Jesús Arboleya • 22 de Marzo, 2017
LA HABANA. Apenas 72 horas antes de finalizar sus ocho años de mandato, el expresidente Barack Obama decidió eliminar la política de pie seco/pie mojado y firmó un acuerdo migratorio con el gobierno cubano en este sentido.
Adoptada en 1999 durante el gobierno de Bill Clinton, esta política establecía el contrasentido de autorizar la permanencia de los migrantes indocumentados cubanos en Estados Unidos, si estos lograban acceder físicamente al territorio de ese país, aunque eran devueltos a Cuba si resultaban capturados en el mar.
En realidad no era nada nuevo, quizás una versión más limitada de la práctica establecida desde 1959, que Estados Unidos se había comprometido a modificar a partir de la firma de los acuerdos migratorios de 1994.
Gracias a la política de pie seco/pie mojado, se calcula que en la última década ingresaron alrededor de 135 000 migrantes indocumentados cubanos a Estados Unidos. Unos 110 000 a través de las fronteras con México y Canadá (básicamente la primera), otros 15 000 mediante embarcaciones que lograron arribar al territorio norteamericano y la cifra se completa con unos 10 000 que llegaron con visa de migrante temporal y optaron por permanecer en el país.
Según datos del Departamento de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos, desde el 14 de enero de este año, cuando se anunció el nuevo acuerdo, se negó la entrada a Estados Unidos a 426 cubanos y otros 172 fueron detenidos en la frontera, de los cuales 2 han sido devueltos a Cuba. Solo se han producido 8 intercepciones en el mar.
Resulta evidente que el nuevo gobierno norteamericano está cumpliendo lo establecido en los acuerdos firmados con su antecesor y que existe algún tipo de coordinación bilateral para poner en marcha los procedimientos que esto implica.
Aunque es muy pronto para llegar a conclusiones, un efecto inmediato ha sido la reducción significativa de este flujo de migrantes, con implicaciones muy positivas en lo que se refiere al enfrentamiento al tráfico ilegal de personas y otros delitos conexos.
Cientos de migrantes cubanos quedaron varados en diversos países de América Latina a partir del momento en que se les negó el ingreso automático en Estados Unidos. Algunos han sido devueltos a Cuba y otros esperan que se defina su estatus en esos países. Para regularizar estos procesos, Cuba ha firmado acuerdos migratorios con México, Bahamas, Islas Caimán, República Dominicana, Ecuador y Jamaica, Panamá, así como mantiene negociaciones con otros países de América Latina.
Esto no quiere decir que se elimina totalmente la posibilidad de que, a falta de una visa norteamericana, migrantes cubanos tratarán de asentarse de todas formas en ese país, como ocurre con personas de todo el mundo. La figura del “inmigrante ilegal”, prácticamente desconocida para los cubanos hasta el momento, y su posible deportación al país, ya constituye una realidad con la que tiene que lidiar la política migratoria cubana, con inevitables impactos sociales domésticos.
En el volumen que tendrá este fenómeno influirá la situación interna de Cuba, así como el tratamiento que Estados Unidos otorgue a estas personas. Aún no está clara la actitud que asumirán los tribunales norteamericanos respecto a los cubanos que soliciten asilo una vez en territorio norteamericano, ni si los cubanos que arriben a ese país con visas transitorias y decidan permanecer después del vencimiento de las mismas, podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano cuando cumplan el año establecido, aunque esto incluya algunos meses de estancia ilegal.
De todas formas, la eliminación de la política de pie seco/pie mojado constituye un paso relevante, quizás decisivo, en la normalización de las relaciones migratorias de Cuba con Estados Unidos, con un impacto en toda la región y seguramente en el resto del mundo. Lo que influye a favor de las relaciones internacionales del país.
Para algunos, ello constituye el cierre de una válvula de escape a las tensiones económicas que vive la sociedad cubana y auguran que esto se traducirá en conflictos políticos internos. No obstante, la posibilidad de emigrar no queda eliminada con esta medida, sino que asegura que esto se realice de una manera legal, ordenada y segura, lo que contribuye al orden del país y facilita el tratamiento a los migrantes.
Estamos en presencia de un nuevo escenario para el fenómeno migratorio cubano, la principal lección es que no sirven las viejas premisas para comprenderlo, ni las viejas medidas para enfrentarlo. De nuevo, el asunto se resume en “cambiar la mentalidad”. Ese es el principal desafío de la sociedad cubana actual.
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