"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí
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sábado, 30 de octubre de 2021

Consejo de Kari Krenn para Yunior García: “Mas vale permanecer callado y que sospechen tu necedad que hablar y quitarles toda duda de ello ”

jueves, 10 de diciembre de 2020

EL 10 DE DICIEMBRE EN MI MEMORIA

Por Pedro Martínez Pírez

El tema de los derechos humanos ha sido siempre uno de los más utilizados contra Cuba por los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959.

Estados Unidos, donde se violan de manera sistemática los derechos humanos a amplios segmentos de su población, y en mayor medida a los negros, los inmigrantes y las mujeres, utiliza desde hace décadas el tema para atacar a Cuba y otras naciones de Nuestra América y el mundo que no se someten a las órdenes emitidas desde Washigton.

Yo mismo fui víctima de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos cuando en tránsito por la ciudad de Miami a mediados de 1960, en viaje a Quito desde La Habana, los funcionarios de Inmigración me prohibieron salir del aeropuerto alegando que yo podría ser “un espía ruso que trataba de infiltrarme en Suramérica con pasaporte diplomático cubano”.

Entonces existían relaciones diplomáticas entre los dos países y el viaje a Miami por Cubana de Aviación y a Quito por la empresa aérea ecuatoriana era en esa época el itinerario más económico.

No me detendré ahora a comentar el trabajo sucio realizado por Estados Unidos para lograr la ruptura de relaciones diplomáticas de los países latinoamericanos –excepto México--, ni a su brutal política de bloqueo y agresiones contra Cuba, recrudecida en los últimos cuatro años.

Ahora mismo el gobierno de Estados Unidos viola los derechos civiles de los estadounidenses cuando les prohibe viajar libremente a Cuba, como lo pueden hacer a otros países del mundo.

Castiga con numerosas restricciones a los emigrados cubanos residentes en Estados Unidos para provocar la división de la familia cubana, retringe el envío de remesas, y alienta y financia el terrorismo contra Cuba, al tiempo que desarrolla una intensa campaña contra las brigadas médicas cubanas.

No olvidaré nunca, a finales de la década de los años ochenta, que Estados Unidos nombró a un terrorista y ex policía de la dictadura de batistiana, Armando Valladares, como Embajador yanqui ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.

Recuerdo al falso paralítico y poeta nacido en Cuba manejado como un títere por el ya fallecido general Vernon Walters, embajador de Estados Unidos ante la ONU, quien era el verdadero jefe del impostor Valladares.

A partir de la creación del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2006, todo se ha hecho más difícil para el gobierno de Estados Unidos.

Cuba es una nación fundadora del Consejo y ha sido electa en cinco ocasiones como miembro de ese órgano de la Asamblea General de la ONU, la más reciente el pasado 14 de octubre, cuando 170 países integrantes de las Naciones Unidas, eligieron a Cuba mediante el voto secreto, directo e individual, para uno de los ocho escaños reservados en ese foro para América Latina y el Caribe. Un duro golpe para el fariseismo de la política exterior yanqui.

Las cinco elecciones de Cuba para integrar el Consejo de 47 miembros de la ONU, es una muestra del reconocimiento mundial a la obra humanista de la Revolución Cubana, la cual constituye la garantía principal para el disfrute y protección de los derechos humanos.

Los que votan en forma sistemática por la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra, son los mismos que año tras año condenan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Se honra de esta manera la autodeterminación y resistencia del pueblo cubano frente a los graves obstáculos y amenazas que provoca la política unilateral de hostilidad y agresiones de Washington, mediante un bloqueo iniciado hace casi sesenta años, y que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos.

Cuba –como afirma la Cancillería cubana—se conduce en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra con voz propia y constructiva, con su experiencia de país en desarrollo defensor del diálogo y la cooperación, contrario a los enfoques punitivos y la selectividad, a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos.

Y la historia pasará la cuenta al actual gobierno de Estados Unidos por separarse en junio de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante alegatos absurdos que revelan la impotencia de la Casa Blanca de seguir manipulando el tema de los derechos humanos, que no son solo los individuales, sino también los colectivos, que tienen que ver con la soberanía y autodeterminación de las naciones.

Y siempre recordaré lo que me dijo el escritor Gabriel García Márquez en Barcelona, en la casa de la agente literaria española Carmen Balcells, en mayo de 1990: la mayor violación de los derechos humanos que se ha cometido en América en el último siglo es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En lo personal el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, me permite evocar que hace seis años, en esa misma fecha, recibí en Quito, otorgada por la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, la Medalla Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Social, por mi labor durante más de medio siglo, como diplomático, periodista, legislador o docente, encaminada a fortalecer las relaciones entre la nación andina y Cuba.

La Habana, 10 de diciembre de 2020.

lunes, 22 de abril de 2019

IMPACTO EN EUROPA DE LA AGRESIÓN YANQUI A CUBA

Por Pedro Martínez Pírez

La irracional política anticubana que impulsa el grupo ultraderechista que domina la CasaBlanca, así como las reiteradas declaraciones sobre su aspiración de implantar en Américala Doctrina Monroe, está agudizando las contradicciones entre Europa y Estados Unidos.

Elemento esencial de este choque de intereses entre Washington y Bruselas es la decisión estadounidense de aplicar en su totalidad la Ley Helms-Burton, en especial su título Tercero, que estaba en suspenso desde que se aprobó en 1996.

Según anunció el Secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, Washington permitirá a partir del dos de mayo próximo que se presenten en tribunales de los Estados Unidos reclamaciones sobre la propiedad de instalaciones que fueron nacionalizadas por la Revolución Cubana.

El Embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, dijo que esa institución lamenta profundamente, y va a defender con todos los medios a su alcance a los inversores y a los ciudadanos europeos.

Agregó el diplomático europeo que la aplicación extraterritorial del título Tercero de la LeyHelms-Burton es contraria al derecho internacional. Y enfatizó que Estados Unidos puede hacer la legislación que quiera y hacerla valer en su territorio, pero lo que no puede pretender es aplicarla a los demás países en el mundo.

La alta representante de la Unión Europea, Federica Moguerini, y Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio, firmaron recientemente una carta en la cual advirten que Bruselas recurriría a todos los instrumentos a su disposición, incluída la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses, incluyendo la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio.

En la grotesca escalada de acciones contra Cuba, en la cual además de Pompeo figuran el vicepresidente Pence, el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, así como el senador republicano Marco Rubio, el presidente Donald Trump está siendo arrastrado a una política que puede conducirlo a una nueva derrota en el ámbito internacional.

Las mentiras para tratar de justificar el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, pueden volverse contra Washington, pues la mayoría de los cubanos residentes en los Estados Unidos no quiere ver afectados sus lazos con sus familiares y a los empresarios estadounidenses que tienen alguna relación con Cuba, tampoco les entusiasma el irresponsable manejo de la política de Washington hacia La Habana.

Y qué decir de los estadounidenses a quienes se prohibe viajar libremente a Cuba, algo que viola los derechos humanos de toda la población de Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos se está excediendo peligrosamente en su tratamiento hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua y en general América Latina, subestimando a pueblos y gobiernos pues, como declaró en La Habana la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la aplicación del título Tercero de la Ley Helms-Burton viola flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano, afecta directamente la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Cuba y constituye un franco desprecio a los principios consagrados por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La Habana, 22 de abril de 2019.

miércoles, 16 de mayo de 2018

En imágenes: #CubanosconDerechos

En este artículo: Cuba, Derechos Humanos, Fotografía
16 mayo 2018 


Gracias al respeto por los derechos humanos en Cuba, existen programas como el proyecto Con Amor y Esperanza dedicado a la atención y educación de niños con Síndrome de Down, los cuales aprenden de artes plásticas, música, danza, entre otros. Pinar del Río, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/Rafael FERNÁNDEZ ROSELL


Todo niño en Cuba tiene derecho a practicar deportes sin costo alguno. Pinar del Río, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/Rafael FERNÁNDEZ ROSELL


La educación gratuita a niños discapacitados es un logro de la Revolución cubana que evidencia el respeto por los derechos de los infantes. Pinar del Río, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/Rafael FERNÁNDEZ ROSELL


La Ley de Reforma Agraria firmada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, una de las primeras tras el triunfo de la Revolución Cubana, establece que la tierra es de quien la trabaja, en Santiago de Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Miguel RUBIERA JÚSTIZ


Elegir y ser elegido, uno de los derechos fundamentales de cada cubano, bien definido en la Constitución de la República, en Santiago de Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Miguel RUBIERA JÚSTIZ


Proteger las raíces culturales para no perder la identidad, es la señal fundamental de continuidad de nuestra nación, en Santiago de Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Miguel RUBIERA JÚSTIZ


Defender a la Patria y al Socialismo con las armas en las manos, es un derecho y un deber cada hombre o mujer nacido en esta tierra, en Santiago de Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Miguel RUBIERA JÚSTIZ


Millones de niños en el Mundo. viven en la miseria y la desesperanza, ninguno es cubano, en Camagüey, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ


Médicos graduados para formar parte del Ejército de Batas Blancas, en cientos de países del Mundo, en Camagüey, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ


Salud Pública gartuita, logro revolucionario mantenido ante todas las dificultades y al bloqueo de más de seis décadas a que somos sometidos, en Camagüey, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ


La educación gratuita de todo niño cubano, es un derecho por el cual vela la Revolución, en Camagüey, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ


El deporte como derecho del pueblo, uno de los logros de la Revolución, en Camagüey, Cuba, 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ


El primer derecho de los cubanos, es el derecho a la vida, fortaleza basada en el respeto al ser humano desde que nace, razones por las que el Estado continúa trabajando, en Cienfuegos, Cuba, el 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Modesto GUTIÉRREZ CABO


El gobierno y el estado cubano desde los primeros años de la Revolución, concede gran importancia a la mujer y como principio trabaja por la defensa de sus derechos y libertades fundamentales, como la eliminación de todas las formas de discriminación, en Cienfuegos, Cuba, el 15 de mayo de 2018. ACN FOTO/ Modesto GUTIÉRREZ CABO

domingo, 29 de abril de 2018

Cuba presenta ante la ONU su examen sobre derechos humanos

Por: Sergio Alejandro Gómez


Una mujer camina con dos niños por una calle de La Habana, el día de inicio del curso escolar 2017-2018. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Cuba se presentará por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos el próximo 16 de mayo, cuando podrá mostrar a la comunidad internacional sus avances en esta materia durante el último quinquenio.

A pesar de los intentos de utilizar este tema como un arma de ataque contra los gobiernos que no siguen las directrices de Washington, la comunidad internacional reconoce el historial de la Revolución en defensa de los derechos de su población desde el 1ro. de enero de 1959.

¿Qué es el EPU?

El Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los principales mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, la institución de las Naciones Unidas que se encarga de velar por este asunto a nivel global.

El EPU, creado en el año 2006, es una práctica a la que deben someterse todos los Estados Miembros de la ONU, sin excepción, para rendir cuentas sobre su desempeño en materia de derechos humanos.

A diferencia de otras prácticas del pasado –en especial en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, que era utilizada por Estados Unidos y sus aliados para singularizar a determinados países–, el EPU resulta un instrumento clave para evitar las distinciones, la selectividad, politización y dobles raseros en estas temáticas.

2. ¿Cuántas veces se ha presentado Cuba?

Todos los Estados deben someterse al examen cada cuatro años y medio. Cuba lo hizo en febrero del 2009 y mayo del 2013. Ahora le corresponde presentarse por tercera ocasión el 16 de mayo del 2018.

La primera etapa del examen tiene una duración total de 3 horas y 30 minutos. De ellas, corresponden al Estado concernido 70 minutos, tiempo que se distribuye en presentación inicial del informe nacional por el Jefe de la delegación, respuestas a las preguntas formuladas en el diálogo y los comentarios finales.

Los otros 140 minutos del examen se destinan a las intervenciones de los Estados en el debate, con la distribución del tiempo de forma proporcional entre el número de países inscritos.

Una segunda etapa, en la que se adopta el informe final, se llevará a cabo en el contexto del 39 periodo de sesiones del Consejo, en septiembre del 2018.

3. ¿Cómo transcurrió la última representación de Cuba en 2013?

La presentación de Cuba es una de las que más interés genera en el Consejo de Derechos Humanos, del cual nuestro país es miembro fundador.

Más de un centenar de naciones se inscribieron para opinar en el ejercicio cubano del 2013.

Las naciones del mundo destacaron proyectos como la Operación Milagro, gracias a la cual se habían realizado hasta entonces cirugías oftalmológicas gratuitas a más de tres millones de personas en una treintena de países, así como los nueve millones de personas que habían aprendido a leer con el método Yo, sí puedo.

Asimismo, resaltaron las decenas de miles de cooperantes de la salud cubanos que prestaban servicios en numerosas naciones del mundo.

Cuba expuso allí también ejemplos de su democracia participativa, como la discusión a nivel nacional para la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

También hubo reconocimientos para las enmiendas a la Ley de Migración, los logros en materia de género, los programas para la reinserción social de los reclusos y la atención a los discapacitados.

Se hizo énfasis en que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas constituye el principal obstáculo para el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano.

Cuba recibió cerca de 290 recomendaciones en su EPU del 2013. De la inmensa mayoría de ellas se tomaron nota o fueron aceptadas. Solo unas 20 fueron rechazadas por su contenido injerencista, contrario al ordenamiento político y social de nuestro país.

La exitosa participación de Cuba en este mecanismo resulta una muestra inequívoca de la voluntad de diálogo en todos los temas y con todos los Estados, sobre la base del respeto recíproco, la igualdad soberana y el reconocimiento al derecho de libre determinación.

4. ¿Qué diferencia al actual Consejo de Derechos Humanos de la antigua Comisión?

Creado en marzo del 2006 por mandato de la ONU, el nuevo Consejo de Derechos Humanos tuvo el reto de superar la selectividad y los dobles raseros que se apoderaron de la antigua Comisión de Derechos Humanos, utilizada por Estados Unidos y otros países occidentales como un arma de ataque contra las naciones que no se sometían al status quo posterior a la caída del campo socialista.

A pesar de las presiones de Estados Unidos para evitar la presencia cubana en el nuevo órgano, Cuba fue electa en el 2006 como miembro pleno y fundador del Consejo, evidenciando la falsedad de las acusaciones en la antigua Comisión y descorriendo el velo que querían imponer los enemigos de la Revolución.

Honrando ese compromiso, nuestro país cumplió dos mandatos consecutivos (máximo establecido) y, tras una pausa fue seleccionado una vez más como miembro pleno en el 2013 para el periodo del 2014 al 2016 y luego reelecto en octubre del 2016 para el bienio 2017-2019, gracias al apoyo de 160 países en la Asamblea General de Naciones las Unidas.

Mientras unos pocos continúan señalando a Cuba de manera selectiva y malintencionada, el grueso de la comunidad internacional reconoce el alcance de las transformaciones sociales iniciadas en enero de 1959 y la solidaridad de la Revolución con diversas naciones del orbe durante el último medio siglo.

Aunque se mantienen los intentos por secuestrar el Consejo de Derechos Humanos y desvirtuar sus objetivos iniciales, la mayoría de sus integrantes mantiene la posición de reflejar cabalmente la diversidad que existe en el mundo de sistemas políticos, de culturas y de etnias, y no incurrir en los errores del pasado, como estigmatizar o condenar a países que no siguen la visión impuesta por los sectores de poder sobre democracia y derechos humanos en general.

5. ¿Cuál es el historial de Cuba en materia de Derechos Humanos?

El triunfo de la Revolución marca el inicio de un proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales que tienen en su centro el bienestar de la población y el disfrute por parte de ella de todos los derechos posibles.

Desde entonces y a pesar de las presiones internacionales a las que está sometida, Cuba muestra indicadores de educación, acceso a la salud, la cultura y el deporte que tienen pocos referentes en las naciones subdesarrolladas y se acercan más a los de las naciones ricas.

La tranquilidad ciudadana, el respeto por la vida y la igualdad de oportunidades de las personas –sin importar el color de su piel, género u orientación sexual– son otras de las características de la sociedad cubana actual.

Asimismo, Cuba lleva adelante las transformaciones de su modelo político y social en un entorno de altísima participación popular, como evidencian los resultados de las últimas elecciones generales, en las que se pudo constatar el funcionamiento de las instituciones democráticas de la Mayor de las Antillas.

Nuestro país es signatario de 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, una cifra que la ubica a la vanguardia entre los países miembros de las Naciones Unidas.

Estados Unidos, el país que se autodenomina paladín de materia y que suele apuntar con el dedo a otras naciones, apenas ha rubricado 18.

En la última presentación de su EPU, en mayo del 2015, Washington recibió duras críticas por ser el único país del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y también se mantiene en mora con la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la relacionada con los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(Tomado de Granma)

miércoles, 10 de enero de 2018

Las torturas de la CIA en Europa, bajo la lupa de la Corte Penal Internacional


La Fiscalía de La Haya ha solicitado abrir una investigación sobre Afganistán por crímenes de guerra que incluye abusos a prisioneros en Polonia, Rumanía y Lituania. Estados Unidos mantuvo allí centros de detención con la complicidad de sus gobiernos

DAVID MORALES URBANEJA



La policía militar traslada a un preso en la prisión de Guantánamo. SHANE T. MCCOY

LA HAYA | ENERO DE 2018

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Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los terroristas”, dice Bush.

¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara entregada.

Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.

Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo. Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la “indefensión aprendida”.

Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un libro editado este año, Medios injustificables.

Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manda un vídeo a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.

Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es Estado parte de la Corte Penal Internacional.

La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.

Polonia: un país ya condenado

El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.

El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.

El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (…) entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido para inducirle dolor”.

Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (…) durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.

El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos extranjeros”.

No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003 gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces? Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.

Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?

La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3 prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.

Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20 kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les dejaran unirse a la OTAN.

El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la prensa lituana.

La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.

El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que está pendiente de decisión.

Rumanía: abusos en pleno Bucarest

Una investigación periodística de Associated Press y un medio local, publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.

Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.

En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.

Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. El Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.

Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era asunto suyo”, afirmó Talpes.

Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de Inteligencia. La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.

¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal cual.

Estados Unidos se opone a la investigación

La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los obstáculos puestos por algunos estados han echado al traste el trabajo de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los testigos cambiaban su testimonio a última hora.

Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de La Haya.

La Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (…) identificada por la Fiscalía”.

El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.

La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller a aplicar las torturas.

¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se vería seriamente dañada.

Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los estados.

El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los estados hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la permiten. 

AUTOR

David Morales Urbaneja

viernes, 10 de noviembre de 2017

Estados Unidos y sus “lecciones” de Derechos Humanos




El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla fue enérgico ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 1ro. de noviembre, al reafirmar que «los EE.UU., donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos que suscitan profunda preocupación de la comunidad internacional, no tienen ni la más mínima autoridad moral para criticar a Cuba, un país pequeño, solidario, de amplia y reconocida trayectoria internacional; un pueblo noble, trabajador y amistoso».

En referencia al discurso injerencista, irrespetuoso y agresivo de la embajadora norteamericana, añadió: «Habla ella a nombre del jefe de un imperio que es responsable de la mayor parte de las guerras que se libran hoy en el planeta y que asesinan inocentes, y es el factor decisivo de inestabilidad mundial y de gravísimas amenazas a la paz y a la seguridad internacional, pisoteando el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que cínicamente ella acaba de invocar».

¿Cuáles son las calificaciones en materia de derechos humanos que conceden las instituciones estadounidenses e internacionales en esa materia al gobierno de EE.UU.? ¿Qué expectativa generó la elección de Donald Trump y cómo lo califican nueve meses después?

Ocho días antes de que asumiera el nuevo inquilino de la Casa Blanca, al presentar el Informe Mundial 2017, la organización no gubernamental Human Rigths Watch, un observatorio de derechos humanos con sede en Nueva York, alertaba que «la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU., luego de una campaña que fomentó el odio y la intolerancia, y la creciente influencia de partidos políticos que rechazan los derechos universales en Europa, han puesto en jaque el sistema de derechos humanos de posguerra».

En la introducción del informe, el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, expresaba que «el ascenso del populismo supone una profunda amenaza para los derechos humanos (…) Trump y varios políticos en Europa intentan llegar al poder apelando al racismo, la xenofobia, la misoginia y el nativismo. Todos ellos pretenden que el público acepte violaciones de derechos humanos, argumentando que supuestamente son necesarias para asegurar empleos, evitar cambios culturales o prevenir ataques terroristas. En realidad, el desprecio por los derechos humanos brinda el camino más probable hacia la tiranía».

Calificó la campaña de Trump como un ejemplo patente de la política de intolerancia, con un discurso de rechazo a los principios básicos de dignidad e igualdad. «Su campaña planteó propuestas que perjudicarían a millones de personas, incluidos planes de efectuar deportaciones masivas de inmigrantes, limitar los derechos de las mujeres y la libertad de los medios de comunicación y aplicar torturas», apuntó.

Afirmaba el directivo que «a menos que Trump repudie estas propuestas, su gobierno se arriesga a cometer violaciones masivas de derechos humanos en EE.UU.».

¿Cuáles eran las calificaciones de Washington a la llegada de Trump y qué ha pasado después?

El acápite dedicado a los Estados Unidos de América en los informes anuales publicados a principios del 2017 sobre Derechos Humanos de las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional (esta última con su sede central en Londres), es revelador de las verdaderas «lecciones» que en esa materia la principal potencia mundial puede exhibir a un planeta que trata de adormecer con ese cuento.

Principales acusaciones

-Diversas leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en materia de justicia penal y de menores, inmigración y seguridad nacional, violan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las personas con menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político –como, por ejemplo, miembros de minorías raciales y étnicas, personas de bajos recursos, inmigrantes, niños y niñas, y reclusos– son las más expuestas a sufrir abusos.

-La elección de Donald Trump como presidente en noviembre del 2016 culminó una campaña marcada por una retórica xenófoba y racista y por el anuncio, por parte de Trump, de políticas que causarían enormes perjuicios a comunidades vulnerables, contravendrían las obligaciones fundamentales de derechos humanos asumidas por Estados Unidos, o bien tendrían ambos efectos. Las propuestas de campaña planteadas por Trump incluyeron la deportación de millones de inmigrantes no autorizados, la reforma de leyes federales para permitir la tortura de personas sospechosas de terrorismo y «llenar» el centro de detención de la Bahía de Guantánamo.

-El presidente electo también se comprometió a derogar la mayoría de las disposiciones de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act), que ha ayudado a 20 millones de estadounidenses que antes no tenían cobertura a acceder al seguro de salud, y nominar a jueces «pro-vida» para integrar la Corte Suprema, que revocarían «automáticamente» el fallo Roe vs. Wade, lo cual permitiría que los estados criminalicen el aborto.

-Dos años después de que un comité del Senado informara sobre abusos cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA no se ha realizado rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional que se habían perpetrado al aplicarlo.

-Se transfirió a más detenidos fuera del centro de detención estadounidense de la Base Naval de Guantánamo, pero otros siguen recluidos allí indefinidamente, mientras que en algunos casos continuaban los procedimientos preliminares ante comisión militar.

-Persiste la preocupación por el trato dispensado a las personas refugiadas y migrantes, por el uso del aislamiento en las prisiones federales y estatales y por el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales.
Escrutinio internacional

En agosto de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la onu expresó preocupación por que Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la investigación que estaba jurídicamente obligado a realizar sobre la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. El Consejo observó que Washington no había proporcionado más información relativa al informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta gestionado por la cia tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 (11-s).

No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA tras el 11-S.

Al concluir el 2016, casi ocho años después de que el presidente Obama se comprometiera a cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo para enero del 2010, 59 hombres seguían recluidos allí, la mayoría sin cargos ni juicio.

Durante su primera semana en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que el «waterboarding» o ahogamiento simulado, «funciona» para extraer información en interrogatorios a detenidos y ha avanzado que estudiaría junto a miembros de su Gobierno si restaura esta y otras prácticas de tortura. Afirmó, en una entrevista con ABC News, que «personas del máximo nivel de Inteligencia» le han reconocido que este tipo de técnicas funcionan, «sin duda». No obstante, ha evitado dar nada por sentado, en uno u otro sentido.

El mandatario dijo que «confiará» en las propuestas que le presenten el secretario de Defensa, James Mattis, y el director de la CIA, Mike Pompeo. «Si ellos quieren, trabajaremos hasta el final. Haré todo lo que pueda dentro de los límites que me permite la ley», ha añadido.

Antes de asumir el cargo, Pompeo había llamado la atención de la prensa internacional por sus declaraciones de que es partidario de rescatar el «waterboarding» como forma de tortura idónea para enfrentarse a los terroristas.

Las palabras de Trump coincidieron con la filtración a los medios del borrador de una supuesta orden ejecutiva que abriría la puerta a que la CIA utilizase de nuevo cárceles secretas en el extranjero y a las prácticas de tortura en interrogatorios. El texto, del que se hicieron eco The Washington Post y The New York Times, revocaría la decisión del anterior presidente, Barack Obama, de poner fin a los programas más controvertidos de la CIA y recuperaría una orden dictada en el 2007 por George W. Bush que permitía, con matices, la operación de «rendición e interrogatorio».

A raíz del atentado terrorista en Nueva York, el pasado 31 de octubre del 2017, cuando un individuo de origen uzbeko embistió con una furgoneta una multitud en Manhattan, que provocó ocho muertos y 12 heridos, Trump propuso enviarlo a la prisión de la Base Naval de Guantánamo, pero después dijo que era preferible la pena de muerte, por lo engorroso de los trámites para enviarlo al enclave.

Human Right Watch reaccionó diciendo que la pena de muerte pedida por Trump el 1ro. de noviembre «atenta contra un juicio justo» y «fue un acto irresponsable».

Violencia con armas de fuego

Durante el 2016, no prosperaron los intentos del Congreso de Estados Unidos de promulgar legislación para impedir la venta de armas de asalto o para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de antecedentes de los compradores de armas. El legislativo siguió negándose a financiar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas de la violencia con armas de fuego y cómo prevenirla.

En junio del 2016, un ataque armado masivo perpetrado en un club nocturno en Orlando, Florida, que aparentemente respondió a motivos políticos, dejó un saldo de 49 muertos y volvió a abrir una vez más el debate público sobre el control de armas y la frecuencia con que se producen ataques armados masivos en Estados Unidos.

En enero, Obama anunció una serie de medidas que tenía previsto adoptar el poder ejecutivo para reducir la violencia con armas. Sin embargo, diversas reformas legislativas sobre el tema quedaron estancadas en el Congreso.

Solo en los nueve primeros meses de la administración Trump se han producido en EE.UU. al menos siete atentados de connotación internacional en los que murieron 79 personas y resultaron heridas 570, (cuatro de ellos con el empleo de armas de fuego, dos usando medios de transporte y una con arma blanca) en los que se vieron afectados seis estados. El tiroteo masivo ocurrido en Las Vegas durante un concierto, que dejó 59 muertos y 527 heridos, es considerado la peor masacre ocurrida en ese país después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Dentro y fuera de los EE.UU., el presidente Trump fue criticado luego de que no fuera lo suficientemente contundente en la condena a un delicado capítulo de violencia racista por parte de supremacistas en Charlottesville, Virginia, en el que murió una mujer de 32 años cuando un auto embistió a la multitud que se oponía a la marcha. Otras 19 personas resultaron heridas en los enfrentamientos generados.

Desde todos los sectores de la sociedad estadounidense, incluido el partido republicano, emergieron cuestionamientos al mandatario por condenar la violencia de ambas partes, en lugar de censurar directamente a los supremacistas blancos, neonazis y miembros del Ku Klux Klan (KKK) que marcharon por la ciudad.

El alcalde de Charlottesville, Michael Signer, culpó directamente a Trump por gran parte de la violencia, diciendo que el mandatario ha creado un clima de «aspereza, cinismo e intimidación», y que sus seguidores estaban «jugando con nuestros peores prejuicios».

De acuerdo con estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, cada año mueren en ese país 33 000 personas por arma de fuego, la mayor parte (casi dos tercios) por suicidios, fundamentalmente hombres de alrededor de 45 años de edad, y cerca de 12 000 por homicidios, la mitad son jóvenes y dos tercios son afroamericanos.

La versión en español de Los Ángeles Times divulgó el 3 de noviembre del 2017 que los maestros en general y los latinos en particular enfrentan en EE.UU. una difícil situación mental y emocional en el actual contexto político y social sin que muchos de ellos sepan cómo responder adecuadamente a esas tensiones, según expertos en el tema.

Añade que los incidentes de violencia, desde la masacre en la escuela Columbine en 1999 hasta los recientes atentados en Las Vegas y Nueva York, han cambiado la función de los docentes, a quienes ahora se les pide que «aconsejen, asesoren, faciliten, representen y dirijan» las respuestas en establecimientos educativos a las necesidades emocionales de los estudiantes.

Y un estudio publicado el mes pasado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló que desde que el presidente Donald Trump asumió su cargo «el nuevo clima político ha hecho que maestros de todo el país reporten que, desde la inauguración presidencial, sienten más estrés y ansiedad y son víctimas de buscapleitos más que antes».

Derechos de las personas refugiadas y migrantes 

Durante el año 2016 se detuvo a más de 42 000 menores de edad no acompañados y a 56 000 personas que componían unidades familiares al cruzar la frontera sur de manera irregular.

Las familias permanecían bajo custodia durante meses –algunas durante más de un año– mientras se tramitaba su petición de permanecer en Estados Unidos. Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Durante el primer mes de Trump en la presidencia, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 17 606 indocumentados, y desde el mes de su elección sumaban más de 56 000. A diferencia de las cifras aportadas en la presidencia de Obama, en las que se especificaba que el 43 % de los deportados en sus ocho años de gobierno no tenían antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Trump incluye al 100 % de sus expulsados en la categoría de criminales.

Según datos oficiales manejados por medios de prensa internacionales, hasta el 15 de julio la Administración Trump había deportado a 167 350 extranjeros, lo que va en camino de convertirse en la más grande masa de deportados por EE.UU. en los últimos años. Los latinoamericanos constituyen el grupo más grande en ser expulsados, particularmente los mexicanos, que hasta mayo del 2017 sumaban alrededor de 60 000.

El miedo entre los inmigrantes es ahora mayor después de que Trump dictara una política de cero tolerancia en caso de redadas. Desde que el mandatario llegó a la Casa Blanca se han conocido casos en los que algunos «dreamers» e indocumentados, sin antecedentes criminales serios, han sido detenidos durante operativos y puestos en proceso de deportación.

El mandatario primero dijo que deportaría a 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, y las organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles se han activado para intentar proteger a aquellos que no han cometido crímenes y que constituyen la mayoría.

Luego el magnate rebajó la cifra hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales y estableció una nueva lista de prioridades de deportación que, entre otros, incluye crímenes severos, la expulsión de indocumentados cuyos casos todavía no han sido resueltos y da poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para que sean ellos y los jueces quienes decidan si un indocumentado es o no una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

A principios de noviembre del 2017, defensores centroamericanos de Derechos Humanos alertaron a los gobiernos de la región sobre el impacto que tendría si la Administración Trump decide retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a casi 300 000 inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Afirmaron que una decisión de esa magnitud impulsaría una expulsión masiva hacia Centroamérica en el 2018 y llevaría a los países a enfrentar una crisis, debido a que no existen condiciones suficientes para la reinserción de los repatriados.

El 3-11-2017 The Washington Post reveló que el Departamento de Estado ha recomendado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413 500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense. La noticia trascendió días antes de un anuncio muy esperado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre si renovaría esa protección.

El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.

El mandatario también pidió al Congreso trabajar para acabar «inmediatamente» con la lotería de visados, que asigna hasta 50 000 visas al año a naciones con bajas tasas de inmigrantes en EE.UU. y que él mismo ya había solicitado eliminar, en agosto pasado. Trump ha respaldado proyectos de ley que limitan la inmigración legal y regresan a un sistema que privilegia el mérito y la capacitación sobre los lazos familiares.d

Sobre el multimillonario proyecto de completar un muro para sellar la frontera de EE.UU. con México, argumentando razones de seguridad interna y tráfico humano, se incrementan los opositores y el cuestionamiento.

Los que se oponen aseguran que el número de personas que pretende cruzar a Estados Unidos va a la baja, como lo indican las cifras de detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de toda la frontera.

Durante el año fiscal 2016 se registraron 418 816 arrestos, y en el año fiscal 2017 que finalizó el 30 de septiembre, solo se habían registrado 287 637, por lo que aseguran el muro es totalmente innecesario.

Para erigirse sobre el desierto de California, los prototipos del muro tuvieron que pasar por encima de al menos 39 leyes estadounidenses: ambientales, humanitarias, sociales y de derechos indígenas, dio a conocer Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje (programa fronterizo EE.UU.-México).

Los prototipos, construidos por cuatro compañías, le costaron al gobierno de Estados Unidos 500 000 dólares cada uno.
El Congreso aún necesitaría aprobar un presupuesto de 1 800 millones de dólares para comenzar oficialmente la construcción.
Condiciones de reclusión

En Estados Unidos hay 2,3 millones de personas en prisión, que representan la mayor población penitenciaria del mundo. De esas personas, 211 000 se encuentran en el sistema federal y dos millones en cárceles estatales y centros de detención locales. El número de personas recluidas en condiciones de privación física y social en prisiones federales y estatales de todo el país superaba en todo momento las 80 000.

A lo largo del 2016, aproximadamente 50 000 niños y niñas eran mantenidos en centros penitenciarios. Esta cantidad representa una reducción del 50 % respecto de 1999, pero sigue siendo una de las tasas de detención juvenil más altas del mundo.

Todos los estados de EE.UU. permiten que los niños y niñas sean juzgados como adultos en algunas circunstancias, y miles que han delinquido se encuentran en cárceles o centros de detención destinados a adultos.

El Departamento de Justicia anunció en agosto del 2016 que la Agencia Federal de Prisiones comenzaría a eliminar paulatinamente el uso de cárceles privadas.

Las dos empresas más importantes del negocio de las prisiones en Estados Unidos, CoreCivic –hasta el pasado octubre se llamaba Corrections Corporation of America– y Geo Group, se han disparado con la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca: duplican su tamaño en bolsa desde entonces, además de sus previsiones de beneficios y de sus márgenes, ante la posibilidad de que las políticas de Trump que presuponen un incremento de las detenciones beneficien a su negocio.

Por otra parte, informaciones trascendidas en agosto dan cuenta de que la Administración Trump sopesa poner en marcha un plan, con la ayuda de alguaciles, para transferir a inmigrantes indocumentados detenidos en cárceles locales a prisiones federales, como una especie de rebelión contra tribunales que han declarado inconstitucionales las órdenes de retención de los detenidos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pena de muerte

En el 2016 veinte hombres fueron ejecutados en cinco estados, lo que elevó a 1 442 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Fue la cifra total anual más baja desde 1991. Se dictaron alrededor de 30 nuevas sentencias de pena de muerte. Al final del año había aproximadamente 2 900 personas pendientes de ejecución y en 31 estados todavía se permite la pena de muerte.

Durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se reportaban 20 nuevas ejecuciones de condenados a pena de muerte.

Human Rights Watch aseguró en un comentario el 3-11-2017, sobre recientes declaraciones de Trump, que «en Estados Unidos, la aplicación de la pena de muerte ha estado además marcada por arbitrariedades, errores y disparidad racial».

Uso excesivo de la fuerza

Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas muertas durante el 2016 a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; sin embargo, la documentación recabada por los medios de comunicación arrojaba cerca de 1 000 víctimas mortales. Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros. The Washington Post publicó a principios de julio que solo en los primeros seis meses de este año la policía norteamericana disparó mortalmente contra 492 personas.

Al menos 21 personas murieron en 17 estados tras recibir descargas de armas de electrochoque de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde el 2001 se elevó al menos a 700. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó el arma de electrochoque.

Las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas seguían teniendo 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las no indígenas. También seguían sufriendo notorias desigualdades en el acceso a la atención posterior a la violación, como exámenes médicos, kits para la asistencia tras una violación –una caja de material de uso médico para reunir pruebas forenses– y otros servicios básicos de salud.

Persiste la disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. El índice de mortalidad materna aumentó durante los últimos seis años; las mujeres afroamericanas siguen teniendo una probabilidad casi cuatro veces mayor de morir a causa de complicaciones derivadas del embarazo que las mujeres blancas.

Las mujeres de la fuerza laboral estadounidense que durante el 2014 trabajaron a tiempo completo obtuvieron el 79 % de los ingresos que percibieron los hombres, y la brecha salarial por género fue mayor para las mujeres negras e hispanas. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) recibe cada año miles de denuncias de discriminación por embarazo y de acoso sexual.

Se estima que el 32 % de las mujeres en Estados Unidos han sufrido violencia física por parte de una pareja íntima, y aproximadamente el 19 % han sido violadas, en casi la mitad de los casos por una pareja íntima.

Los niños y las niñas

Los vacíos en el derecho y las reglamentaciones federales permiten que los niños y niñas empleados en agricultura trabajen desde más jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que aquellos que se desempeñan laboralmente en cualquier otro sector. Los niños y niñas empleados en agricultura suelen trabajar en condiciones de calor extremo, expuestos a plaguicidas tóxicos y a otros peligros.

Estas son apenas algunas de las verdades inocultables de la ejecutoria de los derechos humanos en EE.UU., captadas y reveladas por organizaciones no gubernamentales especializadas, observatorios y la prensa internacional. Por supuesto que son muchas más las aristas y los temas, las violaciones e injusticias, que merecen análisis y seguimiento de un tema que tradicionalmente la Casa Blanca ha manipulado para justificar políticas agresivas y hostiles hacia países que desafían su dominio.

(Tomado de Granma)
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