Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, Argentina
7 DE JUL. DE 2018 — 3 de Julio de 2018 —
“Amigos y amigas,
Llegó la hora de que todos los demócratas comprometidos con la defensa del Estado Democrático de Derecho repudien las maniobras de las que estoy siendo víctima, de modo que prevalezca la Constitución y no los artificios de aquellos que la irrespetan por miedo de las noticias de televisión.
La única cosa que quiero es que la Fuerza Tarea de la Lava Jato, integrada por la Policía Federal, por el Ministerio Público, por Moro y por el TRF4, muestren a la sociedad una única prueba material de que cometí algún crimen. No basta la palabra de un delator ni convicciones de power point. Si hubiera imparcialidad y seriedad en mi juicio, el proceso no necesitaría tener miles de páginas, sólo tenían que mostrar un documento que probase que soy el propietario del tal inmueble en Guarujá.
Con base en una mentira publicada por el periódico O Globo, atribuyéndome la propiedad de un apartamento en Guarujá, la Policía Federal, reproduciendo la mentira, inició una investigación; el Ministerio Público, acogiendo la misma mentira, hizo la acusación y, finalmente, siempre con fundamento en esa mentira nunca probada, el Juez Moro me condenó. El TRF4, siguiendo el mismo enredo iniciado con la mentira, confirmó la condena.
Todo esto me lleva a pensar que ya no hay razones para creer que tendré Justicia, pues lo que veo ahora, en el comportamiento público de algunos magistrados de la Corte Suprema, es la mera reproducción de lo que ya pasó en la primera y en la segunda instancias.
Primero, el Magistrado Fachin retiró de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal el juzgamiento del habeas corpus que podría impedir mi encarcelamiento y lo remitió al Pleno. Tal maniobra evitó que la Segunda Sala, cuyo posicionamiento mayoritario contra el encarcelamiento antes agotar todas las instancias ya era por todos conocido, concediera el habeas corpus. Esto se demostró en el juzgamiento del Pleno, en el que cuatro de los cinco magistrados de la Segunda Sala votaron por la concesión de la orden [habeas corpus].
En seguida, en la medida cautelar en la cual mi defensa demandó la suspensión del recurso extraordinario, para ponerme en libertad, el mismo Magistrado resolvió llevar el proceso directamente a la Segunda Sala, habiendo sido agendado su juzgamiento para el 26 de junio. La cuestión colocada en esta cautelar nunca fue evaluada por el Pleno o por la Sala, pues lo que se discute en ella es si las razones de mi recurso son capaces de justificar la suspensión de los efectos de la sentencia del TRF4, para que yo responda al proceso en libertad.
Sin embargo, al finalizar el viernes 22 de junio, pocos minutos después de haber sido publicada la decisión del TRF4 que negó seguimiento a mi recurso (lo que ocurrió a las 19h05), como si estuviese armada una emboscada, se estimó que la medida cautelar había sido afectada y el proceso extinguido, artificio que, una vez más, evitó que mi caso fuese juzgado por el órgano judicial competente (decisión divulgada a las 19h40).
Mi defensa apeló la decisión del TRF4 y también la decisión que extinguió el proceso de la medida cautelar. Con todo, sorprendentemente, una vez más, el ponente remitió el juzgamiento de este recurso directamente al Pleno. Con esta maniobra extra, fue sustraída, otra vez, la competencia natural del órgano al que cabía el juzgamiento del mi caso. Como quedó demostrado en la sesión del 26 de junio, en la que mi cautelar seria juzgada, la Segunda Sala tiene el firme entendimiento de que es posible la concesión de la suspensión del recurso extraordinario interpuesto en una situación semejante a la mía. Las maniobras alcanzaron su objetivo: mi pedido de libertad no fue juzgado.
Cabe preguntar: por qué el ponente, en un primer momento, remitió el juzgamiento de la medida cautelar directamente a la Segunda Sala e, inmediatamente, envió al Pleno el juzgamiento del otro recurso, cuando por ley ambos deben ser evaluados por el mismo cuerpo colegiado competente?
Las resoluciones de un solo magistrado han sido usadas para elegir el cuerpo colegiado [Pleno o Sala] que momentáneamente parece ser el más conveniente, como si hubiera algún compromiso con el resultado del juicio. Son concebidas como estrategia procesual y no como instrumento de justicia. Tal comportamiento, además de privarme de la garantía del juez natural, es concebible solamente para acusadores y defensores, pero totalmente inapropiado para un magistrado, cuya función exige imparcialidad y distanciamiento de la arena política.
No estoy pidiendo favores; estoy exigiendo respeto.
A lo largo de mi vida, y ya tengo 72 años, creí y pregoné que más pronto o más tarde siempre prevalece la justicia para las personas víctimas de la irresponsabilidad de acusaciones falsas. Con mayor razón en mi caso, en el que las falsas acusaciones son corroboradas solamente por delatores que confesaron haber robado, que están condenados a decenas de años de cárcel y en desesperada búsqueda de la aprobación de sus delaciones, por medio de las cuales obtienen la libertad y la posesión y preservación de parte del dinero robado. Personas que serían capaces de acusar a su propia madre para obtener beneficios.
Es dramática y cruel la duda entre continuar creyendo que puede haber justicia y el rechazo a participar en una farsa.
Si no quieren que sea presidente, la forma más sencilla de conseguirlo es tener la valentía de practicar la democracia y derrotarme en las urnas.
No cometí ningún crimen. Repito: no cometí ningún crimen. Por eso, hasta que presenten por lo menos una prueba material que manche mi inocencia, soy candidato a Presidente de la República. Desafío a mis acusadores a presentar pruebas hasta el 15 de agosto de este año, cuando mi candidatura será inscrita en la Justicia Electoral.
Luiz Inácio Lula da Silva
Curitiba, 3 de julio de 2018"
-------------------
Para adherir a la campaña #NobelparaLula accede a https://www.change.org/nobelparalula
Email: nobelparalula@gmail.com
