7 de septiembre por Christian Dubucq
Fernando Cerimedo (a la derecha), junto al presidente boliviano Rodrigo Paz durante un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en Doral (Florida), el 7 de marzo de 2026. Foto: Freddie Everett / U.S. Department of State. Dominio público.
La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo, sospechoso de haber ordenado el ataque contra su expareja Nadia Beller, podría haber quedado reducido a un espectacular caso criminal. Pero los allanamientos, las investigaciones judiciales y las revelaciones que se suceden desde mediados de agosto de 2026 ponen de manifiesto una realidad mucho más amplia. Desde el Brasil de Bolsonaro hasta la Argentina de Milei, pasando por Honduras, la Bolivia de Rodrigo Paz y, ahora, el Chile de José Antonio Kast, la trayectoria de Cerimedo permite vislumbrar un ecosistema transnacional en el que circulan consultores políticos, medios militantes, influencers, capitales y tecnologías de manipulación de las redes sociales.
El 17 de agosto de 2026, frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, dos hombres que llegaron en motocicleta y vestidos como repartidores abrieron fuego contra Nadia Beller. La abogada boliviana recibió tres disparos, pero sobrevivió. Desde entonces, la policía ha identificado a los dos presuntos autores materiales del ataque. Uno de ellos es un ciudadano colombiano, Aldubar Herny Silva Peña, alias «Juancho», presentado inicialmente por los investigadores como el hombre que disparó contra Beller; el otro es Edson Vega Justiniano, alias «Don Fiti». Ambos están siendo buscados. Sin embargo, el 1 de septiembre, «Juancho» reapareció en un video difundido desde la clandestinidad: reconoce haber participado en la preparación de la operación, aunque niega haber disparado personalmente, y afirma que Beller solo debía recibir «una advertencia», mientras que el verdadero objetivo habría sido una personalidad argentina. Beller rechaza categóricamente esta versión.
El día del atentado, pocas horas después de los disparos, su expareja, Fernando Cerimedo, fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Bolivia, cuando se disponía a embarcar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Cerimedo niega haber ordenado el ataque, pero la justicia boliviana dispuso su detención preventiva durante seis meses en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio. Como señala Reuters, que informó de su detención desde el 18 de agosto, el personaje dista mucho de ser un desconocido: asesor del actual presidente boliviano Rodrigo Paz, fue uno de los estrategas de la campaña de Javier Milei en Argentina y anteriormente había mantenido vínculos con Jair Bolsonaro en Brasil.
El caso podría haberse quedado ahí: un ajuste de cuentas particularmente violento en el contexto de una ruptura sentimental. Pero desde la detención de Cerimedo, cada nuevo allanamiento, cada peritaje de sus teléfonos y cada testimonio hacen aparecer ramificaciones que desbordan ampliamente las fronteras bolivianas. Los acontecimientos posteriores confieren rápidamente al caso una dimensión completamente distinta: los investigadores se interesan por las finanzas y las actividades digitales de Cerimedo, mientras vuelven a salir a la luz sus relaciones con varios dirigentes de la derecha y la extrema derecha latinoamericanas.
En Argentina, las visitas de Cerimedo a la Casa Rosada incomodan al gobierno de Javier Milei; en Chile, sus vínculos con el entorno de José Antonio Kast y su eventual papel en campañas digitales han llevado ya a recurrir a la justicia y a los organismos de control del Estado, así como a un intento de creación de una comisión parlamentaria de investigación. Lo que comenzó con tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz se convierte progresivamente en un asunto político regional.
Es precisamente este cambio de escala lo que hace que el caso Cerimedo resulte particularmente interesante. Desde el atentado, Nadia Beller ha multiplicado sus revelaciones sobre las actividades de su expareja, relativas en particular a operaciones con combustible y oro, posibles circuitos financieros clandestinos, infraestructuras digitales destinadas a intervenir masivamente en las redes sociales y las relaciones de Cerimedo con distintas personalidades políticas. Varios de estos elementos han dado lugar desde entonces a investigaciones de la justicia boliviana. Pero el caso pone sobre todo de manifiesto una realidad mucho más amplia y ya ampliamente documentada: desde hace varios años, Cerimedo se encuentra en la intersección de campañas electorales, medios de extrema derecha, empresas de comunicación política y redes digitales que operan en varios países del continente. Sin embargo, el caso está lejos de estar cerrado. Desde la detención de Fernando Cerimedo, casi cada día aporta nuevos elementos: allanamientos, peritajes de teléfonos, testimonios, procedimientos judiciales o revelaciones de la prensa en Bolivia y en otros países. Algunas informaciones publicadas hoy pueden, por tanto, ser completadas, precisadas o quedar superadas al día siguiente. Esta investigación refleja el estado del caso al 2 de septiembre de 2026 y deberá actualizarse a medida que aparezcan nuevos elementos.
De Bolsonaro a Milei, y luego a Rodrigo Paz
Cerimedo se dio a conocer inicialmente en Argentina como militante y estratega digital de la extrema derecha. A partir de 2021, adquirió un papel importante en La Derecha Diario, medio creado en Argentina en 2019 y convertido desde entonces en una plataforma influyente de la extrema derecha en varios países de América Latina. Su audiencia se basa en gran medida en las redes sociales: en junio de 2026, el medio contaba con aproximadamente 1,3 millones de seguidores acumulados en sus distintas plataformas, de los cuales más de medio millón estaban en X. Como muestra de su proximidad con el poder argentino y de su capacidad de difusión, Javier Milei compartió publicaciones de La Derecha Diario 1.539 veces en cinco meses durante 2025, según El País.
Su importancia política aumenta con el ascenso de Javier Milei. Se convierte en uno de los especialistas en comunicación digital de esta extrema derecha libertaria y desempeña un papel importante en la campaña presidencial victoriosa de 2023.
Tras su detención, Milei afirmó, sin embargo, que Cerimedo ya no tenía ningún vínculo con su movimiento desde aquel año. Los registros oficiales consultados por La Nación cuentan una historia sensiblemente diferente: Cerimedo entró al menos trece veces en la Casa Rosada entre el 11 de diciembre de 2023, al día siguiente de la investidura de Milei, y el 5 de junio de 2024. Evidentemente, estos registros no permiten conocer el contenido de sus encuentros, pero demuestran que sus relaciones con el nuevo poder argentino no se interrumpieron al finalizar la campaña electoral.
La detención de Cerimedo también hizo resurgir en Argentina la cuestión de la financiación de La Derecha Diario. El 26 de agosto, la diputada Myriam Bregman —miembro del FIT-U, Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad— interpeló al gobierno en la Cámara de Diputados para preguntar cuánto dinero había pagado YPF —empresa petrolera controlada por el Estado argentino— a La Derecha Diario en concepto de publicidad. También cuestionó la existencia de financiación procedente de Aerolíneas Argentinas y de los gobiernos provinciales de Córdoba y Tucumán. « Estas agresiones que comienzan en las redes terminan en la vida real », afirmó, estableciendo un vínculo entre las violentas campañas llevadas a cabo por La Derecha Diario contra sus adversarios políticos y el caso Cerimedo. La prensa argentina ya ha documentado pagos procedentes del gobierno de Córdoba, pero no se ha hecho público el monto de las sumas abonadas por YPF. La intervención de Bregman plantea así una cuestión más amplia: ¿qué parte del crecimiento de este medio de extrema derecha, que reivindica su hostilidad hacia el Estado y el sector público, ha sido financiada con dinero procedente de empresas o instituciones públicas?
Antes de Milei, Cerimedo ya había adquirido experiencia internacional en Brasil. Tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula en octubre de 2022, participó activamente en el cuestionamiento de la fiabilidad del sistema electoral brasileño y difundió las acusaciones de fraude formuladas por el bolsonarismo. Posteriormente intervino en Honduras junto a Nasry Asfura, candidato de la derecha respaldado por Donald Trump [1] . En cada uno de estos países encontramos la misma especialización: comunicación política digital, amplificación de contenidos en las redes sociales y construcción de medios o plataformas capaces de difundir directamente un discurso político eludiendo a los medios tradicionales.
Bolivia constituye una nueva etapa. Cerimedo participó en la campaña de Rodrigo Paz en 2025 y posteriormente siguió presente en su entorno tras su llegada a la presidencia. Paz afirma que nunca ocupó un cargo oficial, que nunca tuvo un contrato con el Estado ni estuvo autorizado a representar al gobierno. Pero varios elementos aparecidos desde su detención dibujan un papel mucho más importante. La Fiscalía allanó en La Paz una oficina alquilada por Cerimedo por 25.000 bolivianos mensuales —aproximadamente 3.100 euros— que, según el fiscal encargado de la operación, debía servir para la logística de su actividad como asesor del gobierno. Funcionarios interrogados por El Deber afirman, por otra parte, que intervenía en las estrategias de comunicación de varios ministerios. El vicepresidente Edmand Lara va mucho más lejos: asegura que Cerimedo participaba en las reuniones del Consejo de Ministros, daba instrucciones a determinados ministros e intervenía incluso en nombramientos. «Cerimedo tuvo poder y tomó decisiones en el gobierno», afirma. Detrás de la controversia sobre su estatus oficial surge así una pregunta mucho más incómoda para Rodrigo Paz: ¿qué poder real ejercía en el corazón del gobierno boliviano un consultor político extranjero desprovisto de toda función pública?
La trayectoria de Cerimedo permite así observar concretamente el funcionamiento de este ecosistema transnacional de la extrema derecha: de un país a otro circulan no solo los consultores, sino también los métodos de comunicación, los medios militantes, las redes de cuentas, las tecnologías de amplificación y los contactos políticos. Y su papel no termina necesariamente con la victoria electoral: el caso boliviano muestra cómo un estratega de campaña extranjero puede seguir gravitando en el corazón del poder e incluso, según las acusaciones del vicepresidente Lara, intervenir directamente en su funcionamiento.
La detención abre la caja negra
El atentado contra Nadia Beller cambió brutalmente la situación, ya que la detención de Cerimedo permitió a los investigadores acceder a lo que hasta entonces había permanecido en gran medida invisible: sus propiedades, sus teléfonos y computadoras, pero también una parte de sus circuitos financieros. Los primeros allanamientos realizados en La Paz tomaron rápidamente un giro inesperado. En el transcurso de cuatro allanamientos llevados a cabo en La Paz en el marco de la investigación sobre Cerimedo, la Fiscalía incautó más de 500.000 bolivianos en efectivo —aproximadamente 62.000 euros—, así como sumas en dólares y euros cuyo monto no fue precisado, documentos y diversos equipos tecnológicos. En uno de los inmuebles, el fiscal departamental de La Paz anunció el descubrimiento de lo que calificó como una «granja de bots», una infraestructura que permite gestionar simultáneamente numerosas cuentas en las redes sociales (véase el recuadro «Troles, bots, cuentas falsas: ¿cómo se fabrica una impresión de mayoría?»). El material fue incautado para ser analizado. La defensa de Cerimedo cuestiona esta calificación y afirma que los dispositivos presentados como integrantes de una granja de bots eran, entre otras cosas, teléfonos satelitales y módems de Internet.
Pero el contenido del teléfono de Cerimedo es potencialmente aún más comprometedor que el material incautado. Según el peritaje incorporado al expediente judicial y revelado por la prensa argentina, los investigadores encontraron una conversación en la que aparece esta frase: «O la eliminamos ahora o estamos jodidos», seguida de intercambios sobre la búsqueda de una persona capaz de hacer «el trabajo». La misma noche del ataque, un contacto registrado con las iniciales «ECG» informa a Cerimedo casi en tiempo real de que Nadia Beller acaba de recibir varios disparos y le transmite información y fotografías aparentemente procedentes del lugar del atentado. Tanto Beller como el expresidente Evo Morales han identificado públicamente a «ECG» como Erick Correa Gonzales, presentado como jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Sin embargo, esta identificación no ha sido confirmada por la Fiscalía. Más sorprendente aún, teniendo en cuenta el contenido de los intercambios, hasta la fecha ninguna información pública da cuenta de una orden de detención o de una imputación contra Correa Gonzales en la investigación sobre el atentado. Si «ECG» es efectivamente el responsable de la FELCN señalado por Beller y Morales, la aparente ausencia de actuaciones judiciales en su contra plantea inevitablemente la cuestión de posibles protecciones dentro del aparato del Estado boliviano.
Paralelamente, la investigación se extendió a los circuitos financieros del consultor. La Fiscalía allanó varias casas de cambio de La Paz. En una de ellas, situada en el barrio de Calacoto, el fiscal Miguel Cardozo afirma que Cerimedo acudía a recibir y entregar dinero destinado posteriormente a ser distribuido en otros lugares y que las primeras investigaciones revelan aproximadamente 400.000 dólares en transacciones a su favor. El peritaje de su teléfono abrió además otra pista. Según un informe técnico de la Fiscalía revelado por La Nación, los investigadores identificaron transferencias en criptomonedas vinculadas a una importante cueva virtual, una especie de casa de cambio clandestina que opera en línea. Ahora intentan reconstruir estos circuitos financieros, identificar a las personas y estructuras por las que transitó el dinero y determinar el origen y el destino de los fondos.
Estos hallazgos llevaron a la apertura de un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. El 29 de agosto, tras una audiencia de casi seis horas, el juez Douglas Borda ordenó una segunda detención preventiva de seis meses contra Cerimedo, esta vez en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, cerca de La Paz. Sin embargo, la decisión fue recurrida por su defensa y su traslado desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, aún no se había ejecutado a comienzos de septiembre.
La investigación abarca ahora un conjunto mucho más amplio que el caso inicial: patrimonio, importantes sumas de dinero en efectivo —la Fiscalía informó, entre otras cosas, del hallazgo de 50.000 dólares durante un allanamiento—, casas de cambio, transferencias en criptomonedas y circuitos financieros cuyo origen, beneficiarios y destino intenta establecer la justicia boliviana. El 31 de agosto, el senador Leonardo Roca se constituyó en parte dentro de este proceso y anunció que entregaría a la Fiscalía los resultados de un rastreo digital que revelaría una red de billeteras de criptomonedas vinculadas a Cerimedo e importantes movimientos de fondos.
Paralelamente, se abrió otra investigación en el departamento del Beni, esta vez por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa. El 28 de agosto, el fiscal general Róger Mariaca confirmó que el proceso se había abierto a partir de distintos informes y del testimonio de Nadia Beller. La investigación se refiere a una posible protección concedida a vuelos irregulares que operaban desde Santa Ana del Yacuma, una región por la que circulan avionetas sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico. Según la Fiscalía del Beni, algunos de estos vuelos habrían tenido como destino Brasil. La investigación intenta ahora identificar a las personas que habrían proporcionado esa cobertura y determinar si participaron funcionarios o responsables de instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. El 1 de septiembre, el fiscal departamental Alexander Mendoza anunció que Nadia Beller sería convocada próximamente a Trinidad para prestar una declaración considerada «principal y esencial» para la continuación de la investigación.
También deberán declarar funcionarios de varias instituciones con el fin de verificar si agentes del Estado protegieron efectivamente esos vuelos y si recibieron, a cambio, beneficios económicos.
Las acusaciones de Nadia Beller van mucho más lejos. Menciona operaciones de importación de combustible en Bolivia, un intento de exportar a Dubái 189 kilos de oro, con un valor estimado de unos 25 millones de dólares, interceptados en el aeropuerto de Viru Viru antes de su salida, así como distintos circuitos financieros de los que Cerimedo habría tenido conocimiento o en los que habría participado. El 1 de septiembre, Beller también hizo pública una grabación de audio en la que el propio Cerimedo hablaría del caso de los 189 kilos de oro y de las gestiones realizadas para evitar la detención del joven que transportaba el cargamento. La grabación fue entregada a la Fiscalía para ser sometida a peritaje.
También afirma que la infraestructura digital de su expareja era mucho más importante que el material descubierto durante los primeros allanamientos. En una entrevista publicada el 31 de agosto por el medio brasileño Diário do Centro do Mundo, Beller describe una importante instalación en Santa Cruz de la Sierra, en el barrio de Equipetrol, que asegura haber visto durante videoconferencias, así como otra en Buenos Aires. Habla de numerosos teléfonos y tarjetas SIM utilizados para gestionar masivamente cuentas en las redes sociales, describiendo así una infraestructura digital capaz de intervenir a gran escala en el debate político.
El caso adquiere una dimensión aún más inquietante con la aparición de un nuevo personaje: María Argentina Rojas Roca. En mayo de 2026, había sido nombrada administradora de Aduanas del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, un puesto particularmente sensible, ya que controla uno de los principales puntos de entrada y salida del país. Su nombramiento provocó rápidamente un escándalo cuando salió a la luz su pasado en Brasil: Rojas Roca había sido condenada y encarcelada allí por tráfico de drogas, antes de ser expulsada del país. Más inquietante aún, una declaración patrimonial indicaba que ya trabajaba en la institución desde el 8 de enero de 2026. La Aduana explicó que, en el momento de su nombramiento, había presentado un certificado de antecedentes penales boliviano en el que no figuraba ninguna condena en el país; los documentos exigidos no parecen haber permitido detectar su condena en Brasil. Una vez que esta se hizo pública, su nombramiento en Viru Viru fue inmediatamente revocado.
Pero esta revocación deja intacta una pregunta: ¿quién había recomendado a Rojas Roca para un puesto tan sensible? El memorándum de nombramiento fue firmado por el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, pero hasta ahora ninguna información pública permite identificar a la persona o las personas que habían respaldado su candidatura. Nadia Beller afirma haber interrogado personalmente a Cerimedo sobre este nombramiento y haberle preguntado cómo una persona con semejantes antecedentes podía terminar al frente de las aduanas de un aeropuerto internacional. Según su relato, Cerimedo le habría respondido que Rojas Roca contaba con un «aval político».
El episodio adquiere hoy un alcance completamente distinto. Rojas Roca aparece ahora directamente en la investigación sobre el atentado contra Nadia Beller. Esta última afirma que los elementos incorporados al expediente revelan contactos, transferencias de dinero y reuniones entre la exresponsable de Aduanas y personas sospechosas de haber participado en el ataque durante los días previos al mismo. Y, sobre todo, ya no se trata únicamente de las acusaciones de Beller: la Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Rojas Roca en el marco de la investigación sobre la tentativa de asesinato. Se perfila así una conexión particularmente inquietante entre el entorno de Cerimedo, una mujer que fue colocada brevemente al frente de las aduanas de un aeropuerto estratégico pese a una condena en Brasil relacionada con el narcotráfico, y los hombres sospechosos de haber participado en el ataque contra Nadia Beller.
La acumulación de estas revelaciones comienza ahora a transformar el caso judicial en una crisis política. El 1 de septiembre, el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, adversario de Rodrigo Paz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, pidió al jefe de Estado que solicitara la creación de una comisión internacional independiente encargada de investigar el conjunto del caso Cerimedo-Beller. Para Quiroga, solo una investigación externa permitiría despejar las sospechas que pesan ahora sobre las ramificaciones políticas del expediente. Tras las revelaciones sobre el papel desempeñado por Cerimedo en el entorno presidencial, el caso comienza así a convertirse en un asunto de Estado para el gobierno de Rodrigo Paz.
En Chile, el caso se vuelve político
Es precisamente en Chile donde la detención de Cerimedo comienza a producir las consecuencias políticas más importantes. El 31 de agosto, el presidente José Antonio Kast se vio obligado a responder públicamente a las preguntas sobre sus relaciones con el consultor argentino. Negó categóricamente que Cerimedo hubiera trabajado para alguna de sus campañas o que su gobierno recurriera a sus servicios, pero reconoció conocerlo personalmente y haberse reunido con él en varias ocasiones en el marco de encuentros políticos internacionales. «Lo conozco porque ha acompañado a distintos dirigentes políticos en diversas ocasiones en las que hemos coincidido», explicó Kast en una entrevista recogida por BioBioChile.
Este reconocimiento se produce al mismo tiempo que una extensa investigación publicada ese mismo día por la unidad de investigación de BioBioChile da nueva consistencia a las interrogantes sobre las actividades de Cerimedo en Chile. Su empresa Numen ya había intervenido durante el proceso constitucional de 2020, en particular con una encuesta espectacular que terminó estando muy alejada del resultado del plebiscito. Pero la atención se centra ahora sobre todo en la campaña presidencial de 2025 y en la posible existencia de dispositivos coordinados destinados a imponer determinados temas en la conversación digital y a atacar a los adversarios de José Antonio Kast.
La investigación pone especialmente bajo los reflectores a Martín Arrau, hoy ministro de Seguridad y miembro del círculo más cercano del presidente. Varias personas que participaron en la campaña de Kast afirmaron a BioBioChile que Arrau, quien entonces dirigía el dispositivo digital de la campaña, se había jactado ante un responsable de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional chilena, de la capacidad de su equipo para instalar un tema entre los asuntos más discutidos en las redes sociales y mantenerlo allí durante uno o dos días. Arrau reconoce haber dispuesto de esa capacidad de influencia, pero afirma que se basaba exclusivamente en una organización eficaz de militantes y de «personas reales». Niega cualquier utilización de bots, así como cualquier vínculo con Cerimedo.
Las interrogantes también se centran en varias cuentas anónimas particularmente activas durante la campaña. Un análisis realizado por el equipo de Chile Vamos y retomado en una denuncia presentada ante la Fiscalía chilena estimaba que alrededor del 38 % de las cuentas que participaban en los ataques contra Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional en las elecciones presidenciales de 2025, apoyaban paralelamente al Partido Republicano, la formación de extrema derecha de José Antonio Kast. Varias cuentas —entre ellas @Drestrump_PL, @kasterizador y @JackedIn— habían sido identificadas como especialmente activas. Fue precisamente en ese entorno digital donde circuló el falso rumor según el cual Matthei padecía la enfermedad de Alzheimer. La cuenta @JackedIn también había publicado 84 mensajes hostiles contra Johannes Kaiser, otro candidato de la derecha radical chilena y rival de Kast, entre abril y junio de 2025.
Otras dos cuentas muy activas, Neuroc y DresTrumpi, desaparecieron de X poco después de la detención de Cerimedo en Bolivia y del descubrimiento por la Fiscalía, en un inmueble vinculado a él, de lo que presentó como una «granja de bots», una infraestructura que permite gestionar simultáneamente numerosas cuentas en las redes sociales. Su desaparición casi simultánea alimentó de inmediato en Chile las interrogantes sobre sus eventuales vínculos con las redes digitales asociadas a Cerimedo.
El caso ha superado ya un umbral político, judicial e institucional. El diputado socialista Juan Santana recurrió al Ministerio Público para que determinara si Cerimedo participó en una organización de cuentas coordinadas en Chile y si se cometieron delitos. El 1 de septiembre, el fiscal nacional Ángel Valencia anunció que la denuncia sería remitida a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que deberá determinar si existen delitos informáticos, amenazas o hechos que puedan constituir asociación delictiva. Santana y el diputado comunista Luis Cuello acudieron paralelamente a la Contraloría General de la República para que investigara posibles vínculos entre Cerimedo, funcionarios públicos y las redes digitales cuestionadas.
Ese mismo día, la oposición intentó crear una comisión especial de investigación parlamentaria sobre el caso. La propuesta obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones. Aunque reunió una clara mayoría entre los diputados presentes, no alcanzó el quórum de 62 votos necesario para la creación de la comisión: le faltaron, por tanto, dos votos. El resultado se explicaba en particular por la ausencia de varios diputados durante la votación. Sin embargo, al día siguiente, 2 de septiembre, una nueva solicitud fue sometida a votación y finalmente aprobada por 69 votos contra 43, con una abstención. La comisión especial de investigación fue así creada para examinar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas, técnicas de desinformación y herramientas de inteligencia artificial en los procesos electorales y referendarios celebrados en Chile desde 2020.
En pocos días, el caso Cerimedo cambió así de naturaleza en Chile. La detención del consultor en Bolivia volvió a poner en primer plano sus relaciones con el entorno de José Antonio Kast, los métodos digitales utilizados durante la campaña presidencial y el papel de redes de cuentas anónimas en los ataques contra varios adversarios políticos. El presidente chileno tuvo que explicar públicamente sus vínculos con Cerimedo; uno de sus principales ministros es directamente interrogado sobre los dispositivos de influencia digital de la campaña; la Fiscalía y la Contraloría han sido requeridas; y se ha creado una comisión parlamentaria de investigación. Iniciado como una investigación criminal en Santa Cruz, el caso Cerimedo se ha convertido así en Chile en un verdadero asunto político e institucional.
De Chile a Brasil y Perú
Brasil podría constituir la siguiente etapa. Nadia Beller afirmó a Folha de S.Paulo que Cerimedo contemplaba apoyar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, su testimonio merece ser presentado con precisión. Cuando ella le preguntó si el hijo de Jair Bolsonaro tenía posibilidades de ganar, Cerimedo le habría respondido que la situación era difícil, pero que «iban a luchar». Beller dice haber entendido que pretendía participar en el esfuerzo a favor de su candidatura, aunque reconoce no saber si se había cerrado efectivamente algún acuerdo. También afirma que Cerimedo se había reunido con Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos a comienzos de agosto, a quien describe como «un amigo muy querido» del consultor argentino.
Estas declaraciones no prueban, por tanto, ni la existencia de un contrato ni la integración de Cerimedo en el equipo de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, adquieren un relieve particular a la luz de las antiguas y perfectamente documentadas relaciones de Cerimedo con el bolsonarismo, en particular su intervención tras las elecciones de 2022 para poner en duda la fiabilidad del escrutinio brasileño. Esa intervención le valió, además, ser formalmente señalado en noviembre de 2024 por la Policía Federal brasileña en la investigación sobre el intento de golpe de Estado que siguió a la derrota de Bolsonaro. Los investigadores lo vinculaban al núcleo encargado de difundir informaciones falsas sobre las urnas electrónicas. Cerimedo, sin embargo, no fue incluido en febrero de 2025 en la acusación presentada por el fiscal general ante el Supremo Tribunal Federal, por falta de elementos suficientes para establecer que tuviera conocimiento del proyecto criminal en su conjunto.
Su detención en Bolivia ha reavivado ahora el interés de la justicia brasileña: el diputado Rui Falcão pidió al juez Alexandre de Moraes que obtuviera de las autoridades bolivianas los elementos recopilados sobre Cerimedo y sus infraestructuras digitales.
Otro caso reciente muestra de manera mucho más concreta cómo funciona este ecosistema transnacional. El 28 de agosto, Patrícia Campos Mello, periodista de Folha de S.Paulo, gran diario brasileño de tradición liberal, conocida por sus investigaciones sobre la desinformación y las campañas digitales, publicó una investigación basada en un análisis del Observatório Lupa, la rama de investigación de la agencia brasileña de fact-checking Lupa. El trabajo reconstruye el nacimiento y la propagación en Brasil de una campaña que presentaba la llegada de migrantes marroquíes a Santa Catarina, un Estado del Sur de Brasil fronterizo con Argentina, como una «invasión» alentada por el gobierno de Lula. El origen de esa narrativa pudo ser identificado: La Derecha Diario, el medio del que Cerimedo todavía poseía el 50 % del capital hasta la semana de su detención. El sitio había transformado un hecho real —la reciente llegada de unos cincuenta solicitantes de asilo marroquíes— en una supuesta explosión migratoria provocada por las políticas del gobierno brasileño.
Sin embargo, las cifras oficiales contaban una historia muy distinta: de las 3.059 solicitudes de asilo registradas en Santa Catarina desde comienzos de 2026, solo 57 procedían de ciudadanos marroquíes, es decir, el 1,86 % del total. Para dar consistencia a la idea de una invasión, algunas publicaciones utilizaban además fotografías que mostraban a migrantes marroquíes llegando a Ceuta, enclave español situado en el norte de África, y no a Brasil. A partir de La Derecha Diario, el relato fue retomado y adaptado por distintas cuentas ideológicamente próximas, principalmente en Argentina y después en Brasil. El Observatório Lupa contabilizó 13.400 menciones de esta narrativa entre el 21 y el 27 de agosto, mientras que algunas publicaciones alcanzaron hasta 475.000 visualizaciones.
El interés de este episodio va mucho más allá de la sola persona de Cerimedo. Para los investigadores del Observatório Lupa citados por Folha, ofrece un caso particularmente identificable de fabricación y circulación transnacional de una narrativa política: una información real pero marginal es seleccionada por un medio argentino, exagerada, asociada artificialmente a Lula, ilustrada con imágenes procedentes de otro continente y luego retomada en portugués y español por cuentas ideológicamente alineadas. En otras palabras, resulta posible observar casi en tiempo real cómo un relato elaborado en el ecosistema mediático de la derecha radical argentina termina convirtiéndose en material de campaña para las elecciones presidenciales brasileñas.
La red se extiende también a Perú, donde nuevos elementos aparecieron a comienzos de septiembre. Diario Red ya había reconstruido las actividades desarrolladas en el país por Cerimedo y Javier Negre, su antiguo socio y uno de los principales artífices del desarrollo internacional de La Derecha Diario, así como sus relaciones con Carlos Díaz-Rosillo, exresponsable de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump y figura influyente de las redes conservadoras latinoamericanas. Pero una investigación publicada el 1 de septiembre por el diario peruano La República aporta ahora elementos mucho más concretos. Los movimientos migratorios obtenidos por el periódico confirman varias estancias de Cerimedo en Perú durante la campaña presidencial y muestran que se encontraba, en particular, en Lima los días 27 y 28 de julio de 2026, en el momento de la investidura de Keiko Fujimori. Nadia Beller entregó además al diario una fotografía que Cerimedo le habría enviado desde un hotel de Lima el 28 de julio, en la que aparece junto a una mujer a quien le habría presentado como su contacto con el entorno de Fujimori.
Los mismos datos muestran que Cerimedo se encontraba entonces simultáneamente en Lima con otros dos personajes que gravitaban alrededor de Keiko Fujimori: el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y hoy director del Adam Smith Center for Economic Freedom, quien se ha presentado a sí mismo como asesor informal de la presidenta peruana; y el argentino Damián Valenzuela Mayer, abogado y empresario que permaneció durante mucho tiempo en la sombra de la campaña de Fujimori, y cuya participación en el esfuerzo electoral terminó siendo reconocida por ella misma. Ambos hombres se conocen desde hace años y mantienen una relación personal y profesional. Javier Negre también estuvo presente en la ceremonia y se hizo fotografiar con la nueva presidenta.
Estos elementos dan una nueva dimensión a las declaraciones de Beller según las cuales Cerimedo había sido solicitado para participar en la campaña peruana, pero debido a sus actividades en Bolivia solo había podido «ayudar un poco en la segunda vuelta». El propio Cerimedo había anunciado, ya en diciembre de 2025, que Perú formaría parte, junto con Colombia y Brasil, de los países en los que continuaría sus actividades políticas en 2026. (La República)
No se trata de un gran complot, sino de un ecosistema transnacional
Es probablemente ahí donde reside el verdadero interés político del caso. No es necesario imaginar un gran centro clandestino que, desde Washington, Miami, Madrid o Buenos Aires, dirija al conjunto de las derechas radicales y extremas derechas latinoamericanas. Buscar un centro de mando de ese tipo podría incluso hacer perder de vista el fenómeno mucho más concreto que aparece ante nuestros ojos: la constitución progresiva de un ecosistema transnacional en el que circulan los mismos consultores, los mismos medios militantes, los mismos influencers, las mismas técnicas de comunicación política, los mismos relatos y, a veces, los mismos capitales.
La trayectoria de Cerimedo ofrece una ilustración casi caricaturesca. Desde el bolsonarismo brasileño hasta el mileísmo argentino, pasando por el Honduras de Nasry Asfura y la Bolivia de Rodrigo Paz, su actividad cruza constantemente las fronteras. Su nombre aparece ahora en el debate político chileno. En Perú, sus estancias durante la campaña electoral y su presencia en Lima en el momento de la investidura de Keiko Fujimori están ya documentadas, mientras que varios otros actores de estas redes transnacionales se encontraban también en la capital peruana. El propio Cerimedo había anunciado, ya en diciembre de 2025, su intención de continuar sus actividades en Colombia, Perú y Brasil en 2026, y Nadia Beller afirma que ya contemplaba participar en la próxima batalla presidencial brasileña. A su alrededor aparecen empresas de marketing político, medios como La Derecha Diario, especialistas en redes sociales, infraestructuras capaces de gestionar simultáneamente numerosas cuentas y relaciones directas con responsables políticos de varios países.
El caso de los migrantes marroquíes en Brasil muestra de manera concreta cómo puede funcionar este ecosistema. Una información marginal relativa a unas pocas decenas de solicitantes de asilo se transforma, en un medio argentino, en el relato de una «invasión» atribuida a la política de Lula; imágenes grabadas en Ceuta, enclave español situado en el norte de África, le dan una apariencia de realidad; el contenido cruza fronteras, cambia de idioma y termina siendo inyectado en el debate político brasileño, donde algunas publicaciones alcanzan a cientos de miles de personas. Para ello no hace falta un estado mayor oculto que dé órdenes a todos los participantes. Actores que comparten los mismos intereses políticos, las mismas referencias ideológicas y las mismas técnicas pueden retomar los mismos relatos, movilizar las mismas infraestructuras y transferir sus conocimientos de una campaña nacional a otra.
Esta evolución plantea un problema democrático considerable. Las regulaciones electorales fueron concebidas para controlar partidos, candidatos, sus gastos y medios que operaban esencialmente dentro de las fronteras nacionales. Están mucho menos adaptadas a campañas en las que un consultor argentino puede intervenir en Bolivia o Perú, un medio puede producir desde un país contenidos destinados a influir en las elecciones de otro, y redes de cuentas anónimas pueden amplificar un tema hasta dar la impresión de que domina espontáneamente la conversación pública. ¿Quién financia estas infraestructuras? ¿Quién posee los datos recopilados? ¿Quién encarga y remunera las operaciones? ¿Cómo distinguir una movilización real de una amplificación artificial? ¿Y cómo contabilizar los gastos electorales cuando una parte de la campaña digital se diseña, financia o difunde desde el extranjero?
La ironía de la historia es que no fue ni una investigación sobre la desinformación ni una investigación sobre la financiación de las campañas electorales lo que provocó la caída de Fernando Cerimedo. Fueron tres disparos contra una mujer frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Pero su detención abrió una caja negra. Se incautaron teléfonos y equipos digitales, se allanaron propiedades, se examinaron movimientos financieros y ahora se investigan billeteras de criptomonedas y circuitos que pasan por casas de cambio. Y, sobre todo, las interrogantes también empezaron a cruzar fronteras.
En Chile, el presidente José Antonio Kast debe ahora explicar públicamente sus relaciones con Cerimedo, mientras que la justicia y los organismos de control del Estado han sido requeridos para investigar las actividades de las redes digitales que gravitan en torno a su sector político. En Brasil, donde Cerimedo ya había sido formalmente señalado por la Policía Federal en la investigación sobre el intento de golpe de Estado posterior a la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, su detención en Bolivia reactiva las interrogantes sobre su papel en las operaciones de desinformación y sobre las infraestructuras digitales de las que disponía. En Perú, sus desplazamientos durante la campaña electoral empiezan a ser reconstruidos y su presencia en Lima en el momento de la investidura de Keiko Fujimori está ya documentada, al igual que la de varios otros personajes que gravitan en esas mismas redes.
Lo que aparece va, por tanto, mucho más allá de la trayectoria individual de un consultor político argentino. En pocos años, Cerimedo ha circulado entre varios países y ha estado en contacto con algunos de los principales dirigentes y movimientos de la extrema derecha latinoamericana. A su paso aparecen medios militantes, consultores internacionales, responsables de campaña, empresas de marketing político, influencers, redes de cuentas anónimas e infraestructuras digitales capaces de cruzar fronteras con tanta facilidad como los relatos políticos que contribuyen a difundir.
Quizás sea ahí donde el caso Cerimedo se vuelve más revelador. No demuestra la existencia de un estado mayor único que dirija a la extrema derecha latinoamericana desde una capital determinada. Muestra algo más difuso, pero quizá más eficaz: la formación de una infraestructura política transnacional en la que consultores, medios militantes, capitales, tecnologías digitales, relatos políticos y responsables de campaña circulan ahora de un país a otro. Los actores no necesitan obedecer a un mismo mando para reforzarse mutuamente. Pueden compartir los mismos métodos, retomar los mismos contenidos, utilizar los mismos canales y trasladar sus competencias de una campaña electoral a la siguiente.
Y si este universo empieza hoy a revelar algunos de sus secretos, no es porque las autoridades de un país hayan decidido de pronto investigar esas redes. Es porque Nadia Beller sobrevivió a los tres disparos efectuados contra ella en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo está hoy acusado de uno de los crímenes más atroces que existen: haber querido hacer asesinar a la mujer con la que había compartido su vida. Ella sobrevivió, y la investigación sobre ese intento de asesinato condujo a la policía hasta él. Si Nadia Beller no hubiera sobrevivido, quizá una parte entera de este sistema habría permanecido en la sombra.
Principales fuentes
Reuters, 18 de agosto de 2026; La Nación, 22 de agosto-1 de septiembre de 2026; EFE, 30 de agosto-2 de septiembre de 2026; Folha de S.Paulo, 26-28 de agosto de 2026; BioBioChile, 24 de agosto-1 de septiembre de 2026; Unitel, 20 de agosto-1 de septiembre de 2026; Agencia de Noticias Fides, 28 de agosto-1 de septiembre de 2026; Diário do Centro do Mundo, 31 de agosto de 2026; El País, 21-31 de agosto de 2026; La República (Perú), 27 de agosto-1 de septiembre de 2026; Diario Red, 29-31 de agosto de 2026; Observatório Lupa, 28 de agosto de 2026; Correo del Sur, 31 de agosto de 2026; Visión 360, 21 de agosto de 2026; UOL, 27 de agosto de 2026.
CLAVES — ¿Quién es quién en el caso Cerimedo?
Fernando Cerimedo — Argentina
Consultor político especializado en comunicación digital. Cercano a varias figuras de la extrema derecha latinoamericana, participó en particular en las campañas de Javier Milei en Argentina y de Rodrigo Paz en Bolivia y mantuvo estrechos vínculos con el bolsonarismo en Brasil. Fue detenido en Bolivia el 17 de agosto de 2026, pocas horas después del ataque contra su expareja Nadia Beller.
Nadia Beller — Bolivia
Abogada boliviana y expareja de Cerimedo. Sobrevivió a tres disparos efectuados contra ella en Santa Cruz de la Sierra el 17 de agosto de 2026. Su testimonio y, posteriormente, el examen del teléfono y de los bienes de Cerimedo abrieron múltiples pistas sobre sus actividades políticas, financieras y digitales en Bolivia y en varios otros países.
Aldubar Herny Silva Peña, alias «Juancho» — Colombia
Ciudadano colombiano buscado por la justicia boliviana por su presunta implicación en el ataque contra Nadia Beller. Presentado inicialmente por los investigadores como el hombre que disparó contra ella, reapareció el 1 de septiembre en un video difundido desde la clandestinidad. Reconoce haber participado en la preparación de la operación, pero niega haber disparado y afirma que Beller solo debía recibir «una advertencia».
Javier Milei — Argentina
Presidente argentino. Cerimedo desempeñó un papel importante en su campaña presidencial victoriosa de 2023. Milei afirma que sus relaciones terminaron ese mismo año, pero los registros oficiales muestran que Cerimedo entró al menos trece veces en la Casa Rosada, el palacio presidencial argentino, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024.
Jair Bolsonaro — Brasil
Expresidente brasileño y principal figura del bolsonarismo. Tras su derrota frente a Lula en 2022, Cerimedo participó en la difusión de acusaciones que ponían en duda la fiabilidad del escrutinio y de las urnas electrónicas. La Policía Federal brasileña lo señaló formalmente en 2024 en su investigación sobre el intento de golpe de Estado, aunque posteriormente no fue incluido en la acusación presentada ante el Supremo Tribunal Federal.
Flávio y Eduardo Bolsonaro — Brasil
Hijos de Jair Bolsonaro y figuras políticas del bolsonarismo. Nadia Beller afirma que Cerimedo contemplaba participar en el esfuerzo a favor de Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de 2026 y que había mantenido un encuentro con Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos a comienzos de agosto.
Rodrigo Paz — Bolivia
Presidente boliviano. Cerimedo participó en su campaña presidencial de 2025 y posteriormente continuó presente en su entorno tras su elección. Paz afirma que nunca ocupó un cargo oficial en su gobierno, mientras que varios testimonios le atribuyen una influencia mucho más importante.
Edmand Lara — Bolivia
Vicepresidente de Rodrigo Paz, con quien mantiene actualmente un conflicto abierto y frente a quien se ha declarado opositor. Lara afirma haber visto a Cerimedo participar en reuniones del Consejo de Ministros, dar instrucciones a algunos ministros e intervenir en decisiones gubernamentales. El 1 de septiembre, también presentó una denuncia penal contra Cerimedo y la primera dama María Elena Urquidi, entre otros motivos por tráfico de influencias.
Jorge «Tuto» Quiroga — Bolivia
Expresidente y adversario de Rodrigo Paz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025. Tras las revelaciones sobre Cerimedo, solicitó la creación de una comisión internacional independiente encargada de investigar el conjunto del caso.
María Argentina Rojas Roca — Bolivia
Exresponsable de Aduanas, nombrada brevemente en 2026 al frente de las aduanas del aeropuerto internacional de Viru Viru pese a una condena en Brasil por tráfico de drogas. La justicia boliviana la busca ahora en el marco de la investigación sobre el ataque contra Nadia Beller. Los investigadores sospechan, en particular, que mantuvo contactos con los presuntos autores del atentado y realizó transferencias de dinero a su favor.
José Antonio Kast — Chile
Presidente chileno y fundador del Partido Republicano, formación de extrema derecha. Reconoce conocer personalmente a Cerimedo y haberse reunido con él durante encuentros políticos internacionales, aunque niega que el consultor haya trabajado para sus campañas. El caso reactivó en Chile las investigaciones sobre las redes digitales que intervinieron durante la campaña presidencial de 2025.
Martín Arrau — Chile
Ministro de Seguridad Pública y miembro del círculo más cercano de Kast. Antiguo dirigente de la derecha tradicional que pasó al Partido Republicano, desempeñó un papel importante en el dispositivo digital de la campaña presidencial de Kast. Hoy se encuentra en el centro de las interrogantes sobre los métodos utilizados para imponer determinados temas en las conversaciones de las redes sociales.
Keiko Fujimori — Perú
Presidenta peruana, llegada al poder en julio de 2026. Los movimientos migratorios de Cerimedo muestran que viajó en varias ocasiones a Perú durante el periodo electoral y que se encontraba en Lima en el momento de su investidura. Nadia Beller afirma que Cerimedo había sido solicitado para participar en la campaña y que le había dicho que había «ayudado un poco en la segunda vuelta».
Carlos Díaz-Rosillo — Estados Unidos / América Latina
Académico y asesor político cubano-estadounidense, exresponsable de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. Dirige el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University y se ha presentado como asesor informal de Keiko Fujimori. Se encontraba en Lima, al igual que Cerimedo, en el momento de la investidura de la presidenta peruana.
Damián Valenzuela Mayer — Argentina / Perú
Abogado y empresario argentino que participó en la sombra en la campaña de Keiko Fujimori. Los datos migratorios publicados por la prensa peruana muestran numerosas estancias en Lima. Amigo de Carlos Díaz-Rosillo, se encontraba también en la capital peruana en el momento de la investidura de Fujimori.
Javier Negre — España / América Latina
Empresario de medios español y antiguo socio de Cerimedo. Desempeñó un papel central en la expansión internacional de La Derecha Diario, especialmente en América Latina. Presente en Perú durante la investidura de Keiko Fujimori, se hizo fotografiar con la nueva presidenta.
La Derecha Diario — Argentina / América Latina
Medio de extrema derecha convertido en una importante plataforma digital regional. Cerimedo ocupó allí un lugar central y todavía poseía el 50 % de su capital hasta la semana de su detención. El medio constituye uno de los principales hilos conductores para seguir la circulación transnacional de los relatos políticos analizados en esta investigación.
Numen — Argentina
Empresa de comunicación y análisis político vinculada a Cerimedo. Intervino, en particular, en Chile durante el proceso constitucional de 2020 e ilustra la actividad del consultor y de sus redes más allá de Argentina.
Troles, bots, cuentas falsas: ¿cómo se fabrica una impresión de mayoría?
Un bot no es un troll. Un bot es una cuenta cuya actividad está total o parcialmente automatizada por un programa informático: publicar un mensaje, republicarlo, seguir determinadas cuentas, responder a palabras clave o amplificar un contenido. Un troll es generalmente un ser humano que interviene deliberadamente en las conversaciones en línea, a menudo bajo una identidad falsa, para provocar, atacar a un adversario, difundir un rumor o polarizar un debate. Un mismo operador puede gestionar varias decenas de cuentas falsas; a la inversa, un programa puede controlar automáticamente cientos de cuentas. En la práctica, los dispositivos de manipulación combinan a menudo ambos recursos, a los que pueden sumarse militantes reales, influencers o medios políticamente comprometidos.
¿Para qué sirven entonces las decenas de teléfonos y tarjetas SIM que se encuentran en algunas «granjas» digitales? Las plataformas intentan detectar y eliminar las cuentas automatizadas o ficticias. Multiplicar los dispositivos, las tarjetas SIM, los números de teléfono y, a veces, las conexiones a Internet permiten crear y autenticar numerosas cuentas dándoles la apariencia de usuarios distintos. Después, programas informáticos pueden automatizar una parte de su actividad, mientras operadores humanos se encargan de las tareas que requieren mayor credibilidad o interacción.
El objetivo es generar artificialmente visibilidad. Imaginemos que un equipo quiere imponer la idea de que un candidato es corrupto. Algunas cuentas lanzan la acusación. Decenas o cientos de otras la republican, la comentan, utilizan las mismas palabras clave o atacan a quienes la cuestionan. Los usuarios reales comienzan entonces a ver el tema, algunos lo retoman a su vez, los influencers se apropian de él y los periodistas pueden terminar constatando que «la polémica crece en las redes sociales». Una operación inicialmente organizada puede adquirir así la apariencia de un movimiento espontáneo.
Es lo que a veces se denomina astroturfing: fabricar artificialmente la apariencia de un movimiento popular. El término procede de AstroTurf, una marca estadounidense de césped sintético, por oposición a grassroots, que en inglés designa un movimiento nacido realmente «desde la base». En las redes sociales se trata, por tanto, de fabricar un falso carácter «popular».
Estas técnicas ya han sido utilizadas a gran escala. En Estados Unidos, la Internet Research Agency, organización rusa vinculada al Kremlin, creó durante la campaña presidencial de 2016 falsos perfiles y falsas comunidades políticas que se presentaban como estadounidenses. El informe bipartidista del Senado estadounidense concluyó que esta operación pretendía favorecer a Donald Trump en detrimento de Hillary Clinton y, al mismo tiempo, exacerbar las fracturas ya existentes en la sociedad estadounidense. El objetivo no era únicamente difundir informaciones falsas, sino penetrar en comunidades reales, suscitar sus reacciones y transformar una operación organizada desde el extranjero en una conversación política aparentemente auténtica.
El fenómeno no se limitó a Rusia. Un estudio de la Universidad de Oxford contabilizaba ya en 2019 campañas organizadas de manipulación de las redes sociales en 70 países, frente a 28 dos años antes. En 26 de ellos, estas técnicas servían, entre otras cosas, para desacreditar a los opositores o ahogar las voces disidentes. Partidos políticos y gobiernos habían integrado así progresivamente estos métodos en sus propias estrategias de comunicación.
Brasil ofrece un ejemplo especialmente cercano al caso Cerimedo. Durante las elecciones presidenciales de 2018, Folha de S.Paulo documentó la compra de servicios de difusión masiva de mensajes anti-PT por WhatsApp por parte de empresarios favorables a Jair Bolsonaro. Dos años después, Facebook desmanteló en Brasil una red distinta de cuentas falsas y páginas que se presentaban, entre otras cosas, como medios de comunicación, y estableció vínculos entre esa red y personas asociadas al Partido Social Liberal, así como con empleados de las oficinas de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro y Flávio Bolsonaro.
Sin embargo, no hay que imaginar que todas las «granjas» digitales funcionan de la misma manera. Algunas se basan principalmente en programas automatizados; otras emplean personas encargadas de gestionar numerosos perfiles falsos; otras combinan bots, trolls humanos, militantes, influencers y medios comprometidos. Con la inteligencia artificial generativa, además, resulta mucho más fácil producir rápidamente textos, imágenes y respuestas diferentes, lo que puede hacer que los comportamientos automatizados sean menos repetitivos y más difíciles de detectar.
El poder de estos dispositivos no reside necesariamente en su capacidad para «fabricar» desde cero la opinión pública. Consiste más bien en distorsionar la percepción del equilibrio de fuerzas: hacer parecer mayoritaria una opinión minoritaria, transformar un rumor marginal en un asunto nacional, dar la impresión de que un candidato disfruta de un entusiasmo masivo o de que un adversario es objeto de un rechazo generalizado. Una granja de bots, por tanto, no crea únicamente cuentas falsas: intenta fabricar una percepción falsa de lo que piensa la sociedad.
Notas
[1] Sobre el apoyo de Trump a Nasry Asfura, véase : « Ancien narco-président hondurien Hernández gracié, Maduro séquestré : le cynisme de Trump », de Éric Toussaint, CADTM, publicado el 17 de febrero de 2026. https://www.cadtm.org/Ancien-narco-president-hondurien-Hernandez-gracie-Maduro-sequestre-le-cynisme
