada de su pueblo: “desde arriba”.

Foto de portada: Raquel Pérez.

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