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Por Jesús Arboleya Cervera
Por Jesús Arboleya Cervera
En declaraciones a la prensa, los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lethinen y Joe García acaban de expresar dos posiciones radicalmente distintas respecto a la Ley de Ajuste Cubano. Aprobada en 1966, esta ley establece que las personas de origen cubano que ingresen a Estados Unidos después del primero de enero de 1959, pueden obtener la residencia legal al año de estancia en mismo, lo que les permite transitar el proceso hacia la ciudadanía mucho más rápido que el resto de los inmigrantes.
Según García, primer cubanoamericano demócrata electo como congresista en Miami, la Ley de Ajuste ha sido el “milagro” que ha permitido a los inmigrantes cubanos integrarse “casi inmediatamente” a la sociedad estadounidense, por lo que apoya decididamente su mantenimiento. Por su parte, la republicana Ros-Lethinen, asumiendo la misma posición ya planteada por otros representantes de su partido, propone eliminar de sus beneficios a todos aquellos que decidan visitar su patria de origen.
“No se puede afirmar que uno puede ser considerado perseguido por razones políticas en Cuba y, al mismo tiempo, regresar de visita”, dice con razón Ros-Lethinen. Solo que en vez de reconocer la evidencia de que tal persecución no existe, aspira a que el mito se imponga, mediante medidas coercitivas.
Creo que ni la propia congresista puede dar crédito a la legitimidad de esta propuesta y aunque todo puede ocurrir en la política norteamericana hacia Cuba, lo más probable es que, más que a su reforma, este debate conduzca a su eliminación, lo que sirve igual a los intereses de la extrema derecha, cuyo verdadero objetivo es demorar el acceso de los nuevos inmigrantes a la política local y así restar fuerza potencial a un sector del electorado que ha demostrado rechazarlos mayoritariamente.
Aunque con un pasado que lo vincula a la Fundación Nacional Cubano Americana y siendo también parte de la maquinaria que controla la vida política del enclave cubanoamericano, García se nos presenta con una posición distinta a la extrema derecha tradicional y en ello radica lo novedoso de su mensaje, sin importar que para justificarse recurra al manido argumento de que lo motiva el hecho de que no ha cambiado “la situación en Cuba”.
No se trata solo de que sea un demócrata, otros políticos cubanoamericanos lo han sido con idéntico discurso republicano, sino porque ganó defendiendo la agenda de flexibilizar los contactos de los emigrados y sus descendientes con la sociedad cubana y parece lo suficientemente inteligente para comprender el anacronismo de posiciones que no tienen sustento en la realidad y se contradicen con las tendencias que seguramente predominarán en el futuro político de la comunidad cubanoamericana. Al menos, debemos darle el beneficio de la duda a Joe García cuando nos dice: “he madurado, ha pasado mucho tiempo y he aprendido”.
La paradoja es que, por otras razones y con otros propósitos, finalmente la extrema derecha cubanoamericana venga a coincidir con el gobierno cubano en la crítica a una ley, que desde su origen mostró una intención política que trasciende el problema migratorio y, por su contenido y funciones, no tenga paralelo en la historia de Estados Unidos.
A ello se agrega que, con la finalidad de desestabilizar a la sociedad cubana, ha sido un estímulo a la emigración ilegal, toda vez que han podido acogerse a ella los que ingresan al territorio estadounidense por vía anormales, lo que se contradice con las normas migratorias de ese país, incluso con el propio texto de la Ley de Ajuste, que exige calificar según las mismas.
Quizá ninguna otra construcción mediática ha sido tan eficaz para justificar la beligerancia contra Cuba, como esta supuesta naturaleza de “perseguidos políticos” que se achaca a la emigración cubana. De aquí que la extrema derecha comprenda que se viene abajo todo el andamiaje que sustenta sus posiciones, cuando se comprueba que pueden viajar libremente para reunirse con familiares y amigos, invertir en pequeños negocios, incluso, por qué no, “tomar mojitos y bailar rumba” en el país de sus supuestos perseguidores. Oportunidades que, por demás, se facilitan aún más como resultado de las reformas migratorias recientemente aprobadas en Cuba.
Al desmoronarse por su propio peso la capacidad de manipulación política que convirtió en “exiliados políticos” a los que evidentemente no lo son y Estados Unidos, en su propio beneficio, asuma una postura responsable frente al ingreso ilegal e incontrolado de inmigrantes procedentes de Cuba, no veo razones para que el gobierno cubano se sienta amenazado por la existencia de una ley, cuyo supuesto objetivo es brindar facilidades para el asentamiento de las personas que arriben legalmente a ese país y, en tal sentido, hasta pudiera servir de patrón para una política migratoria más compasiva hacia todos los inmigrantes.
García tiene razón cuando pronostica que será difícil defender el mantenimiento de la Ley de Ajuste Cubano, no solo por existir algunos “que actúan contra su propia gente”, como ha planteado, sino porque debido a las transformaciones de la comunidad cubanoamericana y la propia sociedad cubana, ya no es funcional a los fines subversivos que la originaron. De resultas, el debate sobre la Ley de Ajuste constituye solo un botón de muestra de todo lo que atañe a la política hacia Cuba.
Recientemente, en un evento académico celebrado en Cuba con la participación de varios estudiosos norteamericanos, una interrogante recurrente fue “lo que pierde Estados Unidos no teniendo relaciones normales con Cuba” y de este análisis surgió una gran lista de oportunidades, desde las posibilidades de negocios hasta el control del narcotráfico.
Quise, sin embargo, hacer la pregunta al revés y discutir “lo que ha ganado Estados Unidos no teniendo relaciones normales con Cuba”. Desde mi punto de vista, no ha sido una política insensata que ha desconocido los intereses hegemónicos de Washington, como piensan algunos, sino que, además de crear innumerables dificultades al proceso revolucionario, durante años logró aislar a Cuba del resto del continente y establecer los límites del dominio norteamericano en el área.
Evidentemente, aunque no alcanzó el objetivo final destruir a la Revolución cubana, le convino en su momento, el problema es que tal política ya no es sustentable por razones que escapan de su control y lo mismo ocurre con la política migratoria hacia Cuba.
El dilema para la extrema derecha cubanoamericana no se limita, por tanto, a intentar cambiar las reglas del juego modificando una ley que ya no sirve a sus intereses, sino preocuparse hasta que punto sus posiciones ya no son convenientes a la política norteamericana y toda esta discusión no es más que expresión de su propia decadencia.
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