¿Necesita Cuba potenciar la sociedad civil? ¿Cuál?

Por Ovidio S. D´Angelo Hernández, psicólogo e investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)

 

Una propuesta abierta al debate.

No cabe duda de que el tema de la sociedad civil es hoy muy polémico entre profesionales de la academia, politólogos, activistas sociales de diferente signo y otros interesados, no solo para Cuba sino de alcance planetario. En este trabajo no se intenta dar todos los argumentos ni todas las soluciones posibles al respecto; más bien se intenta esbozar y problematizar algunos de sus asuntos importantes y, sobre todo, referirlos a la realidad actual y perspectivas en esta isla caribeña, desde un punto de vista propio y un ángulo de enfoque posible y abierto al debate de otras posiciones.

Este tema cobra mayor vigencia en el campo socioeconómico y político cubano, por la relativa incertidumbre actual sobre los modelos de sociedad que se gestan en el mundo después de la caída del “socialismo real” y las vías y perspectivas propias de su realización. Unido esto a las posiciones de grupos políticos tradicionalmente opositores o con posiciones alternativas, a la flexibilización en lo económico, con el surgimiento de nuevos sectores sociales como emprendimientos privados y colectivos, a partir de la aprobación de los Lineamientos sobre las formas de gestión no estatales, lo que desde cierto ángulo se asocia a la potenciación de la sociedad civil.

Además de problematizar estos campos de acción vinculados, habitualmente, a la polisémica denominación de sociedad civil, otros tipos de asociatividades, frecuentemente no tenidas en cuenta en el concepto, abren su diapasón conceptual de manera significativa.

De manera que sería conveniente aclarar, ante todo, qué entenderíamos por sociedad civil, sin que pretendamos un recorrido por toda la gama de posiciones políticas, sociológicas y filosóficas al respecto1. La referencia del Larousse Ilustrado para “civil” es: civilidad (civilitas, civis), ciudadanía. Y también refiere a derechos ciudadanos.

El término, por demás, se relaciona con formas diversas de organización y asociatividad sociales, de manera que abarca un amplio espectro de la vida social. Converge o contrasta, de diferentes maneras, con concepciones de democracia, de Estado y de participación social, desde una multiplicidad de enfoques. Está vinculado a formas de ejercicio del poder social y a tipos variados de hegemonías, de manera que estamos ante un concepto muy complejo, que requiere de precisiones y posicionamientos ideológicos.

Sociedad civil y Estado: ¿dos términos contradictorios?

a) Desde posiciones distantes entre sí, la sociedad civil se ha visto como una forma constitutiva de la sociedad en oposición al Estado. Por otro lado, ha sido un término prácticamente excluido del marxismo ortodoxo y más empleado desde concepciones liberales de la economía y la sociedad.

Llama la atención la acepción estrecha de sociedad civil, empleada por sectores más o menos radicales de derecha, como aquella parte de la sociedad organizada opuesta al Estado en tanto institución de gobierno. La intención de muchos voceros internacionales que, desde esta posición, llaman a mayor apertura de la iniciativa privada en la Cuba actual, puede estar inspirada en ese carácter atribuido a la parte de la sociedad que se constituye de manera particular y resultaría alternativa de oposición a la irrupción del Estado en los distintos ámbitos de la sociedad –en este caso, particularmente el económico– (incluso algunos representantes de la llamada “disidencia” identifican en su discurso la sociedad civil con la existencia de grupos de oposición política).

Si bien este enfoque de raíz jusnaturalista y liberal en sus orígenes encuentra razones de justificación en el papel en extremo centralizador del Estado cubano, su postura, en perspectiva, se abre hacia una separación radical entre Estado y sociedad civil.

Igualmente, desde una posición polar, el discurso oficial predominante atribuye el mismo carácter a la constitución de una amplia sociedad civil en el país. En este caso, se considera que ya está formada por las organizaciones sociales y de masas que responden a las directivas del Partido y que agrupan grandes sectores de la población; cuestión que tuvo su legitimidad en la época inicial de la Revolución y que, con el tiempo y cambio de situación histórica, ha variado, ya que algunas de ellas han quedado reducidas a un grupo de actividades muy limitadas o que no responden a las necesidades del desarrollo actual de la sociedad, ni al contexto sociopolítico en que fueron generadas. Por otra parte, la concepción de esta “sociedad civil”, generada “desde arriba”, propicia argumentos a la posición contraria.

b) Desde una concepción diferente, de construcción de una ciudadanía emancipatoria (aún dentro de la “utopía posible”), se vería de manera más amplia la sociedad civil; no se definiría necesariamente por oposición, sino también por la concertación y articulación de sectores sociales organizados, con agendas diversas y de formas múltiples, entre los cuales no solo figurarían los grupos de orientación política específica, sino organizaciones populares y movimientos sociales.

Lo que avanzó la Revolución en términos de satisfacción de necesidades primarias de la población, de oportunidades de educación y salud, en valores solidarios y en otros campos, desde los primeros tiempos convulsos de su acción social, necesita reevaluarse a la luz de los cambios de contexto mundial y nacional, de las rutinas establecidas y las ineficiencias productivas y económicas confrontadas –no siempre como resultado de las acciones internas, sino también de bloqueos inhumanos y acciones violentas–, de la institucionalidad burocrática y centralizadora que terminó por imponerse en la práctica social.

En una más profunda concepción participativa, popular y real de los actuales Consejos Populares, consejos barriales y asambleas de ciudadanos y de trabajadores, organizaciones sociales y profesionales, asociaciones gremiales, sindicatos de nuevo tipo y otras variantes, la sociedad civil se vería en forma de amplia trama interconectada con otros grupos sociales y políticos, lo que la proyectaría hacia la participación real ciudadana en la acción de gobierno a todos los niveles del país.

Aunque, en definitiva, hay que tener en cuenta de manera no ingenua que este conjunto de la trama social que denominamos sociedad civil (al igual que las instituciones oficiales o no) está conectada a formas variadas de hegemonías (nacionales e internacionales) y vinculada a diversidad de intereses sociales, a veces antagónicos o contradictorios. Cuestión a tener en cuenta en el análisis de fines, composición y prácticas de los componentes de la sociedad civil, así como de algunos límites necesarios a las normas de su organización y a las dinámicas sociales de sus interacciones.

Por otra parte, si la sociedad civil está formada por distintas configuraciones organizacionales, algunas de las cuales pueden tener mayor incidencia en las acciones y políticas del Estado y estar confluyendo con la participación activa, protagónica y decisoria de sectores importantes de la población en la ejecución y control de estas políticas, entonces se pudiera estar produciendo un proceso de interconexión o de entremezclamiento de las funciones del Estado y de la sociedad civil, que pudiera tener un carácter más socializador y constructivo de toda la acción de proyección de las políticas estatales.

Este enfoque se basa en una concepción humanista compleja y liberadora de la sociedad, de sus potencialidades constructivas, en la cual los procesos de autoorganización e interconexión son clave. El fortalecimiento de la autonomía y el sentido solidario colectivo aprovecharían, de manera simultánea, los principios motivacionales de la iniciativa individual y la cooperación colectiva.

La sociedad civil desde nuevos emprendimientos económicos

Como se dijo antes, con los Lineamientos de la Política Económica se amplía la instauración de emprendimientos privados y colectivos, todos ellos de manera fragmentada, aislada. Si bien la ley del experimento cooperativo no agropecuario reconoce la posibilidad de formar cooperativas de segundo orden, esto no se ha instrumentado.

La cuestión radica en analizar lo que pudieran aportar las alianzas asociativas diversas de estos sectores, como elemento positivo de potenciación de experiencias, diagnósticos de necesidades, articulación en cadenas productivas y sociales. En diferentes momentos han existido asociaciones de este tipo (se puede mencionar, en el período revolucionario, la ANCHAR: asociación de choferes de alquiler) e, inclusive, en relación con los campesinos y las cooperativas agropecuarias, la existencia de la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, aún con su diversidad de componentes y dependencia organizativa centralizada.

Inclusive, esa potenciación de las asociatividades, a nivel territorial o local, podría beneficiar vínculos necesarios entre la comunidad y el gobierno local, el sector público y empresas estatales, con un sentido de aportación al bien común, además del interés de ganancia.

Algunas de estas manifestaciones se observan hoy, en varias zonas del país, en la articulación cuasi espontánea de algunos nuevos emprendimientos privados (cuentapropistas), con empresas estatales, instituciones del sector público y organizaciones comunitarias, para desplegar una acción de reconstrucción física y de la calidad de vida de los pobladores de algunos barrios; por ejemplo, en zonas del Centro Histórico de la capital.

Si bien esa no es la tendencia mayoritaria, podría servir como modelo de integración social entre diversos actores comunitarios (que va más allá de la denominada responsabilidad social empresarial de corporaciones capitalistas). De igual manera, la formación de cooperativas –con principios solidarios inmanentes, aunque no siempre bien aplicados– podría resultar en un beneficio colectivo para las comunidades y otros actores económicos y sociales.

Sin embargo, una política limitada y, a mi juicio errónea, que no favorece formas de asociatividad de estos emprendimientos, constituye un factor negativo en sus potencialidades de expresión social, construcción de agendas comunes aportadoras, con mayor amplitud a los intereses propios y a los sociales.

En este ámbito económico–social queda mucho por explorar y recorrer; las propias empresas estatales y pymes (pequeñas y medianas empresas) privadas (aún eufemísticamente denominadas cuentapropismos) no han considerado todavía nuevas formas de autogestión y cogestión colectivas, ni formas diversas de aportación a sus entornos comunitarios y de asociatividades que contribuyan a paliar las diferencias sociales de clase y estatus que se generan, tanto en empresas privadas como estatales, que mantienen estados de alienación de origen capitalista o burocrático-estatal, según el caso.

En el ámbito político, las limitadas formas vigentes de democracia heredadas en el país, de procedencia del “socialismo real”, constituyen un freno a la potenciación de la creatividad colectiva. De igual manera que la democracia formal instaurada como tendencia dominante en la mayoría de los países (limitada al ejercicio del voto electoral cuatrienal, separación de los poderes públicos y algunas manifestaciones públicas de expresión de demandas sociales) resulta, en la mayoría de los casos, inoperante o insuficiente.

Sociedad civil y democracia ¿cuál?

De esta manera, una nueva concepción liberadora de la sociedad civil se relacionaría con una reconstrucción de las formas “democráticas” vigentes, para dar un lugar más apropiado a toda la trama compleja de relaciones organizacionales sociales y sus vínculos con las funciones de Estado, de forma que propicie la proclamada “soberanía del pueblo” signada en casi todas las Constituciones en tanto Ley Suprema de los países.

En nuestro caso, las normativas democráticas instauradas han quedado por debajo de las iniciativas y expectativas iniciales. Estamos ante una sociedad de mayor conciencia social, más madura políticamente con el transcurso de los años, en la cual el ejercicio del criterio propio –muy limitado públicamente– es capaz de mostrar análisis profundos de nuestras realidades y proyectarse a soluciones plausibles. No obstante, también debemos reconocer que estamos ante un sector de la sociedad que ha sido formado en la persuasión intensiva y la obediencia hacia pautas sociales en las que ha predominado el autoritarismo verticalista, ante el cual se generan múltiples señales de retraimiento y autorepresión.

Todo ello nos sitúa ante la conformación de una cultura política contradictoria, con saldos complicados de comportamiento social no siempre transparentes y de compromiso con una obra social común.

De manera que no resulta posible proyectar una sociedad civil liberadora si no se atienden las deficiencias sustanciales de nuestra cultura política práctica y sustancial. De igual manera, ello se expresa en el desgaste y limitaciones de nuestro sistema electoral, jurídico y ejecutivo. No se incorporan visiones más favorecedoras de participación de la sociedad como ciudadanía activa, en los procesos de decisiones políticas desde el nivel local hasta el nacional.

Sociedad civil, organizaciones de gobierno y sistema electoral

La conformación de los Consejos Populares y la figura del delegado de circunscripción2 constituyen uno de los ejes centrales sobre los que se formuló, gradualmente, el sistema del Poder Popular, lo que generó la expectativa de una participación ciudadana democrática y profunda, que se ha visto limitada a funciones estrechas y restringidas, tanto en el campo de la participación popular como de la sociedad organizada y de la envergadura de los temas tratados a cada nivel, desde lo local a lo nacional.

En este sentido, tendríamos que cuestionarnos la efectividad y pertinencia, en la práctica, de las diferentes instancias desde el nivel local. Por un lado, aparentemente, ellas expresan las necesidades de la población; por otra, al menos hay varias cuestiones restrictivas para que esto sea realidad:

- Los delegados, miembros de los consejos populares y Asambleas Municipales, así como las asambleas de rendición de cuentas a los pobladores, operan sin un real poder de decisión en la mayoría de las cuestiones, pues son determinados por presupuestos financieros centrales y carecen de poder real para operar sobre instituciones centrales en el territorio.
- Por otra parte, en esas instancias –igual que en las “asambleas sindicales” de los centros de trabajo– se tratan asuntos de su ámbito estrecho de localización sin que, por demás, exista un amplio acceso a medios de comunicación por parte de la población para la expresión de sus consideraciones, aportaciones e iniciativas.
- Las propuestas de candidatura de delegados se realizan sobre la base de méritos y trayectoria revolucionaria, no sobre sus capacidades reales y proyecciones sobre los asuntos de la localidad y del país; es decir, sin agenda propia.
- No se cumple con la participación directa de la población en los diferentes niveles de las Asambleas del Poder Popular; solo se retransmiten selecciones o informaciones parciales de los aspectos que se discuten en las Comisiones de la Asamblea Nacional. Llama la atención el desconocimiento de la población sobre los temas de las asambleas, su no convocatoria a presenciarlas e, inclusive, el desconocimiento de sus representantes a nivel local, provincial y otros.
- El 50 por ciento de los representantes en la Asamblea Nacional proceden de nominaciones de los órganos del Partido-Estado, lo que “obliga” a seguir las pautas trazadas de antemano, a las que se deben.
- Todo ello es consistente con la concepción política heredada (plasmada en el capítulo 5 de la Constitución) acerca de que el Partido (y al más alto nivel) es quien orienta la política del país, cuestión que no es sometida al escrutinio, diseño, decisión y control del “soberano”. De manera que queda al delegado, al Consejo Popular y las Asambleas del Poder Popular a todos los niveles, solo esbozar vías de aplicación de la política general trazada3.

En este orden de cosas, lo que pudieran ser aportaciones a las formas de asociatividad para una sociedad civil democrática popular real –desde colectivos, asambleas populares, formas organizativas articuladas con el gobierno como los Consejos Populares entre otras–, se manifiesta como expresión de mecanismos limitados en alcance y resonancia popular.

Sociedad civil: agendas-mecanismos de inclusividad y concertación

El ejercicio de un pensamiento crítico, sobre todo a partir del grado de madurez y conciencia política social, pero también desde el saber cotidiano y popular, constituye una base propiamente civilizada y liberadora de la realización de un diálogo permanente de ideas sobre la base de mecanismos razonables de concertación y consenso.

El funcionamiento de la sociedad civil liberadora debería efectuarse desde esa perspectiva. Ese diálogo supone información previa amplia, exposición libre de los puntos de vista, garantías de no represalias a las opiniones contrarias, asunción de una postura que anteponga los intereses colectivos a los individuales –aún teniéndolos en cuenta–, reflexión con argumentos sólidos, generación de alternativas viables de solución y proyección social, entre otros aspectos.

Entonces, es inevitable que, en cualquier proceso eleccionario –desde las asambleas de base a las nacionales– se proyecten diálogos semejantes, que constituyan agendas perspectivas –sobre los asuntos locales hasta los nacionales– y tengan canales de expresión por medios de comunicación social y por los propios representantes elegidos.

Esas agendas construidas pueden tener coincidencias o diferencias con las propuestas de grupos políticos, asociaciones gremiales y otros. De esta manera, la propia expresión de la sociedad civil en sus diversas tramas contradictorias, que debería expresarse en las propias agendas locales y nacionales, tendría que tener a disponibilidad mecanismos de inclusividad y concertación y presentar sus resultados de manera clara a los pobladores, en su función de ciudadanos electores.

La función del Estado se limitaría a las coordinaciones de las políticas generales, sus concertaciones y a regulaciones esenciales de la acción pública, a la presentación de propuestas y al ejercicio de sus funciones de control “controlado” desde abajo. En este sentido, sociedad civil y Estado serían complementos (no opuestos) de la propia gestión diversa ciudadana.

El papel del Partido y los grupos políticos es el de trazar estrategias y vías de influencia –no manipulatoria– que la población pueda considerar a lo largo del proceso eleccionario, de defensa de sus derechos ciudadanos y de contraloría a la ejecución del Estado.

Sociedad civil liberadora como sociedad multiactoral

El presente de las sociedades, en lo económico y en lo político, es más diverso que la representación ilusa de homogeneidad social. En los países capitalistas surgen –junto con los oligopolios transnacionales y a veces como complementarios a estos– diversas formas de propiedad y gestión colectivas, hibridaciones con la propiedad privada y otras. En los remanentes del socialismo real, como el nuestro, se hacen intentos de cambios inclusivos de formas de propiedad y gestión económica. Se habla de sociedades multiactorales en lo económico. Igualmente, en la realidad se da una multiactorialidad en el campo de las ideas, proyectos, alternativas de sociedad.

En mi opinión, los desafíos son grandes en tanto esa multiactoralidad pueda pretender reinstaurar formas anteriores de dominación y alienación. Aceptados los retos, el socialismo renovado y liberador ha de construir puentes entre los componentes de esa multiactoralidad económica y política, de manera que el papel de las asociatividades resulta imprescindible para cada componente y sus relaciones.

¿Qué coincidencias o aproximaciones podrían encontrarse, más allá de las diferencias entre agendas políticas opuestas en sus orígenes filosóficos, en esa multiactoralidad? ¿Cómo ello podría generar un ambiente de confianza en la construcción y ejercicio de una sociedad civil múltiple, con conciencia de ciudadanía protagónica y dirigida al bien público, colectivo y solidario, y no a la explotación de los recursos naturales y humanos, ni al individualismo egoísta o a intereses espurios?

Las premisas de autonomía individual del liberalismo podrían conservarse en un nivel aún de mayor desarrollo, articulándose con el principio de fraternidad–solidaridad humanista y con el sentido de cooperación colectiva y de igualdad–justicia social socialista, propios de un Estado de Derecho con énfasis en una ciudadanía liberadora.

Los valores humanos del cristianismo y otras religiones podrían tener un significado real si se ejercen esos principios de una sociedad civil multiactoral, bajo una ética humanista del compartir y de reconocer la igualdad entre capital, gerencia y trabajo, ya que todos aportan al resultado de la producción social y son inseparables en su existencia (ya se trate de propiedad privada o estatal). Lo que implicaría un reconocimiento a nuevas formas de autogestión y cogestión social en el campo económico.

La libertad (autonomía) y la fraternidad (solidaridad) solo tendrían real sentido bajo las condiciones de real igualdad (de derechos, de oportunidades, de aportación y de apropiación), como expresión no alienadora de la vida humana
No obstante, la sociedad civil multiactoral en lo económico y lo político tendrá que tener límites a la autonomía, puesto que la autoorganización puede ser de signo positivo, constructivo, pero también de signo negativo, cuando genera dependencia nacional, sometimiento, fascismo, violencia social y otras aberraciones humanas.

Igualmente, para evitar diversas formas de manipulación social desde las agendas y los mecanismos ideológico–políticos de los grupos, partidos e instituciones burocráticas, desde los medios de comunicación se requerirían mecanismos de garantías, formas transparentes de comunicación, concertación, control y defensoría popular. Vale la pena recordar que, para Antonio Gramsci, (1891-1937) el concepto de hegemonía se refiere no solo a la coerción (de un grupo social por otro), sino también a la capacidad de seducción de los grupos dominantes para producir consensos.

Las formas de asociatividades y subjetividades emergentes (en lo económico y social), en las tradiciones socio-históricas de la sociedad que tenemos hoy, con las condiciones reales de vida –en muchos casos signada por la supervivencia y un sentido de convivencia ciudadana diverso, pero con problemas materiales y sociales en distintos sectores poblacionales–, crean condiciones especiales de alerta ética en la construcción de nuestra SC futura, de manera que sea orientada hacia la construcción positiva y no empleada como mecanismo corruptivo sustituto de prácticas sociales indeseables vigentes.

Desafíos de la nueva sociedad civil en la construcción de ciudadanía liberadora

En las presentes condiciones de crisis socioeconómicas internacionales (e internas) y en momentos de relativas incertidumbres sobre los fines políticos de la sociedad (incluido los “socialismos” actuales), el tema de la sociedad civil puede representar desafíos considerables. De un lado, la apertura de la sociedad a la diversidad de formas de autoorganización y pensamiento puede generar inestabilidades para las cuales no se hayan construido bases integradoras suficientes.

Sin embargo, de otro, la insistencia en una sociedad de corte autoritario y verticalista, con participación relativa y condicionada como la que predomina aún en nuestro país, corre el riesgo de enfrentar múltiples retos de desintegración: la pérdida de sentido social, la falta de articulación de potencialidades constructivas, el surgimiento de una cultura del sometimiento y la doble moral, entre otros. A la larga, todos perjudiciales y destructivos para el sentido de nacionalidad, de desarrollo y justicia social plenos.

En resumen, consideramos que frente a posiciones limitadas o unilaterales de la sociedad civil, se requiere avanzar hacia:

–Una nueva sociedad civil con una nueva democracia liberadora (no solo voto, elección y protestas-reclamos); es decir, participativa popular en las decisiones, a través de organizaciones, movimientos sociales, redes, asambleas populares, etcétera.
–La instauración de normas, mecanismos y prácticas institucionales y cotidianas de formas de republicanismo socialista (control y defensa populares) y democracia protagónica ciudadana popular representativa de grupos-agendas, con mecanismos de garantías de derechos y participación decisoria.
–Unido a lo anterior, la promoción de una cultura política participativa, que pasa por la formación de autonomías, compromisos, integración social, tolerancia a la diversidad, crítica argumentada y reflexiva, etcétera.
–Procesos de elecciones y construcción de consensos desde las necesidades y proyecciones populares, con un papel destacado de la construcción de agendas políticas alternativas a discusión.
–Promoción de asociatividades diversas en los sectores económicos y sociales, con mecanismos públicos de expresión y debate, clarificando diferencias y convergencias hacia una concertación nacional de consenso amplio.
–Reformulación de las viejas concepciones sobre las relaciones de Partido-Estado-soberanía popular, con énfasis en la construcción de una sociedad civil de base popular y organizacional múltiple y aportadora a la construcción social.
–El nuevo socialismo con participación mixta en lo económico, autogestión y cogestión colectivas solidarias, asambleas comunitaria-nacionales con presencia de grupos populares, de pensamiento y políticos, con propuesta de agendas y representaciones en niveles de Estado.

En definitiva, la propuesta de reconstrucción de la sociedad civil cubana debería transitar del socialismo real estatal y autoritario a una sociedad de acción ciudadana decisoria, multiactoral (económica y política), con independencia y soberanía desde los intereses y necesidades populares nacionales ampliamente concertados, a los que responda un Estado que instaure –a la vez que pueda ser demovido–, una real ciudadanía liberadora. (2015)

1 A esos fines se pueden revisar los enfoques desde el marxismo crítico de autores cubanos como Juan Valdés Paz, Aurelio Alonso, Fernando Martínez Heredia, Rafael Hernández y otros y, de manera muy especial, por su amplitud y profundidad en el tema, el texto de Jorge Luis Acanda: Sociedad civil y hegemonía (CIDCCJM, 2002), aunque se coincida o no con las posiciones planteadas por estos autores.

2 Los delegados de circunscripción son electos por los pobladores de varias manzanas y ellos, a su vez, componen los Consejos Populares (en áreas que integran varias circunscripciones), forman parte de la Asamblea Municipal y tienen cuotas de posibilidad de integrar las Asambleas Provinciales y Nacional del Poder Popular, la que a su vez elige al Consejo de Estado como órgano de gobierno del país, etcétera.

3 En diferentes momentos se han convocado asambleas de consulta sobre Lineamientos generales, Leyes, etcétera. que han tomado el pulso de la población y los trabajadores sobre cuestiones importantes, pero siempre queda a la decisión del más alto nivel y constituyen procesos no informados en sus contradicciones y diversidades en los medios de comunicación social y quedan exentos de debate público amplio, cuestión limitante de una democracia protagónica posible.