Mientras el presidente de Estados Unidos busca recrudecer el bloqueo contra Cuba, en el Congreso se han presentado desde enero varios proyectos de ley para enmendar o eliminar las sanciones
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El tema Cuba busca ganar espacios dentro del Congreso estadounidense, en un escenario donde la hostilidad y la polarización marcan el ritmo de ese órgano legislativo.
Hace algunas semanas fue noticia la introducción de un proyecto de ley para permitir a los estadounidenses viajar libremente a Cuba, ya que ahora solo pueden hacerlo dentro de categorías establecidas, y nunca como turistas. Una coalición bipartidista de 55 senadores apoyó la propuesta, que fue oficialmente presentada por el republicano Jeff Flake y el demócrata Patrick Leahy.
El día en que presentó la medida, Flake dijo a la prensa que «son los estadounidenses quienes resultan castigados por la prohibición de viajar, y no el gobierno cubano». Por su parte, Leahy aseguró que esa restricción no está justificada ni por la seguridad nacional ni por intereses económicos.
A pesar de esos argumentos y del apoyo mayoritario a la iniciativa –en un senado de 100 miembros–, eso no garantiza su aprobación. De hecho, ese mismo proyecto de ley fue presentado en el 2015 tanto en la Cámara como en el Senado, y aunque logró el respaldo de 132 representantes y 54 senadores, no fue sometido a votación.
El camino que debe transitar un proyecto para convertirse en ley dentro del Capitolio es largo y complejo. No se trata solamente de reglas y procedimientos formales –que son bastante engorrosos–, sino del funcionamiento práctico de una esfera del Estado, donde en ocasiones importan más las deudas de favores entre los congresistas, que los deseos de los ciudadanos que ellos representan.
En ese contexto, la eliminación del bloqueo contra Cuba, que como consecuencia de la Ley Helms-Burton depende del Congreso, podría convertirse en un laberinto interminable de votaciones.
La decisión de Barack Obama de cambiar la política hacia Cuba contó con el respaldo de congresistas tanto demócratas como republicanos, de poderosos sectores económicos y la mayoría de la opinión pública estadounidense. Pero también levantó críticas y mantiene intransigentes detractores.
El 114 Congreso de Estados Unidos, que tomó asiento en el Capitolio el 3 de enero del 2015, fue uno de los campos de batalla donde se enfrentaron esas dos visiones. Allí se presentaron, paralelamente, proyectos de ley que intentaban allanar el camino de las relaciones bilaterales y otros que buscaban dificultarlas.
Para que un proyecto sea enviado al Presidente para su firma y conversión en ley es preciso que tanto la Cámara como el Senado lo aprueben en el transcurso de los dos años que dura el periodo de sesiones. Por eso, muchos de los proyectos referidos a Cuba que no avanzaron durante el transcurso del 114 Congreso están siendo presentados nuevamente en el 115, que inició en enero pasado.
Los temas priorizados por los legisladores interesados en un acercamiento son los viajes y las relaciones económicas bilaterales, con énfasis en la promoción de créditos para las exportaciones agrícolas.
Así, en enero se presentó la «Ley de comercio con Cuba del 2017», que propone, entre otras cosas, modificar la Ley Torricelli para eliminar: la autoridad presidencial para imponer sanciones contra los socios comerciales de Cuba, las restricciones a las transacciones, y las limitaciones en el envío directo entre puertos cubanos y estadounidenses. Igualmente, permitiría a los estadounidenses ofrecer condiciones de pago o financiación para la venta de productos agrícolas a Cuba.
Ese proyecto fue introducido en la Cámara por el representante Tom Emmer, republicano por el estado de Minnesota. Hasta el momento, cuenta con el respaldo de 14 congresistas republicanos y ocho demócratas.
En un informe de junio del 2015, el Departamento de Agricultura señaló la disminución de la participación estadounidense en el mercado de alimentos cubano, que pasó de un máximo de 42 % en el año fiscal 2009 a solo 16 % en el 2014. El texto añade que esa caída «se debe en gran parte a una disminución de las exportaciones de productos básicos a granel de los Estados Unidos a la luz de las condiciones de crédito favorables ofrecidas por los principales competidores».
El informe concluyó que el levantamiento de las restricciones ayudaría a Estados Unidos a recuperar su cuota de mercado en Cuba.
Existe entre los congresistas, y entre los intereses económicos que ellos
representan, un deseo de recuperar esas cuotas de mercado que han perdido. Por eso es la insistencia en promover proyectos de ley que favorezcan las exportaciones. Por ejemplo, el representante Eric (Rick) Crawford, republicano por Arkansas, presentó en enero la «Ley para las exportaciones agrícolas a Cuba», que cuenta con el apoyo de 27 republicanos y 13 demócratas.
En el Senado se presentó uno similar: la «Ley de expansión de las exportaciones agrícolas del 2017», que permitiría a una persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos pagar o financiar la venta de productos a Cuba. La propuesta es de la senadora Heidi Heitkamp, demócrata por Dakota del Norte; y cuenta con el respaldo de 11 senadores demócratas, cuatro republicanos y uno independiente.
La «Ley de libertad para las exportaciones a Cuba» es otra de las propuestas presentadas recientemente en el Senado. En este caso, fue introducida por Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, y tiene el propósito de derogar o enmendar varias prohibiciones que restringen el comercio bilateral. Cuenta con el respaldo de nueve demócratas, tres republicanos y uno independiente.
En total, desde enero se han presentado 12 proyectos de ley favorables a un acercamiento con Cuba. Ocho de ellos nacieron en la Cámara de Representantes y los otros cuatro en el Senado. Casi todas son propuestas que no lograron progresar en el 114 Congreso.
Un estudio de cada una de esas iniciativas y de las agendas que priorizan permite comprender que están pensadas para favorecer los intereses de Estados Unidos en primer lugar, y la mayoría no se propone el levantamiento integral del bloqueo sino de aspectos específicos en cada caso. Sin embargo, de ser aprobadas significarían un alivio de las sanciones contra Cuba.
Pero tienen el camino difícil. Los congresistas cubanoamericanos, que fueron activos en la legislatura anterior promoviendo proyectos para frenar el acercamiento, continúan en posiciones clave. Algunos de los proyectos antes mencionados fueron remitidos, por ejemplo, a los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara y del Senado, donde probablemente chocarán con la oposición de la representante Ileana Ros-Lehtinen y del senador Marco Rubio. Igualmente, otros tendrán que transitar por el Comité de Asignaciones de la Cámara, donde tiene asiento Mario Díaz-Balart.
Como nota positiva vale destacar que el tema Cuba en el Congreso cuenta con un consenso bipartidista, algo difícil de encontrar en otros temas, en un escenario donde son visibles elevados niveles de polarización. Eso amplía sus posibilidades para avanzar en el complejo recorrido dentro del órgano legislativo.
La lucha en el Capitolio, en lo que a Cuba se refiere, no es entre Demócratas y Republicanos, puesto que se han generado después del 17 de diciembre del 2014 intereses políticos y económicos que van más allá de filiaciones partidistas. Pero tampoco bastaría para el análisis dividirlos entre «liberales» y «conservadores», con los primeros más interesados en acercar a Washington y a La Habana. Un caso que lo ilustra bien es el del Senador Jeff Flake, quien regularmente mantiene posturas muy conservadoras, y sin embargo ha sido uno de los principales promotores del cambio.
Los estudios sobre el Congreso y las propuestas que allí se presenten con relación a Cuba son imprescindibles para entender las relaciones bilaterales, y para intentar dar respuesta a la eterna pregunta: ¿cuándo terminará el bloqueo?
* Profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu) de la Universidad de La Habana.
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