Por MAYRA ESPINA PRIETO*
Impelida por el imperativo de dotar de sustentabilidad económica al proyecto social, la agenda actual de la reforma cubana concede a la política social un papel subordinado a esa tarea económica, desaprovecha su perfil de factor del desarrollo y no aborda con la intensidad necesaria la problemática de la desigualdad y las desventajas y exclusiones sociales preexistentes.
Aun más, la actual reforma cubana está diseñada por debajo de su perfil potencial: se constriñe al plano de un manejo coyuntural de corto plazo de gestión de crisis y no se concibe a sí misma como estrategia de desarrollo, lo que parecería venir después, si todo sale bien.
Esto ya ocurrió en los ´90: la urgencia de la gestión de la crisis abortó la posibilidad de aprovechar la oportunidad generada por la aparición del momento de desconexión abierto con la desaparición del campo socialista europeo, para transitar hacia una nueva estrategia de desarrollo y hacia un modelo diferente de socialismo.
La reforma y la nueva política social concentran altas potencialidades de cambio de las relaciones sociales y del modelo de estratificación social vigente, a partir, fundamentalmente, de cuatro elementos: diversificación de sujetos económicos, configuración de un real mercado de trabajo, fortalecimiento de los ingresos personales y familiares como fuente de acceso al bienestar y de las desigualdades sociales a ellos asociadas, y elevación del rol de lo territorial en ese acceso.
Si bien la reforma de los ´90 incluyó algunos rumbos de cambio cercanos a estos en cuanto a la diversificación de sujetos económicos, la nueva reforma es más radical en el espacio que concederá al sector no estatal (se estima que entre el 40 y el 60% de toda la ocupación deberá ser no estatal).
Además, el escenario es más complicado hoy, con un grado de desigualdad precedente mucho mayor comparativamente y con una franja de pobreza que se ha hecho resistente y difícil de remover.
El coeficiente Gini pasó de 0,24 a mediados de los ´80 a un valor de 0,38 en los 2000. Atendiendo a pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, la población urbana bajo esta condición aumentó de 6,3% en 1988 a 20% hacia 2000, (1) lo que indica la estructuración de mecanismos distributivos excluyentes que, a diferencia de los ´80, aparecen desde el nivel de la satisfacción de necesidades básicas.
Entre las medidas, a diferencia de la reforma de los ´90, se prevé ahora el retiro del Estado de un conjunto de prestaciones (salida del grupo de los asistenciados de una cantidad considerable de personas, elevación de fórmulas contributivas para la seguridad social, disminución del peso del programa de municipalización de la educación superior, readecuación de los servicios de salud, eliminación de la libreta de abastecimiento, disminución del peso de los fondos sociales de consumo y del tiempo de amparo para los trabajadores disponibles).
Ello, unido a las nuevas formas productivas, supone la posibilidad de incremento de las distancias sociales por vía del monto de los ingresos.
El papel concedido a la escala municipal de gobierno en materia de iniciativas económicas y de formación de presupuestos es mayor, con lo que las asimetrías territoriales serán decisivas para la configuración de oportunidades y desigualdades.
En comparación con los ´90, el proceso actual parece tener una potencia de modificación del perfil de la estratificación social mayor y podría hacer tender la sociedad cubana, si es exitoso, hacia una especie de “socialismo de capas medias”, así como generar mayores posibilidades de movilidad ascendente y para emprendimientos productivos, individuales, colectivos y locales.
Parece, también, que es mayor su capacidad para ampliar las diferencias de ingresos y su grado de concentración, por ascenso y descenso de diversos grupos sociales, y plantea retos especialmente en dos áreas: la municipalización y la configuración de un mercado de trabajo (que no se había perfilado completamente como tal en etapas anteriores).
La municipalización debe enfrentar riesgos como la insuficiente capacitación de los directivos y las sociedades civiles locales para trazar de forma autónoma estrategias de desarrollo participativas, ajustadas a sus necesidades, acostumbradas a las políticas centralizadas, sectoriales y verticales que hasta hoy han primado; las insuficientes bases informativas territoriales acerca de las vulnerabilidades, la pobreza y las brechas de equidad a esa escala, y las marcadas diferencias territoriales en cuanto a estructura económica, lo que se traducirá en fuertes asimetrías en la recaudación de los tributos territoriales y en la creación de presupuestos.
En cuanto a la configuración de un mercado de trabajo y al llamado proceso de disponibilidad o idoneidad (salida del sector estatal de los ocupados que se consideran en empleos superfluos o excedentes y que deberán ser absorbidos por el sector no estatal), debe tenerse en cuenta que ello tendrá lugar en un escenario marcado por el ensanchamiento de las desigualdades y el aumento de las vulnerabilidades.
En las condiciones cubanas, los activos más importantes para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo son los conocimientos y calificación, capital para invertir, bienes para generar actividades mercantiles (casas, automóviles, herramientas), información (sobre aspectos legales, oportunidades, mercados posibles) y conexiones que permitan acceder a los nuevos espacios económicos (que puedan proveer de información oportuna, relaciones, recomendaciones y privilegios). Esos activos no están distribuidos de forma equitativa entre todos los grupos sociales.
Todo ello se refuerza y articula con un patrón selectivo de movilidad social. Cuando se analiza el perfil social de los sujetos que experimentaron procesos de movilidad ascendente, como consecuencia de las oportunidades abiertas por la reforma de los ´90 (movilidad hacia servicios turísticos, gastronómicos y técnicos, hacia actividades directivas, la economía emergente y el sector no estatal de la economía), se comprueba una preferencia por hombres, personas blancas, jóvenes, sujetos con calificación media superior y superior y el origen social intelectual.
A través de consultas a expertos se ha podido establecer que la lista de actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia preferencia actividades masculinas, con lo que se crea un desbalance y barreras de género desde el inicio. De igual modo, muy pocas de las ocupaciones listadas se basan en conocimiento técnico de media y alta calificación, activo que poseen muchas mujeres y generaciones adultas mayores.
Es difícil pronosticar los impactos sociales de la reforma, y es obvio que los cambios que se producirán no provendrán exclusivamente del rumbo de transformaciones centralmente pautado y planificado.
En este sentido, suscribo la noción de ecología de la acción, que alerta de que toda acción emprendida escapa en la práctica concreta a sus intenciones preestablecidas, al entrar en un universo de interacciones y ser absorbida por el entorno, al entrelazarse con factores azarosos, indeterminaciones, bifurcaciones, procesos emergentes y actores diversos y sus micro prácticas, que se apropian de estas acciones según sus intereses y posibilidades.
Un pronóstico parcial, a partir de las pautas de cambio planificadas, permite esperar -con impactos positivos en la equidad social- tendencias como la diversificación de las opciones para generar empleo e ingresos y su incremento para diversos grupos sociales a partir de iniciativas privadas, y mejoramiento de la calidad de la oferta de empleo en términos de exigencias de calificación y condiciones de trabajo.
Este impacto puede esperarse a partir de la ampliación de ocupaciones en empresas mixtas y vinculadas al capital extranjero, con tecnología de avanzada, lo cual favorecería las posibilidades de movilidad ascendente de la mujer, dado su alto peso en la fuerza de trabajo técnica en el país (66%).
Debe esperarse, además, un aumento en las opciones de trabajo y generación de ingresos en zonas rurales, a partir de la importancia conferida a la producción de alimentos y su comercialización, la creación de cooperativas y la entrega de tierras en usufructo, y un alza en los ingresos de los trabajadores del sistema empresarial estatal y el mejoramiento de la conexión trabajo-ingresos.
Igualmente, la disminución de la franja de pobreza local (a partir de la ampliación de la capacidad de los gobiernos locales) y una mayor capacidad del Estado para atender a los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante políticas focalizadas y el aumento de los recursos financieros para estas acciones provenientes de la política impositiva.
En cuanto a impactos negativos, podríamos ver una reproducción y acentuación de las brechas de equidad preexistentes (de raza, género y territoriales).
Este impacto tendrá una mayor o menor expresión en dependencia de si se ponen en práctica o no políticas que permitan modificar y mitigar la actuales inequidades en la distribución de los activos necesarios para acceder a la pequeña propiedad, la cooperativa, la empresa mixta y el turismo, que son, fundamentalmente, propiedad, dinero para invertir, conocimientos e información sobre las opciones y los mecanismos para acceder a estas.
Es posible un aumento de la franja de pobreza para familias afectadas por el proceso de idoneidad, que no posean activos que les permitan generar iniciativas productivas, y para familias de bajos ingresos por la eliminación de los subsidios a productos de alimentación y el paso a la distribución mercantil de una mayor cantidad de esos productos, por la disminución de los fondos sociales de consumo y la salida de la asistencia social de actuales beneficiarios.
Si bien en la etapa precedente el cuentapropismo y sus diversas formas se caracterizaron por la generación de ingresos relativamente altos, en la nueva etapa esta circunstancia debe variar debido a la masificación de las actividades en el sector, lo que debe tender a aumentar y diversificar sus ofertas y a una baja de los precios, con la consiguiente disminución de los ingresos.
Entre los retos están el reforzamiento de procesos de marginalización social entre grupos sociales excluidos de las nuevas oportunidades y que pierdan sus redes de amparo e ingresos anteriores (con posibilidad de proliferación de acciones de generación de ingresos informales e ilegales y de asentamientos ilegales e insalubres como forma de dar solución a problemas de vivienda), y la reproducción del patrón de selectividad territorial y de las asimetrías territoriales a partir de ventajas comparativas.
En ausencia de políticas de compensación territorial o de medidas afirmativas para favorecer a provincias, municipios y comunidades en desventaja, este patrón puede fortalecerse.
La municipalización y la ampliación del diapasón de zonas de empleo tienen obviamente potencialidades positivas para un manejo más adecuado de las desigualdades, al acercar el diseño e implementación de políticas a los escenarios locales y posibilitar la diversificación de oportunidades, lo que permite dar cauce a iniciativas individuales, familiares y grupales para nuevos emprendimientos.
En la otra cara de la moneda, ya sabemos que estas oportunidades sólo podrán ser aprovechadas por quienes posean los activos necesarios o la capacidad para generarlos, lo que deja fuera o disminuye las probabilidades de mejorar su situación a una franja poblacional significativa.
En tal escenario sería decisivo implementar políticas no sólo de asistencia y amparos a los vulnerables, declaración incluida en los Lineamentos, sino de carácter afirmativo hacia las desventajas.
La intencionalidad económica que rige la estrategia de cambio, su orientación fundamental hacia la recuperación de la sustentabilidad económica del proyecto socialista en las circunstancias de la economía global actual, es una meta pertinente y decisiva, tan decisiva que es obvio que sin sustentabilidad económica no hay proyecto social. Esta relación traspasó su límite hace ya tiempo, y la estrategia reconoce esta situación con realismo.
No obstante, de tal urgencia no parece conveniente inferir que se puede violentar el carácter sistémico de lo social y asumir una lógica de intervención-transformación por etapas fragmentadas, donde primero se actúa sobre lo económico y después sobre lo demás, como se desprende de estos documentos, en los que lo social queda como preservación de conquistas y lo político más bien pareciera que no está urgido de cambios.
De igual modo, aceptar que por insuficiencia de recursos no es practicable una reforma que no incremente los grados de desigualdad preexistentes y que cierto nivel de desigualdad es funcional y hasta necesario, no debería significar de ninguna manera una naturalización de la desigualdad y las desventajas sociales.
*Socióloga e investigadora cubana. Actualmente es oficial en Cuba de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Impelida por el imperativo de dotar de sustentabilidad económica al proyecto social, la agenda actual de la reforma cubana concede a la política social un papel subordinado a esa tarea económica, desaprovecha su perfil de factor del desarrollo y no aborda con la intensidad necesaria la problemática de la desigualdad y las desventajas y exclusiones sociales preexistentes.
Aun más, la actual reforma cubana está diseñada por debajo de su perfil potencial: se constriñe al plano de un manejo coyuntural de corto plazo de gestión de crisis y no se concibe a sí misma como estrategia de desarrollo, lo que parecería venir después, si todo sale bien.
Esto ya ocurrió en los ´90: la urgencia de la gestión de la crisis abortó la posibilidad de aprovechar la oportunidad generada por la aparición del momento de desconexión abierto con la desaparición del campo socialista europeo, para transitar hacia una nueva estrategia de desarrollo y hacia un modelo diferente de socialismo.
La reforma y la nueva política social concentran altas potencialidades de cambio de las relaciones sociales y del modelo de estratificación social vigente, a partir, fundamentalmente, de cuatro elementos: diversificación de sujetos económicos, configuración de un real mercado de trabajo, fortalecimiento de los ingresos personales y familiares como fuente de acceso al bienestar y de las desigualdades sociales a ellos asociadas, y elevación del rol de lo territorial en ese acceso.
Si bien la reforma de los ´90 incluyó algunos rumbos de cambio cercanos a estos en cuanto a la diversificación de sujetos económicos, la nueva reforma es más radical en el espacio que concederá al sector no estatal (se estima que entre el 40 y el 60% de toda la ocupación deberá ser no estatal).
Además, el escenario es más complicado hoy, con un grado de desigualdad precedente mucho mayor comparativamente y con una franja de pobreza que se ha hecho resistente y difícil de remover.
El coeficiente Gini pasó de 0,24 a mediados de los ´80 a un valor de 0,38 en los 2000. Atendiendo a pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, la población urbana bajo esta condición aumentó de 6,3% en 1988 a 20% hacia 2000, (1) lo que indica la estructuración de mecanismos distributivos excluyentes que, a diferencia de los ´80, aparecen desde el nivel de la satisfacción de necesidades básicas.
Entre las medidas, a diferencia de la reforma de los ´90, se prevé ahora el retiro del Estado de un conjunto de prestaciones (salida del grupo de los asistenciados de una cantidad considerable de personas, elevación de fórmulas contributivas para la seguridad social, disminución del peso del programa de municipalización de la educación superior, readecuación de los servicios de salud, eliminación de la libreta de abastecimiento, disminución del peso de los fondos sociales de consumo y del tiempo de amparo para los trabajadores disponibles).
Ello, unido a las nuevas formas productivas, supone la posibilidad de incremento de las distancias sociales por vía del monto de los ingresos.
El papel concedido a la escala municipal de gobierno en materia de iniciativas económicas y de formación de presupuestos es mayor, con lo que las asimetrías territoriales serán decisivas para la configuración de oportunidades y desigualdades.
En comparación con los ´90, el proceso actual parece tener una potencia de modificación del perfil de la estratificación social mayor y podría hacer tender la sociedad cubana, si es exitoso, hacia una especie de “socialismo de capas medias”, así como generar mayores posibilidades de movilidad ascendente y para emprendimientos productivos, individuales, colectivos y locales.
Parece, también, que es mayor su capacidad para ampliar las diferencias de ingresos y su grado de concentración, por ascenso y descenso de diversos grupos sociales, y plantea retos especialmente en dos áreas: la municipalización y la configuración de un mercado de trabajo (que no se había perfilado completamente como tal en etapas anteriores).
La municipalización debe enfrentar riesgos como la insuficiente capacitación de los directivos y las sociedades civiles locales para trazar de forma autónoma estrategias de desarrollo participativas, ajustadas a sus necesidades, acostumbradas a las políticas centralizadas, sectoriales y verticales que hasta hoy han primado; las insuficientes bases informativas territoriales acerca de las vulnerabilidades, la pobreza y las brechas de equidad a esa escala, y las marcadas diferencias territoriales en cuanto a estructura económica, lo que se traducirá en fuertes asimetrías en la recaudación de los tributos territoriales y en la creación de presupuestos.
En cuanto a la configuración de un mercado de trabajo y al llamado proceso de disponibilidad o idoneidad (salida del sector estatal de los ocupados que se consideran en empleos superfluos o excedentes y que deberán ser absorbidos por el sector no estatal), debe tenerse en cuenta que ello tendrá lugar en un escenario marcado por el ensanchamiento de las desigualdades y el aumento de las vulnerabilidades.
En las condiciones cubanas, los activos más importantes para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo son los conocimientos y calificación, capital para invertir, bienes para generar actividades mercantiles (casas, automóviles, herramientas), información (sobre aspectos legales, oportunidades, mercados posibles) y conexiones que permitan acceder a los nuevos espacios económicos (que puedan proveer de información oportuna, relaciones, recomendaciones y privilegios). Esos activos no están distribuidos de forma equitativa entre todos los grupos sociales.
Todo ello se refuerza y articula con un patrón selectivo de movilidad social. Cuando se analiza el perfil social de los sujetos que experimentaron procesos de movilidad ascendente, como consecuencia de las oportunidades abiertas por la reforma de los ´90 (movilidad hacia servicios turísticos, gastronómicos y técnicos, hacia actividades directivas, la economía emergente y el sector no estatal de la economía), se comprueba una preferencia por hombres, personas blancas, jóvenes, sujetos con calificación media superior y superior y el origen social intelectual.
A través de consultas a expertos se ha podido establecer que la lista de actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia preferencia actividades masculinas, con lo que se crea un desbalance y barreras de género desde el inicio. De igual modo, muy pocas de las ocupaciones listadas se basan en conocimiento técnico de media y alta calificación, activo que poseen muchas mujeres y generaciones adultas mayores.
Es difícil pronosticar los impactos sociales de la reforma, y es obvio que los cambios que se producirán no provendrán exclusivamente del rumbo de transformaciones centralmente pautado y planificado.
En este sentido, suscribo la noción de ecología de la acción, que alerta de que toda acción emprendida escapa en la práctica concreta a sus intenciones preestablecidas, al entrar en un universo de interacciones y ser absorbida por el entorno, al entrelazarse con factores azarosos, indeterminaciones, bifurcaciones, procesos emergentes y actores diversos y sus micro prácticas, que se apropian de estas acciones según sus intereses y posibilidades.
Un pronóstico parcial, a partir de las pautas de cambio planificadas, permite esperar -con impactos positivos en la equidad social- tendencias como la diversificación de las opciones para generar empleo e ingresos y su incremento para diversos grupos sociales a partir de iniciativas privadas, y mejoramiento de la calidad de la oferta de empleo en términos de exigencias de calificación y condiciones de trabajo.
Este impacto puede esperarse a partir de la ampliación de ocupaciones en empresas mixtas y vinculadas al capital extranjero, con tecnología de avanzada, lo cual favorecería las posibilidades de movilidad ascendente de la mujer, dado su alto peso en la fuerza de trabajo técnica en el país (66%).
Debe esperarse, además, un aumento en las opciones de trabajo y generación de ingresos en zonas rurales, a partir de la importancia conferida a la producción de alimentos y su comercialización, la creación de cooperativas y la entrega de tierras en usufructo, y un alza en los ingresos de los trabajadores del sistema empresarial estatal y el mejoramiento de la conexión trabajo-ingresos.
Igualmente, la disminución de la franja de pobreza local (a partir de la ampliación de la capacidad de los gobiernos locales) y una mayor capacidad del Estado para atender a los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante políticas focalizadas y el aumento de los recursos financieros para estas acciones provenientes de la política impositiva.
En cuanto a impactos negativos, podríamos ver una reproducción y acentuación de las brechas de equidad preexistentes (de raza, género y territoriales).
Este impacto tendrá una mayor o menor expresión en dependencia de si se ponen en práctica o no políticas que permitan modificar y mitigar la actuales inequidades en la distribución de los activos necesarios para acceder a la pequeña propiedad, la cooperativa, la empresa mixta y el turismo, que son, fundamentalmente, propiedad, dinero para invertir, conocimientos e información sobre las opciones y los mecanismos para acceder a estas.
Es posible un aumento de la franja de pobreza para familias afectadas por el proceso de idoneidad, que no posean activos que les permitan generar iniciativas productivas, y para familias de bajos ingresos por la eliminación de los subsidios a productos de alimentación y el paso a la distribución mercantil de una mayor cantidad de esos productos, por la disminución de los fondos sociales de consumo y la salida de la asistencia social de actuales beneficiarios.
Si bien en la etapa precedente el cuentapropismo y sus diversas formas se caracterizaron por la generación de ingresos relativamente altos, en la nueva etapa esta circunstancia debe variar debido a la masificación de las actividades en el sector, lo que debe tender a aumentar y diversificar sus ofertas y a una baja de los precios, con la consiguiente disminución de los ingresos.
Entre los retos están el reforzamiento de procesos de marginalización social entre grupos sociales excluidos de las nuevas oportunidades y que pierdan sus redes de amparo e ingresos anteriores (con posibilidad de proliferación de acciones de generación de ingresos informales e ilegales y de asentamientos ilegales e insalubres como forma de dar solución a problemas de vivienda), y la reproducción del patrón de selectividad territorial y de las asimetrías territoriales a partir de ventajas comparativas.
En ausencia de políticas de compensación territorial o de medidas afirmativas para favorecer a provincias, municipios y comunidades en desventaja, este patrón puede fortalecerse.
La municipalización y la ampliación del diapasón de zonas de empleo tienen obviamente potencialidades positivas para un manejo más adecuado de las desigualdades, al acercar el diseño e implementación de políticas a los escenarios locales y posibilitar la diversificación de oportunidades, lo que permite dar cauce a iniciativas individuales, familiares y grupales para nuevos emprendimientos.
En la otra cara de la moneda, ya sabemos que estas oportunidades sólo podrán ser aprovechadas por quienes posean los activos necesarios o la capacidad para generarlos, lo que deja fuera o disminuye las probabilidades de mejorar su situación a una franja poblacional significativa.
En tal escenario sería decisivo implementar políticas no sólo de asistencia y amparos a los vulnerables, declaración incluida en los Lineamentos, sino de carácter afirmativo hacia las desventajas.
La intencionalidad económica que rige la estrategia de cambio, su orientación fundamental hacia la recuperación de la sustentabilidad económica del proyecto socialista en las circunstancias de la economía global actual, es una meta pertinente y decisiva, tan decisiva que es obvio que sin sustentabilidad económica no hay proyecto social. Esta relación traspasó su límite hace ya tiempo, y la estrategia reconoce esta situación con realismo.
No obstante, de tal urgencia no parece conveniente inferir que se puede violentar el carácter sistémico de lo social y asumir una lógica de intervención-transformación por etapas fragmentadas, donde primero se actúa sobre lo económico y después sobre lo demás, como se desprende de estos documentos, en los que lo social queda como preservación de conquistas y lo político más bien pareciera que no está urgido de cambios.
De igual modo, aceptar que por insuficiencia de recursos no es practicable una reforma que no incremente los grados de desigualdad preexistentes y que cierto nivel de desigualdad es funcional y hasta necesario, no debería significar de ninguna manera una naturalización de la desigualdad y las desventajas sociales.
*Socióloga e investigadora cubana. Actualmente es oficial en Cuba de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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