Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell
Claude-Henri de Rouvroy, históricamente conocido como el conde de Saint-Simon, precursor de la sociología y padre del socialismo francés decía: “Cuando se estudia el pasado, se puede comprender su patrón evolutivo”. Este artículo está destinado a desentrañar los oscuros, inmorales y criminales actos que ha cometido el actual candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, durante su vida pública.
Banco de Talca
El año 1982 Eugenio Silva Risopatrón, representante de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), entabló demanda criminal en contra de Sebastián Piñera, a la sazón Gerente General del Banco de Talca, y algunos ejecutivos de esa entidad por los delitos de defraudación (estafa), infracción a la Ley de Bancos y otros cargos dañosos contra Piñera. En el 2º Juzgado del Crimen de Santiago se abrió la causa Rol Nº 99.971-6 El juez a cargo los declaró reos. Los otros encausados eran Miguel Calaf y Alberto Danioni, socios de Piñera, ya encarcelados por resoluciones del juez titular de dicho tribunal y del ministro de la Corte de Apelaciones Luis Correa Bulo. Correa ordenó el arresto de Piñera. Los socios cumplieron penas de tres años de prisión pero el cabecilla se escondió por 24 días, hasta que la Corte Suprema de la época acogió su recurso de amparo.
El capital y las reservas del Banco de Talca eran de 40 millones de dólares, en tanto que los autopréstamos que Piñera se realizaba eran otorgados a empresas de papel -creadas para su propio beneficio y de sus tres socios- sumaban 250 millones de dólares, irrecuperables según lo detectado por la justicia. Inventaron la friolera de 150 sociedades ficticias para un aprovechamiento indebido en beneficio propio y de sus amigos.
Tan grave como lo expresado y que retrata entero al pintoresco candidato es conocer que, según lo estampado en la misma querella, Piñera y socios habían creado IFINCO (Ingeniería Financiera y Comercial), empresa de asesorías externas que prestó servicios al Banco de Talca, cobrado sumas millonarias a favor de ellos, precipitando la quiebra del Banco. Encargados reos por estafa, los acusados apelaron, pero el día 9 de septiembre de 1982 (roles 428 – 82 y 430 – 82), la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de plano los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera y sus socios, confirmando las encargatorias de reo dictadas por el tribunal de primera instancia.
La Corte Suprema acogió gentilmente la petición de Piñera, pero no la de sus asociados. Recordemos que el Presidente de la Suprema en 1982 era Israel Bórquez Montero, el mismo que expresó, con desatino, “los detenidos-desaparecidos me tienen curco”.
BANCARD
Sebastián Piñera no fue el fundador de Bancard, sino sólo uno de sus socios minoritarios a partir de su relación con el Banco de Talca, en 1980. Esa empresa se había empezado a gestar mucho antes, según publicación del diario El Gong de 8 de octubre de 2005, según crónica escrita por Eduardo Silva de Balboa. Silva tituló su crónica “Qué me impide votar por Piñera”. En ella cuenta que en los 70 conoció a Mr. Weslow, presidente del Southeast Bank of Miami, quien le propuso hacer una sociedad para introducir en Chile las todavía desconocidas tarjetas de crédito. Viajaron a Chile con tal objetivo, entrevistándose con el entonces ministro Cauas y con Pedro Donoso Pinto, director del Banco de Santiago. Según relata Silva, se les pidió presentar un proyecto detallado, lo que hicieron una vez que constituyeron en 1975 la sociedad “Credichile-Sociedad de Crédito de Chile Ltda.”, en la Notaría Morgan. Iniciaron actividades ante el SII, organismo que les asignó el RUT 85.498.700-3 y entregaron el proyecto a Cauas, quien habría aducido razones de política económica para desecharlo. Silva de Balboa señala que, meses después de rechazado el proyecto, apareció una empresa presidida por Sebastián Piñera, llamada Bancard, copia exacta y calcada con puntos y comas de la entregada al ministro.
Otra versión similar y más conocida por la gente, es la de que el fallecido empresario Ricardo Claro habría enviado a Sebastián Piñera a los EE.UU. a explorar y conocer detalles del manejo de tarjetas de crédito en ese país, con idéntico final al relatado por Eduardo Silva. A causa del engaño, Claro se vengó de Piñera destruyendo su primera candidatura a la presidencia al publicar, en vivo, la procaz conversación telefónica de Piñera con su amigo Pedro Pablo Díaz, dando origen al caso conocido como “Piñeragate”.
También se ha publicado una tercera, señalando que el abogado Sergio Castro Olivares, a nombre de su representado Miguel Calaf, querellado junto con Piñera, declaró en tribunales que fue el Banco de Talca el más fuerte impulsor y realizador de la idea, financiando los gastos de puesta en marcha y suscribiendo un 10% del capital inicial de esta sociedad, máximo permitido por la Ley General de Bancos en la época. Según registros de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad Administradora de Tarjetas de Crédito Bancard S.A. fue autorizada, mediante decreto 540, para operar este tipo de medio de pago en Chile, en octubre de 1978. El extracto de la constitución y los estatutos aprobados para su funcionamiento fueron publicados en el Diario Oficial el 5 de enero de 1979.
Sea cual sea la verdad, lo que revelan todas las versiones es que el empresario Sebastián Piñera timó a unos u otros, usufructuando de las influencias familiares que le facilitaban acceder a las más altas esferas del gobierno militar.
Piñeragate o Kiotazo
El “Piñeragate” o “Kiotazo” es un episodio que data de agosto de 1992, cuando unos jóvenes Sebastián Piñera y Evelyn Matthei se disputaban la nominación presidencial de la derecha.
En una entrevista televisiva, el empresario Ricardo Claro sacó una radio Kioto para mostrar una grabación telefónica, donde se escucha a Piñera hablar con su amigo Pedro Pablo Díaz para que influya en los mediadores del futuro debate presidencial y ataquen a Evelyn Matthei.
Mostrarla “débil, inestable (…) la gracia es dejarla elegantemente como una cabrita chica”, dice la voz de Piñera en la grabación.
Caso Cascadas
Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que el expresidente Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que a su juicio dan cuenta de las negociaciones que Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.
Caso Chispas
Este caso también denominado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines la dictadura cívico-militar. Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de US$ $75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de US$400 millones.
Colusión Lan Cargo
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera Echenique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera por UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.
Caso Penta
El año 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.
Caso SQM
El jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 22 millones ($ 110 millones en total) que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada al exMandatario, que señaló que los servicios y asesorías sí se habían realizado.
Aportes ilegales del Grupo Said
Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (Banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Isapre Cruz Blanca), reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del exmandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.
Milicogate
El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía (…) La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.
Chiloé y el caso Tantauco
En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche y Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.
Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.
La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.
Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.
La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del empresario Piñera con títulos superpuestos.
El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al Estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).
Sociedades en Panamá
Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de la década de 1980 que aún se mantienen vigentes.
Autopréstamos para evadir impuestos
El exPresidente Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional (RN). Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo exMandatario. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.
Coimas en LAN
Luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción ex ministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que sí se había reunido con él.
Aparecer como corrupto en Transparencia Internacional
En el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional, en la sección dedicada a Chile apareció Sebastián Piñera, por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.
Desfalco en Codelco
El gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) “perdió” más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado.
Lo anterior es lo que acredita Julián Alcayaga en una querella que presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Como se señala en dicha acción judicial, en la sección “Los Hechos”: “Al analizar los ingresos por ventas desde 2010 a 2013 y compararlos con las ventas de ejercicios anteriores, sobre todo de los años 2006 y 2007, no queda duda de que los ingresos de Codelco desaparecieron”.
En la presentación ante la justicia se afirma que “los ingresos de Codelco pierden toda credibilidad en 2014”. Entonces se declaran entradas por 10 mil 729 millones de dólares, lo que denotaría un escandaloso error o fraude, puesto que sólo la producción de cobre y molibdeno multiplicada por el precio promedio de esos productos en aquel año –según precios y cantidades emanadas en informes oficiales de Codelco– debió alcanzar los 12 mil 309 millones de dólares.
Esto denotaría la desaparición de US$1.579 millones de dólares, “sin contar las ventas de otros subproductos, como el oro, la plata o el ácido sulfúrico, y los ingresos de una gran cantidad de filiales y otras participaciones de Codelco, como Minera El Abra, Anglo American Sur ex Disputada, Inca de Oro, Agua de Falda S.A., Codelco-Kupferhandel en Alemania, CUPIC, etcétera.”, sostuvo Alcayaga.
Alcayaga establece que “En 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”.
Si a esto se le suman los 4 mil 670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.
Aunque el fraude haya sido tapado, sus consecuencias han quedado a la vista. Según el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en 2016 los excedentes de Codelco “serían cercanos a cero”.
Caso Bielsa y Mayne-Nicholls
Piñera intervino de manera subrepticia, siendo Presidente y a la vez controlador de Colo Colo, para remover a Harold Mayne-Nicholls como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol profesional (ANFP), quien quería repartir igualitariamente las ganancias del Canal de Fútbol entre todos los clubes, sin privilegiar a “los tres grandes” (Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica), lo que de paso gatilló en la tirria de Bielsa hacia Piñera, hecho que finalmente provocó la salida del estratega argentino de la selección nacional de fútbol.
Fin de listas AUGE: una maniobra comunicacional
El fin de las listas de espera fue celebrado por el gobierno el 23 de noviembre de 2011 en una actividad encabezada por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. “Tenemos la inmensa alegría de poder decirles (…) a los 17 millones de chilenos que les estamos cumpliendo con un compromiso”, dijo el mandatario.
La eliminación a fines de 2010 de las listas de espera AUGE, que fue celebrada por el gobierno, en realidad no fue tal. Un informe entregado por la Contraloría General de la República determinó que el 44,5% de ellas se resolvieron de manera administrativa sin que los pacientes recibieran la atención de salud garantizada por la ley 19.966. Las auditorías se llevaron a cabo en los hospitales San Juan de Dios, Sótero del Río y Barros Luco Trudeau de Santiago; Doctor Gustavo Fricke de Valparaíso; en el Hospital Regional de Rancagua, en la Región de O'Higgins; y en el Hospital Regional de Talca, en la Región del Maule.
Caso Censo
Fue anunciado como "el mejor en la historia de Chile" por el gobierno deSebastián Piñera, pero el Censo de Población y Vivienda realizado en 2012 omitió a al menos 9% de la población y adolece de serios problemas. Son fallas tan graves que los datos obtenidos no fueron utilizados y el censo se tuvo que repetir durante la administración Bachelet. Este Censo le acarreó una pérdida al Fisco equivalente a US$60 millones.
Querella por fraude involucra al programa "Elige Vivir Sano"
En 2013 Sergio Aguiló (IC) y Lautaro Carmona (PC), junto al presidente de la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes (Anfuchid), Álvaro Muñoz Marín, interpusieron ante el 8º juzgado de garantía de Santiago una querella criminal por fraude al Fisco, en contra de quienes resulten responsables de graves irregularidades financieras que afectarían al proyecto “Elige Vivir Sano”, iniciativa encabezada por la cónyuge del Sebastián Piñera, Cecilia Morel.
Según informaron los congresistas, el fraude habría sido descubierto por los funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) al detectar que el programa “Elige Vivir Sano” en la Región Metropolitana estaba siendo financiado por donaciones con franquicia tributaria y paralelamente con presupuesto del IND.
Con el presupuesto del año 2013, el IND financió un programa denominado “Deporte en tu calle Región Metropolitana”, consistente en el cierre de calles en 5 comunas de la región, proyecto adjudicado por la Empresa Ambiental “Geomás” Ltda., con la suma de $249.700.000. Posteriormente, el Club Deportivo ABC Deporte y Educación presentó al concurso de donaciones con franquicia tributaria un proyecto denominado Elige Vivir Sano D2 y que consistía en realizar el mismo cierre de calles, pero el proyecto en cuestión no lo ejecuta ABC Deportes sino que ésta subcontrata la ejecución a la misma empresa Geomás Limitada, situación que constituye delito.
Los once libros de los logros de Piñera objetados por la Contraloría
Publicados bajo el alero del plan "Chile Avanza con Todos”, los textos financiados con recursos públicos tratan sobre logros alcanzados por la administración Piñera, compromisos gubernamentales y su grado de concreción, además de testimonios relacionados con la conmemoración del Bicentenario de Chile.
La Contraloría General de la República objetó once libros mandados a publicar por el gobierno de Sebastián Piñera. Así lo consignó un documento fechado el 4 de julio de 2014, al no cumplirse las normas que establecen que "ministerios, intendencias, gobernaciones y órganos y servicios públicos que integran la administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los que son necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan", señaló el informe.
De los once libros se publicó un total de 14.303 ejemplares, "cuyo costo de impresión alcanzó la suma de $141.768.000", señala asimismo el citado informe.
Además, se precisa que la publicación también infringe las leyes de Presupuesto de 2013 y 2014, ya que estas impiden a los ministerios "efectuar campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar logros de una autoridad específica o del gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas".
Los Piñera Morel y Boletas Falsas
Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del expresidente y actual candidato a la primera magistratura: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta Carlos Alberto Délano.
Caso Exalmar
Luego de tres meses sin entregar los correos que le pedía la Fiscalía, y tras ser citado a declarar en calidad de imputado, Radio Bío Bío reveló la existencia de un correo que demuestra que Sebastián Piñera Morel, hijo de Piñera, estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la Empresa Pesquera Exalmar S.A. Negocio que recordemos, Piñera realizó mientras aún era Presidente utilizando información privilegiada y que le reportó millonarias ganancias mientras Chile perdía el litigio marítimo contra Perú en La Haya.
Como consigna Radio Bío Bío,el correo electrónico da cuenta del informe respecto del negocio que Cristóbal Silva, analista y asesor de Bancard, entrega a Nicolás Noguera, Carlos Marinetti y Sebastián Piñera Morel. En el texto, Cristóbal Silva entrega los argumentos por los cuales rechaza el, hasta ese momento, eventual negocio. Dice, entre otras cosas, que le parece un negocio estacional, con altos requerimientos de capital de trabajo, expuesto a cambio de regulaciones y al fenómeno del niño.
Minera Dominga
Una investigación de Radio Bío Bío, denunció los intereses que tenía Piñera cuando en el año 2010 anunció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones: Su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector con Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Todo esto, en una operación por más de 6.765 millones de pesos. Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Cuando Piñera bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses. Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave ya que no solo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.
Sobornos de Pesqueras
En el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público transparentó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Bío Bío 9 millones de pesos.
Finalmente, esperamos que todos y cada uno de los electores, el próximo 19 de noviembre, recuerden una gran enseñanza de Maquiavelo… “Cuando veas al servidor pensar más en sus propios intereses que en los vuestros, y que interiormente busca sus propios beneficios en todas las cosas, ese hombre nunca será un buen sirviente, ni jamás podrás confiar en él”.
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