"De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento" José Martí
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sábado, 16 de marzo de 2019

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores: Cuba rechaza decisión de Estados Unidos de obstaculizar los viajes de ciudadanos cubanos

Esta medida se suma al cierre de los servicios del Consulado de Estados Unidos en la Habana, a la interrupción injustificada del otorgamiento de visados a los cubanos, obligándolos a viajar a terceros países sin garantía alguna de otorgamiento de visado, y al incumplimiento de la cuota de visados establecida por los Acuerdos Migratorios


16 de marzo de 2019 10:03:03


Cuba reitera su voluntad de continuar trabajando para garantizar el flujo creciente de viajeros en ambos sentidos de manera regular, ordenada y segura Foto: Reuters

El 15 de marzo, la Encargada de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, anunció que, a partir del 18 del presente mes, los Estados Unidos reducirán para los ciudadanos cubanos el tiempo de validez de la visa B2 de 5 años a tres meses, con una sola entrada, con el supuesto fin de equiparar estos términos con el tiempo de validez que otorga Cuba a los viajeros estadounidenses. 

De esta manera, el gobierno de Estados Unidos, incrementa los obstáculos para las visitas familiares y con otros propósitos. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza esta decisión que constituye un obstáculo adicional al ejercicio del derecho de los ciudadanos cubanos de visitar a sus familiares en ese país.

Esta medida se suma al cierre de los servicios del Consulado de Estados Unidos en la Habana, a la interrupción injustificada del otorgamiento de visados a los cubanos, obligándolos a viajar a terceros países sin garantía alguna de otorgamiento de visado, y al incumplimiento de la cuota de visados establecida por los Acuerdos Migratorios.

Esta decisión impone también altos costos económicos a los viajes familiares y de intercambio en múltiples áreas. No es cierto que esta decisión haya sido tomada bajo un criterio de reciprocidad, toda vez que Cuba ofrece todas las facilidades para que los ciudadanos estadounidenses, desde cualquier país del mundo, incluidos los propios Estados Unidos, obtengan un visado, que se expide al momento, para viajar a Cuba.

Si Estados Unidos realmente desea aplicar la reciprocidad, debería abrir de inmediato su Consulado en La Habana, retomar el proceso de otorgamiento de visados que interrumpió de manera arbitraria e injustificada hace más de un año y eliminar la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar libremente a Cuba.

Cuba reitera su voluntad de continuar trabajando para garantizar el flujo creciente de viajeros en ambos sentidos de manera regular, ordenada y segura. 
La Habana, 16 de marzo de 2019

lunes, 11 de marzo de 2019

Declaración del Gobierno Revolucionario CUBA CONDENA EL SABOTAJE TERRORISTA CONTRA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VENEZUELA

Declaración del Gobierno Revolucionario

CUBA CONDENA EL SABOTAJE TERRORISTA CONTRA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VENEZUELA

El Gobierno Revolucionario condena enérgicamente el sabotaje al suministro de electricidad en Venezuela, que constituye un acto terrorista, dirigido a dañar a la población indefensa de toda una nación, para utilizarla como rehén en la guerra no convencional desatada por los Estados Unidos contra el gobierno legítimo que preside el compañero Nicolás Maduro Moros y la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y chavista.

Políticos estadounidenses se han apresurado a celebrar un acto que priva a la población de un servicio básico fundamental, deja hospitales sin la energía necesaria para operar, interrumpe otros servicios elementales indispensables en la vida cotidiana, como la alimentación, el suministro de agua, el transporte, las comunicaciones, la seguridad pública, el comercio, las transacciones bancarias y el pago por tarjetas; afecta el trabajo en general e impide el funcionamiento de las escuelas y universidades.

La secuencia y modalidad de los hechos recuerda el sabotaje realizado a la industria petrolera en 2002, perpetrado entonces por una empresa estadounidense propietaria y operadora del sistema automatizado de producción, refinación, transportación y distribución de la producción.

Se suma, además, a la guerra económica y financiera despiadada a la que se somete a Venezuela, con el claro objetivo de vencer por carencias y privaciones la voluntad política y soberana de un pueblo que no se ha dejado doblegar.

Se trata de una escalada en la guerra no convencional liderada por el gobierno de los Estados Unidos contra ese país hermano que se desarrolla tras el fracaso de la provocación montada el pasado 23 de febrero con el intento de ingresar por la fuerza una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, desafiando a las autoridades legítimas del país, en violación del Derecho Internacional y de las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de provocar muertes y violencia en gran escala como pretexto para una “intervención humanitaria”.

La experiencia de la propia historia de Cuba y de otros países de la región enseña que estas acciones son el preludio de actos violentos de mayor envergadura, como fue la invasión armada de Playa Girón en 1961. La comunidad internacional tiene suficientes evidencias para estar sobre aviso.

El usurpador y autoproclamado “presidente” creado por Estados Unidos dijo públicamente que, cuando llegue el momento, invocaría el artículo 187 de la Constitución para autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país y repitió exactamente la misma frase que sus mentores estadounidenses utilizan: “Todas las opciones están sobre la mesa”. Solo falta que reciba la orden desde Washington, pues se conoce que en su periplo por América del Sur ya solicitó a ciertos gobiernos apoyo para una intervención militar en su país.

La ofensiva contra Venezuela se acompaña de una feroz campaña de propaganda macartista y mentiras coordinada por el Asesor de Seguridad Nacional de ese país, John Bolton, como pretexto para la aplicación por la fuerza de la Doctrina Monroe, acompañado activamente por el Senador anticubano Marco Rubio, quien con el uso frenético de las redes sociales, evidencia su atención e involucramiento personal y conspirativo, en las maniobras contra Venezuela.

Entre los más persistentes y desvergonzados pronunciamientos, está la calumnia de que Cuba tiene “entre 20 y 25 mil efectivos militares en Venezuela”, que “ejercen dominio” en ese país hermano y soberano, y que “tienen amenazados” a los integrantes de la gloriosa y combativa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuba rechaza de manera categórica esa mentira, como rechaza con igual firmeza toda insinuación de que existe algún grado de subordinación política de Venezuela a Cuba o de Cuba a Venezuela.

John Bolton es un mentiroso reconocido, con credenciales de larga data. Este funcionario fue quien en 2002 acusó a Cuba de poseer un programa de desarrollo de armas biológicas, falacia desmentida públicamente por quien era entonces su jefe, el ex Secretario de Estado Colin Powell, y por el ex Presidente James Carter. El infundio provocó, además, que Bolton fuera sometido a una investigación por el Congreso de los Estados Unidos.

Bolton asimismo estuvo entre los promotores de la mentira de que el gobierno de Iraq poseía en 2003 armas de destrucción masiva y un programa para desarrollarlas, la que, repetida a todos los niveles del gobierno estadounidense y amplificada por los grandes medios de comunicación, sirvió de pretexto para la agresión y ocupación militar de ese país del Medio Oriente por parte de los Estados Unidos, a un precio de cerca de un millón de muertos y millones de desplazados iraquíes, además de miles de soldados estadounidenses fallecidos y heridos durante la campaña militar cuyo objetivo fue también el petróleo.

Como se ha difundido públicamente, y las personas honestas e informadas conocen, la relación bilateral entre Cuba y Venezuela se basa en el respeto mutuo, en la verdadera solidaridad, en el común compromiso bolivariano y martiano, fidelista y chavista, con la integración de “Nuestra América”, independiente y soberana; en la voluntad de practicar la cooperación complementaria entre los pueblos del Sur, y en el empeño de aplicar y defender la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En los proyectos del Convenio Integral de Cooperación, suscritos entre ambos países, participan poco más de 20 mil cubanos, la mayoría mujeres, el 96% de los cuales están dedicados a la prestación de servicios de salud a la población, y otros que laboran en sectores como educación, cultura, deporte y agroalimentario.

El impacto acumulado en Venezuela de esa cooperación, por solo citar unos datos, ayudó a salvar 1 473 117 vidas, a realizar 717 029 310 exámenes de diagnóstico médico, a dar atención oftalmológica a 62 031 309 de personas, a administrar 12 915 648 de vacunas contra el sarampión y la tuberculosis, a lo que se puede sumar 3 095 546 de alfabetizados.

Es totalmente falso que Cuba esté participando en operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o los servicios de Seguridad. Se trata de una calumnia difundida deliberadamente por el Gobierno de los Estados Unidos. Cuando Bolton, otros políticos y funcionarios del gobierno estadounidense la esgrimen, mienten deliberadamente con agresivos fines políticos, pues cuentan con datos e informaciones suficientes y conocen la verdad.

Cuba no interviene en los asuntos internos de Venezuela, como Venezuela no interviene en los de Cuba.

A diferencia de los Estados Unidos que tiene unas ochenta bases militares en América Latina y el Caribe, incluida la que usurpa territorio cubano en Guantánamo, y unas ochocientas en el planeta que disponen de más de 250 mil soldados; Cuba no tiene ninguna en país alguno, ni especialistas en tortura y represión policial, ni cárceles secretas, ni fuerzas navales o aéreas merodeando las costas y el espacio aéreo inmediato de Estados soberanos ni satélites observando cada detalle.

Con la mentira, el imperialismo promovió el sangriento golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile, y muchos otros golpes de estado y dictaduras represivas en la región. Con mentiras se asesinó a más de 10 mil ciudadanos indefensos en la invasión militar a Panamá de diciembre de 1989. Con ellas se provocó la agresión militar y la desestabilización de Libia.

Con mentiras fue que Estados Unidos y otras potencias mantuvieron hasta última hora el pleno respaldo al oprobioso régimen del apartheid en Sudáfrica.

El Gobierno Revolucionario advierte y denuncia que la tendencia a mentir sin límite ni freno alguno de parte del gobierno de los Estados Unidos tuvo ya peligrosas consecuencias en el pasado que podrían repetirse en la actualidad.

La Habana, 11 de marzo de 2019

Also in English: http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-condemns-terrorist-sabotage-against-power-supply-system-venezuela

lunes, 4 de marzo de 2019

FIRME RECHAZO DE CUBA A LA NUEVA ESCALADA AGRESIVA DE EE.UU. DECLARACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FIRME RECHAZO DE CUBA A LA NUEVA ESCALADA AGRESIVA DE EE.UU.

DECLARACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos más enérgicos la nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba.

El Departamento de Estado anunció hoy la decisión de permitir que, a partir del próximo 19 de marzo y al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se presenten demandas judiciales en tribunales de los Estados Unidos únicamente contra empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas elaborada por ese gobierno en noviembre de 2017 y actualizada un año después. Este listado arbitrario e ilegítimo, dirigido a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas.

El anuncio del Departamento de Estado también indicó que suspendería por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto en contra de otras entidades cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en Cuba.

Desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales de Estados Unidos contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas. Persigue asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en Cuba un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos.

Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la Ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales. El ejemplo más reciente fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de noviembre fue objeto de diez votaciones consecutivas de rechazo, en que el gobierno de los Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento.

El título II de la Ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington tendrían como tarea inequívoca la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron. En todo ese período, el bloqueo económico permanecería en pleno vigor.

Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de los Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo, donde tienen un negocio particular, además de por los servicios de electricidad, agua y comunicaciones subsidiados que disfruta la población. 

Es una pretensión solo concebible en las mentes de quienes identifican a Cuba como una posesión colonial. Según dispone la ley Helms-Burton, el bloqueo económico sólo se podría levantar cuando se haya alcanzado esa ambición.

Esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.

La verdadera amenaza a la paz y la seguridad de la región son las declaraciones y acciones irresponsables del gobierno de Estados Unidos y los planes desestabilizadores contra América Latina y el Caribe en el afán declarado de imponer la doctrina Monroe.

La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996, establece que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Considera nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.

Según estipula esa ley, las reclamaciones de compensación por las propiedades nacionalizadas podrán formar parte de un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y respeto mutuo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, “examinadas de conjunto con las indemnizaciones a la que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos”. Aclara, a la vez, que quedará excluido de futuras posibles negociaciones quien utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley Helms-Burton en perjuicio de otros.

El gobierno cubano reitera a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan en Cuba todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. La Constitución Cubana, ratificada por amplia mayoría en referendo el pasado 24 de febrero de 2019, en su artículo 28 reconoce también esas garantías, incorporadas en la Ley de Inversión Extranjera No. 118 del 29 de marzo de 2014.

La decisión de hoy impone obstáculos adicionales a nuestros objetivos de desarrollo y progreso económico, pero Estados Unidos continuará fracasando en su objetivo central de someter por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y nuestra determinación de construir el socialismo. Prevalecerá el sentimiento mayoritario de los pueblos de Cuba y Estados Unidos que favorece la mejoría de las relaciones y el desarrollo de una convivencia civilizada y respetuosa.


La Habana, 4 de marzo de 2019.

jueves, 17 de enero de 2019

Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de activación del Título III de la Ley Helms Burton.




Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender sólo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa revisión… a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”. 

El gobierno del Presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996. Se concibió para codificar y endurecer la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta oficialmente en 1962, con el objetivo de subvertir y derrocar al gobierno de Cuba e imponer un régimen del agrado del gobierno de los Estados Unidos. 

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su promulgación. Se caracteriza por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la aplicación de sus disposiciones contra las compañías y personas establecidas en el territorio de estos.

Ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana. Varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.

Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo. A ese propósito se dedican expresamente los títulos III y IV de la ley.

El título III establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que “trafique” con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional. 

Entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende esta autorización a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

En virtud de lo dispuesto en la propia ley Helms-Burton, todos los Presidentes estadounidenses desde 1996, incluido Trump en 2017 y 2018, han hecho uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses con motivo de reconocer que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable de esta contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos.

Por su parte, el Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, declaró Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos y lo sancionó a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de $181 100 millones de dólares y, el 5 de mayo de 2000, también por Daños Económicos ocasionados a Cuba y lo sentenció por valor de $121 000 millones de dólares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado la disposición de Cuba de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.

Esta decisión que el gobierno de los Estados Unidos amenaza con adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos. Es conocida la conducta políticamente motivada y venal de algunas cortes de La Florida, frecuentemente utilizadas como un arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica encarar una vez más, de manera firme, consciente y contundente, el empeño del imperialismo estadounidense en someter a su dominio y tutelaje los destinos de la Nación cubana. 

Si el título III se aplicara como establece esta ley y amenaza el anuncio del Departamento de Estado, cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se presentan ante tribunales de los Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los que se edifican sus barrios; y podrán constatar la pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza del país, la infraestructura, las tierras cultivables, las industrias, los recursos mineros, el potencial energético y las bases sobre las que se desarrollan la ciencia y la tecnología y se prestan los servicios a la población.

Todos deberíamos recordar los aberrantes contenidos del Plan Bush que describe e instrumenta detalladamente la forma en que las familias cubanas y el país serían despojados prácticamente de todo. 

Durante más de veinte años, la Ley Helms Burton ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los sectores anticubanos en los Estados Unidos para agredir a la nación cubana y menoscabar su soberanía. En virtud de su aplicación, se han aprobado cientos de millones de dólares para subvertir el orden interno en Cuba y se han dispuesto innumerables medidas para intentar provocar un cambio de régimen. Su efecto económico ha implicado un alto costo para los esfuerzos de desarrollo del país y para el bienestar de la población, con un impacto humanitario que no es mayor gracias al régimen de justica social que impera en Cuba.

La pretensión de aplicar plenamente el título III se promueve en contra del criterio de importantes agencias gubernamentales de los Estados Unidos y como consecuencia del poder e influencia que han alcanzado en el gobierno, personas cuya carrera política ha estado marcada por el resentimiento impotente contra Cuba y ha descansado en el uso de la mentira y el chantaje. 

La mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos se opone consistentemente al bloqueo económico, según reconocen las encuestas más calificadas.

La historia registra con suficiente claridad que la política de bloqueo económico y los problemas bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos no tienen su origen en las justas nacionalizaciones que, conforme a la ley y con derecho legítimo, llevó a cabo el gobierno revolucionario. Las agresiones militares, económicas y terroristas del gobierno de los Estados Unidos comenzaron contra Cuba antes de que se produjeran los actos fundamentales de nacionalización de propiedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un compromiso de compensación, que el gobierno de los Estados Unidos se negó incluso a discutir, mientras sí fue asumido por los gobiernos de los reclamantes de otros países, todos los cuales disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80), y enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico. Consecuentemente, considerará nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión.

La Habana, 16 de enero de 2019

miércoles, 18 de abril de 2018

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El Gobierno de Canadá ha tomado la decisión de designar a su Embajada en La Habana una misión sin acompañamiento de familiares, como resultado, según se ha declarado, de los síntomas de afectación a la salud que reportaron algunos de sus diplomáticos en el año 2017


18 de abril de 2018 13:04:44

El Gobierno de Canadá ha tomado la decisión de designar a su Embajada en La Habana una misión sin acompañamiento de familiares, como resultado, según se ha declarado, de los síntomas de afectación a la salud que reportaron algunos de sus diplomáticos en el año 2017.

Cuba ratifica que, tras una investigación rigurosa llevada a cabo por un grupo de expertos de alta calificación, no se ha encontrado la más mínima evidencia que explique los padecimientos reportados por diplomáticos de Canadá, ni indicio de que ataque o incidente de tipo alguno haya ocurrido en territorio cubano, o que los síntomas reportados estén asociados a acciones acústicas o de otro carácter llevadas a cabo por una persona o grupo de personas contra otras.

Según la declaración del gobierno canadiense, no ha habido reportes de nuevos incidentes hace más de seis meses, la causa continúa siendo desconocida, no hay evidencia que sugiera que los viajeros canadienses a Cuba estén en riesgo y los estudios del entorno ambiental no apuntan a hecho alguno que pueda identificarse como causa, todo lo cual coincide con las observaciones de los expertos cubanos.

El gobierno cubano respeta la decisión adoptada por el gobierno de Canadá pero la considera carente de justificación. Ratifica con toda responsabilidad que Cuba es un país seguro, estable y saludable, para sus habitantes y para los casi cinco millones de extranjeros que lo visitan cada año, entre ellos más de un millón de canadienses, y donde la protección del personal diplomático de todos los países está garantizada.

Cuba continuará trabajando constructivamente con el gobierno de Canadá, como hasta ahora, en estrecha comunicación por la vía diplomática, mediante la coope-ración entre las agencias pertinentes de la aplicación de la Ley y con el apoyo de expertos del más alto nivel en el propósito de encontrar explicaciones conclusivas sobre los padecimientos reportados. Para ello ha reiterado la invitación a que especialistas médicos de Cuba y Canadá intercambien sobre la información disponible y sobre la base del más riguroso respeto a la privacidad personal de las personas afectadas.

La Habana, 18 de abril de 2018

(Cubaminrex)
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