Por Juan Torres, Catedrático español
Publicado en La Voz del Sur el 22 de mayo de 2026
El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Una fecha, el día en que se conmemora la independencia de Cuba y cuando se está hablando de una intervención inminente en la isla, que cuesta creer que se eligiera por casualidad.
No voy a defender a Castro. Él mismo reconoció haber dado la orden del ataque que provocó la muerte de cuatro civiles, según todos los indicios, sobre aguas internacionales. Lo que quiero señalar en este artículo es que quien acusa también ha matado; a muchas más personas, con mayor impunidad y con menos pruebas que pudieran justificarlo.
Insisto, no trato de absolver a Castro. Simplemente me limito a poner de manifiesto que la acusación que ahora hace Estados Unidos no es un acto de justicia, sino político. Y convertir a la justicia en acción política es la forma más efectiva de desnaturalizarla y destruirla.
Lo que pasó y lo que no con las avionetas
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna de la organización Hermanos al Rescate despegaron desde Florida, supuestamente, con su misión habitual de búsqueda de balseros cubanos sobre el mar. Alrededor de las 15,30 horas dos de las tres avionetas fueron derribadas por cazas cubanos, muriendo cuatro personas, como he dicho.
Cuba argumentó entonces, y sigue argumentando, que las avionetas habían violado su espacio aéreo y que actuó en legítima defensa. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que los dos aviones fueron derribados entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, y que Cuba no intentó comunicarse por radio con ellas antes de abrir fuego. Todo indicó que la orden de derribo fue dada por Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, pero también que nada de esto ocurrió en el vacío.
Cuba llevaba meses denunciando ante el Departamento de Estado y la OACI las constantes incursiones de estas avionetas en su espacio aéreo (más de veinticinco entre 1994 y 1996). Nadie actuó y las advertencias quedaron sin respuesta. Desde luego, esto no justifica el derribo de civiles desarmados en espacio internacional, pero forma parte de los hechos que debieran tenerse en cuenta.
Lo que ha ocurrido ahora con las lanchas
A partir del 2 de septiembre de 2025, la administración Trump inició una campaña de ataques militares contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental argumentando que hacía frente al narcotráfico.
Según el seguimiento realizado por The New York Times, hasta el 20 de mayo de 2026 se habían llevado a cabo 57 ataques que han producido 193 muertes.
En ninguno de esos de esos ataques se han presentado pruebas de la presencia de drogas o armas a bordo. Incluso exfuncionarios antinarcóticos de Estados Unidos han señalado que las lanchas de los traficantes suelen llevar dos o tres personas y no once, para optimizar el espacio de la carga. Por esas razones, entre otras, diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han calificado esos ataques de ejecuciones extrajudiciales ilegales, según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos. Y diversos juristas han puesto igualmente de relieve que los ataques son ilegales según la propia legislación de ese país.
Los antecedentes de Estados Unidos
Las ejecuciones ilegales ordenadas por Trump no son las primeras que lleva a cabo Estados Unidos.
El 3 de julio de 1988, un crucero lanzamisiles estadounidense derribó un avión comercial de Iran Air en aguas territoriales iraníes. En él viajaban 274 pasajeros y 16 tripulantes, entre ellos 66 niños. El avión estaba claramente identificado como aeronave civil y volaba dentro de un corredor aéreo internacional comercial como tal. Estados Unidos no pidió disculpas. El vicepresidente George H. W. Bush declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país no tenía nada de que arrepentirse y que nunca lo haría. El comandante del buque que derribó el avión de pasajeros no sólo no fue procesado por ello, sino que incluso recibió una medalla.
El 7 de mayo de 1999, aviones estadounidenses lanzaron cinco bombas de precisión sobre la embajada de China en Belgrado. Murieron tres periodistas chinos y veinte personas resultaron heridas. Como explicación oficial se dijo que fue un error, algo que China no creyó entonces y que todavía hoy se cuestiona.
A partir de 2001, Estados Unidos desarrolló un programa sistemático de ataques con drones sobre objetivos civiles en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia. En todos los casos, sin que existiera una guerra formalmente declarada.
Desde que Obama asumió el poder, el 20 de enero de 2009, hasta que lo dejó, el 31 de diciembre de 2015, hubo 473 ataques selectivos "fuera de áreas con hostilidades activas". Todos ellos provocaron entre 2.372 y 2.581 muertes de "combatientes" y entre 64 y 116 muertes de "no combatientes", definidos por la inteligencia estadounidense como "individuos que no pueden ser el objetivo de ataques bajo la ley internacional". Sin embargo, la organización New America Foundation calcula que los drones estadounidenses mataron a unos 250 civiles en ese periodo, la Oficina de Periodismo de Investigación estimó que hasta 358 civiles murieron en esas operaciones y otras investigaciones elevan la cifra de bajas a cerca de 1.000 (Fuente de los datos aquí).
El 3 de octubre de 2015, un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó el hospital de Médicos Sin Fronteras (MsF) en Kunduz (Afganistán). Durante casi media hora, el edificio principal del hospital -que albergaba la unidad de cuidados intensivos, las salas de emergencia, el laboratorio, los rayos X, el departamento de pacientes ambulatorios, la sala de salud mental y fisioterapia- fue golpeado con precisión y repetidamente. Murieron 24 pacientes, 14 empleados de la organización y 4 cuidadores de pacientes. Según Médicos Sin Fronteras el ataque se produjo a pesar de que se habían compartido las coordenadas GPS del hospital con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Ministerio del Interior y Defensa afgano y el Ejército de Estados Unidos en Kabul. A pesar de esto último, Estados Unidos afirmó que se trató de un error y ni un solo militar fue procesado.
El 3 de enero de 2020, un dron estadounidense mató en Bagdad al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Guardia de la Revolución. La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, concluyó que el ataque fue ilegal y arbitrario según el derecho internacional. Aunque Estados invocó legítima defensa, lo cierto es que nunca aportó prueba alguna que pudiera demostrar que el ataque era necesario para detener alguna amenaza.
Un balance desigual
Estados Unidos acusa a Castro por cuatro muertes en 1996 que no son poca cosa, desde luego.
Desconozco si es legal hacerlo después de 30 años. Lo que sí creo es que la Administración de Estados Unidos carece de legitimidad moral para acusar a Castro por la muerte de esas cuatro personas, cuando sobre ella pesa la responsabilidad de 190 ejecuciones ilegales, sólo en el último año y contando únicamente las producidas en los ataques a las lanchas. Ejecuciones que ha llevado a cabo sin juicio previo, sin pruebas, sin identificación de la mayoría de las víctimas, sin supervivientes que puedan testificar y destruyendo las embarcaciones para que nadie pudiera inspeccionarlas.
La diferencia entre ambos casos no es jurídica. Es de poder, porque se permite que la potencia imperial mate más sin que nadie pueda poner en cuestión lo que hace. Es política disfrazada de justicia, la forma más directa y efectiva de acabar con esta última.
La acusación de Trump y de su fiscalía es deleznable no porque Castro sea inocente, sino porque acusa quien aplica a otros una vara de medir que no está dispuesto a aplicarse a sí mismo. Es un doble rasero moralmente repugnante porque destruye la legitimidad del derecho y las normas, el único parapeto desde el que se puede frenar la barbarie y evitar que el crimen de los más fuertes quede impune.
No se trata de proteger a Castro o defender a Trump, ni al revés. Se trata de aplicar a todos la misma regla. La paz comienza cuando todos los estados se someten a la jurisdicción de tribunales internacionales independientes para los actos de violencia fuera de sus fronteras y cuando el derecho internacional deja de ser un arma que los poderosos usan contra los débiles para convertirse en un límite efectivo del poder de cualquiera -sea quien sea- que lo use ilegítimamente.
Sólo con principios se puede lograr que el mundo sea menos violento y complicado. Pero los principios que sólo se aplican a los enemigos son puro engaño y simple propaganda que tenemos la obligación de denunciar y combatir.
