Acerca de la concepción de un Estado de derecho, su aplicación a un país socialista, sus problemas fundamentales en el contexto cubano y los posibles caminos para alcanzar su consolidación trató a finales de mayo el espacio de debate de la revista Temas.
“El Estado de derecho lo defino como el estatus de la organización política del Estado y de la sociedad, una manera de comportarse ambos en un espacio geográfico determinado. Esta categoría ha tenido sucesivos ensanchamientos. Primero se habló de un Estado de derecho; luego, con el auge del capitalismo y la importancia del obrero, más la crisis de representación de los partidos, se denominó Estado social y democrático de Derecho. En la actualidad se emplea el concepto de Estado social y democrático de derecho y de justicia”, expresó (Teodoro) Yan Guzmán, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Colmada estaba la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Muchas personas no alcanzaron asientos y optaron por acomodarse en la escalera o permanecer de pie al fondo del local.
“Me represento el Estado de derecho —continuó el ponente— con dos presupuestos: uno es la preeminencia de la ley y la Constitución, el segundo es la reafirmación de los derechos individuales y colectivos. Mientras que su finalidad es la consecución de la justicia”. Por lo tanto, resulta indebido considerar dicho Estado “como una mera referencia normativa”. Su existencia implica que tanto cualquier individuo como los funcionarios, las autoridades, tienen que respetar la Constitución y lo legislado.
En las naciones socialistas de Europa del Este y en Cuba el Estado de derecho fue sustituido por el principio de la legalidad socialista debido a la propia crisis que experimentó el Estado de derecho, categoría que corrió igual suerte que otras acuñadas por el liberalismo, que fueron desterradas del discurso político y combatidas desde el académico. De todas maneras, no creo que sea un problema de categorías o denominaciones, sino de contenido. Hoy los cubanos estamos llamados a devolverle su función a las instituciones, a la ley y a la Constitución; es decir, “a reinstitucionalizar el país”, apuntó Guzmán.
Junto con el profesor, esa tarde componían el panel: Joel Suárez, coordinador general del Centro Memorial Martin Luther King Jr.; Jorge Bodes, especialista en Derecho penal y miembro de la Unión de Juristas de Cuba; Salvador Salazar, periodista, autor de El Blog de Salvador Salazar, y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Como moderador fungía Rafael Hernández, director de Temas, quien a continuación solicitó a Suárez su criterio.
“Hablamos de un concepto liberal que representa avances sustantivos en el desarrollo de la humanidad; sin embargo, hoy todo indica que está en crisis en la vieja Europa. También existe una tradición dentro del pensamiento crítico, socialista, relacionado con el vínculo estrecho entre socialismo y democracia. Cuando pienso en el Estado de derecho me remito a en esa relación que debe darse entre la norma (el papel de esta es coercitivo, aunque necesario), la libertad y la justicia; todo eso atravesado por el horizonte de la igualdad”, opinó el invitado. Su labor al frente del Centro Memorial le ha permitido constatar en la práctica “cuán distante podemos estar o no de un Estado ideal de derecho en tanto la norma imperante da mayor o menor margen de libertad para la labor de una asociación”.
Jorge Bodes puntualizó que el Estado de derecho constituye “un sistema de normativas reguladoras de los derechos, las garantías, los deberes, el funcionamiento, estructura y órganos de la sociedad”; y que la máxima expresión de la ley es la Constitución de un país, sobre cuya base deben elaborarse las normas y reglamentos. No obstante, “una nación no se convierte en un Estado de derecho solo por tener una Constitución”. Es indispensable regular para que todo el mundo sepa cómo debe actuar, pero esas reglas tienen que ajustarse a la ética, a principios que permitan un adecuado ejercicio de las libertades individuales y colectivas.
Y añadió: “Muchas veces nos preguntan si tenemos un Estado de derecho en Cuba. Bueno, si el Estado se rige por normas, hay principios de igualdad, y los funcionarios y las organizaciones tienen que someterse al imperio de la ley, entonces sí se puede hablar de su existencia”. De igual modo considera que indudablemente ocurre una interacción entre la política y el Estado de derecho. La primera “es el factor más activo, en el sentido de que puede propiciar una serie de cambios, perfeccionamientos, ajustes, que a lo mejor no son de inmediato los que aspiramos, sino que están condicionados por las circunstancias actuales del país”.
De acuerdo con Salvador Salazar, él no está tan seguro de que en la Isla alguna vez imperara un Estado de derecho, pues “estamos acostumbrados a una práctica que viene desde la colonia: la ley se acata, pero no se cumple”.
Otro aspecto fundamental del Estado de derecho es la posibilidad de que el ciudadano común gobierne a través de sus representantes. En teoría esto sucede en Cuba, “donde las antiguas clases subalternas han accedido al poder”. Pero “no basta con entregar el control de determinados medios de producción a esas clases sociales para que automáticamente surja un nuevo modo de pensar y un nuevo Estado de derecho. Este es un proceso que se extiende en el tiempo”. Entre el enunciado teórico “y el horizonte hacia el cual debemos dirigirnos yo ubico a Martí y su visión de una república con todos y por el bien de todos, donde se respeten los deberes y los derechos de cada uno de los ciudadanos”, afirmó Salazar.
Irrespeto a la ley
¿Cuáles son los principales problemas que afectan la consolidación de un Estado de derecho en la Cuba actual?, preguntó Rafael Hernández. Seguro en ese momento cada uno de los asistentes -incluidos los extranjeros, pues esta no es una problemática exclusiva de la Isla- conformó en silencio una lista de situaciones indeseables.
“La Constitución debe ser una norma de aplicación directa, un referente suficiente para los ciudadanos y cualquier actor político que necesite argumentar o defender un derecho o una posición jurídica frente al Estado o frente a otro individuo”; sin embargo, no ocurre así. Además, “otro problema relacionado con el ordenamiento jurídico es el desplazamiento del poder de la ley, esta ha perdido en Cuba el valor que tenía hasta los años 80, ha cedido su espacio a disposiciones de menor rango, como los reglamentos y decretos”, intervino Yan Guzmán.
A su inventario de dificultades el académico agregó: “El Estado cubano sigue apostando por la afirmación e irrenunciabilidad de los derechos sociales, pero la ampliación de los de carácter político continúan siendo un reclamo en el país”. En ello incide, entre otros aspectos, que “dentro de la concepción originaria del Estado de derecho las potestades de los ciudadanos eran oponibles al Estado; no obstante, cuando triunfó la Revolución sustentada en la teoría marxista-leninista los derechos del individuo fueron considerados la consagración de la fusión del Estado con la clase que trataba de defender”. Eso ha tenido un costo. Joel habló sobre equilibrar justicia, igualdad, libertad; Salazar propuso rendir culto al pensamiento martiano. Todos tenemos claras las metas, pero no la manera de equilibrar todo eso en un Estado como el cubano, con sus contextos políticos, históricos, sociológicos y económicos.
Aún más le preocupa el hecho de que “la Revolución —un proceso de tal magnitud que constituyó fuente de producción de sentido de vida para la mayoría del pueblo cubano— fue creando un orden que encuentra en el Estado no solo un instrumento sino el lugar de encarnación. La ecuación de que socialismo es igual a Estado constituye entonces un problema, porque si la Revolución, resultado de la voluntad del pueblo, en el imaginario , es la medida de todas las cosas, esta cualidad la recibe el Estado y lo coloca de hecho por encima de la ciudadanía, del pueblo, que en última instancia es el soberano”.
Reclamo de numerosos juristas es la creación de un sistema de control constitucional, planteó Jorge Bodes. Urge instituir un órgano donde quienes sientan “que sus derechos constitucionales han sido soslayados puedan plantearlo”. En el capitalismo esa función la cumplía, de modo imperfecto, una Sala Constitucional que mostró su ineficacia cuando Batista dio el golpe de Estado de 1952. “Actualmente la Fiscalía es la encargada del control de la legalidad, pero sufre una dualidad, porque, además, recibe orientaciones directas del Consejo de Estado y ejerce la acción penal. Determinadas situaciones no encuentran solución ni siquiera dentro del sistema de apelaciones y recursos. Ningún recurso dice qué hacer cuando se ha violado algún principio o derecho constitucional”.
Salvador Salazar indicó dos retos importantes: “Cuba vive en un contexto de contingencia plena, de plaza sitiada; con todo, tal circunstancia no justifica que las leyes se incumplan”. Tampoco sirve de escudo para ocultar información, con el pretexto de que ofrecerla es dar armas al enemigo, razonó el panelista. “A mediano y largo plazo ese silencio se vuelve un problema gigantesco porque no puede haber cumplimiento de la ley si falta transparencia informativa por parte de las instituciones y la fiscalización a partir de los medios de comunicación masiva. Un Estado de derecho no puede existir sin ciudadanos, en el sentido más abarcador de la palabra, con determinadas competencias para fiscalizar y ejercer el poder. Este es uno de los grandes asuntos por resolver”.
En el auditorio algunas personas mencionaron diversas limitantes: la legislación civil se halla incompleta; no se promulgan leyes solicitadas por diversos sectores, entre ellas la de municipios, la de Asociaciones y la de Prensa; varios acápites dela Constitución van quedando desfasados en relación con las transformaciones económicas acaecidas en el país; la mayoría de los cubanos desconoce el texto de la Ley de leyes y cómo reclamar sus derechos; las leyes emitidas por la Asamblea Nacional pueden ser modificadas por decretos emitidos por el gobierno; no se cumple la definición de que “Estado de derecho es aquel en el que las normas se originan en un órgano representativo y todos los sujetos y actores sociales, incluido el propio Estado, se subordinan a la norma”.
Otros asistentes preguntaron sobre la influencia del modelo soviético en la actual Constitución cubana, el vínculo entre Estado de derecho y democracia, y qué pudiera aportar a la Isla el Nuevo constitucionalismo latinoamericano.
Antes de proponer —pregunta ya tradicional en los debates de Último Jueves— qué hacer para solucionar los problemas discutidos, los especialistas comentaron algunas de las inquietudes del público.
Es cierto que la Constitución proscribe la explotación del hombre por el hombre y que hoy en el país la existencia de propiedad privada puede conducir a situaciones propias de explotación; pese a ello, el asunto necesita una relectura, si en el trabajo por cuenta propia se garantizan todos los derechos sociales del trabajador, no asistimos a una explotación, razonó Yan Guzmán. Le parece más neurálgico determinar “hasta qué punto la actual urgencia económica riñe con la necesidad de socializar la agenda política, algo que tiene que ver con el principio de soberanía popular”. Para él, además, “no hay democracia sin Estado de derecho y no hay Estado de derecho que no sea democrático”. Por último recordó que hace unos años la Asamblea Nacional aceptó el procedimiento de modificar la ley mediante decretos leyes; “desde entonces es legal que esto ocurra, ahora bien, que resulte legítimo es cuestionable”.
“Quiero ampliar un poco lo dicho por Yan —manifestó Jorge Bodes—. Los decretos leyes los dicta el Consejo de Estado, que representa a la Asamblea Nacional entre los períodos de sesiones; todas las decisiones adoptadas por él tienen que ser ratificadas luego por la Asamblea. Los diputados llegaron a la conclusión de que si el Decreto Ley iba después a la propia Asamblea y esta lo ratificaba no había ninguna anormalidad en que tuviera el mismo valor que la ley”.
Tanto Bodes, como Salvador Salazar reconocieron la influencia ejercida por la URSS, y por rezagos del estalinismo, en la Constitución cubana. No obstante, el segundo especificó: “Nuestra cultura verticalista es parte de la predominante en todos los regímenes del siglo XX. La sociedad liberal ha tenido una postura extremadamente verticalista, en relación con el desarrollo, el cambio social”.
Empeños posibles y aspiraciones irrenunciables
Sin olvidar el contexto específico de Cuba, disímiles acciones podrían realizarse a favor de un Estado de derecho. Yan Guzmán coincidió con Bodes en la petición de crear mecanismos eficaces de control de la Constitución, que permitan al ciudadano acceder a la justicia de la manera más expedita posible. E insistió en “darle importancia a la ley, esta no debe seguir cediendo su espacio a otras normativas”. Asimismo, abogó por un Parlamento más pequeño, con mayor especialización y en el cual la representación social sea diferente a como la actual Constitución la prescribe. “Si respetamos los términos vigentes, entonces solo hablaríamos de organizaciones sociales y de masas. Hoy la sociedad cubana es diferente, más compleja”.
Entre los deseos del disertante se halla contar con espacios de debate eficaces. Se han dado pasos con el objetivo de socializar la ley, la agenda política, por ejemplo la masiva discusión del Código de Trabajo y de los Lineamientos, aceptó. Empero, no está satisfecho; se debe avanzar en la cultura del debate, en dominar los procedimientos idóneos para debatir. Finalmente reflexionó sobre la importancia de la cultura jurídica: “En el acta de constitución del gobierno revolucionario de Santiago de Cuba [en enero de 1959], Fidel habló sobre restituir el Estado de derecho. Dicho Estado —que el disertante prefiere acotar como “social de derecho y justicia”— conlleva respeto a determinadas formalidades jurídicas, que tienen una funcionalidad y una logicidad. Las instituciones, el Partido, tienen que desempeñar un papel importante en este sentido”.
Joel Suárez considera que debiera aprovecharse la contribución del republicanismo democrático que entronca con la tradición socialista. Y recalcó la urgenciade la necesidad de ampliar y profundizar la soberanía popular, teniendo en cuenta que el proyecto político de la Revolución cubana ha estado impulsado por “líderes carismáticos que debido a razones biológicas en el futuro ya no van a estar. ¿A dónde irá el país cuando falten sus dirigentes históricos? La Revolución nos dio capacidades y habilidades que nos permiten asumir los destinos de Cuba. Cuando la centralidad de las modificaciones en la Isla recaen en el terreno de la economía, y hemos tenido que recurrir a formas de relaciones mercantiles que llevan implícita el interés por la maximización de la ganancia, y el lucro se ha construido a costa del sacrificio de los seres humanos y la naturaleza, más que nunca, las decisiones relacionadas con el destino de la nación no pueden ser controladas por unos pocos; tienen que estar en manos de cada uno de nosotros”.
El panelista propuso estudiar experiencias que hoy se aplican en América Latina, con avances y retrocesos, por ejemplo, las comunas en Venezuela. Ellas pudieran contribuir “a hallar fórmulas de manera que cubanos y cubanas tengan mayor protagonismo en el destino de sus vidas”. Asimismo, instó a convocar a una Constituyente para que todos los cubanos participemos en la anunciada reformulación de la Constitución. Aclaró que no se refería al proceso tradicional en esos casos —porque ante todo él no cree en las supuestas virtudes del pluripartidismo—, sino a una fórmula novedosa que permita a los ciudadanos participar “de manera creativa y vinculante en la conformación de las reglas del juego”; y que exista una relación imperativa entre los electores y los representantes que reciban el encargo para tan significativa tarea.
Además de concordar con Suárez en lo referido a la necesidad de perfeccionar la Constitución, y sugerir “utilizar más los órganos colegiados para tomar decisiones”, Jorge Bodes aseveró: “Ya se trabaja en ese perfeccionamiento; se están analizando el Código penal y otras leyes. Han surgido muchas objeciones, algunas de ellas poderosas y con distintos puntos de vista”.
Diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y la UPEC, han hecho estudios sobre qué elementos deberían tenerse en cuenta a la hora de redactar una Ley de prensa que regularía los derechos de los periodistas y los directores de los medios de comunicación para exigir información a los poderes públicos, informó Salvador Salazar.
En cuanto a cuál Estado de derecho debe desarrollarse en Cuba, él no estima válidos ni el que existía antes de 1959 ni el que rige en las democracias occidentales, donde “algunas personas viven extremadamente bien, pero a costa de la explotación sistemática del resto de la gente”. Prefiere seguir creyendo en el socialismo y al mismo tiempo no perder de vista que “solo puede ser verdaderamente democrática la sociedad y existir un Estado de derecho si articulamos una estructura de poder lo más reticular, horizontal, posible. Hay que dejar atrás el modelo de sociedad estrictamente vertical donde las decisiones se toman en un lugar y luego se trasmiten a la base. Muchas peculiaridades —locales, raciales, religiosas, culturales— de la sociedad cubana del siglo XXI resultan diferentes a las de hace unas décadas, y la legislación precisa asignar espacios de libertad para los distintos sectores y fijar nuevos derechos y deberes”.
Mientras llega la reforma parcial de la Constitución, o la Constituyente, “hay que darle poder al Parlamento cubano, este debe expresar la pluralidad y el sentir de la nación, eso hoy no se logra. ¿Por qué no trabaja todo el año, estudiando, debatiendo y promulgando las leyes? Sería un buen camino para avanzar hacia ese horizonte que deseamos”, opinó Salazar. Además, apoyó a quienes instan a aprender del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y en especial de las acciones emprendidas en Venezuela y Ecuador.
Para Rafael Hernández el ámbito de posibles referencias debe ampliarse a las nociones aplicadas hoy en países socialistas como China y Viet Nam; en este último, “el modelo de debate instaurado en la Asamblea Nacional se parece mucho a lo que algunos han descrito aquí como deseable”. Una de las ideas finales del director de Temas me dejó pensando camino a casa: intentar establecer un Estado de derecho que satisfaga por igual a todas las personas, con independencia de sus concepciones políticas, religiosas, culturales, sexuales, muchas veces antagónicas, genera problemáticas para las cuales todavía no existen respuestas idóneas; sin embargo, no podemos eludir el asunto. De acuerdo, me dije; tal vez se trate de una utopía, pero es de las que merece perseverar en ella.
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