La necesidad imperiosa de defender la soberanía y la independencia de la nación como condición sine qua non para construir, ampliar y profundizar nuestra democracia, desde nuestras raíces y según nuestros principios y tradiciones, requirió de la sociedad cubana en revolución la posposición de deseos, objetivos, propósitos y planes individuales y grupales, en aras de garantizar la posibilidad de construir una vida propia en todos los sentidos, en lo económico, lo social, lo político, lo cultural, un modo de vida propio, un modelo de democracia real y sostenible cubana, no digitada desde afuera, sino pensada y realizada desde y con el pueblo trabajador.
Luego de una larga puja de más de medio siglo con el Estado imperialista estadounidense y con la luz larga de la dirección de la revolución socialista Cuba obtuvo una victoria histórica, cuando el gobierno de los Estados Unidos reconoció en diciembre de 2014 que no pudo arrodillarla con las agresiones y la guerra económica y decidieron cambiar de táctica. Con ello se abrió una nueva etapa, mucho más difícil y complicada que se libra hoy y librará en lo adelante en el terreno de la economía nacional, pero sobre todo en el terreno de las ideas y los símbolos, del sentido de la vida, de la cultura.
Sostener esa victoria y seguir adelante sería imposible con un país fragmentado por intereses económicos y políticos corporativos y utilitarios, fácilmente absorbible por el capital y por el poder político estadounidense, plagado por el clientelismo y la politiquería, manejada por partidos políticos sin raigambre popular y con una prensa manipulada por intereses egoístas. Creer lo contrario es cuando menos una ignorancia supina.
Si hoy podemos discutir sobre nuestro presente y nuestro futuro es gracias a nuestra justa y justificada cultura de la resistencia, a la cohesión nacional anclada en el rumbo socialista de la construcción social. Pero sostener esa victoria y seguir adelante tampoco será posible sin una renovada mentalidad, sin una actividad revolucionaria transformadora, sin métodos y estilo nuevos en la labor ideológica y política y en la comunicación social.
La herencia cultural de nuestra historia revolucionaria no puede ser interpretada cabalmente hoy de otro modo que en clave socialista, mucho menos puede ser re-interpretada para arrimar la sardina a la brasa del liberalismo y desconociendo que la contradicción entre los intereses del poderoso Estado imperialista estadounidense y los intereses de la nación cubana, sigue vigente, y que en lo adelante adoptará nuevas y multiplicadas formas de revelación a las cuales es nuestro deber patriótico prestar la mayor atención.
Desconocer que las maneras existentes hoy de desinformar, confundir e influir tendenciosamente en cualquier sociedad con medios tanto públicos como secretos se han desarrollado y sofisticado a niveles impensables en la época de la república neocolonial y que esas capacidades son empleadas de las más diversas formas con fines de dominación es algo que solo pueden hacer los ignorantes o los malintencionados.
Adaptarse a las nuevas realidades no significa renunciar a nuestra historia, a nuestro legado, a los principios que son las armas ideológicas y políticas con las que la revolución ha defendido la seguridad, la independencia y la soberanía nacional de los cubanos, sino comprender que el mundo ha cambiado y está cambiando vertiginosamente y que sobrevivirán y tendrán éxito las ideas y los propósitos que sean capaces de renovarse sin perder su esencia.
La responsabilidad del periodismo
La sociedad espera que sus medios de comunicación cumplan con la responsabilidad de estar al servicio de sus necesidades de información, organizativas, educativas y culturales.
Cualquier persona o grupo que tenga la posibilidad de comunicar algo a través de los medios masivos de comunicación concentra en ese momento un poder de influencia multiplicado, con el que puede comunicar lo que considera noticioso, lo que decide informar, lo que quiere que otros oigan, lean y piensen, en fin las valoraciones que decide compartir con el público, a todo lo cual efectivamente tienen derecho las personas y los medios, siempre dentro de la ley.
Hay una diferencia entre la libertad de expresión, de pensar y hablar sin hipocresía, y la acción e intención de multiplicar los criterios propios a través de los medios masivos, de reclamar la atención y el tiempo de los demás, lo que convierte en un hecho macro-social una iniciativa personal o grupal. Es ahí donde corresponde a la ley jugar su papel regulador para asegurar la equidad dentro de las reglas socialmente consensuadas y legalmente establecidas. De ahí también los requerimientos profesionales y éticos en el ejercicio del periodismo.
Se trata también de considerar la actividad comunicacional de nuestros medios como un instrumento insustituible de promoción y defensa de nuestra cultura, nuestro modo de vida, nuestra independencia y soberanía nacional, un arma para contrarrestar la influencia múltiple de los símbolos y patrones del capitalismo neoliberal que busca hoy interpretar a su modo las transformaciones económicas en curso en la sociedad cubana y mimetizarse para identificarlas con las claves de su sistema, de su lógica fundada en el predominio absoluto de la propiedad privada.
Es la propiedad privada la que ha generado en la historia humana el afán de lucro, el interés individual y corporativo, el egoísmo, el consumismo y una desenfrenada competencia que ha dañado y enfermado la naturaleza y las relaciones sociales, en particular el ejercicio de la política y de la actividad comunicativa, y ha convertido a la democracia en muchos países en un chiste de mal gusto, y a escala internacional en objeto de la más perversa manipulación ideológica.
En Cuba, la responsabilidad de responder eficientemente a la agenda pública es compartida por periodistas, comunicadores, realizadores, directivos de los medios y también por el Estado y por el Partido, este último, por su calidad de fuerza dirigente superior de la sociedad cubana, calidad que le ha sido otorgada por mandato histórico, político y jurídico, carga sobre sus hombros la mayor responsabilidad.
Los medios de comunicación que son propiedad social constituyen una inversión de la sociedad cubana, de nuestros ciudadanos, no son propiedad de nadie en particular, no son propiedad exclusiva del Estado, del Partido o de sus directivos, sino de toda la sociedad.
Al no ser propiedad de nadie en particular, nadie tiene derecho individual a decidir lo que se convertirá masivamente en materia de atención social. El criterio principal tiene que serlo el que dicta la agenda pública. De ahí la responsabilidad de los medios de conciliar con esta última su agenda y la agenda política. De ahí también la importancia de la responsabilidad compartida, de la mirada colectiva y especialmente de la existencia de normas consensuadas, legalmente aprobadas y constitucionalmente respaldadas, que aseguren, más allá de los criterios individuales de personas sean o no militantes revolucionarios, desempeñen o no responsabilidades administrativas o políticas, el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada sobre cualquier asunto de interés social, que aseguren que no haya temas tabú, que no se oculte información para evadir responsabilidades, que no se desinforme, que no se confunda, que haya veracidad en lo que se publica, que exista transparencia, siempre dentro de las normas legales y de la ética profesional.
Nuestros medios de comunicación social necesitan esas normativas jurídicas para, aun en medio de las constantes amenazas y golpes bajos del Estado imperialista estadounidense y de las trasnacionales, en particular las de los medios de comunicación, así como de otros poderes nortecéntricos económicos, políticos o militares, conquistar toda la democracia posible.
En esa dirección a la sociedad cubana le falta mucho por hacer.
Es deber del Estado socialista cubano empoderar de modo ascendente a la sociedad, lo que incluye también los medios de comunicación, la actividad comunicativa.
Ese empoderamiento no puede consistir en ningún caso, trátese de los medios de comunicación social, de una empresa, un hospital o una organización social, etc., en la generación de entes que se resuman en sí mismos, que no tengan responsabilidad para con la sociedad, lo que terminaría en una suerte de privatización dentro del esquema de la propiedad social y con una actuación que contribuiría a marginarse de la ley.
Del mismo modo que la sociedad cuida su economía con el fundamento del predominio de la propiedad social y la legalidad que la ampara, mientras coexisten formas cooperativas y privadas que operan dentro de la ley, otro tanto corresponde hacer con la comunicación social.
El desafío
La sociedad cubana mantiene la oportunidad de desarrollar un modelo de comunicación social amplio, flexible, participativo y socialmente responsable en el que quepan formas no estatales de gestión de los medios de comunicación, junto a los medios gestionados estatalmente, pero unos y otros dentro de la ley, todos -sean medios tradicionales o digitales-, si tienen su sede en el territorio nacional, tienen que sujetarse a las leyes cubanas.
El creciente desarrollo y la ampliación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha multiplicado los espacios informativos, han surgido blogs, periódicos digitales, páginas Web, espacios en los que individuos y grupos de individuos tratan los más diversos temas. Cuando eso se genere en Cuba, es deber y obligación respetar la ley. Corresponde al Estado la obligación de asegurar que todos la observen.
Ese papel del Estado en modo alguno lo convierte en “absolutista”. Cumplir con ese mandato es simplemente actuar dentro de la ley y evitar que a nombre de la libertad de expresión y de criterio se incumpla lo consensuado socialmente y establecido legalmente.
La carencia de normativas legales específicas que regulen la comunicación social, a tono con los nuevos tiempos, actualizadas frente a las nuevas realidades, socialmente consensuadas y debidamente aprobadas por las estructuras autorizadas de nuestra institucionalidad da lugar al oportunismo y la especulación, pero tampoco contribuyen a eliminar las trabas que ponen a una comunicación a tono con las necesidades sociales y las nuevas realidades, aquellos que no están en capacidad de cambiar su mentalidad.
Esas normas son hoy más que nunca necesarias.
Ellas son las que regularán no solo la actuación de los medios de comunicación social tradicionales o digitales, sino también la propia actuación de los organismos del Estado y la actuación del Partido, evitando el secretismo, la corrupción informativa, la subestimación del público y de los comunicadores, el abuso de poder, el vicio de censurar todo lo que sea de difícil comprensión o exprese un conflicto real de la sociedad, como si con su ocultación ello quedara resuelto o simplemente no existiese.
Como sucede con cualquier otro tema social, es obvio que las normas no bastan, hace falta voluntad y buen criterio. Al partido corresponde un papel activo, eficiente, en impulsar ese cambio imprescindible en la sociedad cubana para el cual están preparados los periodistas cubanos y el pueblo cubano. Y están preparados precisamente como resultado de la actividad educativa, formativa y orientadora de la revolución socialista.
La lentitud en enfrontar la nueva realidad solamente profundiza la contradicción entre las necesidades informativas y comunicacionales de la sociedad cubana actual, y la falta de respuesta política a esas necesidades.
Pueblo, medios de comunicación, periodistas, comunicadores, Estado revolucionario y partido, todos unidos en un diálogo franco, crítico y autocrítico sobre el tema de la comunicación social, procurando un entendimiento que responda eficazmente a nuestra realidad y que no abra fisuras por donde penetre el oportunismo ni la intención aviesa de dividir, de fragmentar, de lesionar la cohesión sociopolítica de la sociedad cubana, imprescindible precisamente para corregir nuestras carencias.
Considerar al Estado y al Gobierno revolucionario entes de los cual hay que diferenciarse por definición, es una actitud que lejos de cohesionar, divide. La relación de la sociedad civil con el Estado, si se considera algo que debe ser “alternativo”, implica que unas veces el asunto es “del Estado”, otras “de la Sociedad Civil”, nunca de ambos. Lo anterior en modo alguno implica, ni puede implicar, que hay que ver las cosas del mismo modo, actuar del mismo modo, pensar del mismo modo, la diferencia y la disidencia son naturales en cualquier sociedad humana, sino que significa simplemente no desunirse a priori.
El Partido Comunista de Cuba ha generalizado un debate nacional que lo incluye no solo como sujeto, sino también como objeto, como tema a discutir. Esa discusión para que sea constructiva debe partir de presupuestos veraces. En este llamado al análisis de nuestra realidad no se ha planteado otra condición como no se la de la mayor libertad de opinión y de palabra, el elemental decoro y la honestidad. Al no poner ninguna condición tampoco pide incondicionalidad. Discutir sobre incondicionalidad sería un falso problema, un desvío de los contenidos verdaderamente sustantivos que la sociedad cubana debe enfrontar y resolver en beneficio de todos.
La tarea de conquistar toda la democracia posible exige de todos un cambio de mentalidad. No todos los ciudadanos, militantes o no, dirigentes políticos o no, cuadros administrativos o trabajadores en general, han desarrollado las cualidades de tolerancia, reconocimiento de la opinión diferente o contraria, reconocimiento de los derechos. Se necesita aún mucha crítica y autocrítica en nuestra sociedad. Las ideas continúan jugando su papel junto con los acontecimientos, la batalla por una economía mejor para un país mejor marcha a la par de la batalla ideológica.
En este debate se está poniendo a prueba nuevamente el reconocimiento del partido en la sociedad cubana y su capacidad autocrítica. La sociedad cubana espera, no solo el reconocimiento de errores y deficiencias, sino junto con ello y a renglón seguido respuestas revolucionarias, eficientes para superarlos.
El momento actual, en el que nos debatimos una vez más por nuestra soberanía e independencia nacional, en el que está en marcha una guerra de símbolos y el fantasma del retroceso social y político toca a nuestras puertas de la mano del mismo imperialismo del cual nos liberó la revolución de enero de 1959, es necesaria y urgente una acción revolucionaria que ponga nuestra comunicación social, junto con el pueblo trabajador, nuestra intelectualidad, en particular el periodismo revolucionario, patriótico, antiimperialista, contrahegemónico, socialista, en la vanguardia de la batalla de ideas. No hay espacio ni tiempo para permitirnos la lentitud ni para poner en duda el imperativo de un cambio de fondo, con orden e inteligencia, en el terreno de la comunicación social.
