Hasta el momento la reforma de Raúl Castro ha conseguido incrementar los ingresos de las familias cubanas que se han integrado por alguna vía, formal o informal, al trabajo por cuenta propia, a las micro y pequeñas empresas privadas (ya sea como propietarios o como empleados). Son también aquellos que han solicitado y han puesto en explotación las tierras ociosas entregadas en usufructo, o las que se han vinculado al sector cooperativo rural y más recientemente urbano. Naturalmente, no todas son historias de éxito, algunas solo han visto incrementados sus ingresos de forma transitoria, otras han hecho inversiones que todavía no se rentabilizan y varias han sufrido pérdidas netas en sus emprendimientos.
El anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reporta que en 2013 las personas vinculadas formalmente a este sector no estatal representaban el 26% del total de ocupados de la economía. Para el restante 74%, las posibilidades de ver incrementados sus ingresos han sido mucho menores, para no decir casi nulas. Aquí se ubican los empleados de las empresas estatales, los funcionarios y trabajadores del aparato estatal y de gobierno que dependen de los salarios que se asignan por el presupuesto fiscal, y los trabajadores contratados por las empresas con inversión extranjera.
En este último grupo de trabajadores contratados por empresas con capital internacional, opera la intermediación de las agencias empleadoras estatales, las cuales reciben el salario en divisas y le pagan a los trabajadores en pesos cubanos aplicando la muy sobrevaluada tasa de cambio oficial de 1 dólar estadounidense igual a 1 peso cubano. En dicha intermediación el gobierno ha venido capturando este enorme “impuesto cambiario” que obliga a las empresas extranjeras a pagar bonificaciones en divisas adicionales a sus trabajadores.
Por su parte, los salarios de los trabajadores de las empresas estatales y del sector presupuestado se controlan centralmente por el gobierno. A diferencia de la mayoría de los países, no existe en Cuba un procedimiento de indexación de los salarios que compense cada año por la inflación. Las empresas estatales no tienen prácticamente autonomía para mejorar los salarios de sus empleados, salvo en algunos casos muy puntuales y poco representativos.
Es decir, los incrementos salariales de todos los trabajadores del sector público solo ocurren cuando el gobierno lo decide centralmente. En lo que va de reforma, desde el año 2008, ello ha ocurrido de forma significativa apenas en una ocasión cuando se incrementaron los salarios en 2014 al personal de la salud. La decisión vino justificada por el hecho de que en los últimos diez años la exportación de servicios médicos representa la principal fuente de ingresos en divisas al país.
Para permitir o no incrementos salariales, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) tiene una regla implícita mediante la cual intenta garantizar que el salario promedio por trabajador cada año no crezca más que la productividad promedio agregada de la economía. Ello tiene un lado positivo y meritorio, pues define una meta intermedia muy efectiva para conservar una inflación baja.
Varias economías emplean reglas para controlar la inflación y sostener el equilibrio fiscal, pero por lo general toman en cuenta otros factores; por ejemplo, las perspectivas futuras de crecimiento y el estado de la economía en relación al ciclo económico. El problema de la regla del MEP no solo es que se calcule sobre los promedios simples anuales de salarios y productividad, sino que se controla a partir de los mecanismos burocráticos y centralizados asociados al plan anual.
La regla del MEP se ha convertido en uno de los factores que más limita la autonomía empresarial y el uso del salario como incentivo a la eficiencia y como mecanismo regulador del mercado de trabajo. El resultado ha sido el encadenamiento de un círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. Como los salarios son bajos los trabajadores se sienten poco motivados; como resultado, la productividad no crece lo suficiente para que el MEP autorice incrementos salariales.
El período que lleva la reforma de Raúl Castro no ha sido la excepción. Los bajos salarios han seguido constituyendo un obstáculo al incremento de la productividad, a lo cual se le une el incumplimiento de dos de los principales factores con que contaba el gobierno para impulsar la productividad. Se planificaba un crecimiento promedio anual del PIB del 4,4%, pero este va por 2,7%, sin contar el año 2014, en que caerá aún más. Se esperaba reducir el tamaño del sector estatal en 1,3 millones de trabajadores que se estimaban sobrantes, pero la reducción ha sido de 418.000 hasta 2013.
Las cifras oficiales de la ONEI permiten calcular que, como acumulado desde 2008 hasta 2013, la productividad ha crecido 13,6% y el salario nominal en el sector estatal lo hizo un 13,5%, lo que verifica el cumplimiento de la regla durante la reforma. Dado que los precios han aumentado un 5,8% como acumulado en este período, el resultado es un aparente incremento del salario real del 7,7% (aproximadamente sería la diferencia entre 13,5% y 5,8%).
Sin embargo, este incremento está computado sobre unos registros de inflación que no son muy confiables. Ciertamente, es probable que la inflación en Cuba sea de un dígito (menos de 10%), pues el control de los salarios y los tipos de cambios fijos son factores que contribuyen a mantener la estabilidad de los precios. Sin embargo, no es creíble la tasa de inflación promedio cada año de menos del 1% como indica la ONEI.
En una economía cuyo consumo depende en un alto porcentaje de bienes importados (en más de un 70% el consumo de alimentos), al menos se esperaría una inflación cercana a la internacional. Además, la reforma ha venido liberalizando la venta de varios productos que anteriormente se entregaban en la libreta de racionamiento, ha crecido la presencia del sector no estatal que opera con precios de oferta y demanda, y se conoce que se han producido incrementos de precios en las redes minoristas estatales que comercializan en pesos convertibles (CUC). Todo ello debería quedar mejor reflejado en las cifras de inflación de la ONEI.
La ONEI no está capturando los cambios que se están produciendo en el costo de la canasta de consumo debido a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que utiliza no incluye los precios en pesos convertibles y debido a que tal indicador todavía tiene como base el año 1999 (mucho debe haber cambiado la estructura de gastos de las familias desde entonces). Pese a varias menciones de la ONEI de que se trabaja en mejorar la metodología, todavía se siguen reportando las cifras de inflación a partir de un IPC con una base completamente desactualizada, lo cual es sumamente perjudicial para una correcta medición del efecto de la reforma en los salarios reales; cuestión que en última instancia es lo que más le interesa a la mayoría de las familias.
Según las cifras del Fondo Monetario Internacional, en el período 2008-2013 la inflación mundial anual promedio fue del 4,4% y para los países en desarrollo fue del 6,6%. Si suponemos, por ejemplo, que la inflación anual en Cuba se ubicó en apenas un 4%, el resultado es que en el acumulado del período 2008-2013 los precios crecieron un 21,7%. Como consecuencia, tendríamos que los salarios reales como parte de la reforma no han mejorado sino que han decrecido un 8,2% (aproximadamente sería la diferencia entre 13,5% y 21,7%).
Pero aún si tomamos como ciertos los datos de inflación de la ONEI el resultado es que en 2013, el salario promedio en el sector estatal, medido en términos reales, apenas representaba un 27% del nivel de 1989.
En general, este ha sido un lastre del cual no se ha podido despegar la economía cubana y con el cual carga ahora la reforma. Lo cierto es que después de la dramática caída del poder adquisitivo de los salarios a inicio de los años noventa, el modelo cubano se ha mostrado incapaz de revertir esta situación. En un período de más de veinte años, ni las reformas de los años noventa, ni la desdolarización y centralización de las divisas, ni la ayuda recibida desde Venezuela y la exportación de servicios médicos, ni la actual reforma de Raúl Castro, han logrado tener un impacto positivo sostenido en los salarios reales.
Mirando al futuro, vemos que a partir de 2015 el gobierno cubano planifica nuevas transformaciones que tendrán implicaciones directas en los salarios.
La primera está asociada a la reforma de la empresa estatal. Se ha anunciado que las empresas estatales podrán decidir su sistema salarial e incrementar los niveles salariales de acuerdo a sus capacidades financieras. Se le permitirá destinar incluso parte del 50% de las utilidades al final del año para otorgar incentivos monetarios a los trabajadores.
De cumplirse a cabalidad dicho anuncio y no colocarse trabas a través del plan central, estarían las empresas estatales en una posición más favorable para responder a otras de las transformaciones anunciadas: la devaluación de la tasa de cambio oficial y la unificación de las monedas. La reforma monetaria, de tener impactos reales en la economía, podría convertirse en una vía para romper el círculo vicioso entre bajos salarios y baja productividad.
La tercera transformación con implicaciones salariales es la nueva política para atraer inversión extranjera. Se ha anunciado que los empleados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel cobrarán un salario sobre la base de una tasa de cambio de 10 pesos cubanos por 1 dólar estadounidense, ello no elimina el impuesto cambiario pero lo reduce considerablemente. El gobierno también tiene previsto aplicar una tasa de cambio más devaluada que la oficial en el resto de las empresas con capital internacional que no se encuentran localizadas en el Mariel.
El incremento de salarios en el sector empresarial estatal y con capital mixto también podría beneficiar al 26% de las personas vinculadas al sector no estatal, pues constituiría un incentivo por el lado de la demanda a toda la actividad privada y cooperativa que hoy en día aprecia como uno de sus mayores obstáculos el bajo poder adquisitivo de los ingresos del cubano promedio.
Si efectivamente, con las nuevas transformaciones planificadas, se reanima la productividad y los ingresos del sector estatal y con capital mixto y ello ayuda a expandir los negocios privados y cooperativos por el impulso de la demanda, el presupuesto del Estado estaría también recibiendo mayores ingresos por intermedio de los diferentes impuestos que existen, lo cual justificaría realizar incrementos salariales además en el sector presupuestado.
En resumen, hay posibilidades de que a partir de 2015 los salarios puedan comenzar a salirse del círculo vicioso en el cual han quedado atrapados y se enlacen con círculos virtuosos de crecimiento de la productividad de la empresa estatal y expansión del sector no estatal. Ello dependerá básicamente de la implementación efectiva de dos de las reformas más complejas que tiene por delante el gobierno de Raúl Castro: la reforma monetaria y la reforma de la empresa estatal. Al mismo tiempo, ayudaría enormemente que la nueva Ley para la inversión extranjera y el portafolio de negocios de 8000 millones de dólares presentado en la Feria de La Habana atraigan las inversiones que se necesitan para mejorar la dotación de capital y tecnología de la economía cubana, dado que serían factores fundamentales en la sostenibilidad de los incrementos salariales.
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