Colombia: La JEP, los Falso-Positivo, la Paz o la Guerra. 2da Parte.

Por: Tony López R.

Todo comenzó a partir del asesinato del prestigioso líder revolucionario Jorge Eliecer Gaitán. Eso quiere decir que el 90 por ciento de sus habitantes hoy, han vivido bajo los efectos de una devastadora guerra, especialmente en territorios alejados de las grandes ciudades.

La alianza de la poderosa oligarquía liberal-conservadora ante la posibilidad de que la corriente liberal gaitanista de fuerte contenido social, lograra la segura victoria de Jorge Eliecer Gaitán en las elecciones de 1950, decidieron acabar con la vida   del líder de multitudes y conductor en ese momento del Partido Liberal.

Esa alianza política, en el periodo de 1946-58, se calcula que provocó el asesinato de cerca de 300 mil colombianos, aunque el periodo mayor de estos asesinatos fue ejecutado entre 1946 y 1952, la mayoría de militancia liberal-gaitanista, comunistas, e inocentes campesinos, a mano de la policía y ejército, o paramilitares conocidos como “Pájaros y Chulavitas.”

La Declaración de Benidorm, julio del 56, y el Pacto de Sitges, julio del 57, en España, acordados por el líder liberal Alberto Lleras Camargo y el expresidente conservador Laureano Gómez, dio origen al Frente Nacional, y así, pusieron fin a la violencia política y a la dictadura de Rojas Pinilla (1953-57). Con dicho pacto, se logró cierta normalidad de carácter institucional y aprobaron una política de alternancia del poder.  El Frente Nacional tuvo una duración de 16 años (1958-1974).

Desde entonces y hasta la fecha el conflicto armado interno en Colombia ha sido una realidad, y durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) Juan Manuel Santos (2010-2018) y el actual gobierno de Iván Duque, los crímenes y asesinatos se han venido sucediendo e incrementando. El Centro Nacional de Memoria Histórica, precisa que del año 1958-2016 el conflicto armado ha dejado un total de 262,000 mil muertos, 80,000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37,000 secuestros.

La exclusión social, el abandono de buena parte de los territorios del centro, oriente y sur occidental del país, donde no existía el orden y estructura institucional, llamadas zonas territoriales dependientes directamente de la Presidencia hasta 1980.  El enriquecimiento de los minoritarios, pero grandes propietarios de tierras, latifundios gigantescos, la discriminación racial y de los pueblos originarios, el abuso con los obreros y campesinos y en definitiva la carencia de justicia social, fue la que originó la lucha armada en la segunda parte del silgo XX, a partir de 1964 hasta nuestros días.

Con el triunfo de la Revolución Cubana de enero de 1959 y la derrota de la dictadura de Batista, la victoriosa Revolución Cubana, con su líder Fidel Castro Ruz al frente, quien, con un enorme apoyo popular, logró la independencia y soberanía  de  Cuba y sembró la esperanza  en la región y su ejemplo a influido favorablemente en el movimiento revolucionario y social de nuestro continente.

De igual modo lo fue la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y la Revolución Bolivariana en Venezuela iniciada en 1999. Y por esas razones el imperialismo les ha declarado la guerra, a estas tres naciones, como lo anunció el ahora derrotado presidente Trump.

Los pueblos tomaron conciencia y despertaron de la desesperanza que les envolvía la neo-colonización estadounidense, bajo la política Macartista del anti comunismo, se fomentaron y crecieron numerosas organizaciones y movimiento revolucionarios y sociales en este hemisferio. El escenario de abandono social, miserias, insalubridad, analfabetismo, desempleo, incultura, hoy más agudo y profundo por el fracasado modelo neoliberal en toda América Latina.

Esta crisis no ha sido originada por Cuba o por el castro-chavismo, como lo señala el uribismo en sus campañas políticas en Colombia, error, la grave crisis ha sido causada por la total injerencia económica, política, militar diplomática y social, de los gobiernos de Estados Unidos, los que han fomentado este deplorable estado de miseria y desigualdades, al imponer no solo en Colombia, sino en la región el antidemocrático modelo neoliberal. 

La vía armada en Colombia nació a fines de la década del 40, se incrementó en la del 50 con las guerrillas liberales y comunistas y luego de un periodo de seis años (1958-64) de tranquilidad, este fue interrumpido cuando la oligarquía liberal conservadora se preocupó con el avance del movimiento campesino que el Partido Comunista había logrado en la zona de Chaparral, el Sumapaz y muy especialmente en Guayabero, Pato, Rio Chiquito y Marquetalia.

Frente a ese movimiento, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, vocero de la derecha conservadora los acusó de subversivos y las calificó de “republiquetas independientes” y llamó a exterminarlas.  Así fue, el 27 de mayo de 1964 fue atacada Marquetalia por el ejército, con el apoyo y asesoramiento de las fuerzas militares de Estados Unidos, enfrentando al comando de autodefensa de 48 hombres, capitaneados por Manuel Marulanda, así surgen las FARC. Ese batallón del ejército no pudo derrotar a ese valiente grupo de campesinos, que se convirtieron en guerrilleros, tampoco los 16 mil soldados que desplegaron en la zona, bajo el amparo del llamado Plan LASO.  

Los movimientos surgidos en la década del 60 como el ELN el 4 de julio de 1964 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) de tendencia maoísta, en 1964, se fortalecieron y están vigentes. Todas permanecen combatiendo por sus ideas, como las FARC-EP Segunda Marquetalia, ELN, las FARC-EP y él EPL. Todas en disposición de dialogar con un gobierno serio y que cumpla lo que se acuerde fielmente y reiteradamente condenan lo que ha hecho el presidente Duque y Uribe en su condición de presidente del Partido Centro Democrático de desconocer los Acuerdos de La Habana y hundir esos acuerdos.

Diferente a lo sucedido con el otro sector de las FARC, que rindió sus banderas de lucha, renunció a sus principios políticos marxista-leninista-bolivariano y asumieron una política alejada de la lucha revolucionaria, cambiar su nombre por Partido del Común, y escoger libremente la respetable vía electoral y tradicional en Colombia. El nuevo Partido se simboliza con una Rosa, muy semejante a la de la socialdemocracia europea. 

El ELN espera pacientemente en La Habana que el gobierno de Duque cumpla con abrir los diálogos. La opinión pública debe saber que entre las dos tendencias de las   FARC-EP, alzadas en armas, según lo publicado por las FF.MM, cuenta con cerca de 6000 mil guerrilleros armados. Si con todas estas fuerzas, no se logra abrir un proceso de diálogo y negociación y combatir y liquidar el paramilitarismo, será muy difícil alcanzar la paz en Colombia.

Los Acuerdos de La Habana, han sido incumplidos y solo de ellos, queda el de la Justicia Especial de Paz (JEP) que por cierto el presidente Duque y Uribe quieren acabarlos. Y no podemos seguir creyendo que se ha logrado la paz.  Dolorosamente a esa conclusión están llegando los pueblos y comunidades colombianas que día tras días ven caer bajo las balas de las criminales bandas de paramilitares a ex combatientes, que firmaron esos traicionados acuerdos, y líderes y lideresas comunitarias, étnicas y afrodescendientes.

Siguen saliendo nuevas informaciones sobre la vinculación de las FF.MM con los falso-positivos y los miles de víctimas inocentes, en un conflicto cuyo proceso de dialogo y paz, ha sido traicionado.  

Muy claro lo expreso el ex presidente Andrés Pastrana Arango, a la periodista Vicky Dávila, en su libro Enemigos, (pag.126-127), cuando le dijo: “lo he dicho y siempre lo he reiterado. Uribe nunca estuvo de acuerdo con la paz y eso no fue justo con el país y no fue justo en mi Gobierno y no ha sido justo con el Gobierno del presidente Santos, porque inclusive él hizo un proceso de paz con los paramilitares, pero porque es bueno hacer un proceso de paz con los “paramilitares” y malo como lo que hice yo con las FARC o que lo haga Santos”. Y remató el ex presidente Pastrana con estas palabras: “Uribe nunca le ha dado la oportunidad de la paz a Colombia”

En la tercera parte y final le continuaré precisando aspectos sobre el conflicto social y armado que se escenifica en Colombia y que evidentemente mientras la oligarquía liberal conservadora, no acepte un verdadero sistema democrático y se logre un serio, genuino y real dialogo entre todas las partes en conflicto y los acuerdos que de allí emanen, sean sometidos a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa y estos formen parte de la Carta Magna.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, 26 de febrero del 2021.  20.30 hrs.

 

Colombia: La JEP, Los Falsos-Positivos. La Paz o la Guerra. (1ra parte)

 Por: Tony López R.

 La Justicia Especial de Paz, (JEP) revela que en su estrategia de ir avanzando en conocer la verdad y juzgar los distintos casos, el primero en iniciar fue el Caso 01 dado a conocer a finales de enero del 2021, contra los siete miembros del Secretariado de las FARC-EP, imputados por la JEP por secuestro tipificado como crímenes de guerra y lesa humanidad y le dieron de plazo de 30 días para que aceptaran su responsabilidad.  Este pasado 18 de febrero, mediante comunicado firmado por Rodrigo Londoño (c/p) Timochenko, estos aceptaron públicamente la gravedad de los delitos y su disposición a cooperar.

Si bien no queda claro, que hayan reconocido judicialmente su responsabilidad por los crímenes que se le imputan, queda clara su disposición para esclarecer y cooperar.  En el comunicado, emitido por Rodrigo Londoño, ellos convocan a los demás actores a sumarse al mismo camino. Señalando que, “la guerra en Colombia incluyó a diversos actores, políticos, militares, nacionales y extranjeros, considerando que el reconocimiento de nuestras responsabilidades será fundamental para la no repetición que los llevó a un conflicto social y armado por más de 50 años y que se pueda alcanzar la paz y la no repetición.

En esta dirección  se ha conocido que la JEP tiene también priorizado el Caso 03 sobre la conocida acusación a las Fuerzas Militares por los asesinatos en los llamados falsos-positivos, durante el conflicto armado y precisa que de acuerdo a las investigaciones realizadas y las respectivas denuncias fueron asesinadas  6,402 personas ilegítimamente entre el 2002-08, durante el  gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la gran mayoría de ellos jóvenes, los que habían sido presentados como guerrilleros muertos en combate.

Lo real era que el ejército detenía a grupos de jóvenes, como hicieron en Soacha, los llevaban en sus camiones, los mataban, luego los vestían con uniformes camuflados y colocaban insignias de las FARC-EP y presentaban como guerrilleros muertos en combates. Lo sospechoso es que ningún alto jefe militar, preguntaba dónde estaban los heridos, porque en cualquier combate, los heridos son más numerosos que los muertos, por lo que estos hechos de acuerdo a las leyes internacionales, rematar a un herido está considerado un crimen de guerra y de lesa humanidad, por lo que entonces también tendrían que dar cuenta.

Lo bochornoso y agravante de estos crímenes, es que se premiaban monetariamente a las unidades y oficiales por lo resultados y las bajas que se presentaban de la guerrilla, cuando en realidad no lo eran, sino inocentes jóvenes que detenían y los asesinaban fríamente para presentarlos como “supuestos guerrilleros”. 

Así eran premiados materialmente como establecía la directiva del presidente Uribe, que era acompañada por la campaña publicitaria de varios medios de prensa, que presentaban a los militares como grandes héroes y creaban en el imaginario de la opinión pública, que el presidente Uribe estaba acabando con la guerrilla como lo prometido en sus campañas electorales. Todo noticias falsas.

La información presentada por la JEP señala que la cifra de “falsos-positivos, es mayor de lo que se había reconocido y muestra que en ese periodo que gobernó Uribe Vélez, se registró el 78 % del total de victimización histórica. El 66% del total nacional y víctima se concentró en 10 departamento, hay cerca de 1500 militares presuntamente involucrados en la práctica de los “falsos-positivos” mientras que la Fiscalía de la Republica, solo había presentado ante la JEP la muerte de 2,248 en su informe, pero la JEP determinó que este ente judicial había omitido que habría 4,154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales y que por el momento totalizan 6,402 muertes.

En el actual escenario las madres de las víctimas de los falsos positivo de Soacha, saludaron a la JEP, pero exigen que se juzgue, no solo a los soldados y oficiales, sino a los máximos responsables del más alto gobierno, incluido los altos Jefe Militares de la época denunciadas por las madres de las víctimas. En una irrespetuosa e insultante respuesta, el comandante jefe del Ejército Eduardo Zapateiro. tweetio: “Somos soldados del ejército y no nos dejaremos vencer por más víboras y perversas que quieran atacarnos, señalarnos y debilitarnos.  Oficiales, suboficiales y soldados no nos rendiremos, no desfalleceremos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”

La inmediata respuesta al General Zapateiro de las madres de las víctimas fue: “no somos víboras, somos madres con mucho dolor de saber que los Héroes de la Patria fueron quienes asesinaron a nuestros hijos y tampoco vamos a desfallecer en esta lucha. La cifra de asesinados seguirá subiendo. Dios está con nosotras”. Con ellas sí debe estar Dios, él jamás apoyaría a los asesinos, precisó una de las víctimas.

Por cierto, este mensaje de acuerdo a los entendidos, tiene evidentemente dos destinatarios, amenazar a las madres víctimas de los crueles asesinatos por las Fuerzas Militares y a los integrantes de la JEP, para obviamente intimidarlos y evitar que los llamen lo que puede desencadenarse cuando realmente aflore la verdad y los señores. Además de una vergonzosa reacción de un oficial que debe subordinarse al pueblo y no servir a quienes lo masacran.

Por cierto, muy interesante el rumor de, que el ex presidente Juan Manuel Santos, y ex ministro de Defensa de Uribe, públicamente haya solicitado a la JEP ser citado para tratar del tema de los Falsos-Positivos, esperemos a ver si se hace realidad que la JEP lo llame a declarar y el desenlace que tendrá.

También está pendiente la presentación de uno de los más conocidos jefes de los paramilitares, miembro del Estado Mayor de las Autodefensas Unida de Colombia, (AUC) Salvatore Mancuso, quien  ha declarado públicamente  que el paramilitarismo existió por petición de sectores del Estado y de acuerdo al ex ministro y ex senador conservador Álvaro Leyva Duran, Mancuso dará a conocer  como fue instruido a no continuar desmembrando a sus prisioneros  y tirar los cadáveres  a los ríos, sino construir crematorio y desaparecerlo en cenizas.

Seguramente les resultará de interés a los lectores conocer los orígenes y antecedentes de esta guerra que Jorge Eliecer Gaitán, gran líder revolucionario y candidato a la presidencia por el partido liberal-gaitanista, profetizaba que, si era asesinado, con su muerte, Colombia entraría en una guerra interna que duraría más de 50 años. Y así ha sido, lamentablemente sus proféticas palabras se han venido cumpliendo y Jorge Eliecer Gaitán y su pensamiento siguen y seguirá siendo un gran guía del pueblo colombiano. 

Colombia ha vivido durante 73 años bajo los efectos de un conflicto social y armado interno, eso quiere decir que el 90 por ciento de sus habitantes hoy han vivido bajos los efectos devastadores de la guerra. En la segunda parte y continuación, le llevaré está interesante historia para poder explicarnos, este muy serio conflicto en nuestra querida hermana república de Colombia.

 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba 23 de febrero del 2021.  12.30 hrs.

Colombia. La farsa del gobierno de Iván Duque contra Cuba. (1ra parte)

 Por. Tony López R.

 Es evidente que el gobierno colombiano y el oficialista partido Centro Democrático, ha comenzado su campaña electoral para las presidenciales del 2022 y las ha adelantado porque tienen la necesidad política de cumplir con el gobierno del ya fenecido Donald Trump.  Por eso ha comenzado el Gobierno colombiano unas sucias maniobras políticas contra Cuba utilizando a la revista Semana, en su portada de hoy 16 de enero, bajo el sugestivo, pero calumnioso artículo llamado: Cuba: El dossier secreto.  Semana revela un truculento informe oficial que según reza “pone al descubierto la estrategia de la injerencia de Cuba en Colombia”.

Para entender porque el gobierno de Duque, crea este falso-positivo y artificial conflicto con Cuba, considere qué una de las   últimas misiones del Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sido visitar al presidente colombiano Iván Duque, todo antes de entregar su cargo, y de acuerdo a fuentes cercanas a la Casa Nariño y de la Cancillería, Pompeo vino a precisar la ejecución de los planes conjuntos que desde hace mucho tiempo ejecutan contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, China e Irán.

Procurar que su fiel aliado en Suramérica, sea una pieza clave  en el escenario internacional y que el nuevo gobierno de Biden quede enredado en las acciones a las que se prestará el gobierno de Colombia, muy especialmente contra Venezuela y Cuba y en el papel que  pueda jugar a favor de la derecha en países de Latinoamérica, abocados a elecciones en Ecuador, y los conflictos y crisis internas en Perú, Chile y Brasil y continuaran tratando de crearle problemas a Bolivia.

La primera acción de Colombia en la ejecución de dichos planes conjunto, la ha iniciado con la publicación de un informe con falsas acusaciones sobre actividades de diplomáticos cubanos dados a conocer en la revista Semana. Todo esto, justo cuando hace apenas unos días atrás, el gobierno de Trump a colocado a Cuba con el calificativo de que es un país que apoya el terrorismo. Obviamente esto no es una casualidad, esta debidamente estudiado y coordinado con la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El llamado “Dossier Secreto” tienen como uno de los objetivos específicos señalar que Cuba encubre a los miembros del ELN que están en La Habana, a la espera de que el gobierno de Duque cumpla con el acuerdo de iniciar las conversaciones de paz. El gobierno colombiano, rompiendo todas las normas y principios diplomáticos, que rigen los protocolos en este caso, al exigir a Cuba que entregue a los miembros de la delegación del ELN.  Cuba con toda razón se niega a entregarlos, porque quebraría los acuerdos firmados por las partes (Gobierno y ELN) con el respaldo de los gobiernos del Reino de Noruega y de Cuba. Y como bien declaró el gobierno de Noruega, entregar e incumplir los protocolos, conllevaría, a que ningún país en el futuro se comprometería a ser garantes de conflictos internos o externos.

Mientras que Humberto de la  Calle,  quien fue jefe de la delegación del gobierno colombiano en la conversaciones de paz con las FARC-EP en La Habana y Sergio Jaramillo    ex Alto Comisionado de Paz, del gobierno de Juan Manuel Santos,  cuestionaron al gobierno de Duque, señalando en un comunicado firmado por ambos, que: “Es un acto de ingratitud estatal  sin par con la República de Cuba, en negociaciones  similares  con el ELN, el gobierno de Iván Duque haya exigido la entrega a las autoridades colombianas  los miembros de la delegación en contra de los protocolos  firmados por el Gobierno de Colombia y los garantes internacionales, que exigen regresar a los negociadores del ELN a sus lugares de origen en caso de rompimiento de las conversaciones”.  

Es muy clara la posición del gobierno de Duque en cumplir las órdenes del saliente gobierno de Donald Trump, el plan es crear y favorecer todos los obstáculos posibles al nuevo gobierno del demócrata, Joe Biden. Tener presente que el oficialista partido Centro Democrático presidido por Álvaro Uribe Vélez, y el gobierno de Duque se jugaron a fondo en las elección de Estados Unidos a favor de Trump y para tal fin viajó a Miami la senadora uribista María Fernanda Cabal, para junto a la mafia cubana americana dirigida por Lincoln Díaz Balar y Marcos Rubio y la mafia política colombo-venezolana en esa ciudad, apoyar la campaña   política electoral en la migración de estas nacionalidades, incluida la compra de votos, así ha sido comentada por las redes sociales en Miami. Esa campaña fue uno de los factores que permitió que Biden no ganara en el Estado de la Florida.

Al dar a conocer el pasado 16 de enero el falso contenido del llamado “Dossier Secreto”,  en Colombia no se hizo esperar, la respuesta de diversos sectores desde gobernadores, alcaldes, y una declaración de 22 congresistas ºcolombianos le enviaron el pasado 13 de enero una carta al gobierno pidiéndole que “iniciara las conversaciones con el ELN, recordándole que una de los argumento esgrimidos por el gobierno de Trump sobre la calificación de Cuba como país que auspicia el terrorismo es la permanencia de la delegación del ELN en su territorio”. .

 Mientras que por otra parte el senador Gustavo Petro emitió una dura respuesta al gobierno sobre la injusta política hacia Cuba.  Y otro tanto hizo el senador Iván Cepeda quien acusó al partido oficialista Centro Democrático de auspiciar acciones contra Cuba entre ellas el falso informe publicado en Semana.  En la segunda entrega de esta historia revelaré las acciones que la revista Semana ha desarrollado contra Cuba, desde hace algunos años.

 

 (*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba 18 de enero del 2021.  22.45 hrs.

Colombia. En el 4to Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

 Por: Tony López R.

Hace cuatro años en el teatro Colon, en la ciudad d
e Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, Comandante Jefe de la FARC-EP, firmaban los acuerdos de paz de La Habana. Un proceso accidentado y complicadas conversaciones que tuvo una larga duración en la capital cubana y  al final y a  cuatro años de firmados, los enemigos de la paz, han logrado sus objetivos, al hacer prácticamente trizas los Acuerdos, por el incumplimiento de los 6 puntos de la agenda suscrita y firmada.

El proceso de paz, concebido por la oligarquía liberal conservadora y sus ejecutores, para lograr su objetivo estratégico, desarmar y desconcentrar al movimiento guerrillero, más grande y poderoso que ha tenido América Latina e impedir los cambios estructurales y de justicia social por la que venia combatiendo desde hacia mas de 50 años este movimiento revolucionario.

Durante el gobierno de Uribe lograron dar baja a los comandantes miembros del Secretariado, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Iván Ríos y la muerte por enfermedad de su histórico Comandante en Jefe Manuel Marulanda, esos lideres guerrilleros eran considerado por el enemigo el sector duro del Secretariado y estimaban que su desaparición debilitaba a dicha organización, solo faltaba quebrar al comandante Alfonso Cano, considerado uno de los ideólogos de las FARC-EP que había quedado como máximo jefe de la organización.   

El 4 de noviembre del 2011, apresaron herido al comandante Alfonso Cano y ordenaron su asesinato, a pesar de que él había comenzado conversaciones con vista a iniciar un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ordenó su asesinato, no podían permitir que sobreviviera y fuera llevado a un juicio, pues sería muy peligroso y en un juicio ante una Corte, pondría en evidencia a un sistema cruel, un Estado corrompido y una sociedad  abandonada y dirigentes políticos seriamente vinculados al narcotráfico. Tenia que morir.

Luego de ese crimen y a pesar de tan dramática situación, la dirección de la FARC-EP aceptó, continuar conversando y aceptaron realizar un proceso de paz en el exterior y bajar los 10 puntos de la agenda de paz, que se había aprobado en la 8va Conferencia del Estado Mayor Central y lo redujeron a 6 puntos de la agenda. O sea, bajaron los dos puntos que Marulanda y Cano defendían para iniciar cualquier negociación.

Esa concesión la hizo las FARC-EP, no por estar derrotadas militarmente, sino porque estaban realmente interesados en una paz con justicia social. Las propias FF.MM estaban convencidas que por la vía militar no derrotarían a las fuerzas guerrilleras colombianas, no solo a las FARC-EP, tampoco al ELN.

Ambos temas, fueron sometidos a un largo debate desde principio del año 2011, el primero en la frontera colombo-venezolana y luego de varios encuentros en la Isla de Orchila, Venezuela, se llegó al acuerdo de abrir el proceso de paz en Cuba, y que Noruega y Cuba fueran países garantes, y Venezuela de observadora y más tarde se sumó Chile en esa misma categoría.

Las conversaciones entre las partes, gobierno y guerrilla, se iniciaron en La Habana el 24 de febrero del 2012, los primeros seis meses con carácter muy secreto, y en noviembre del ese año, se dio a conocer el inicio oficial de la Mesa de Dialogo de paz en Oslo, Noruega, y allí se anunció a La Habana como sede principal. De febrero 2012 hasta el 24 noviembre del 2016 que terminaron en la firma de los Acuerdos de La Habana.

Durante los cinco años, que duraron en La Habana los diálogos de paz, la oposición al proceso de paz, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y sectores del Partido Liberal, que concentra a la derecha y ultraderecha política colombiana, con el apoyo de la gran mayoría de los medios de prensa desarrollaron una descomunal cruzada contra la Mesa de Diálogo de Paz de La Habana.

La campaña propagandística estaba basada en atacar al gobierno de Santos Calderón, acusándolo de estar entregado a las FARC-EP y propagar que un exitoso Acuerdo de Paz, terminaría llevando a Colombia a un régimen Castro-chavista y a Timochenko, jefe de la guerrilla FARC-EP, al sillón presidencial.

La campaña resultó en un exitoso efecto cuando al ser sometido en un plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, entre el SI y el No. Ganó el NO a pesar de que el 26 de septiembre ya se había firmado en Cartagena los Acuerdos de La Habana, pero se argumentó que no era un problema, porque el Plebiscito no era vinculante, lo cual resultó una gran mentira de Santos, Uribe Vélez, exigió que una Comisión revisara los acuerdos ya firmados y el gobierno presionó para que las FARC-EP accediera, por lo tanto, lo No vinculante fue un cuento.

Con el argumento de no poner en peligro las negociaciones de paz, después de haber logrado los importantes acuerdos del 26 de septiembre, las FARC-EP aceptó la revisión, pero lo que sucedió solo lo saben los protagonistas, pero Iván Márquez, que era el Jefe de la delegación guerrillera, se apartó de esa revisión y Timochenko encabezo esa tarea, mientras que por el Gobierno  lo asumió la canciller María Angela Holguín y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo, jefe negociadores del Gobierno salieron del escenario.

Muchos de los acuerdos importantes fueron modificados, incluso pretendieron eliminar el acuerdo sobre la Justicia Especial de Paz,  (JEP) pero no lo logaron, aunque modificaron algunos temas como el referido a que los expresidentes y gobernadores, altos mandos militares y los llamados “terceros” fueran llamados a testificar, hoy solo es a voluntad de cada uno de ellos, y estos últimos algunos son los grandes empresarios y terratenientes que financian el narco-paramilitarismo.

Hoy Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, están proponiendo eliminar la JEP e incluso al actual sistema de Justicia de Colombia y planteando convocar a un plebiscito y modificar lo que fue ganado con la Constituyente del año 91, lo que sería un retroceso a un pasado bochornoso y plagado de impunidad.

La campaña y toda esa acción política anticomunista, estaba también respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno que afirmaba en Colombia su base para provocar el derrocamiento del gobierno de Chávez y luego de su muerte, al de Nicolas Maduro, a lo que se prestó y presta el actual el gobierno del presidente Iván Duque.

En esos casi cinco años de conversaciones no todo era color de rosa hubo muy fuertes debates, los principales temas no estuvieron referidos a cambios estructurales que debió ser el objetivo principal de las conversaciones de paz. No se trataba de hacer cambios revolucionarios ni muchos menos socialistas, pero si cambios estructurales en cuanto a temas estratégicos incumplidos en los 6 puntos de la agenda y que a continuación les voy a referir brevemente cada uno de ellos.

El primer punto de la agenda aprobada era la ley de tierra, o lo que es lo mismo la reforma agraria integral, de este punto solo se ha cumplido solo en un casi 1 por ciento. De los 5 millones de hectáreas, que debieron ser distribuidas entre el campesinado, garantizándole los medios técnicos y la garantía de que sus productos se comercializaran, solo se han entregado 35 mil hectáreas, o sea no llega ni al 1 por ciento de los 5 millones que se debieron distribuir.  Un punto totalmente incumplido.

El segundo punto de la agenda acordado, se relacionaba con la reforma política que entre otros aspectos se vinculaba a la reforma electoral y judicial, en este último basado en la idea de la democratización mediante las elecciones en el sector judicial de los altos cargos en las Cortes y no por la terna que propone el ejecutivo. Respeto y garantías a los partidos políticos minoritarios y apoyo a los movimientos y organizaciones integradas por las minorías étnicas. Este punto ha sido sepultado.

El tercer punto relacionado con el fin del conflicto, ha sido también incumplido, ciertamente hubo una desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC-EP, en ese periodo del año 2017 y parte del 2018. No así sucedió con un sector de las FARC-EP que no se desmovilizó y mantuvieron sus armas.

Mientras que, por el montaje dirigido por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la DEA, contra el comandante Jesús Santrich,  que involucró al comandante Iván Márquez, provocó una profunda división en las FARC-EP y este sector volvió a la lucha armada y ha conformado un creciente Bloque Guerrillero. Esa operación del Fiscal buscaba y logró hacer trizas el Acuerdo de Paz.  Por eso lo premian y lo nombran embajador en España, burlando la justicia y haciendo patente la impunidad de un régimen dictatorial.

Estas operaciones contra los Acuerdos de Paz no son ajenas al gobierno de Iván Duque quien además se ha negado a restablecer las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional, los que, a pesar de la insistencia de los insurgentes en retomar las conversaciones, el gobierno se ha negado y lejos de ello, hace reclamos violatorios de los tratados internacionales, reclamándole a Cuba la extradición de los integrantes de la delegación del ELN.

Esa pretensión del gobierno de Duque, no hace más que demostrar la carencia del más mínimo respeto por el derecho internacional y de lo establecido en los protocolos firmados por el gobierno colombiano, ante los gobierno del Reino de Noruega y de Cuba, para acoger en Cuba a las partes y continuar los diálogos de paz en La Habana y ante una ruptura o divergencia, la delegación insurgente seria trasladada y llevada al territorio colombiano de donde  fueron recogido con toda las garantías y seguridad.

El cuarto punto de la agenda, sobre la sustitución de cultivos ilícitos por la vía de erradicación manual y no utilizar la fumigación aérea con el glifosato, no se cumplió, tampoco se les entregó el subsidio a los cultivadores de coca y amapola, puro engaño.  Las siembras de coca aumentaron y se calculan en más de 220 mil hectáreas. En la actualidad el gobierno se apresta al uso de la fumigación aérea, lo que ha recibido el rechazo de la población campesina.

El quinto punto de la agenda trata el tema de las víctimas y no repetición, así como aplicar la justicia a los violadores por parte de la JEP, tampoco se ha cumplido debidamente y se inclina a juzgar a los ex guerrilleros, y limitadamente a los agentes del Estados y a los financieros de los grupos paramilitares, siendo este último los dos sectores los que han provocados la mayor cantidad de víctimas. Las 16 curules que debían ocupar los representantes de las víctimas, no han sido otorgadas. Este punto es otro de los graves incumplimientos y la tergiversación de los acuerdos de paz.

Por último, el sexto punto, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, por lo ya explicado, es razonable afirmar que el gobierno del presidente Duque y del ex senador Álvaro Uribe, son los máximos responsables de los incumplimientos y la inacción de una correcta y real implementación de los Acuerdos de Paz.

En Colombia lejos de existir un clima de paz, es hoy un verdadero escenario de guerra, crímenes e injusticia social, e impunidad el gobierno y las fuerzas de seguridad y el orden son los promotores y ejecutores de la violencia y la impunidad.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba, 27 de noviembre del 2020. 23:30 hrs. 

A cuatro años de la firma de la paz en Cartagena, Colombia. (1ra parte)

Por: Tony López R.

El 26 de septiembre del año 2016 se llevó a cabo en Cartagena d
e India Colombia, la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

A dicha firma acudió la comunidad internacional, entre ellos el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon; el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la OEA. Y otros altos funcionarios de organismos internacionales. En representación del Papa, el Secretario de Estado del Vaticano el cardenal Pietro Parolin, quien ofició una ceremonia litúrgica en San Pedro Clavel a las 12.00 del medio día de ese 26 de septiembre y simultáneamente en todas las iglesias católicas colombianas.

Acudieron 15 presidentes y 27 cancilleres entre ellos de Cuba, Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, Panamá, El, Salvador, Chile, Guatemala, Perú, Republica Dominicana, Paraguay, Costa Rica y Honduras. El Rey de España Juan Carlos I y los expresidentes Felipe González (España) y Ernesto Zedillo (México) y José Mujica (Uruguay) Así como el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan y un representante de los Estados Unidos. Acudieron cerca de 2500 personalidades colombianas y representantes de los poderes del Estado Colombianos y cientos de periodistas nacionales e internacionales.

Desafortunadamente todo fue un montaje y un gran show, una verdadera burla a la comunidad internacional de oligarquía colombiana, que no tiene ningún empacho ni respeto en hacer estas acciones.  Acabamos de conocer el discurso del presidente Iván Duque en el 75 aniversario de la fundación de la ONU y mentir de manera descarada al mundo, al afirmar que su gobierno cumple los Acuerdos de Paz, que en Colombia reina la tranquilidad y la paz, discurso muy criticado en las redes sociales y en la prensa de izquierda de ese país, porque los grandes medios son cómplices de esas mentiras porque  están en manos de la gran oligarquía.

De cual tranquilidad y paz, puede hablar Duque, sí solo entre enero y agosto de este año y en su gobierno hubo 62 masacres, con más de 200 muertos entre ellos los 14 jóvenes asesinados en Bogotá por la Policía, los   crímenes que se siguen cometiendo el día a día, que el ministro de Defensa los califica de comicios colectivos y por cuyo motivo está siendo juzgado por el Congreso Nacional. Del cumplimiento de los acuerdos solo se ejecutan en palabras y en el discurso oficial y de los medios que todo lo manipula o lo oculta.  Pero Colombia tiene una buena aliada en la representante de la ONU para los DD.HH, Michel Bachelet, la que nunca se ha pronunciado por las masacres y crímenes de este gobierno, ninguna mención a los más de 1050  líderes sociales y los 231 ex combatientes de las FARC asesinados por paramilitares y la fuera pública. Que pueden esperar los pueblos del mundo, de una Representante de la ONU parcializada con la derecha y políticamente subordinada a los intereses de Estados Unidos.

Era imprevisible y nadie podía pensar, que los Acuerdos de Paz de La Habana, sometidos durante más de cuatro años a fuertes y complejos debates de las partes, fueran y son incumplidos, no solo por el actual gobierno de extrema derecha, que preside Iván Duque Márquez, también por el gobierno de Juan Manuel Santos, que luego de firmados los Acuerdos en Cartagena, gobernó  por 22 meses, o sea casi dos años en el poder y se dedicaron a crear mecanismos burocráticos y estrategias evidentemente retardatarias, y un tema como el que abordar el primer punto de agenda la Ley de Tierras no se  priorizó, cuando el presidente Santos conocía perfectamente que ese era para la insurgencia  el principal tema y lo que motivó el inicio de la lucha guerrillera en 1964 en Marquetalia. 

Actualmente la prensa occidental e incluso alguna prensa  de izquierda en la región,  confundidas o desinformadas, afirman que los Acuerdos de Paz en Colombia avanzan y algunos medios citan y dan por ciertos el cuarto informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de la Paz, de la Universidad de Notre Dame, presentado el pasado 16 de junio que dice: “recoge que hasta noviembre del 2019, mas de la mitad de los Acuerdos de Paz estaban en su fase inicial de implementación”, falso ninguno de los acuerdos de paz se han iniciado, aunque el señor Emilio José Archila Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación de los Acuerdos  de Paz anuncia  con bombos y platillo que se cumplen,  pura propaganda y campaña mediática.

Se puede decir que solo una limitada y parcial atención y mínima parte de algunos de los Cinco Acuerdos de La Habana se han puesto en práctica, como el subsidio de un 90% del salario mínimo a los combatientes desmovilizados, que se encuentran en  los Espacio Territoriales de Capacitación y Reconciliación (ETCR),  aproximadamente y en  un inicio de unos 13 mil combatientes, hoy en esos espacios  quedan radicados  apenas 2000 combatientes, el resto los 11 mil ex guerrilleros,  han tomado las armas y se han  reincorporado a la FARC-EP Segunda Marquetalia, y las FARC-EP  que la prensa gusta llamarla “disidencia” y estos según las FF.MM suman un poco más de  4000 combatientes, los que con los más de 3000  guerrilleros del ELN, suman unos 7 mil hombres armados y estructurados en sus respectivos  Frentes de guerra, continúan activos y enfrentados a los paramilitares y al ejército nacional.

Por tanto, el subsidio se limita a los ETCR. El incumplimiento de la amnistía decretada en diciembre del 2016, aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional. Y quedan en prisión 300guerrilleros porque algunos jueces en cuatro años estudian los expedientes cuando la Corte Constitucional había aprobado la libertad inmediata de estos presos políticos, que formaron parte de la negociación y del Acuerdo.

El resto, unos 6500 ex combatientes  se han incorporado al llamado grupo  Nuevo Agrupamiento  de Reincorporación, o al  que lideran los ex comandantes Sonia, Fabian Ramírez y Andrés Paris, organización que  adoptó el nombre de Pro-reincorporación, todos  alejados del Partido de la Rosa, que dirige Rodrigo Londoño (c/p) Timoleón y que por sus diferencias con sectores del Secretariado en la Décima Conferencia, optaron por salir y otros como Sonia, Fabian Ramírez y André Paris,   fueran  expulsados de dicho Partido a petición de  Rodrigo Londoño, (Timoleón).

Las discrepancias con Timoleon y el Secretariado estaban basadas por el abandono y la eliminación de los Estatutos, del carácter político ideológico marxista-leninista, bolivariano, del nuevo partido Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común, o Partido de la Rosa, propuesta presentada por los comandantes Pastor Alape con el absoluto respaldo de Rodrigo Londoño, (Timoleón Jiménez)

En esencia lo que fue, un gran movimiento político -militar, con una ideología marxista- leninista-bolivariana y que tuvo una existencia de 52 años, ha sido victima de un brillante plan del enemigo para su exterminio y a ello contribuyó una muy bien articulada  política de penetración de agentes, dentro de esta organización y que viene desde hace muchos años, cuando el primer desprendimiento se produjo   del llamado Frente Ricardo Franco, en la década del 80 y cuyo jefe Jose Fedor Reyes  (a)  Javier Delgado, de acuerdo a fuentes bien informadas, este pertenecía a los Servicios de Inteligencia militar y ejecutor de la masacre de Tacueyo.

La masacre por órdenes de Delgado horrorizo a Colombia, cuando ejecutaron en Tacueyo, departamento del Cauca, a más de 150 guerrilleros, a los que Delgado y otros dirigentes de ese Frente acusaban de infiltrados, por cierto en el Frente Ricardo Franco, militó el actual miembro del actual Secretariado del Partido de la Rosa, Carlos Antonio Lozada. De acuerdo a todas las informaciones conocidas, es que esa disidencia de Javier Delgado una de sus misiones era dividir a  las FARC-EP, el discurso de él y sus seguidores, eran que los jefes de las FARC, estaban viejos y que no luchaban por la toma del poder y  que mucho daño causo a dicho movimiento. 

Pero para explicar, este desafortunado desatino, debe tenerse en cuenta las causas y orígenes del proceso de paz y los debates de la Mesa de Dialogo de La Habana, los acuerdos y desacuerdos alguno de ellos de carácter estratégicos, como la negativa del gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa y en su lugar convocar a un plebiscitó que las FARC-EP no aceptó, pero el gobierno unilateralmente lo impuso, un plebiscito no vinculante. Realizado el 2 de octubre del 2016, y que tenia solamente como objetivo, responder un SI o un NO a los Acuerdos de la Habana.

Como era previsible y para sorpresa y una gran desesperanza el NO triunfo, o sea un importante sector del pueblo colombiano votó en contra de la paz y a favor de la guerra, esto no era previsible, pero la campaña mediática desarrollada personalmente por el ex presidente Uribe Vélez y su sequito y todos los medios de comunicación colombianos, latinoamericanos y estadounidenses, daban por sentado que, de ganar el SI, Timochenko se instalaría en la Casa de Nariño y en Colombia se impondría el Castrochavismo. Mientras que, por otra parte, los medios y recursos gubernamentales y el oficialista Partido, realizaron muy poco trabajo y explicaciones respecto a la importancia de que el Si triunfara.

Pero dejemos para la segunda parte,  una mas detallada información sobre el tema, porque todo esta historia tiene como señalé, causa y origen y merecen mis lectores una mayor explicación de porque hoy, una organización político militar, marxista-leninista y bolivariana, con un ejército guerrillero de un poco mas de 13 mil combatientes y de un movimiento urbano que había ganado una importante  membresía, no derrotado militarmente, ha sido conducido, con gran destreza, habilidad e inteligencia a su lamentable desaparición y  entrega.

La traición de los hombres ha jugado un papel importante en estos hechos. Lo que debe servir de experiencia a las mujeres y hombres que en nuestra región luchan por la justicia social, la igualdad y contra el criminal modelo neoliberal y capitalista.

Recordar al Che en el 53 aniversario de su asesinato y en su pensamiento y obra.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional

La Habana, Cuba, 8 de octubre del 2020.  19.15 hrs.

 

Colombia Álvaro Uribe Vélez, acusado de narco-paramilitar.

Por. Tony López R (*) 

Cuando en días pasados la prensa de los Estados Unidos publica documentos desclasificados, que el gobierno estadounidense sospechaba desde hace 20 años de los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el narco paramilitarismo, es considerar, que los colombianos y latinoamericanos somos idiotas. Todo un gran show mediático. Hace 40 años que se le hizo la primera acusación a Uribe de estar vinculado al narcotráfico. 

En el año 1981 el ex gobernador del departamento de Antioquia, Iván Duque Escobar, “denunció ante el entonces presidente Julio César Turbay Ayala, que Álvaro Uribe Vélez nombrado por él como Director de Aeronáutica Civil, había otorgado una licencia al conocido narcotraficante Jaime Cardona, con el fin de trabajar la ruta aérea Medellín- Turbo, así como la construcción de pistas de aterrizaje para aviones de la mafia”. Turbay no tomo medidas y Uribe duró en el cargo dos años. (1) 

Desde entonces la sindicación de que Uribe Vélez estaba vinculado al Cartel de Medellín y a la familia Ochoa, a quien le unen lazos familiares, había sido denunciadas, tal es así, que cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenó una investigación sobre Aeronáutica Civil, comenzaron a salir informaciones sobre el tema. 

El periodista colombiano Fabio Castillo en su libro “Los Jinetes de la Cocaína” dio a conocer que “Uribe le otorgo licencia a muchos pilotos de los narcotraficantes cuando era director de Aeronáutica Civil”. 

El ministro Lara ordenó paralizar 30 aeronaves a los Ochoa, 10 a Pablo Escobar, 10 a Gonzalo Rodrigue Gacha “El Mexicano” y 4 a Carlos Lehder Rivas, que habían sido beneficiadas con dichas licencias. 

Información aportada por el diario El Tiempo el 8 de septiembre de 1983, en la pagina 17 A, da cuenta de lo siguiente: “El Consejo Nacional de Estupefacientes, solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas, propiedad de Pablo Escobar y Carlos Lehder” 

Ya desde esa fecha, 8 de septiembre de 1983, en su primera página el diario El Colombiano, daba a conocer que “el gobierno de los Estados Unidos señalaba a Carlos Lehder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa como cabecillas del cartel de la cocaína”. El 21 de abril del 2002 la unidad investigativa del periódico El Tiempo señala “que durante la gestión de Uribe comprendida desde marzo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se otorgaron 562 licencias”. “La administración Uribe de Areonautica también otorgo licencia de operación a 95 pistas privadas”. 

Mientras que “el ministro Lara Bonilla, daba una batalla en la Cámara de Representante, para que se aprobara la ley que permitía la extradición, y denunciaba que el parlamentario Pablo Escobar, poseía tres hangares y una flotilla de aviones para transportar drogas”. 

Como es sabido, el enfrentamiento del ministro de Justicia Lara Bonilla a los carteles de la droga, le costó la vida, Pablo Escobar ordenó su asesinato. 

Acerca de la noticia de los vínculos de Uribe Vélez con el narco-paramilitarismo, que ahora desclasifica el gobierno de Estados Unidos, cabe preguntarse: ¿Porque en todos estos años, sí el secretario de Defensa de EE: UU Donald Rumsfeld, conocía estos vínculos mafiosos, los gobiernos de Bush y Obama, le dieron total apoyo e incluso se sirvieron de él al aceptar Uribe la entrega de su territorio para establecer 7 bases militares de EE: UU en Colombia? 

Se desprende de esa conducta de la Casa Blanca: ¿complicidad o chantaje? ¿Porque ahora desclasifican y publican documentos que prueban los vínculos del ex presidente y ex senador Uribe Vélez con el narco-paramilitarismo? Es acaso una jugada electoral de Trump para presentarse como defensor de los derechos humanos y enemigo del narcotráfico, cuando la realidad ha venido demostrando una política de complacencia o tolerancia, empleando una hábil y tramposa defensa de Uribe Vélez. 

Todo lo que está sucediendo es muy oscuro, el encarcelamiento domiciliario de Uribe y la maniobra de salir de la jurisdicción de la Corte a la Fiscalía, con una maniobra de Uribe al renunciar a la curul y así pasar a la justicia ordinaria quien lleve el caso, a mano del Fiscal Francisco Barbosa, quien por su dependencia y relaciones política con Uribe fue recusado por el senador Iván Cepeda y pese a estar recusado el Fiscal nombro Fiscal para el caso de Uribe, al Fiscal Gabriel Jaime, que llevó al senador Iván Cepeda a reiterar la ilegalidad cometida por el Fiscal Barbosa, quien en el proceso de Uribe debe abstenerse de actuar. Es público que el Fiscal Jaime está señalado de uribista y por sus relaciones con el exgobernador del Magdalena, Trino Luna y sus vínculos con el paramilitarismo. 

Por otra parte, el escándalo con el incumplimiento de la orden judicial del tribunal de Cundinamarca al gobierno de Duque porque desconoció al senado, como manda la Constitución de ingreso de tropas militares extranjeras a territorio colombiano. Lo cierto es que el gobierno sigue incumpliendo y el senador Iván Cepeda denuncia que siguen ingresando tropas estadounidenses, sin la aprobación del senado y violando la Constitución. 

La negativa de Estados Unidos en extraditar al capo narco-paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, con el argumento de que hubo errores de procedimiento en la solicitud de extradición del gobierno de Colombia y que por esa razón fue extraditado a Italia, cuando era conocido que Mancuso había manifestado su disposición a declarar todo lo que conocía del comprometimiento de Uribe con el paramilitarismo y las masacres cometidas en Colombia. 

El gobierno de Donald Trump será señalado de cómplices al apoyar y admitir la impunidad con la que el gobierno de Iván Duque está actuando en el caso del ex presidente Uribe Vélez, en un tema tan sensible como el paramilitarismo y el narcotráfico, lo que se agrava con las 43 masacrases que se han cometido en lo que corre de este año, que involucra en algunas de ellas a las FF: MM. Por cierto, no es descartable que los líderes del partido demócrata pueden utilizar estos elementos en la campaña contra Trump. 

A este escándalo se enfrenta el gobierno colombiano en medio de una crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia que azota a la humanidad y que en Colombia ha cobrado la vida de más de 22 mil fallecidos y los más de 600 mil infestados por una negligente e insensible política del Presidente Duque, que se ha dedicado a buscar salida, como bien se dice, en el argot mafioso colombiano, al caso de su patrón. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional. 

La Habana, Cuba, 6 de septiembre del 2020. 19:00 hrs. 

1) Biografia no autorizada de Álvaro Uribe. Ed Oveja Negra 2002. Pag 7-8 y 15. Josef Contrera y F. Garavito.

Colombia: Decadencia y el final del uribismo.

Por. Tony López R (*) 

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar el encarcelamiento domiciliario, del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, es un hecho político trascendente, porque apunta a golpear muy seriamente a un poderoso sector, de la oligarquía agroindustrial, financiera y comercial colombiana, penetrada y comprometida con la industria y la comercialización del narcotráfico. 

Sí bien el delito por el que la Corte, decidió tomar tal decisión, la acumulación de pruebas deben ser muy sólidas y aunque no es de la mayor gravedad, de otras acusaciones que lo implican, sobre masacres, o por su responsabilidad en las criminales acciones militares, eufemísticamente llamados Falsos-Positivos, cuando en realidad fueron crímenes de guerra. Hoy algunos militares están pagando cárcel, pero no quienes las ordenaban, en este caso, el Presidente y el ministro de Defensa. 

La política que, durante sus ocho años de gobierno, siguió con los paramilitares, con los cuales abrió una Mesa de Dialogo, en Santa Fe de Ralito, Córdoba, en el 2003, cuyo fin quedó claro, cuando promovió la ley de Justicia y Paz, y la mayor pena era de 8 años de cárcel, que podía rebajarlas de acuerdo al comportamiento de cada reo, la ley les amparaba para luego de cumplirla, incorporarse a la actividad pública y política. También se le respetaba una parte de sus fortunas. 

Todo era para cobijar a grandes capos del narcotráfico con la famosa ley de “justicia y paz”, solo unos ocho o diez, fueron extraditados por presión de Estados Unidos y ahora esos sujetos, acusan a Uribe de haberlos traicionado, entre ellos Diego Fernando Murillo (a) Don Berna y Salvatore Mancuso. 

Por cierto Mancuso que ya cumplió con su pena, no los 27 años a la que había sido condenado, pero por un error de procedimiento de Colombia, EE:UU negó la extradición de Mancuso, quien por cierto había declarado que en Colombia y ante la JEP, contaría todo lo que conocía sobre Uribe. En los próximos días viajará a Italia de donde es ciudadano. 

Richard Maok, investigador del CTI quien investigó el caso de la empresa Air Cargo Line, complicada en el ingreso de 10 tonelada de Cocaína del Cartel de Sinaloa a EE:UU, tuvo que huir de Colombia, cuando dio a conocer los vínculos de Uribe Vélez, y Fernando Sanclemente director de Aeronáutica Civil en el gobierno de Uribe, con dicho contrabando y tráfico de droga. 

Las relaciones de Uribe y Sanclemente con el cartel de Sinaloa vienen a través de Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, cuñada y sobrina del expresidente, el hermano de Dolly hace varios meses atrás, atestiguó en el juicio que se le sigue al Chapo Guzmán, en New York y se refirió a los mencionados como los implicados en esa operación. Está información fue publicada únicamente por la Nueva Prensa por el periodista Daniel Mendoza. Los grandes medios la ignoraron. 

Existen otras muchas acusaciones como lo de la Yidispolítica, comprada para que votara a favor de la reelección de Uribe, su voto era decisivo, por lo que cumple cárcel, pero Uribe no, eso fue un fraude que le permitió reelegirse. La llamada Operación Orión, asesinatos decenas y decenas de pobladores de los barrios y comunas pobres en Medellín, durante su gobierno y a los que llamaban los desechables. 

El caso de Agroingeso un hecho delictivo que tiene en una mullida cama en una “cárcel “militar al exministro de Uribe, Felipe Arias, (a) Uribito 

Está pendiente el caso de los 12 Apóstoles, una banda de paramilitares que operaban en Yarumal bajo el mando de su hermano Santiago responsables de varias masacres y de la cual Álvaro era cómplice, así lo atestiguo el mayor ® Juan Carlos Meneses, que tuvo que huir a La Argentina. 

Muy preocupado estaba el Presidente, cuando llamó personalmente al cónsul Ignacio Ruiz Perea en Argentina para conocer resultados de la indagatoria a Meneses, y que este rendía ante el fiscal, delegado Hernando Castañeda. Quería conocer que había dicho Meneses de Santiago Uribe, su hermano. (1) 

Pero todas estos hechos y acusaciones que sindican al expresidente Uribe Vélez y actual senador, han sido totalmente ignorados por la Justicia y por la prensa colombiana esta tiene un fuerte nexo y complicidad o también algunos el temor por tratarse de Uribe, no por la jerarquía, porque otros con igual cargo, fueron atacados ferozmente por los grandes medios de prensa, siempre en poder de esa oligarquía de derecha y proyanqui, cuyos mensajes en las últimas 48 horas, luego de la detención de Uribe, sus publicaciones y comentarios en los medios escritos, televisivos, y radiales, los llamado periodistas prepagos por el uribismo, llaman a la venganza y al odio. 

Colombia atraviesa hoy no solo una severa crisis sanitaria, por cierto, muy poco atendida gubernamentalmente, se contabilizan las lamentables muertes de 10 mil colombianos y cerca de los 130 mil contagiados, la falta de camas y equipos para combatir la Covid-19, es un deplorable escenario sobre todo para una población víctima de la ley 100, que, en el año 1993 a propuesta de Álvaro Uribe, dejó sin asistencia social y de salud a la mayoría de los colombianos. 

Por otra parte, con la detención domiciliaria, al ex presidente Uribe, sectores de su Partido, están creando una crisis política, al extremo que hemos conocido que la senadora Holguín del Centro Democrático, hizo un llamado a la reserva activa de las FF.MM a pronunciarse, o sea esta incitando a un golpe de Estado. Mientras la senadora Paloma Valencia, del del mismo Partido está llamado a la convocatoria de un plebiscito, para reformar el sistema de Justicia y unificar en una sola Corte Judicial la que se ocupe de impartir justicia, una vieja propuesta de Uribe, todo dirigido para acabar con la Justicia Especial de Paz, (JEP). 

Esto es un grave ataque a la Corte Suprema de Justicia y los sectores de la cual se hace eco el propio presidente de la República y con sus acciones y declaraciones a favor de Uribe Vélez y sus insinuaciones de persecución política, es sumamente comprometedor para la credibilidad de la institucionalidad de la Nación y puede provocar un fuerte enfrentamiento entre los uribistas y sus adversarios y cuyas consecuencias son imprevisible, porque desde hace ya mucho tiempo que en Colombia hay una gran polarización. 

De esa conducta de odio y venganza no se ha desentendido el propio presidente Iván Duque, quien no solo publica y hace declaraciones que tiende a poner en tela de juicio la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, acaban de promover en el Congreso una llamada Ley de Inocencia y honorabilidad, un verdadero reto a la inteligencia del pueblo colombiano y una forma “legal” de tratar de violar lo que ha juzgado la Justicia Colombiana, que como sabemos, desde hace mucho tiempo ha sido amenazada, el ejemplo del magistrado Velázquez, es un ejemplo. 

Los medios de prensa no reaccionan así, cuando se condena injustamente a alguien de la izquierda o un simple ciudadano que se destaca como defensor de la justicia social, no estos lo que pueden es perder la vida o acaso los ya más de 1000 defensores de sus comunidades y de los DDHH, por solo defender sus etnias, o el orgullo de ser afrodescendiente, son asesinados por las criminales bandas de paramilitares, formados y organizados por las famosas convivir, que en la década del 90 creó, el entonces gobernador Uribe Vélez en Antioquia. 

Los pueblos se agotan y las manifestaciones del 21 de noviembre el pasado año, así lo demostraron, basta de impunidad rezaban sus carteles, comenzaba la decadencia y el final de uribismo. Amanecerá y veremos. 

Esperemos que reine la prudencia, la racionalidad y la inteligencia de los que dirigen ese rico y hermoso país, y no se invite al odio y la violencia que nunca será la solución de las crisis políticas, económicas y sociales de los pueblos. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional. 

La Habana, Cuba, 5 de agosto de 2020. 21. 30 hrs. 

(1) El Clan de Los Doce Apóstoles. Editorial Icono. 2011. Pg 288. 

Autora Olga Behar.

  

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Colombia. A 56 años de la fundación de las FARC-EP. 5ta parte.

Por: Tony López R 

En mi anterior artículo afirmé que los Estados Unidos y la oligarquía liberal-conservadora colombiana, tenían mucha paciencia y concibieron un plan de largo plazo, hábilmente conducido con el objetivo de desarmar a la guerrilla, con especial atención a la FARC-EP. Movimiento guerrillero que llegó a sobrepasar los 20 mil hombres armados y controlar cerca de 300 municipios de los 1050 que tiene el país. 

El plan, cada uno con sus característica y condiciones, tal como lo describe el ex presidente Juan Manuel Santos Calderón en su libro “La batalla por la paz”, se ha venido cumpliendo por etapas y ha tenido una duración de 16 años para concretar su objetivo, el que por cierto, no puede calificarse de exitoso, porque si bien desarmaron a una parte de las FARC-EP, no se puso fin al conflicto social y armado. 

Lamentablemente, el gobierno de Duque ha incumplido y violado los acuerdos y protocolos internacionales como es el caso del ELN, todo agravado, por la ola de crímenes de dirigentes sociales y ex combatientes desmovilizados, desplazamientos, represión brutal a las protestas sociales, corrupción. desmoralización en las Fuerzas Militares y en sus altos mandos, por sus vínculos y complicidad con el narco paramilitarismo denunciados por sus propios subordinados, graves violaciones de niñas por militares colombianos y como colofón la total violación del Estado de Derecho de un gobierno, ahora señalado de ilegitimo y comprado por el dinero del narcotráfico. Los sueños prometidos han terminado en una negra pesadilla. 

Los Acuerdos de La Habana, firmados el 27 de septiembre del 2016 en Cartagena de Indias, en presencia del Secretario General de la ONU Ban Ki- moon, y varios Jefes de Estado, fueron modificados después del triunfo del No a la Paz, en el plebiscito del 2 de octubre, y aunque este no era vinculante, el ex presidente Uribe Vélez exigió revisar y cambiar contenido de lo ya acordado. Para algunos un paso en falso del gobierno de Santos, que provocó no pocas incomprensiones en el seno de las FARC-EP, y que hoy observamos como se manifiesta en las diferencias y divisiones dentro de lo que fue, este movimiento. El debate sobre modificaciones y cambios duró dos meses y finalmente los Acuerdos definitivo se firmaron en Bogotá, el 24 de noviembre del 2016. 

Pero si bien esa entrega de armas y concentración de las fuerzas de las FARC que respaldaban sus posiciones a favor de la paz, sin que se pusieran en práctica y se aprobaran las leyes que debía poner en ejecución el gobierno de los puntos principales de los Acuerdos de La Habana. No hubo reciprocidad del gobierno de Santos, que en el tiempo que le quedaba de mandato de noviembre del 2016 al 6 agosto de 2018, (1 año y 7 meses) pudo haber dejado aprobadas varias leyes y en ejecución la implementación y cumplimiento de la mayoría de los acuerdos, entregando la presidencia a un mandatario y partido, que fue y es el mayor opositor y jurado enemigo de la paz en Colombia. 

Resulta evidente, que ese escenario era el más conveniente para ejecutar el plan de derrotar a las FARC-EP y así ha sido. Esto explica la negación del gobierno de Santos a que los Acuerdos de La Habana, fueran sometido a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, sin ese instrumento aprobado por el soberano, los Acuerdos quedaban a merced del Congreso y de la Corte Constitucional, por cierto, nada favorables para la insurgencia. Mientras que por otra parte y al finalizar el mandató, quedaba en manos de un gobierno y un poder legislativo a fines a los intereses de la oligarquía liberal conservadora y totalmente subordinado a la política de Estados Unidos. Los hechos están allí y son irrefutable. 

Según el ex presidente Santos en 1997 medio centenar de colombianos representantes de “todos los sectores de la sociedad debatieron e imaginaron cuatro escenarios posibles para el futuro del país y que estos imaginados escenarios fueron proféticos”. (1) 

El primer escenario le llamó “amanecerá y veremos” este era el que se presentaba en el gobierno de Samper, que condujo a la perdida de autoridad estatal, el recrudecimiento de la violencia y al incremento de la pobreza y la inequidad social. Situación real heredada de los gobiernos anteriores y campaña en su contra liderada por el embajador Myles Frechette, quien con mucha habilidad desconocía la autoridad presidencial y militar, luego de ilegitimar al gobierno de Samper por el ingreso de dinero a su campaña presidencial del Cartel de Cali, información proporcionada por la DEA, a través de la Inteligencia de la Policía a Pastrana, quien hasta hace muy poco ocultó esa información, una clara conspiración, contra el gobierno de Samper, quien se proponía una política exterior y económica independiente de EE:UU. 

Ese estado de cosa era el que beneficiaba las posibilidades de lograr el segundo escenario, un debilitamiento del poder ejecutivo y de las Fuerzas Militares, que provocó que Estados Unidos suspendiera el apoyo a los militares y se lo proporcionara a la Policía Nacional, supuestamente abanderadas de la lucha contra el narcotráfico, un crecimiento y fortalecimiento de la insurgencia, también del narco-paramilitarismo y una acrecentada corrupción en el poder legislativo y judicial, fue la coyuntura propicia para pasar al segundo escenario, luego de las elecciones de 1998. 

El segundo escenario, según Santos, la denominaron “Mas vale pájaro en mano” y señala: “aludía a las concesiones ofrecidas a los grupos armados con tal de iniciar un proceso inmediato de reconstrucción de la democracia y de frenar el ciclo ascendente de muerte y violencia”. “Ya se verá cómo ese escenario – que equivale al proceso de paz del Caguán del gobierno de Pastrana, fracasó” 

Este segundo escenario, fue el que se utilizó, para lograr la “reconstrucción de la democracia y de frenar el ciclo ascendente de muerte y violencia” entiéndase ganar tiempo para recomponer a las Fuerzas Militares y reactivar las relaciones y apoyo de Estados Unidos, no para llegar a un acuerdo de paz con la insurgencia, se trataba de parar “el ciclo de ascendente de muerte y violencia” era la manera perversa de presentar este segundo escenario, para no aceptar, que se trataba de evitar el triunfo de una Revolución que sí produciría profundos cambios estructurales políticos, económicos y sociales. 

Para lograr ese objetivo, había que buscar el diálogo con las dos fuerzas guerrilleras más importantes del país, especialmente con las FARC-EP, porque equivocadamente la oligarquía colombiana, siempre ha pensado que neutralizada o derrotada las FARC, el ELN por la supuesta debilidad que le endilgan, sería más fácil acabar con ella. Por esa razón con el proceso del Caguán, se buscaba sí una solución política, pero el gobierno de Pastrana, había aceptado y firmado 12 puntos, que, aunque no cubría todos los intereses de lo que puede considerarse una Revolución radical, sí, conllevaba a cambios estructurales profundos en temas económicos, políticos y sociales, que el establishment y Estados Unidos no podían permitir. 

Fueron tres años y dos meses, de conversaciones en el Caguán con un apoyo de la comunidad internacional muy importante, y a petición de las partes se crearon dos Comisiones de Facilitación de Paz, conformadas por diez países, para el proceso de las FARC-Gobierno y la Comisión de Amigos, integrada por cinco países para el ELN, está última pudo funcionar muy poco, porque no se logró concretar la llamada Zona de Encuentro, porque el lugar escogido en el departamento de Santander, estaba prácticamente por el paramilitarismo y el Gobierno no busco alternativa. Aunque se le pidió apoyo al gobierno de Cuba en su condición de miembro de la Comisión de Amigo, desarrollándose varias reuniones de delegados del Gobierno con el ELN en la Habana. 

En esos tres años y dos meses en el Caguán, la Mesa de Dialogo de Paz, no pudo tratar a fondo ni el primer punto, que estaba relacionado con la Reforma Agraria Integral y Económica, ese punto planteaba fortalecer la industria nacional, así como la preservación minero-energética en favor del Estado y apoyar la inversión extranjera que no dañara al sector productivo nacional y una defensa irrestricta a los intereses económicos nacionales. 

Tampoco pudo tratar el tema de la Reforma Política que conllevaba a un cambio en el sistema electoral, las garantías para los partidos y organizaciones políticas; Reforma Judicial, cuyo principio era que jueces y magistrados fueran elegidos por elecciones del gremio judicial y que las Altas Cortes no dependiera de la terna que escogía el Presidente. Así como reforma en la política militar, que modificara la actual estrategia y que estos se concentraran en la defensa contra amenazas externas y fortalecer una Policía Nacional de defensa y preservación del orden público interior. Y no como ha venido sucediendo desde hace años que es el Ejército junto con la Policía el que se encarga del orden público interior. 

También el combate al cultivo ilícito, cuyos instrumentos estarían vinculados a la Reforma Agraria Integral que favorecería al campesinado, que no tendrían que depender de los cultivos ilícitos y no usar la aspersión aérea con el glifosato, un peligroso veneno que acaba con la fauna, la flora y muy grave para los pobladores expuestos a esa criminal práctica. 

Esta era la manera más efectiva de combatir el narcotráfico y exigir a los países consumidores que ejecuten una política de reprimir y eliminar los Carteles de la Drogas en sus territorios, de los que, por cierto, nadie habla. Por último, una política exterior independiente y soberana del país y favorecer el principio bolivariano de la integración latinoamericana. 

Nada de estos puntos pudo discutirse, que de haberse logrado hubiera provocado un vuelco sustancial al sistema imperante de explotación, miseria, violencia e inequidad y se hubiera establecido una justicia jurídica y social lejos de la corrupción y con una verdadera defensa de los intereses del pueblo y de la nación colombiana. 

Lamentablemente durante todo ese tiempo, se produjeron errores graves de ambas partes, acciones violentas que sindicaban a la FARC-EP con hechos falsos, atribución de acciones terroristas como la bicicleta bomba, el collar bomba, la bomba del Nogal, atribuidos a las FARC-EP y con el tiempo se ha conocido que fueron acciones cometidas por los Carteles de la Drogas por sus luchas internas. 

El intento del golpe de estado o el ruido de sable, por parte de lo militares en mayo de 1999, con la renuncia del ministro de Defensa y de altos mandos militares, sofocado por la intervención del embajador de los Estados Unidos y de una muy prudente y patriótica conducta del general Fernando Tapia. Acciones brutales y masacres de los paramilitares con la complicidad de las Fuerzas Militares, como los cerca de 200 campesinos asesinados entre el 8 al 20 de enero de 1999 ordenado por Carlos Castaño, acusados de colaboradores de la guerrilla, que provocó el primer congelamiento por parte de las FARC-EP del proceso de paz en protesta por dichos crímenes. 

La retención de los técnicos alemanes por las FARC y de otras muchas personas llevadas a la zona de distención, unas secuestradas y otras con intención de sumarse a la guerrilla, unos con sanas intenciones de incorporarse a la lucha, pero otros orientados por la Inteligencia Militar, no se podía pensar que un aparato con tanta experiencia, no aprovecharía el momento para llevar a cabo un plan de penetración para buscar información y tratar de escalar posiciones y desde adentro, sugerir y desarrollar acciones que representaran acciones repudiadas por la opinión pública y repercutieran negativamente contra las FARC-EP. 

El asesinato por el décimo frente de las FARC-EP de los tres indigenistas estadounidenses, en momentos que se había abierto conversaciones entre las FARC-EP y altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos en Costa Rica provocó la ruptura de dichos diálogos. O el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, una desconocida y fracasa dirigente política, colombo-francesa, cuyo plagio la convirtió en un personaje mundial. Las FARC que había tenido un exitoso trabajo en Europa, lo perdió y la campaña interna en su contra le creo un efecto políticamente negativo, que se acrecentó con la llamada Operación Jaque, que benefició la popularidad de Álvaro Uribe y de su ministro de defensa Juan Manuel Santos. Solo hay que preguntarse ¿A quiénes favoreció esas acciones? 

Todos esos graves errores fueron factores utilizados por los enemigos de la paz para desarrollar una fuerte campaña contra ese proceso del Caguán, de nada sirvió el gesto de paz cuando las FARC- EP liberó a casi 300 militares y policías prisioneros de guerra y que la prensa llamaba secuestrados. Los militares que caen en manos de su adversario en el marco del conflicto son prisioneros no secuestrados. Prisionero implicaba reconocer el conflicto armado interno y el estado de beligerancia sujeto a las convenciones internacionales, pero los gobiernos colombianos, y especialmente, el de Uribe Vélez, no reconocía el conflicto armado y denostaba a la insurgencia tratándolos de bandoleros o, siguiendo la orden de Washington, los calificaba de terroristas. 

Por su parte frente al gesto de las FARC, el Gobierno de Pastrana se había comprometido en liberar a 70 presos políticos de una lista entregada por las FARC-EP, entre ellos el comandante en jefe del EPL, Francisco Caraballo, prisionero en la cárcel de Itagüí, que el propio comandante Marulanda lo había incorporado en dicha lista, de ellos, solo liberaron a 14, la mayoría lideres comunales y sociales, acusados de colaboradores de la guerrilla, Caraballo siguió preso en Itagüí por varios años. 

Esta es una breve y resumida historia de lo que ha significado este 56 Aniversario de la Fundación de las FARC-EP, aún faltan por dar a conocer lo interno de la brusca ruptura del proceso del Caguán y del tercer y cuarto escenario que en 1997, se fijaron medio centenar de colombianos, representantes de diversos sectores. En este taller del Recinto Quirama, en Antioquia y que según el ex presidente Santos, se llamó “Destino Colombia”. Espero hacerle llegar muy pronto el sexto capítulo de está doloroso, pero apasionante historia. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional. 

La Habana, Cuba 22 de julio del 2020. 10.30 am. 

Bibliografia utilizada. 

1) La batalla por la paz. Edic. Planeta Colombia. 2019 1ra Edic. Pag. 75-76. 

Autor. Juan Manuel Santos Calderon