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domingo, 11 de septiembre de 2016

11-S; una farsa que ya no se sustenta: Los Al Saud deben responder




A 15 años de los atentados del 11-S, donde murieron 3 mil personas en las Torres Gemelas y el Pentágono, ha comenzado a develarse la real implicancia de Arabia Saudí en estos hechos.

Hasta ahora la versión de las administraciones estadounidenses, desde el año 2001 a la fecha, tanto con George W. Bush como las de Barack Obama ha sido el de descartar la participación de la Monarquía Wahabita en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. Esto, a pesar de todas las líneas investigativas y pruebas que mostraban que la Casa al Saud está involucrada. ¿Por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como cómplice en la muerte de miles de sus ciudadanos? La “Pista Interior” en el seno de los gobiernos estadounidenses, que permitiría hilar la madeja, que reúne al establishment político y empresarial norteamericano con el complejo militar-industrial y una clase política, capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales, ha comenzado a salir a la superficie y su negación ya resulta imposible.

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El seguir negando lo que congresistas como Bob Graham o la candidata Presidencial por el Partido Verde, Jill Stein han exigido investigar – con relación a una investigación del Congreso estadounidense y 28 páginas que estuvieron bajo absoluto secreto desde el año 2002 a la fecha, suscitó interrogantes sobre la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, al revelar hechos “respecto a que los autores del atentado del 2001, durante su estancia en Estados Unidos estuvieron en contacto, recibieron apoyo o asistencia de personas relacionadas con el gobierno de Riad” haciendo referencia a que de los 19 involucrados en estos hechos, quince de ellos eran de origen saudí e incluso el único preso por la causa del 11 de septiembre del 2001 Zacarías Moussauoi, de origen saudí – y extrañamente detenido un mes antes de los atentados y vinculado con posterioridad - ha señalado a su abogado defensor que dos príncipes sauditas fueron los financistas de los atentados.

Para la Sra. Stein el sacar a la luz todo lo que se sabe “permitirá no seguir estafando a la nación. Bajo nuestra administración – señala Stein – una nueva comisión tendría acceso a las considerables investigaciones independientes que han surgido en los últimos quince años. Queremos crear una Comisión independiente, no una dominada por miembros con interés en proteger la reputación y la carrera de la comunidad diplomática y de inteligencia”. Las declaraciones de la Sra. Stein se unen a las de políticos como las del Senador Bob Graham quien, como miembro de la Comisión Investigadora del Senado sobre los atentados señaló que “el documento que desclasifica 30 nombres de saudíes involucrados en los atentados – denominado archivo 17 - ofrece pistas que podrían renovar los llamados de legisladores para aprobar una ley que permita a los miembros de las familias de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudí por tener vínculos con esos atentados". El Informe Final de esta Comisión señala que no se excluía la participación de entidades benéficas, vinculadas con el gobierno saudí, desviaran fondos para la agrupación terrorista Al Qaeda.

Si bien es cierto la investigación está abierta a que los miembros del Congreso revisen la información, está prohibido que estén acompañados o saquen notas o fotografías. Esta confidencialidad, según el ex congresista republicano Porter Goss se debe “a las estrechas relaciones del ex mandatario George W. Bush con los saudíes”. Relaciones, no sólo políticas, sino también económicas y empresariales, incluso con miembros de la familia Bin Laden, que incluían a personajes como el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex vicepresidente Dick Cheney. Negocios multimillonarios que involucran a empresas como Carlyle Group – donde aparecen nombres que han estado vinculados a Bush padre e hijo, Militares del pentágono y Congresistas – y The Bin Laden Group que hicieorn millonarios contratos tras la Guerra del Golfo del año 1991 y han participado con empresas filiales en la “reconstrucción” de Kuwait, Irak y la propia Afganistán.

Claramente, se requiere indagar por aquellos que estén alejados de los circuitos de poder y de complicidad. Dar a conocer lo que se investiga, pues si esto no es así se avala la tesis que estamos ante un encubrimiento de la actividad criminal de un país aliado de Washington, en común unión con políticos, militares y empresarios estadounidenses. En función de intereses que suelen denominarse de “seguridad nacional” y que con toda racionalidad podemos pensar que los atentados del 11 de septiembre del año 2001 fueron actos de bandera falsa, una gran impostura como lo sostiene el analista Thierry Meyssan en un libro publicado a pocos meses de los atentados del 11 de septiembre. Un atentado destinado a servir de base para desencadenar una guerra de alcance global y que explicaría las acciones desatadas por el ex presidente George W. Bush a partir de octubre del año 2001, primero contra Afganistán, luego contra Irak en el marco de la “Guerra Contra el Terror” que ha resultado ser una farsa monumental y las guerras de agresión contra Libia, Siria y la política de presión contra Irán y Rusia.

Para el ex piloto de la CIA y de la DEA, Phillip Marshall quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos “El Gran Engaño” sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que “los 3 mil muertos en Nueva York sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor en Estados Unidos”. Este ex piloto de agencias de gobierno estadounidense fue encontrado, en febrero del año 2013 muerto, junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes. Las autoridades calificaron estas muertes como suicidio.

A la par de recibir los beneficios de la explotación del petróleo saudí, Estados Unidos ha permitido a Riad tejer una red de ampliación de su doctrina religiosa a través de escuela coránicas - madrasas – en una expansión del wahabismo haciendo fluir generosamente los dineros provenientes del petróleo, no importando si esa decisión de expansionismo político-religioso creaba criaturas como Al Qaeda y el Actual Estado Islámico de Irak y el Levante – Daesh en Árabe – y con ello toda una ramificación de actividades terroristas, incluso en suelo estadounidense. Ha podido más el dinero de las ventas de armas del complejo militar industrial estadounidense a Riad, que sólo bajo las administraciones de Barack Obama han significado acuerdos de ventas por 115 mil millones de dólares. No afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos, que superan los 800.000 millones de dólares y que la Monarquía Wahabita amenazó con retirar si la investigación que los compromete, respecto a los atentados del 11 de septiembre, continuaba.

Tiene más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Oriente Medio junto a la Casa al Saud, devenida en Gendarme de esos intereses y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahréin, Siria e Irak. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company. Todo ello, para Washington tiene mayor valor que la muerte de sus ciudadanos, si el objetivo es la sobrevivencia de un sistema político, económico y de dominio que incluso requiere de estos mecanismos, para pretender seguir en su papel de potencia hegemónica.

El hedor ya no se Puede Ocultar

Los temores saudíes respecto a que la investigación que los compromete hará saltar por los aires el encubrimiento que hasta ahora se mantiene con el aval de los gobiernos estadounidenses, se está haciendo realidad. Efectivamente, el Congreso estadounidense aprobó este viernes 9 de septiembre, una legislación, la llamada Ley de Justicia Contra Los Patrocinadores del terrorismo - JASTA por sus siglas en inglés - acción que permitirá a las familias de los fallecidos en los atentados de septiembre del año 2001 demandar a Arabia Saudita, visto que 15 de los 19 involucrados eran de origen saudí, lo que alcanzaría también a miembros de la casa real wahabita, como cómplices de estos crímenes. Para el congresista republicano Peter King el aprobar esta ley “representa un hecho relevante, un gran día para Estados Unidos y los familiares de las víctimas”. Si bien este paso adquiere enorme relevancia lo más probable es que Obama vete la aprobación de esta ley, tal como se comprometió con la Monarquía Wahabita. Si esto es así se generará un proceso de pugna entre el ejecutivo y el Congreso que seguirá tensionando la relación entre Washington y Riad.

Recordemos que Barack Obama, en el mes de abril del año 2016, cuando las noticias e informes sobre la participación de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre arreciaban, viajó a Arabia Saudí, para reafirmar su compromiso con el régimen wahabí, en varios aspectos. Entre ellos, tranquilizar a la Casa Al Saud., tal como ha sido prometido en su oportunidad a la entidad sionista, que Estados Unidos seguirá apoyando a Riad en el plano político, diplomático y militar en su pugna contra la creciente influencia de la República Islámica de Irán, considerada por ambos gobiernos como un enemigo de temer.

Igualmente, Obama se comprometió – en lo que quedaba de su mandato - a no dejar avanzar la posibilidad que el Congreso estadounidense apruebe una investigación que responsabilice a las autoridades saudíes de los atentados del 11 de septiembre del año 2011 en tierras norteamericanas, Prima, en esta promesa de Obama, el hecho que la Monarquía saudí señaló que si esa decisión se concretaba retiraría sus fondos de inversión en bancos Estadounidenses, convertidos en los nuevos paraísos fiscales tras el estallido mediático de los Panamá Papers, lo que generó la alarma del establishment político, empresarial y financiero de ese país. Un antiguo aforismo consigna “no se puede ocultar el sol con un dedo” y menos aún, por más productos que camuflen un olor nauseabundo, se puede ocultar la estrecha alianza entre los servicios de inteligencia de Estado Unidos y Arabia Saudita, sus gobiernos y clase política. Una alianza tejida en 71 años de relaciones, donde Estados Unidos, devenido en padre putativo de la Casa al Saud ha engendrado un monstruo que no tiene control, donde la propia concepción de dominio wahabita lleva en su seno la consolidación de una doctrina basada en el terror.

No es extraño entonces que la relación incestuosa entre Washington y Riad tenga ramificaciones, que derivan en la creación de grupos como Al Qaeda, cuyo origen se encuentra en la decisión de Washington de combatir a la ex Unión Soviética en Afganistán, en el campo de la que se denominaba Guerra Fría. Luego, en la consolidación del Nuevo Orden Mundial, donde la hegemonía estadounidense se asienta para, posteriormente, comenzar el desarrollo, financiamiento y apoyo militar para crear grupos como Daesh, Frente al Nusra, Boko Haram, Fath al Sham que han servido para desarrollar la estrategia del leading from behind estadounidense. Ello, con el proyecto de balcanizar y fragmentar naciones en pos de objetivos políticos, económicos y militares, entre Washington, sus socios occidentales y la triada conformada por Ankara- Tel Aviv y Riad.

Los propios documentos estadounidenses revelan la estrecha conexión entre el terrorismo y la Casa al Saud. Un despacho estadounidense - el denominado documento nº 242073 - enviado por la Secretaria de Estado dirigido, en ese entonces por Hillary Clinton, a sus Embajadas de Riad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait e Islamabad, el año 2010, y dado a conocer, junto a otros 1.100 cables, por diverso medios de comunicación en el mundo, confirmó lo que era un secreto a voces y que sustenta la acusación contra la Casa al Saud como principales financistas del terror takfirí en el Magreb, Medio Oriente y Asia Central: “los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo…aunque Arabia Saudita se toma muy en serio la amenaza del terrorismo interno, ha sido un continuo reto convencer a los funcionarios de ese país, para que aborden el financiamiento terrorista que emana de Arabia Saudita como prioridad estratégica. Este país continúa siendo una base de apoyo crítico para Al Qaeda, Los talibán, Lashkar e Tayba y otros grupos terroristas, que probablemente recaudan millones de dólares anualmente de fuentes saudíes, a menudo durante el hach y ramadán”. Situación que se conocía y que se sustentaba en los informes del año 2001 tras los atentados en Washington y Nueva York.

A 15 años de los atentados del 11 de septiembre, la verdad sale a la luz, ya no se puede ocultar. Se desentraña la relación criminal entre Washington y Riad, devenido en el principal impulsor del terrorismo a nivel global. Queda al descubierto que el derribo de las Torres Gemelas, el ataque – que aún genera interrogantes respecto a su ejecución - contra el Pentágono – y la caída, derribo o acto heroico de uno de los aviones secuestrados – el llamado Vuelo 93 – son hechos que permanecen en una nebulosa difícil de despejar pues involucran a los gobiernos de Washington y Riad.

Dan cuenta de relaciones que explican no sólo una férrea alianza política y militar, sino también la complicidad en guerras de agresión, la desestabilización del Magreb, de Oriente Medio y Asia Central, el cerco contra la República Islámica de Irán y la Federación Rusa y, sobre todo, la complicidad en operaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses. Mientras ello no se aclare, mientras no aflore la verdad, seguirá rondando en el aire la responsabilidad de los gobiernos de Estado Unidos y la Monarquía wahabita en la muerte de 3 mil persona un 11 de septiembre del año 2001. Quince años de una historia truculenta, que aún tiene mucho que decirnos y donde a la par de Estados Unidos, la Casa al Saud debe responder y la ciudadanos estadounidenses exigir la verdad frente a una farsa, que ya no se sustenta.

Pablo Jofré Leal
Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de página WEB de análisis internacional ANÁLISIS GLOCAL www.analisisglocal.cl

viernes, 9 de septiembre de 2016

EE.UU.: Cámara de Representantes aprueba la ley que permite demandar a Arabia Saudita por el 11-S

Publicado: 9 sep 2016 15:57 GMT | Última actualización: 9 sep 2016 16:16 GMT

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado por abrumadora mayoría la ley que permite a las familias de las víctimas del 11-S demandar a Arabia Saudita.


Gary Hershorn Reuters
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La Cámara de Representantes ha aprobado este viernes por abrumadora mayoría la llamada Ley de Justicia contra los patrocinadores del terrorismo (JASTA, por sus siglas en inglés). La misma permitirá a las familias de las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas ―ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York― demandar a Arabia Saudita, informa el portal Político.

"Este es un gran día para EE.UU.", afirmó el congresista Peter King antes de la votación, agregando que "es esencial que se haga justicia" y que las familias "tengan el derecho a emprender acciones ante los tribunales norteamericanos".

martes, 31 de mayo de 2016

Revelan el polémico tratado secreto sobre la deuda alcanzado entre EE.UU. y Arabia Saudita en 1974

Publicado: 31 may 2016 18:25 GMT | Última actualización: 31 may 2016 18:28 GMT

Hace 41 años, EE.UU. trazó un plan de vida o muerte en sus relaciones con Arabia Saudita que ha marcado las siguientes cuatro décadas de su política exterior con Riad.

Kevin Lamarque Reuters
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La agencia Bloomberg ha hecho públicos los detalles de un polémico acuerdo entre EE.UU. y Arabia Saudita que se ha mantenido en secreto desde julio de 1974. Según el mismo, Riad había de poseer títulos de deuda estadounidense por una cantidad de 117.000 millones de dólares y Washington, por su parte, se comprometió a proporcionar a los sauditas apoyo militar y logístico y a comprar su petróleo.

"Ese año, la crisis del petróleo había dado en el blanco. Un embargo de las naciones árabes de la OPEP –una venganza por la ayuda militar de EE.UU. a los israelíes durante la guerra de Yom Kipur– multiplicó por cuatro los precios del petróleo. La inflación se disparó, el mercado de valores se derrumbó y la economía de EE.UU. cayó en picado", contextualiza la agencia.

Según Bloomberg, el objetivo real del viaje realizado por William Simon, recién nombrado secretario del Tesoro de EE.UU., y su adjunto, Gerry Parsky, a Arabia Saudita en julio del 74 se mantuvo en estricta confidencialidad por parte de la Administración de Nixon: "Neutralizar el crudo como arma económica y encontrar una manera de convencer a un reino hostil para financiar el creciente déficit de EE.UU. con su riqueza en petrodólares recién descubierta". 

10 meses después del inicio de la guerra de Yom Kipur –conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel– en todo el mundo árabe existía una gran animosidad contra EE.UU. por su apoyo a Jerusalén. Según cables diplomáticos, en ese momento el mayor miedo del rey saudita Faisal bin Abdulaziz Al Saud era que el dinero del petróleo terminara "directa o indirectamente" en las manos de su mayor enemigo en forma de asistencia adicional estadounidense.

Tras la firma del acuerdo quedaba una última petición: el rey saudita exigió que las compras del Tesoro del país se mantuvieran "en estricto secreto".

Una fuente anónima del Tesoro de EE.UU. citada por la agencia afirma que el volumen de la inversión saudita en la deuda nacional estadounidense es aproximadamente dos veces mayor que lo que dicen las estadísticas oficiales. De esta forma, la cifra actual representa solo el 20% de sus 587 millones de dólares de reservas exteriores, muy por debajo de los dos tercios que los bancos centrales suelen mantener en activos de dólares.

Según apuntan varios analistas, Arabia Saudita oculta la cantidad real de los bonos estadounidenses con la ayuda de operaciones a través de centros financieros 'offshore'.

"Mientras el colapso del petróleo ha aumentado la preocupación de que Arabia Saudita tenga que liquidar sus bonos del Tesoro para recaudar dinero en efectivo, surge una más problemática: el espectro del Reino usando su holgada posición en el mercado de deuda más importante del mundo como arma política al igual que lo hizo con el petróleo en la década de 1970", alerta Bloomberg.

En abril de este año, Arabia Saudita advirtió de que comenzaría a vender hasta 750 millones de dólares en bonos del Tesoro y otros activos si el Congreso de EE.UU. aprueba una ley que haga a Riad responsable ante los tribunales estadounidenses por los ataques terroristas del 11-S. El proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado el pasado 17 de mayo, se encuentra actualmente en la Cámara de Representantes.

lunes, 25 de abril de 2016

EEUU revelará parte de investigación del Congreso sobre 11-S




Sesión del Congreso de EE.UU.

EE.UU. podría difundir en breve parte del capítulo secreto de 28 páginas de una investigación del Congreso sobre el papel que desempeñó Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El exsenador demócrata Bob Graham, que codirigió la investigación del Congreso sobre el 11-S, aseguró el domingo que en dichos documentos existen indicios que apuntan hacia los saudíes.

Añadió que, según le había dicho una autoridad gubernamental, funcionarios de inteligencia decidirán en las próximas semanas si dan a conocer al menos parte de dichos documentos, aunque él mismo cree que ese material clasificado se revelará próximamente.

"El equipo del presidente al menos ha dicho que van a tomar una decisión para este mes de junio, y espero que la decisión sea la de honrar al pueblo estadounidense y hacerla pública", subrayó el exsenador demócrata Bob Graham.

"El equipo del presidente al menos ha dicho que van a tomar una decisión para este mes de junio, y espero que la decisión sea la de honrar al pueblo estadounidense y hacerla pública", subrayó Graham.

La descalificación de estas 28 páginas podría esclarecer si los 19 autores materiales del 11-S ejecutaron en solitario este complejo plan o si, por el contrario, recibieron ayuda externa, agregó.

La difusión del contenido de estos documentos, de finalmente salir a la luz, lo haría en momentos de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y uno de sus aliados más próximos, Arabia Saudí.

La semana pasada, el senador demócrata del estado nororiental de Vermont denunció que parte de la familia reinante en Arabia Saudí —los Al Saud— está involucrada en la difusión por todo el mundo del wahabismo: “ideología fundamentalista extremadamente de derechas”.

Arabia Saudí ha amenazado a Washington con deshacerse de 750 mil millones de dólares en activos estadounidenses si la ley resulta aprobada y, en consecuencia, se revela su implicación en el 11-S, según el diario The New York Times.
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