EEUU: “El sistema penal está fuera de control’

EEUU Y CANADÁ

Washington— El debate sobre por qué Estados Unidos es el país con más presos del mundo (dos millones de personas o uno de cada 100 adultos) ha entrado de lleno en la campaña electoral. El presidente Obama y los hermanos Koch, los mayores donantes a los candidatos presidenciales republicanos, destacan en una atípica alianza de conservadores y progresistas para reformar el sistema judicial, liberar presos no violentos, reducir condenas por delitos de drogas o invertir en reinserción.

Estados Unidos también detiene a 14 millones de personas al año y ha llegado a condenar a cadena perpetua delitos por posesión de drogas. Son cifras que solían pasar desapercibidas para la mayoría en el país y que desde hace unos meses alimentan el debate público. La última vez que el sistema penitenciario formó parte de una campaña electoral, Bill Clinton prometía al electorado que encarcelaría a más delincuentes. Ahora desde su esposa, la candidata demócrata Hillary Clinton, hasta el republicano Marco Rubio prometen lo contrario.

‘Hay una sensación de que el sistema penal está fuera de control’, explica Norman Reimer, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores (NACDL). Esta organización empezó hace casi una década su campaña a favor de la reforma, pero como recalca Reimer, los conservadores se han sumado ahora a esta corriente, que rompe radicalmente con la retórica de dureza contra el crimen que ha predominado en las cuatro últimas décadas.

El cambio coincide, además, con el intenso debate sobre la discriminación racial y la relación entre las autoridades y la comunidad afroamericana. En los ochenta, al comenzar la guerra contra las drogas la cifra de afroamericanos encarcelados se cuadruplicó. En 2000, era 26 veces superior.

Estados Unidos invierte más en prisiones que en educación, 80 billones de dólares al año. Pero después de un gasto de tres billones de dólares en cuatro décadas, el consumo de drogas es casi el mismo.

La campaña para reformar el sistema judicial cuenta con los aliados más conservadores de Estados Unidos: los hermanos Charles y David Koch, que han donado importantes sumas a la campaña de la asociación de abogados defensores para sacar adelante una ley que reduzca la población reclusa, recorte el gasto público por preso y elimine las penas de prisión obligatorias por drogas.

Para Reimer, la solución implica eliminar las penas mínimas obligatorias, mejorar el acceso a abogados para personas sin recursos, revisar las prácticas policiales y reparar la pérdida de derechos civiles para los excarcelados.

‘Durante las últimas décadas hemos encarcelado a más delincuentes no violentos que nunca, con sentencias mayores que nunca’, recordó Obama en julio, en referencia a que Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, suma el 25% de los encarcelados del planeta.

Estos porcentajes se dispararon con políticas de la guerra antidrogas que impusieron penas mínimas de 10 años por vender cinco kilos de cocaína o un kilo de heroína. El Tribunal Supremo también respaldó la cadena perpetua por posesión de drogas para condenados sin antecedentes.

Con leyes que permiten a la Policía marcar el alto e identificar a cualquier sospechoso de haber cometido un delito, y a la falta de acceso a un abogado defensor, en los últimos 35 años ha aumentado un 800% la población carcelaria federal: de 24 mil a 215 mil reos, donde la mitad cumple sentencia por drogas.

Un estudio de Urban Institute, una organización progresista de Washington, estima que si los estados aplican cambios en las sentencias por delitos menores y facilitan la libertad condicional, reduciendo a la mitad el número de condenas, en 2012 habrían recortado en un 25% la población encarcelada.

Un cambio en marcha

El 30% de los presos vuelve a entrar en prisión en menos de seis meses y el 68% vuelve a ser detenido antes de pasar tres años en libertad, según el Departamento de Justicia. Desde Obama hasta los hermanos Koch quieren acabar con esa estadística. Su plan de reforma parte de los éxitos en los 17 Estados que en la última década han aprobado medidas orientadas a un nuevo sistema penitenciario que destine más fondos públicos a programas de reinserción para tratamiento médico de los presos y para prevenir su reincidencia.

Kentucky proyecta la liberación de 3 mil presos en la próxima década y un ahorro de 400 millones de dólares. Texas puso en libertad a 5 mil personas el año pasado tras la reforma de 2007 que ayudó a cerrar varias prisiones entre 2011 y 2013. Y el plan más ambicioso es el de California, aprobado en referéndum en 2012 y que ha derivado en la excarcelación de 2 mil 700 reclusos desde noviembre y aspira a liberar a un total de 10 mil. El estado, donde la población encarcelada se disparó un 300% en las tres últimas décadas, invertirá lo que ahorre en programas de educación y salud.

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