El fracaso de Donald Trump y sus mentiras del fraude en Venezuela y Estados Unidos.

Por Tony López R (*) 

El presidente Donald Trump y su Secretario de Estado Mike Pompeo, fueron los primeros en iniciar la campaña contra el presidente Nicolas Maduro Moro acusándolo de cometer fraude en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018. Con esa gran estafa y la complicidad del presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, este se autoproclamó Presidente de Venezuela en plena calle de Caracas, siguiendo el guion y las ordenes de Trump, que fue quien, el día anterior a esa autoproclamación, decretó desde la Casablanca que el Presidente de Venezuela era Juan Guaidó. 

Sin tener la más mínima información, como es costumbre del gobierno imperial, y en una descarada injerencia en los asuntos internos de Venezuela, echaron a rodar la falsa noticia del fraude, desmentida por el CNE venezolano y por los observadores internacionales en las elecciones presidenciales del 2018, era la formula para ilegitimar al gobierno de Nicolás Maduro y colgarle el cartel de “dictador”. Y legitimar la política, utilizar cualquier medio para derrocar al gobierno venezolano. 

Había que plantarsentar la matriz de opinión de que el proceso electoral era fraudulento y Madurose “instalaba una dictadura”. Los De establecer esa matriz en la opinión pública se encargaron los medios, en especial, la CNN y Univisión en Estados Unidos y los diarios derechistasde derecha de España, y de América Latina, y por su puesto las redes sociales, se encargaron de estatuir esa falsa noticia en la opinión pública. 

Mediante la fórmula de ilegitimar al gobierno bolivariano, desarrollaronse desarrollaría toda una gran ofensiva, teniendo de pantalla al títere de Juan Guaidó y a un sector terrorista del partido Voluntad Popular y otros segmentos de la derecha opositora vinculados a los intereses geoestratégico de Estados Unidos, mientras siguieron la estrategia de desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. 

El lector debe conocer que cuando se produjo el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, de declarar en desacato a la Asamblea Nacional, por graves violaciones a la Carta Magna, lo establecido legalmente, era convocar a elecciones para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, (ANC) que remplazará a la Asamblea Nacional en desacato y eso fue lo que se hizo en Julio del 2017. Esas elecciones, con cerca de 10 millones de votos, aprobó y eligió la Asamblea y a sus delegados con plenos poderes constitucionales. 

La estrategia y el Plan de Estados Unidos, era buscar apoyo internacional para legalizarlegitimar una llamada “intervención humanitaria”,, argumentando que el pueblo venezolano estaba sufriendo graves penurias y se le violaban los derechos humanos. Claro, ninguna de esas publicaciones, informan que esas penurias del pueblo venezolano, la padecen por la política de sanciones y el genocida bloqueo que le aplican Estados Unidos y sus corifeos europeos. 

Basado en un plan muy bien diseñado, el gobierno de Estados Unidos, combinaba, acciones militares y políticas. Las militares mediante el trabajo de penetración y reclutamiento de oficiales corruptos y susceptible a ser comprados y a coordinar con el gobierno y los paramilitares colombianos fuerzas y medios de combate, para incursionar dentro de Venezuela y ejecutar diversas acciones, incluyendo un intento de un magnicidio, con el uso de varios drones que fracasaron. Operación denunciada por el presidente Maduro y verificada que se organizó desde Colombia. 

En el campo internacional, las acciones se desarrollaron por la Unión Europea, la que subordinándose, a Estados Unidos se convirtió en un instrumento de la política exterior de Trump, he inició sus acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Nicolás Maduro, política que aún mantiene, aislándose del concierto de las 134 naciones que no apoyan estás cuestionadas maniobras. 

Mientras que, por su parte, Luis Almagro secretario de la OEA, desconociendo la derrota de Estados Unidos en la OEA al no poder imponer la llamada Carta Democrática ni en la 47 ni en la 48 Asamblea General, tampoco en la Cumbre de las América, en abril del 2017, cumpliendo las órdenes del Departamento de Estado, el pasado año 2019 convocó a una reunión y pidió el reconocimiento del “autoproclamado” Juan Guaidó como presidente de Venezuela, también fracasó, porque de los 33 gobiernos representados en dicha organización solo los 11 del Grupo de Lima12, apoyaron laesa orden de Washington. México, Uruguay, Nicaragua y Bolivia, y los dignos países caribeños se opusieron. 

Pese a tal fracaso, Luis Almagro, admitió como “embajador” del inexistente gobierno del “Autoproclamado Presidente“ a un enviado de Guiado, y le dio asiento en dicha organización, siendo que Venezuela, desde el mes de abril del año 2019, no es miembro de la Organización de Estados Americanos, luego de cubrir el procedimiento legal de dos años de solicitar su salida de la OEA en abril del 2017. 

Semejante violación de Almagro, es una burla a la comunidad internacional porque este “embajador y Guaidó”, son dos farsantes que no tiene ningún amparo legal y ese supuesto gobierno no existe. Esa autoritaria conducta de Almagro, lo que descalifica a la OEA como una institución que representa los intereses de los Estados miembros y confirma en este siglo XXI, lo que el ex canciller cubano Dr. Raúl Roa en 1961 dijo de ella: “la OEA es un ministerio de colonia de los Estados Unidos”. 

De los 193 países que conforman actualmente la Organización de las Naciones Unidas, solo 59 países se sumaron al plan de Trump, o sea al reconocimiento de un “autoproclamado presidente” con un gobierno inexistente. Pero mis lectores deben conocer que este verdadero teatro bufo montado por el presidente de Estados Unidos y su Secretario de Estado, no solo es una grave violación al derecho internacional, sino que están obligados en practicar una política hipócrita, sin principios y detestable, esos 59 Gobiernos. 

Debe saberse que el señor Juan Guido no es reconocido como “presidente de Venezuela” por las Naciones Unidas, ni ninguna de las estructuras de la ONU, como la UNESCO, OMS, FAO, entrey otras. Tampoco por la CELAC, ALADI, CEPAL, ALBA, CARICOM, el Movimiento de Países No Alineado, y muchas más. 

ElEste reconocimiento, de esos minoritarios gobiernos, a un “autoproclamado Presidente” es un hecho inaudito y sienta un grave precedente. No, que jamás se ha conocido, en la historia de las relaciones diplomáticas entre países, semejante esperpento,, es un verdadero fraude, porque increíblemente esos gobiernos, para poder ejecutar, cualquier acción legal, como, por ejemplo, la expedición de visas, ingreso a sus aguas o espacio territoriales de naves, aeronaves, o tránsito vehicular, por tierra venezolana, o cualquier trámite legal o conflicto, tienen que hacerlo por la vía consular que solo el gobierno legítimo de Maduro puede aprobar. 

Conociendo ese procedimiento, con gran cinismo y para salvar ese obstáculo, con mucha hipocresía y doble moral, que le pidieron los gobiernos de la Unión Europea y los del Grupo de Lima, le pidieron al gobierno del presidente Maduro, mantener sus embajadas y consulados en Caracas y las misiones diplomáticas venezolanas en sus países, era la lógica, porque tienen claro que el “auto proclamado” no tiene ningún respaldo ni de un Gobierno ni dey Estado constituido. ¿Será que esta farsa la podrán mantener por mucho más tiempo?. 

La violación al derecho internacional y a los más estrictos procedimientos diplomáticos, que se establecen en la Convención de Viena, solo evidencia el desprestigio en lo que han caído los gobiernos europeos y latinoamericanos al subordinarse a una política ilegal y contraria a la paz mundial. 

El Grupo de Lima está conformado actualmente por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, de ellos Guatemala y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas y Venezuela no se sabe como es miembro de ese Grupo, cuando este país no es miembro de la OEA. Una clara y grave violación a la Carta fundacional de la OEA y crea un grave precedente para los países que aún se mantienen en esa desprestigiada institución. 

Ningún ministerio del Poder Popular en Venezuela, recibe instrucciones del señor Guaidó, tampoco buena parte de los diputados de la oposición, como bien lo dijo Henrique Capriles, un bien conocido opositor venezolano, “Juan Guaidó se puso de manifiesto en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. acabó, no es nadie”. El 5 de enero se le acabaacabó la presidencia de la Asamblea Nacional, en desacato a Juan Guaidó y su inmunidad parlamentaria. 

Se constituye una nueva Asamblea Nacional (AN) y esta asume con toda la prerrogativa en funciones, como parte del Estado Nacional Bolivariano de Venezuela. Las funciones y tareas en el periodo del tiempo que estuvo en desacato la finalizada Asamblea Nacional, las asumiólo cubrió la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por el soberano, con un alta votación, cerca de 10 millones de venezolanos votaron a favor de ella y de acuerdo a lo que mandaestablecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así actuó. 

Debe saberse que el señor Juan Guido no es reconocido como “presidente de Venezuela” por las Naciones Unidas, tampoco por ninguna de las Representaciones de las estructuras de esta como es la UNESCO, OMS, FAO, y otras. Tampoco por la CELAC, ALADI, CEPAL.

Las contra versiones a los procedimientos diplomáticos y a la La estrategia política opositora venezolana se basa, en que cuando pierde, descalifica al contrario de algún modo, ahora los enemigos de Venezuela, no solo de la oposición nazifascita del partido Voluntad Popular, quieren montar el show de la ilegitimidad de estos comicios y diversos países entre ellos la Unión Europea y el fracasado grupúsculo de Lima, han decidió no reconocer el triunfo parlamentario del chavismo y continuar con su política de aislamiento. 

Frente a ese absolutamente atentatorio acto violatorio de la independencia y soberanía de Venezuela, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, señalo: “no reconocer los resultados puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional”. “Porque si no se reconoce a la Asamblea que hoy se elige y la Asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato, y si no se reconoce al presidente Maduro por la hipotética acusación de fraude de mayo de 2018 y el presidente Guaidó era presidente de una Asamblea que ya no existe, por tanto, también termina ese hipotético reconocimiento”. 

Un mensaje muy claro de Zapatero, que se ha caracterizado por un trabajo serio y para nada parcializado con una de las partes, sino un observador in sito por muchos años en Venezuela que conoce profundamente lo que dice y que desea se acabe esta política de guerra silenciosa a que ha sido sometido el pueblo venezolano y su legítimo gobierno, que ha sufrido un genocida bloqueo económico. 

Estados Unidos se ha apropiado ilegalmente de millonarios recursos y empresas propiedades del Estado venezolano ubicados en su territorio y en algunos países de Europa. De esos miles de millones de dólares, una parte han ido a parar a los bolsillos del autoproclamado Juan Guaidó, y muchos de sus compinches que se encuentran en Miami, Colombia y España. Seguramente el gobierno venezolano, iniciara acciones judiciales, para recuperar esas propiedades en Estados Unidos y en Europa. 

El desconocimiento del triunfo electoral parlamentario del chavismo, tiene el objetivo de continuar la farsa y el guion intervencionista de Donald Trump condenado al fracaso en Venezuela, al igual al fraude que se ha inventado en Estados Unidos, al perder frente al elegido presidente Joe Biden. Con esta historia de Trump, habría que preguntarse. ¿Sera que la Unión Europea y el ilegal Grupo de Lima, le colgarán el cartelito a Biden de “dictador” y no lo reconocerán? 

Pero Trump se niega a ser perdedor, irresponsablemente acusa al Partido Demócratas y al electo presidente Biden, de ganar fraudulentamente la presidencia, lo que está provocando una grave y peligrosa situación que puede terminar en un conflicto, por sus amenazas incluso, de no abandonar la Casa Blanca y ahora con la maniobra del Fiscal de Texas y los 17 estados gobernados por republícanos puede terminar mal. El daño que Trump esta causando al establishment y la imagen democrática que tenia Estados Unidos, ha sido dañada y muy cuestionado internamente el sistema y el Colegio Electoral. 

El 5 de enero tomará posición la nueva Asamblea Nacional, ese día concluirá su mandato presidente de la Asamblea Nacional en desacato y los diputados que no fueron reelegidos en estas elecciones. Se desconoce cuál será el destino de Juan Guaido, pero la fiscalía de su país, tiene varias causas abiertas contra él, el pueblo venezolano espera que la justicia actúe. 

Las acciones contra Venezuela no cesan, ni van a cesar, en la actualidad se encuentra en Colombia, el prófugo de la justicia Leopoldo López, quien fue recibido por el presidente Iván Duque y se ha trasladado desde ayer 11 de diciembre a la frontera con Venezuela, se desconoce cual es su plan, pero se asegura que está protegido y escoltado por el Cartel de narcotraficantes de Los Rastrojos, los amigos de Juan Guaidó. Este es el señor que el gobierno de España protege y que es recibido por el presidente de Colombia, como dice el dicho “dios los cría y el diablo los junta”. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional. 

La Habana, Cuba 12 de diciembre del 2020. 19.30 hrs. 

EL 10 DE DICIEMBRE EN MI MEMORIA

Por Pedro Martínez Pírez

El tema de los derechos humanos ha sido siempre uno de los más utilizados contra Cuba por los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959.

Estados Unidos, donde se violan de manera sistemática los derechos humanos a amplios segmentos de su población, y en mayor medida a los negros, los inmigrantes y las mujeres, utiliza desde hace décadas el tema para atacar a Cuba y otras naciones de Nuestra América y el mundo que no se someten a las órdenes emitidas desde Washigton.

Yo mismo fui víctima de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos cuando en tránsito por la ciudad de Miami a mediados de 1960, en viaje a Quito desde La Habana, los funcionarios de Inmigración me prohibieron salir del aeropuerto alegando que yo podría ser “un espía ruso que trataba de infiltrarme en Suramérica con pasaporte diplomático cubano”.

Entonces existían relaciones diplomáticas entre los dos países y el viaje a Miami por Cubana de Aviación y a Quito por la empresa aérea ecuatoriana era en esa época el itinerario más económico.

No me detendré ahora a comentar el trabajo sucio realizado por Estados Unidos para lograr la ruptura de relaciones diplomáticas de los países latinoamericanos –excepto México--, ni a su brutal política de bloqueo y agresiones contra Cuba, recrudecida en los últimos cuatro años.

Ahora mismo el gobierno de Estados Unidos viola los derechos civiles de los estadounidenses cuando les prohibe viajar libremente a Cuba, como lo pueden hacer a otros países del mundo.

Castiga con numerosas restricciones a los emigrados cubanos residentes en Estados Unidos para provocar la división de la familia cubana, retringe el envío de remesas, y alienta y financia el terrorismo contra Cuba, al tiempo que desarrolla una intensa campaña contra las brigadas médicas cubanas.

No olvidaré nunca, a finales de la década de los años ochenta, que Estados Unidos nombró a un terrorista y ex policía de la dictadura de batistiana, Armando Valladares, como Embajador yanqui ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.

Recuerdo al falso paralítico y poeta nacido en Cuba manejado como un títere por el ya fallecido general Vernon Walters, embajador de Estados Unidos ante la ONU, quien era el verdadero jefe del impostor Valladares.

A partir de la creación del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2006, todo se ha hecho más difícil para el gobierno de Estados Unidos.

Cuba es una nación fundadora del Consejo y ha sido electa en cinco ocasiones como miembro de ese órgano de la Asamblea General de la ONU, la más reciente el pasado 14 de octubre, cuando 170 países integrantes de las Naciones Unidas, eligieron a Cuba mediante el voto secreto, directo e individual, para uno de los ocho escaños reservados en ese foro para América Latina y el Caribe. Un duro golpe para el fariseismo de la política exterior yanqui.

Las cinco elecciones de Cuba para integrar el Consejo de 47 miembros de la ONU, es una muestra del reconocimiento mundial a la obra humanista de la Revolución Cubana, la cual constituye la garantía principal para el disfrute y protección de los derechos humanos.

Los que votan en forma sistemática por la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra, son los mismos que año tras año condenan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Se honra de esta manera la autodeterminación y resistencia del pueblo cubano frente a los graves obstáculos y amenazas que provoca la política unilateral de hostilidad y agresiones de Washington, mediante un bloqueo iniciado hace casi sesenta años, y que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos.

Cuba –como afirma la Cancillería cubana—se conduce en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra con voz propia y constructiva, con su experiencia de país en desarrollo defensor del diálogo y la cooperación, contrario a los enfoques punitivos y la selectividad, a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos.

Y la historia pasará la cuenta al actual gobierno de Estados Unidos por separarse en junio de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante alegatos absurdos que revelan la impotencia de la Casa Blanca de seguir manipulando el tema de los derechos humanos, que no son solo los individuales, sino también los colectivos, que tienen que ver con la soberanía y autodeterminación de las naciones.

Y siempre recordaré lo que me dijo el escritor Gabriel García Márquez en Barcelona, en la casa de la agente literaria española Carmen Balcells, en mayo de 1990: la mayor violación de los derechos humanos que se ha cometido en América en el último siglo es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En lo personal el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, me permite evocar que hace seis años, en esa misma fecha, recibí en Quito, otorgada por la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, la Medalla Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Social, por mi labor durante más de medio siglo, como diplomático, periodista, legislador o docente, encaminada a fortalecer las relaciones entre la nación andina y Cuba.

La Habana, 10 de diciembre de 2020.

Colombia. En el 4to Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

 Por: Tony López R.

Hace cuatro años en el teatro Colon, en la ciudad d
e Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, Comandante Jefe de la FARC-EP, firmaban los acuerdos de paz de La Habana. Un proceso accidentado y complicadas conversaciones que tuvo una larga duración en la capital cubana y  al final y a  cuatro años de firmados, los enemigos de la paz, han logrado sus objetivos, al hacer prácticamente trizas los Acuerdos, por el incumplimiento de los 6 puntos de la agenda suscrita y firmada.

El proceso de paz, concebido por la oligarquía liberal conservadora y sus ejecutores, para lograr su objetivo estratégico, desarmar y desconcentrar al movimiento guerrillero, más grande y poderoso que ha tenido América Latina e impedir los cambios estructurales y de justicia social por la que venia combatiendo desde hacia mas de 50 años este movimiento revolucionario.

Durante el gobierno de Uribe lograron dar baja a los comandantes miembros del Secretariado, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Iván Ríos y la muerte por enfermedad de su histórico Comandante en Jefe Manuel Marulanda, esos lideres guerrilleros eran considerado por el enemigo el sector duro del Secretariado y estimaban que su desaparición debilitaba a dicha organización, solo faltaba quebrar al comandante Alfonso Cano, considerado uno de los ideólogos de las FARC-EP que había quedado como máximo jefe de la organización.   

El 4 de noviembre del 2011, apresaron herido al comandante Alfonso Cano y ordenaron su asesinato, a pesar de que él había comenzado conversaciones con vista a iniciar un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ordenó su asesinato, no podían permitir que sobreviviera y fuera llevado a un juicio, pues sería muy peligroso y en un juicio ante una Corte, pondría en evidencia a un sistema cruel, un Estado corrompido y una sociedad  abandonada y dirigentes políticos seriamente vinculados al narcotráfico. Tenia que morir.

Luego de ese crimen y a pesar de tan dramática situación, la dirección de la FARC-EP aceptó, continuar conversando y aceptaron realizar un proceso de paz en el exterior y bajar los 10 puntos de la agenda de paz, que se había aprobado en la 8va Conferencia del Estado Mayor Central y lo redujeron a 6 puntos de la agenda. O sea, bajaron los dos puntos que Marulanda y Cano defendían para iniciar cualquier negociación.

Esa concesión la hizo las FARC-EP, no por estar derrotadas militarmente, sino porque estaban realmente interesados en una paz con justicia social. Las propias FF.MM estaban convencidas que por la vía militar no derrotarían a las fuerzas guerrilleras colombianas, no solo a las FARC-EP, tampoco al ELN.

Ambos temas, fueron sometidos a un largo debate desde principio del año 2011, el primero en la frontera colombo-venezolana y luego de varios encuentros en la Isla de Orchila, Venezuela, se llegó al acuerdo de abrir el proceso de paz en Cuba, y que Noruega y Cuba fueran países garantes, y Venezuela de observadora y más tarde se sumó Chile en esa misma categoría.

Las conversaciones entre las partes, gobierno y guerrilla, se iniciaron en La Habana el 24 de febrero del 2012, los primeros seis meses con carácter muy secreto, y en noviembre del ese año, se dio a conocer el inicio oficial de la Mesa de Dialogo de paz en Oslo, Noruega, y allí se anunció a La Habana como sede principal. De febrero 2012 hasta el 24 noviembre del 2016 que terminaron en la firma de los Acuerdos de La Habana.

Durante los cinco años, que duraron en La Habana los diálogos de paz, la oposición al proceso de paz, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y sectores del Partido Liberal, que concentra a la derecha y ultraderecha política colombiana, con el apoyo de la gran mayoría de los medios de prensa desarrollaron una descomunal cruzada contra la Mesa de Diálogo de Paz de La Habana.

La campaña propagandística estaba basada en atacar al gobierno de Santos Calderón, acusándolo de estar entregado a las FARC-EP y propagar que un exitoso Acuerdo de Paz, terminaría llevando a Colombia a un régimen Castro-chavista y a Timochenko, jefe de la guerrilla FARC-EP, al sillón presidencial.

La campaña resultó en un exitoso efecto cuando al ser sometido en un plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, entre el SI y el No. Ganó el NO a pesar de que el 26 de septiembre ya se había firmado en Cartagena los Acuerdos de La Habana, pero se argumentó que no era un problema, porque el Plebiscito no era vinculante, lo cual resultó una gran mentira de Santos, Uribe Vélez, exigió que una Comisión revisara los acuerdos ya firmados y el gobierno presionó para que las FARC-EP accediera, por lo tanto, lo No vinculante fue un cuento.

Con el argumento de no poner en peligro las negociaciones de paz, después de haber logrado los importantes acuerdos del 26 de septiembre, las FARC-EP aceptó la revisión, pero lo que sucedió solo lo saben los protagonistas, pero Iván Márquez, que era el Jefe de la delegación guerrillera, se apartó de esa revisión y Timochenko encabezo esa tarea, mientras que por el Gobierno  lo asumió la canciller María Angela Holguín y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo, jefe negociadores del Gobierno salieron del escenario.

Muchos de los acuerdos importantes fueron modificados, incluso pretendieron eliminar el acuerdo sobre la Justicia Especial de Paz,  (JEP) pero no lo logaron, aunque modificaron algunos temas como el referido a que los expresidentes y gobernadores, altos mandos militares y los llamados “terceros” fueran llamados a testificar, hoy solo es a voluntad de cada uno de ellos, y estos últimos algunos son los grandes empresarios y terratenientes que financian el narco-paramilitarismo.

Hoy Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, están proponiendo eliminar la JEP e incluso al actual sistema de Justicia de Colombia y planteando convocar a un plebiscito y modificar lo que fue ganado con la Constituyente del año 91, lo que sería un retroceso a un pasado bochornoso y plagado de impunidad.

La campaña y toda esa acción política anticomunista, estaba también respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno que afirmaba en Colombia su base para provocar el derrocamiento del gobierno de Chávez y luego de su muerte, al de Nicolas Maduro, a lo que se prestó y presta el actual el gobierno del presidente Iván Duque.

En esos casi cinco años de conversaciones no todo era color de rosa hubo muy fuertes debates, los principales temas no estuvieron referidos a cambios estructurales que debió ser el objetivo principal de las conversaciones de paz. No se trataba de hacer cambios revolucionarios ni muchos menos socialistas, pero si cambios estructurales en cuanto a temas estratégicos incumplidos en los 6 puntos de la agenda y que a continuación les voy a referir brevemente cada uno de ellos.

El primer punto de la agenda aprobada era la ley de tierra, o lo que es lo mismo la reforma agraria integral, de este punto solo se ha cumplido solo en un casi 1 por ciento. De los 5 millones de hectáreas, que debieron ser distribuidas entre el campesinado, garantizándole los medios técnicos y la garantía de que sus productos se comercializaran, solo se han entregado 35 mil hectáreas, o sea no llega ni al 1 por ciento de los 5 millones que se debieron distribuir.  Un punto totalmente incumplido.

El segundo punto de la agenda acordado, se relacionaba con la reforma política que entre otros aspectos se vinculaba a la reforma electoral y judicial, en este último basado en la idea de la democratización mediante las elecciones en el sector judicial de los altos cargos en las Cortes y no por la terna que propone el ejecutivo. Respeto y garantías a los partidos políticos minoritarios y apoyo a los movimientos y organizaciones integradas por las minorías étnicas. Este punto ha sido sepultado.

El tercer punto relacionado con el fin del conflicto, ha sido también incumplido, ciertamente hubo una desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC-EP, en ese periodo del año 2017 y parte del 2018. No así sucedió con un sector de las FARC-EP que no se desmovilizó y mantuvieron sus armas.

Mientras que, por el montaje dirigido por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la DEA, contra el comandante Jesús Santrich,  que involucró al comandante Iván Márquez, provocó una profunda división en las FARC-EP y este sector volvió a la lucha armada y ha conformado un creciente Bloque Guerrillero. Esa operación del Fiscal buscaba y logró hacer trizas el Acuerdo de Paz.  Por eso lo premian y lo nombran embajador en España, burlando la justicia y haciendo patente la impunidad de un régimen dictatorial.

Estas operaciones contra los Acuerdos de Paz no son ajenas al gobierno de Iván Duque quien además se ha negado a restablecer las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional, los que, a pesar de la insistencia de los insurgentes en retomar las conversaciones, el gobierno se ha negado y lejos de ello, hace reclamos violatorios de los tratados internacionales, reclamándole a Cuba la extradición de los integrantes de la delegación del ELN.

Esa pretensión del gobierno de Duque, no hace más que demostrar la carencia del más mínimo respeto por el derecho internacional y de lo establecido en los protocolos firmados por el gobierno colombiano, ante los gobierno del Reino de Noruega y de Cuba, para acoger en Cuba a las partes y continuar los diálogos de paz en La Habana y ante una ruptura o divergencia, la delegación insurgente seria trasladada y llevada al territorio colombiano de donde  fueron recogido con toda las garantías y seguridad.

El cuarto punto de la agenda, sobre la sustitución de cultivos ilícitos por la vía de erradicación manual y no utilizar la fumigación aérea con el glifosato, no se cumplió, tampoco se les entregó el subsidio a los cultivadores de coca y amapola, puro engaño.  Las siembras de coca aumentaron y se calculan en más de 220 mil hectáreas. En la actualidad el gobierno se apresta al uso de la fumigación aérea, lo que ha recibido el rechazo de la población campesina.

El quinto punto de la agenda trata el tema de las víctimas y no repetición, así como aplicar la justicia a los violadores por parte de la JEP, tampoco se ha cumplido debidamente y se inclina a juzgar a los ex guerrilleros, y limitadamente a los agentes del Estados y a los financieros de los grupos paramilitares, siendo este último los dos sectores los que han provocados la mayor cantidad de víctimas. Las 16 curules que debían ocupar los representantes de las víctimas, no han sido otorgadas. Este punto es otro de los graves incumplimientos y la tergiversación de los acuerdos de paz.

Por último, el sexto punto, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, por lo ya explicado, es razonable afirmar que el gobierno del presidente Duque y del ex senador Álvaro Uribe, son los máximos responsables de los incumplimientos y la inacción de una correcta y real implementación de los Acuerdos de Paz.

En Colombia lejos de existir un clima de paz, es hoy un verdadero escenario de guerra, crímenes e injusticia social, e impunidad el gobierno y las fuerzas de seguridad y el orden son los promotores y ejecutores de la violencia y la impunidad.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba, 27 de noviembre del 2020. 23:30 hrs.